Reclamación económico-administrativa presentada fuera de plazo

Toda acción impugnatoria, al margen de los motivos de fondo que se invoquen, debe ejercitarse con arreglo al procedimiento habilitado al efecto y en los tiempos para ello establecidos, incluso en los supuestos en los que se invoquen causas de nulidad de pleno derecho.

La interposición de la reclamación económico-administrativa fuera de plazo previsto legalmente no constituye un simple defecto formal susceptible de subsanación.

Conforme viene señalando el Tribunal Constitucional, no pueden eficazmente denunciar la falta de tutela judicial efectiva de sus derechos e intereses legítimos quienes, con su conducta, han contribuido decisivamente a que tales derechos e intereses no hayan podido ser tutelados con la mayor efectividad (Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 11 de junio de 2012).

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Registro de la Propiedad. Cancelación anotaciones de embargo.

Se presenta mandamiento que incorpora testimonio de una sentencia por la que se anula la transmisión de dominio causante de la última inscripción practicada sobre una finca, por causa de simulación, en juicio seguido por la vendedora frente al comprador, actual titular registral de la referida finca.

En dicho mandamiento se ordena la cancelación de dicha última inscripción de dominio así como de los demás asientos producidos como consecuencia del contrato simulado.

El registrador cancela, según lo ordenado, la última inscripción de dominio, pero deniega la cancelación de nueve anotaciones preventivas de embargo vigentes sobre la finca y practicadas con posterioridad a la inscripción anulada pero con anterioridad a la presentación del mandamiento, porque, de procederse a practicar las cancelaciones, se perjudicaría los derechos de terceros adquirentes de derechos inscritos que no han tomado parte en el procedimiento judicial, de acuerdo con el artículo 24 de la Constitución Española y el principio del tracto sucesivo.

Conviene finalmente recordar que el demandante tenía la posibilidad, que no utilizó, de solicitar del Tribunal la anotación preventiva de demanda de la acción de nulidad por simulación, anotación que sí hubiera servido de aviso a los posteriores titulares de cargas, y que hubiera permitido la cancelación de las mismas como consecuencia de la reinscripción del dominio, pues con ello se hubiera evitado la indefensión que –por no haberse anotado la demanda– se les ha causado (Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de fecha 24 de mayo de 2012).

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Responsabilidad de bancos y cajas de ahorro por el pago de cheques

La obligación de la caja de ahorros o del banco de pagar los cheques en las condiciones establecidas en el contrato de cuenta corriente, es decir, con la concurrencia de las firmas exigidas, no puede ser compensada con la obligación de comprobación del extracto.

El examen de los extractos de la caja de ahorros o del banco no hubiera resultado significativo a estos efectos, porque la razón de la responsabilidad de la entidad financiera no es el pago no atento de los cheques, sino el haber permitido la disposición sin la forma establecida en los acuerdos con el titular del contrato de cuenta corriente y en estos extractos mal podía la afectada comprobar si se había dispuesto bien o, por lo contrario, en contra de las obligaciones asumidas por la caja de ahorros o el banco en el contrato. En definitiva, que por medio del extracto, la persona afectada solo podía saber de qué se disponía, no de la forma en qué se disponía (Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de junio de 2012).

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Expropiación forzosa. Valoración del suelo como urbanizable.

Siendo el destino del suelo a expropiar el facilitar el futuro desarrollo de todas las infraestructuras urbanas del Delta, como son la ampliación del Puerto de Barcelona y sus zonas de actividades logísticas, la ampliación del Aeropuerto del Prat, las actividades aeroportuarias asociadas, la Depuradora del Baix Llobregat y los accesos viarios y
ferroviarios al puerto y aeropuerto, no cabe más que concluir que el suelo objeto de expropiación tiene como finalidad la creación de un sistema general que sirve para crear ciudad, razón por la que no puede clasificarse dicho suelo como no urbanizable.

Cuando se trata de implantar servicios para la ciudad no puede hacerse a costa del sacrificio singularizado de unos propietarios, de modo que, aunque el suelo afectado esté clasificado como rústico o no urbanizable, al encontrarse asignado a la estructura general de ordenación urbanística del municipio, de su red viaria y dotacional, debe estimarse como una obra de infraestructura básica adscribible al suelo urbano o urbanizable (Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 12 de junio de 2012).

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IRPF. Validez de la notificación por edictos en el boletín oficial

El artículo 59, apartado 4, de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, no ha hecho sino deslindar claramente la responsabilidad que incumbe de una parte a la Administración Tributaria, la cual cumple utilizando para sus notificaciones el medio de «carta certificada con aviso de recibo», de otra al Servicio de Correos, al cual se le obliga a intentar dos veces la entrega de la carta certificada, y en caso de no lograrlo a entregar el Aviso de Llegada, como correspondencia ordinaria (buzones, casilleros, etc.), debiendo consignar el cartero en su libreta de entrega estos hechos, para su debida constancia, y así pueda la Administración Postal certificarlos a la Administración Tributaria, remitente de la carta que contiene la notificación, gozando en principio, los actos de la Administración Postal de la presunción de legalidad, y por último, a los contribuyentes, a quienes somete al procedimiento de notificación edictal, que es una ficción legal, más que una notificación real, como consecuencia de la responsabilidad que asumen, por no haber actuado con la diligencia que la vida moderna exige para la recepción efectiva de la correspondencia postal, o lo que es lo mismo de la obligación de recibir las notificaciones administrativas (Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de junio de 2012).

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El arrendador debe pagar las obras de conservación, pero no las obras de adaptación

Las obras que se deben realizar en el local arrendado, en virtud de la reciente normativa administrativa aplicable a las residencias geriátricas en la localidad donde está situado el local, no son obras necesarias para la conservación del local de negocio, sino que se trata de meras obras de adaptación.

De este modo, la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 20 de febrero de 2012 concluye que “la parte arrendadora no estaba obligada a hacer frente al coste de las mismas. Además,  en el contrato de arrendamiento suscrito por las partes, la parte arrendataria se obligaba, precisamente, a realizar, a su costa todas las obras necesarias para adaptar el local comercial a la actividad de centro geriátrico que pretendía desarrollar la actora en el local objeto del contrato”.

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Delito de apropiación indebida: quedarse con el dinero o destinarlo a un fin distinto

El acusado había recibido de una empresa una determinada cantidad de combustible con una finalidad específica y en unas condiciones contractuales de ingresar el producto de las ventas a dicha empresa y, contraviniendo lo acordado, dispuso de tales bienes cómo y cuando quiso, a su libre voluntad, ocasionando un notable perjuicio económico a los propietarios de los combustibles.

El Tribunal Supremo, en su Sentencia de fecha 14 de junio de 2012, concluye que comete el delito de apropiación indebida no sólo quien se queda con el dinero o los bienes para incorporarlos a su patrimonio, sino también quien no ofrece razones convincentes sobre el destino final de esos bienes.

La doctrina del Tribunal Supremo es pacífica y reiterada al establecer que el delito del art. 252 del Código Penal contiene dos modalidades: “apropiación en sentido estricto” con incorporación de la cosa al patrimonio del autor; y “la distracción”, que supone disponer del dinero o cosa fungible recibida más allá de lo que autoriza el título de  recepción, con vocación definitiva y perjuicio para el sujeto pasivo y conocimiento por el sujeto activo del exceso que realiza.

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División del edificio o la vivienda perteneciente a varios propietarios

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Cualquier propietario de un bien que pertenece a varias personas puede obligar a los demás propietarios a dividirlo. En el caso resuelto por la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de junio de 2012 se razona que “la división de … Sigue leyendo

Delito de estafa procesal. Engañar al Juez.

“El acusado, sabiendo que la casa no era suya, instó ante los Juzgados de 1ª Instancia de Zaragoza demanda de procedimiento ordinario (…) dirigiéndola contra 2 personas que sabía que habían fallecido y con la intención de no tener oposición a su pretensión, interesando se declara de su propiedad dicha casa”. De manera que el engaño consistió en reclamar un derecho que no le pertenecía y dirigirlo frente a personas fallecidas, para evitar la contradicción procesal.

El Tribunal Supremo, en su Sentencia de fecha 11 de mayo de 2011, declara la comisión del delito de estafa procesal ya que el inducido a error es el juez y lo que se utiliza es que no aparezca en el proceso una contraparte, con objeto de que no pueda realizar alegaciones defensivas, y el proceso se resuelva sin contradicción procesal, facilitando de esta manera la inducción al error, pues todas las alegaciones podrán ser dadas por verdaderas ante la falta de oposición de la contraparte.

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