Delito de tráfico de drogas. Venta al menudeo.

El delito de tráfico de drogas, en su modalidad de venta al menudeo, consiste en una conducta o serie de conductas coordinadas, fruto del acuerdo previo entre varias personas, que van dirigidas a vender droga a terceros.

En el caso resuelto por el Tribunal Supremo en su Sentencia de fecha 19 de julio de 2012, los hechos fueron comprobados por los testigos que declararon en juicio (policías), que confirmaron la intervención y cooperación de todos ellos para hacer llegar la droga que poseían a eventuales compradores; a los dos últimos compradores los interceptaron con el producto adquirido que periciamente analizado resultó ser cocaína.

A su vez, con tal intervención, se procedió al registro de los detenidos incautándoles dinero y más papelinas con la ilícita sustancia en disposición de ser vendida.

Resulta indiferente que las cantidades de cocaína ocupadas sean escasas o que no excedan de las que precisa para su consumo un drogodependiente medio, pues al acreditarse la posesión preordenada o la propia venta, en nada influye que los acusados además consumieran. La venta al menudeo en tal caso serviría para financiar su adicción y además como medio de vida.

 

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Los profesores de religión en centros públicos tienen derecho a cobrar trienios por antigüedad

El Tribunal Supremo, en Sentencia de fecha 10 de julio de 2012, declara el derecho del profesorado de religión en centros públicos de enseñanza, al reconocimiento de la antigüedad, a efectos de trienios, de conformidad con lo percibido por los funcionarios interinos docentes de su nivel educativo, desde el inicio de su prestación de servicios en los diferentes centros educativos.

Si los profesores de religión que trabajan por cuenta ajena para los centros de enseñanza públicos perciben de la Administración unos salarios como si fueran funcionarios interinos sin serlo, habrá de abonarles las mismas retribuciones a las que tienen derecho los funcionarios interinos mientras esta situación subsista, en aplicación del derecho a la igualdad del art.14 de la Constitución.

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Abuso de derecho por una comunidad de vecinos

En materia de propiedad horizontal, el abuso de derecho consiste en el uso de una norma, por parte de la comunidad o de un propietario, con mala fe, en perjuicio de otro u otros copropietarios, sin que por ello se obtenga un beneficio amparado por la norma.

En el caso resuelto por la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de julio de 2012, se declara que la comunidad de propietarios no ha actuado con mala fe o en perjuicio del copropietario demandado. La presentación de la demanda persigue un fin claro amparado por la norma, como es que no se lleven a cabo alteraciones en elementos comunes de un inmueble sometido al régimen de propiedad horizontal, si no es con la autorización unánime de los copropietarios.

La actuación de la comunidad de vecinos se funda en una justa causa y su finalidad es legítima, máxime cuando no se demuestra que la evacuación de humos de fumadores en un negocio de hostelería no puede realizarse de otro modo o que el cierre de la puerta abierta al exterior, sin el consentimiento unánime de la comunidad, haga inhábil el local para su explotación comercial.

 

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Multa por eliminar especies vegetales protegidas en la ejecución de un cortafuegos

El infractor solicitó licencia para realizar un cortafuegos, que le fue concedida, pero efectuó un desbroce de tal intensidad que eliminó, sin autorización, especies vegetales protegidas y en peligro de extinción,
fundamentalmente “Thimus Albicans”.

El Tribunal Supremo, en su Sentencia de fecha 5 de julio de 2012, declaró que “si bien es cierto que el director del Centro Operativo Provincial contra Incendios aconsejó limpiar el terreno para evitar incendios, esto equivale, a lo sumo, a una posible autorización para la realización de cortafuegos, pero no para practicar un desbroce casi total, eliminando las especies protegidas, para lo cual, desde luego, no estaba autorizada por nadie”.

El infractor no acreditó que la ejecución de un cortafuegos, por urgente que fuese la tarea, conlleve necesariamente un desbroce total e intenso como el ejecutado; y, de otra parte, que en el planteamiento del infractor se omite cualquier referencia a la limpieza realizada por la Administración que fue selectiva, sin remoción del suelo, eliminando sólo la parte aérea de la vegetación, sin destruirla, mientras que el gradeo ejecutado por el infractor se realizó con remoción del suelo, eliminando prácticamente la totalidad de sus especies.

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Oposiciones. Pruebas selectivas. Opositora que sufre un accidente de tráfico.

Una opositora sufrió un accidente de tráfico que le causó lesiones que le impidieron hacer un examen por escrito. La opositora compareció el día del examen y solicitó al Tribunal que le permitiera hacer el examen de forma oral, ya que se había roto el brazo y no podía escribir.

El Tribunal de las pruebas selectivas le denegó dicha posibilidad porque no estaba prevista en las bases y porque solicitó hacer un examen oral en lugar de haber pedido un aplazamiento del examen escrito.

El Tribunal Supremo, en su Sentencia de fecha 6 de julio de 2012, declara que la aspirante, se presentó el día señalado para el examen y de su actitud se deducía indudablemente su deseo de examinarse, y que su petición no fue debidamente interpretada por el Tribunal que le negó la posibilidad de examinarse oralmente, y no le ofreció la posibilidad de posponer el examen y realizarlo por escrito otro día.

Hemos de afirmar que la interpretación de la petición de la aspirante efectuada por la Administración es en exceso literalista.

Es cierto que la aspirante no recurrió las Bases de la Convocatoria en este particular, pero las Bases se publicaron en el mes el 17 marzo de 2005, y no se puede exigir a la aspirante una conducta distinta, pues no fue hasta el día el día 18 de mayo de 2005 cuando tuvo el accidente de tráfico, y el plazo para recurrir las Bases ya había concluido, estamos ante un supuesto de fuerza mayor totalmente imprevisible para la parte.

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El certificado del Catastro no acredita la propiedad de un inmueble

Los Tribunales de Justicia vienen declarando que la titularidad catastral es insuficiente para demostrar, por sí sola, el justo título dominical, sin perjuicio del carácter indiciario que pueda revestir en el orden civil.

La inclusión de un inmueble en un Catastro o Amillaramiento o Registro Fiscal, no pasa de constituir un indicio, a valorar con otras pruebas, de que el objeto descrito puede pertenecer a quien figura como titular de él en dicho Registro, indicio que, unido a otras pruebas, puede llevar al ánimo del juzgador el convencimiento de que, efectivamente la propiedad pertenece a dicho titular, pero no puede por sí solo constituir un justificante del dominio (Sentencia de la Audiencia Provincial de Cuenca de 26 de junio de 2012).

 

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Despido disciplinario de un empleado de banca. Prescripción de las faltas muy graves.

El Estatuto de los Trabajadores dispone que las faltas muy graves prescriben a “los 60 días, a contar desde la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de su comisión y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido”.

En la mayor parte de las operaciones realizadas por el trabajador se produce la ocultación de un importante numero de datos que eran conocidos en su condición de director de la sucursal bancaria y proponente de las operaciones de préstamo y que afectaban a los riesgos derivados de las mismas, fundamentalmente los referidos, tratándose de prestamos hipotecarios para la adquisición de viviendas, los referidos a la diferencia entre el precio de adquisición y el de tasación, ausencia de los contratos de compraventa, ausencia de firma o falta de coincidencia entre las firmas estampadas en los documentos y las indubitadas de los solicitantes del préstamo.

El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, en su Sentencia de fecha 2 de julio de 2012, declara que la fecha inicial del cómputo del plazo debe de ser aquella en la que se le traslado a otra sucursal, pues tal fecha coincide con el inicio de la sospecha de irregularidades, pero no del conocimiento cierto de las mismas, el cual solo se alcanza con ocasión de la finalización de la auditoria extraordinaria.

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Delito de blanqueo de capitales

El autor del delito de blanqueo de capitales manejaba importantes cantidades de dinero, que procedían del extranjero, sin que constara su origen ni su auténtico propietario, colocándolas en cuentas corrientes y productos financieros a nombre de sociedades panameñas distintas de las remitentes y, en inversiones inmobiliarias, en las que el mismo participaba, en cuanto con dicha conducta contribuía a ocultar el origen y propiedad de dichos fondos, al tiempo que facilitaba su uso a un tercero.

El autor del delito conocía la procedencia ilícita de las cantidades que le eran remitidas, más aún cuando en el año 2004 supo de la detención de esa tercera persona  en Estados Unidos y de la intervención de sus cuentas en dicho país, procediendo en consecuencia a ocultar cualquier rastro de la titularidad de aquél en las cantidades remitidas a España. (Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 9 de julio de 2012).

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Convocadas plazas de funcionarios (bombero, economista, aparejador, administrativo y TAG)

En el BOE de hoy se convocan las siguientes plazas de funcionario:

- Ayuntamiento de Barcelona:

27 plazas de Bombero, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.

- Ayuntamiento de Calviá (Islas Baleares):

1 plaza de Economista, mediante el sistema de concurso-oposición,
en turno libre.

2 plazas de Técnico de Administración General (TAG), mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.

1 plaza de Arquitecto Técnico, mediante el sistema de oposición, en turno libre.

2 plazas de Administrativo, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.

Si necesitas hacer casos prácticos o exámenes tipo test, te los hacemos a la carta por tan sólo 25 euros, IVA incluido. Si quieres más información, envíanos un correo electrónico sin compromiso.

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Conciliación de la vida familiar y laboral. Permiso de lactancia.

El permiso de lactancia podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre en caso de que ambos trabajen.

Ahora bien, una cosa es que ambos progenitores tengan derecho indistintamente al disfrute del reiterado permiso de lactancia, aún trabajando por cuenta propia o ajena, y otra muy distinta es que se mantenga ese derecho en caso de que no trabajen, cual es, precisamente, el supuesto resuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos) en su Sentencia de fecha 12 de julio de 2012, dada la situación de suspensión del contrato de trabajo de la madre, como consecuencia de la excedencia previa concedida, precisamente, para cuidado del hijo.

Si la madre está disfrutando de una excedencia, no cabe reconocer el permiso de lactancia al padre, puesto que la madre ya no trabaja y puede hacerse cargo del cuidado del hijo.

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