Permiso de residencia. Súbditos de la provincia española de Sahara.

El solicitante de una autorización de residencia en España por razones de arraigo, justificaba documentalmente que era hijo de padre que había sido originariamente español.

El padre del solicitante vivió en la provincia española de Sahara y, según la legislación entonces vigente, tenían la condición de españoles los súbditos que estaban bajo la dependencia de España durante el periodo colonial.

Lo decisivo a efectos de obtener un permiso de residencia en España por circunstancias excepcionales, es ser hijo de españoles de origen, aunque posteriormente hubiesen perdido dicha nacionalidad.

El caso fue resuelto favorablemente para el solicitante del permiso de residencia por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en su Sentencia de fecha 31 de julio de 2012.

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¿En qué consiste la pensión de gran invalidez?

La gran invalidez es la situación del trabajador afecto de incapacidad permanente y que, por consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesita la asistencia o ayuda de otra persona para los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse o comer.

Si el trabajador es calificado de gran inválido, tendrá derecho a una pensión vitalicia, incrementándose su cuantía con un complemento, destinado a que el inválido pueda remunerar a la persona que le atienda.

En el caso que analizamos, al trabajador se le reconoce la pensión de gran invalidez porque, tras sufrir un infarto cerebral, necesita ayuda de una tercera persona para determinados actos básicos de la vida diaria tales como el vestido, el aseo, el uso del baño o pelar y trocear alimentos.

Además, el trabajador va en silla de ruedas que solo puede propulsar muy despacio y por terrenos llanos. No puede deambular si no es en “paralelas” y con ayuda de un tutor, debiendo ser constante el auxilio de un tercero para realizar las tareas de vestido, aseo, alimentación, etc.

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50.000 euros de sanción por deducirse IVA incorrectamente

Una empresa imputó como deducibles en el ejercicio 2.010 facturas que se pagaron en la anualidad 2.011.

La empresa formuló una solicitud de devolución por IVA 2.010 de 3.020.503’10 euros, que tras la regularización inspectora se redujo a 2.540.565’33 euros.

Por la diferencia de 479.937’77 euros, se inició expediente sancionador al entender cometida una infracción tributaria grave de las previstas en el artículo 194.1 de la Ley 58/2003, General Tributaria, sancionada con multa del 15%.

Resulta procedente la imposición de una multa por importe de 50.393’47 euros, puesto que no es posible deducir aquello que no ha sido repercutido correctamente.

Es faltar a la verdad y, por lo tanto, un engaño, deducir cuotas de IVA soportado de forma anticipada cuyos pagos no se han producido en esa anualidad.

El IVA soportado a deducir en 2010 debe corresponderse con el IVA efectivamente pagado en 2010, no pagado en 2011.

(Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares de 24 de julio de 2012).

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Pensión de viudedad en las parejas de hecho: ¿es suficiente la convivencia o es necesaria la inscripción como pareja de hecho?

Para tener derecho a cobrar la pensión de viudedad no vale sólo con acreditar la convivencia mediante un certificado del Ayuntamiento, es necesario estar inscrito como pareja de hecho en el Registro gestionado por las Comunidades Autónomas o acreditar la constitución de la pareja mediante un documento público, por ejemplo, extendido ante Notario.

Los requisitos para que la pareja sobreviviente pueda tener derecho a la pensión de viudedad son los siguientes:

a) Que ambos miembros de la pareja no se encuentren impedidos para contraer matrimonio, no tengan vínculo matrimonial con otra persona y acrediten, mediante el correspondiente certificado de empadronamiento del Ayuntamiento, una convivencia estable y notoria con carácter inmediato al fallecimiento del causante y con una duración ininterrumpida no inferior a cinco años.

b) Con el cumplimiento de los requisitos anteriores no es suficiente, hay que acreditar, además, la ” existencia de pareja de hecho “, bien mediante inscripción en registro específico de parejas de hecho que gestionan las Comunidades Autónomas, bien mediante un documento público en el que conste la constitución de la pareja, extendido ante Notario.

Estos requisitos exigidos por el Tribunal Supremo han sido recogidos en la reciente Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de fecha 24 de julio de 2012.

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¿Se pueden modificar las medidas acordadas en la sentencia de separación o divorcio por tener un hijo con otra pareja?

Cuando los cónyuges se separan o divorcian teniendo hijos, en la Sentencia se imponen medidas respecto a los mismos, tales como la pensión de alimentos.

Muchas veces sucede que alguno de los excónyuges tiene un hijo con su nueva pareja y, como no tiene dinero suficiente, pide al Juzgado la bajada de la pensión de alimentos que paga a su primer hijo. En este caso, se trataba de bajar la pensión de 275 euros al mes, a 150.

Las medidas adoptadas en las sentencias de separación o de divorcio pueden verse modificadas siempre que se produzca una alteración sustancial de las circunstancias tomadas en cuenta para su adopción, como en este caso sucede, con el nacimiento de un nuevo hijo.

No cabe duda que tal hecho supone un incremento del nivel de gastos, que no puede obviarse con la sola alegación de la excónyuge de que se trata de una situación voluntariamente querida.

Tampoco se puede hacer de peor condición al nuevo hijo, prescindiendo del hecho evidente de que deben atenderse sus necesidades sin discriminación alguna con respecto al resto de la descendencia de los litigantes.

La Audiencia Provincial de Madrid, en su Sentencia de fecha 26 de julio de 2012, acuerda rebajar la pensión alimenticia del padre respecto a los 2 hijos de su primer matrimonio, de 275 a 150 euros al mes (75 euros por cada hijo).

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¿El transporte escolar debe prestarse en los colegios concertados o sólo en los públicos?

No existe ningún inconveniente legal a que el servicio público de transporte escolar también se preste en los colegios concertados, no sólo en los públicos. Sin embargo, las limitaciones presupuestarias, que no exista dinero suficiente, puede justificar que sólo se preste el servicio en los colegios públicos, no en los concertados.

Un padre solicitó a la Administración educativa que se procediera a incluir en la ruta de transporte escolar al alumnado perteneciente a los centros concertados de su municipio cuyos domicilios se encuentren ubicados a tres o más kilómetros de sus colegios en igualdad de condiciones que el alumnado perteneciente a los centros de titularidad pública ubicados en dicha localidad, por entender que lo contrario sería una discriminación injustificada, pues el servicio público debe abarcar a todos los alumnos de los centros sostenidos con fondos públicos.

El padre alegaba que, teniendo en cuenta el valor superior de la igualdad de todos los españoles ante la Ley, la prestación del servicio público de la educación se realiza a través de los centros públicos y los centros privados concertados, y que todos los alumnos tienen los mismos derechos y deberes, sin más distinciones que las derivadas de su edad y del nivel que estén cursando.

El padre considera que las ayudas al transporte escolar deben estar orientadas a su aplicación en condiciones de igualdad a todo el alumnado menor de edad del servicio público del municipio, sin que quepa limitación posible en virtud de la modalidad del centro docente al que pertenezca.

Sin embargo, el Tribunal Supremo, en su Sentencia de fecha 24 de julio de 2012, defiende la postura de la Administración al decir que el transporte escolar sólo se debe prestar en los colegios públicos, ya que la limitación de las disponibilidades presupuestarias para atender unas necesidades más amplias constituye la justificación de la razón objetiva de que el servicio de transporte escolar no se pueda extender a los colegios concertados.

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Multa y demolición de una contrucción realizada en una zona inundable

El funcionario de la Confederación Hidrográfica formuló una denuncia  tras comprobar que la ejecución de obras, piscinas y relleno de la parcela fueron realizadas en terrenos claramente inundables por las avenidas ordinarias del río, con el consiguiente riesgo de arrastres y de afección al régimen de las corrientes.

A pesar de la denuncia, el infractor siguió con la realización de las obras no autorizadas, sin hacer caso a las órdenes de paralización.

La Confederación Hidrográfica impone una multa de 6.100 euros y acuerda la demolición de todo lo construido en la zona de policía inundable del río.

El infractor recurre la decisión afirmando que ha actuado de buena fe en la creencia de estar amparado por la licencia concedida por el Ayuntamiento para la construcción de las viviendas y que la construcción de las piscinas en ningún caso altera la estructura del terreno, ni favorece una mayor o menor pendiente de la que ya se encontraba en los planos que se portaron en su momento para obtener la licencia de construcción de las viviendas, sin que se perjudique el paso del agua o se forme barrera alguna que impida que una avenida de agua modifique su curso, por lo que no existe riesgo de arrastres y la consecuente afección al régimen de corrientes.

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en su Sentencia de fecha 31 de julio de 2012, desestima las alegaciones del infractor y confirma la legalidad de la multa y de la orden de demolición.

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Dos ejemplos del delito de violencia de género

A continuación vamos a exponer dos lamentables ejemplos cuyo agresor fue condenado por delito de violencia de género:

A) Se inició una discusión entre la pareja, en el curso de la cual, el hombre,  con manifiesto ánimo de atentar contra la integridad física de su cónyuge, le agarro fuertemente del brazo, la zarandeó y le empujó, tirándola al suelo, impactando ésta con unas cajas de cartón.

B) Esa misma noche, cuando ambos se encontraban en el domicilio familiar, en compañía de su hija, se inicio una nueva discusión entre la pareja, por el uso del televisor, ya que el hombre apagó el televisor y su cónyuge lo volvió a encender. El hombre, con manifiesto animo de atentar contra la integridad física y moral de su cónyuge y conviviente, le llamó “zorra, cabrona, hija de puta.”, para seguidamente, y cuando esta se proponía a sentarse de nuevo en el sofá, propinarle una patada en la tripa.
Agresión que fue repelida por la mujer, la cual golpeó a su marido, con el reverso de la mano en la cara, ante lo que el acusado reaccionó, profiriendo la expresión amedrentadora “es la segunda vez que me pegas en la cabeza y la próxima te voy a matar”.

Lo que se protege con el delito de violencia de género es la preservación del ámbito familiar que ha de estar presidido por el respeto mutuo y la igualdad, o dicho con otras palabras, la paz familiar, debiendo sancionarse todos aquellos actos que exteriorizan una actitud tendente a convertir ese ámbito familiar en un microcosmos regido por el miedo y la dominación, porque nada define mejor los malos tratos en el ámbito doméstico que la situación de dominio y de poder del hombre sobre la mujer.

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Hacienda requiere datos sobre los titulares de las tarjetas de El Corte Inglés

La Agencia Estatal de Administración Tributaria ha requerido a El Corte Inglés que le facilite los siguientes datos en relación con los titulares de de la “tarjeta de El Corte Inglés”, que hayan realizado pagos a través de las mismas por importe total anual igual o superior a 30.000,00 euros durante los ejercicios 2006 y 2007:

“1.- Identificación de las personas o entidades referidas, la cual comprenderá apellidos y nombre o razón social y Número de Identificación Fiscal, o, en defecto de éste último, Número de Pasaporte o Número de identificación válido en su país de origen, así como la dirección que conste a los efectos de la operativa de dichas tarjetas.

2.- Numeración de la/s tarjeta/s.

3.- Importe total anual de los pagos efectuados derivados de la utilización de las tarjetas.

4.- Entidad/es financiera/s con la/s que opera el titular de la/s tarjeta/s en el sistema, según el Código de Entidad asignado por el Banco de España. En el supuesto de tratarse de una entidad financiera no residente en España se hará constar su razón social así como los dígitos del Código IBAN correspondientes a la entidad bancaria (…)».

La Audiencia Nacional, en su Sentencia de 26 de julio de 2012, ha declarado que el requerimiento de Hacienda a El Corte Inglés para que facilite estos datos es legal.

El art. 93.1 de la LGT contempla la obligación general de facilitar información con efectos tributarios a Hacienda y permite amparar   todo requerimiento que venga referido a datos de contenido económico que, de forma directa o interrelacionados con otros, revelen signos de capacidad económica que puedan desencadenar, en el futuro, actuaciones de comprobación por parte de la Administración.

La Ley de Protección de Datos Personales permite la cesión de los datos sin el consentimiento de su titular “cuando la cesión está autorizada en una ley”, en este caso, el referido art. 93.1 de la LGT.

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¿Te molestan los ruidos del ascensor, bombas de agua o caldera del edificio?

Las instalaciones comunes de un edificio como los ascensores, la caldera, las bombas de agua, etc., deben funcionar sin causar ruidos ni molestias sonoras a los vecinos.

La comunidad de propietarios es la responsable de insonorizar y mantener en buen estado de funcionamiento todas las instalaciones y aparatos de constituyen elementos comunes.

Un vecino padecía los ruidos procedentes de la caldera de calefacción y del cuarto de ascensores. Para demostrar que los ruidos eran molestos, encargó un informe sonométrico -acústico- y presentó una reclamación ante la comunidad de propietarios, quien hizo caso omiso al problema.

El vecino afectado decidió interponer una demanda civil contra la comunidad de propietarios.

La Audiencia Provincial de León, en su Sentencia de fecha 19 de junio de 2012, dió la razón al vecino afectado y condenó a la comunidad de propietarios a insonorizar la caldera y el cuarto de los ascensores para evitar los ruidos.

Hay que tener en cuenta que lo verdaderamente importante en el ámbito del proceso civil no es que se respeten o no los límites máximos de decibelios recogidos en la ordenanza municipal -que a efecto de sanciones puede ser decisivo en la esfera administrativa-, sino que el ruido sea molesto para la persona, sobre todo cuando incida negativamente en su bienestar.

 

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