¿Debe pagar la Administración los gastos del aval?

Los gastos derivados del mantenimiento del aval presentado para lograr la suspensión de una multa deben ser indemnizados por la Administración, si la multa es anulada.

En el caso real que comentamos, se acordó la suspensión de la resolución administrativa por la que se impuso a una empresa la multa de 365.252,49 euros, así como la obligación a indemnizar los daños causados al dominio público hidráulico por la realización de vertidos contaminantes a un río.

Para obtener la referida suspensión de la multa, fue necesario presentar un aval por parte de la empresa.

Posteriormente, se obtuvo una sentencia estimatoria del recurso contencioso-administrativo presentado contra la resolución sancionadora, la cual fue anulada por resulta disconforme a Derecho.

La empresa presentó un escrito promoviendo incidente en reclamación de indemnización y daños por los gastos de aval, que ascendian a la cantidad de 50.931 euros.

El Tribunal Supremo, mediante Auto de fecha 4 de octubre de 2012, ha declarado que la Administración pública tiene la obligación de pagar dicha cantidad a la empresa en concepto de gastos de mantenimiento del aval, al haber sido anulada la multa. Los argumentos fueron los siguientes:

a) Los principios que alumbran el régimen jurídico de medidas cautelares de nuestra Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,  singularmente las previsiones contenidas en el artículo 133 , determinan que cuando se ha acordado la suspensión judicial del acto impugnado, en este caso una sanción administrativa y la correspondiente indemnización de perjuicios, prestando aval como caución o garantía (artículo 133.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa) por el importe de dicha sanción e indemnización, la nulidad del expresado acto administrativo determina la devolución de los gastos ocasionados por la constitución y mantenimiento del aval.

b) Dicho de otro modo, la empresa no está obligada al pago de sanciones que no son conformes a Derecho, por lo que no ha de soportar tampoco los efectos del ejercicio de dicha potestad sancionadora cuando dicta un acto administrativo ilegal.

c) En definitiva debe abonarse el perjuicio económico ocasionado por los gastos que se derivan de la prestación de una garantía en forma de aval para alcanzar la suspensión de la ejecutividad, cuando se ha declarado, insistimos, mediante sentencia firme, la ilegalidad de la sanción recurrida.

d) En fin, ningún reparo puede oponerse, más allá del acierto o no en la cita por la recurrente del precepto de cobertura, que la decisión se adopte en este momento procesal, igual que podría haberse realizado en la propia sentencia, sin tener que acudir, desde luego, a otro proceso como pretende la Administración.

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Fraude fiscal: ¿cuáles son las limitaciones a los pagos en efectivo?

En el BOE de hoy aparece publicada la nueva Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.

Esta Ley contiene una serie de medidas dirigidas a la prevención y lucha contra el fraude fiscal. La realidad social y económica en un escenario de crisis y de austeridad presupuestaria hace del fraude fiscal hoy, si cabe, una figura más reprochable que nunca.

Merece destacarse una serie de medidas que se incorporan al ordenamiento de forma novedosa y con una clara vocación en la lucha contra el fraude, entre ellas la posibilidad de adopción de medidas cautelares vinculadas a supuestos de presuntos delitos contra la Hacienda Pública, así como la investigación patrimonial a las mismas asociada, la limitación de pagos en efectivo o el establecimiento de nuevas
obligaciones de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero.

El artículo 7 de la referida Ley establece las siguientes limitaciones a los pagos en efectivo:

1. No podrán pagarse en efectivo las operaciones, en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 2.500 euros o su contravalor en moneda extranjera.

No obstante, el citado importe será de 15.000 euros o su contravalor en moneda extranjera cuando el pagador sea una persona física que justifique que no tiene su domicilio fiscal en España y no actúe en calidad de empresario o profesional.

2. A efectos del cálculo de las cuantías señaladas en el apartado anterior, se sumarán los importes de todas las operaciones o pagos en que se haya podido fraccionar la entrega de bienes o la prestación de servicios.

3. Se entenderá por efectivo los medios de pago definidos en el artículo 34.2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

4. A efectos de lo dispuesto en esta Ley, y respecto de las operaciones que no puedan pagarse en efectivo, los intervinientes en las operaciones deberán conservar los justificantes del pago, durante el plazo de cinco años desde la fecha del mismo, para acreditar que se efectuó a través de alguno de los medios de pago distintos al efectivo.

Asimismo, están obligados a aportar estos justificantes a requerimiento de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

5. Esta limitación no resultará aplicable a los pagos e ingresos realizados en entidades de crédito.

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Convocadas oposiciones 126 plazas Guardia Civil

En el BOE de hoy se publica la convocatoria de oposiciones y pruebas selectivas para cubrir 126 plazas mediante el sistema de concurso-oposición en la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil.

El plazo de presentación de solicitudes para participar en las pruebas selectivas convocadas finaliza el día 14 de noviembre de 2012.

Si necesitas hacer casos prácticos o exámenes tipo test sobre temas de Derecho, te los hacemos “a la carta” por tan sólo 25 euros, IVA incluido.

Si quieres más información, envíanos un correo electrónico sin compromiso.

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¿El cambio de una bajante requiere mayoría o unanimidad?

Un vecino impugnó un acuerdo adoptado por la Junta de Propietarios de la Comunidad porque se autorizaba dar permiso a los vecinos del lado derecho de la casa para sustituir la bajante de pluviales de dicho lado y más cercana al hueco de escalera, porque no fue adoptado por unanimidad.

El Juzgado dictó una sentencia estimando la demanda y declarando que el acuerdo de la Junta de Propietarios es nulo porque se adoptó por mayoría cuando hacía falta la unanimidad de los propietarios. El Juzgado razonó que dicho acuerdo supone una alteración de elementos comunes tanto por la ampliación en el uso de la bajante como por las alteraciones realizadas en el patio común del inmueble para la realización de la arqueta de conexión, que exigen la unanimidad de los propietarios.

Sin embargo, la comunidad presentó un recurso de apelación contra la Sentencia y la Audiencia Provincial de Madrid, mediante Sentencia de fecha 24 de septiembre de 2012, revocó la sentencia del Juzgado y declaró que el acuerdo de la comunidad de propietarios es legal porque era suficiente la mayoría simple, no la unanimidad. Los razonamientos de la Audiencia fueron los siguientes:

a) La norma general de validez de los acuerdos comunitarios es la de la mayoría , y no la de la unanimidad. Por el contrario, la unanimidad es la excepción y sólo se aplica en caso de especial trascendencia, cuando el objeto del acuerdo tiene que ver con la modificación de los estatutos o con la del título constitutivo, en el que suele estar integrada la cuota de participación que corresponde a cada copropietario.

b) Es necesaria la unanimidad en aquellos acuerdos que se refieren a actuaciones que inciden sobre la estructura del edificio, poniendo en riesgo su seguridad o configuración exterior (Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 17 de noviembre de 2011 ) o comportan la constitución de servidumbres en los elementos comunes en beneficio de elementos privativos (Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 28 de marzo de 2012).

c) La realidad física que subyace al pleito consiste en el cambio o sustitución de un elemento común (la bajante de aguas pluviales existente en un ángulo del patio interior del edificio) por otro elemento común similar (una bajante de doble función, de aguas pluviales y residuales), con el añadido de la realización de una derivación que llega a cada piso (para que cada vecino de ese sector pueda conectar su conducción de aguas residuales a dicha bajante), así como la ampliación del conducto subterráneo existente en el patio para conectar con el pozo.

d) No hay base legal para la exigencia de unanimidad para la validez de un acuerdo que tiene por objeto la sustitución (y mejora) de un elemento común. Y a la vista está, según las fotografías aportadas, que la estética de la conducción ha mejorado, que el patio común no ha sufrido deterioro alguno, que la conducción de aguas residuales ha quedado insonorizada (según exigencia del propio acuerdo), y que la mejora de tales conducciones está en situación de beneficiar a los actuales vecinos y a quienes en el futuro deseen engancharse a las mismas.

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¿El vientre de alquiler da derecho al permiso de maternidad?

La respuesta es afirmativa. Veamos un caso real. Una trabajadora, con la categoría profesional de especialista de laboratorio, solicitó disfrutar del permiso de maternidad de 16 semanas por haber obtenido una sentencia favorable del Tribunal Superior de California, Condado de San Diego, en la que se declara que es madre legal y natural del niño nacido de otra mujer, y que la responsabilidad financiera del citado niño corresponde a la trabajadora y a su marido, quienes tendrán la custodia física y legal del menor.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) denegó el derecho a disfrutar del permiso de maternidad porque el contrato de gestación por sustitución (vientre de alquiler) de que trae causa el derecho al permiso de maternidad solicitado, así como su correspondiente prestación, es plenamente nulo y fraudulento. Los contratos de gestación por sustitución están expresamente prohibidos por las Leyes españolas (Art. 10.1 de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida) y que «la filiación de los hijos nacidos por gestación de sustitución será determinada por el parto» (Art.10.2 de la Ley 14/2006).

Asimismo, el INSS opuso que el art. 133 bis de la Ley General de la Seguridad Social  establece como situaciones protegidas por maternidad, la propia maternidad natural, la adopción y el acogimiento, tanto preadoptivo, como permanente o simple, sin que la gestación por sustitución esté prevista legalmente.

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de fecha 20 de septiembre de 2012, reconoce el derecho de la trabajadora a la prestación por maternidad y al descanso de 16 semanas con los siguientes argumentos:

a) La atención o cuidado del menor y el estrechamiento de los lazos del padre y la madre con el mismo es lo prioritario y fundamental y así se deduce de datos tales como que el legislador atribuya la condición de beneficiario no sólo a la madre sino también al padre, que sea superior el período de tiempo reconocida para el cuidado del menor que para la recuperación de la madre biológica o que se haga extensiva la protección en los supuestos de adopción y acogimiento. A este respecto, merece la pena traer a colación que el Tribunal Supremo reconoció la prestación de maternidad incluso en aquellos casos en los que la menor adoptada ya se encontraba incorporada e integrada a la unidad familiar con anterioridad al inicio del período de descanso por maternidad, conviviendo con la adoptante, argumentando que la finalidad de la integración del adoptado en su nueva familia y en su nueva situación no se produce por el mero hecho de la convivencia con el adoptante con anterioridad a la adopción, sino que es a partir de la resolución judicial que la constituye cuando se establece la situación de hijo del adoptante y cuando pasa a integrarse en la nueva familia .

b) La interpretación generosa contenida en el artículo 2 del Real Decreto 295/2009 que considera jurídicamente equiparables a las figuras de adopción y acogimiento preadoptivo, permanente o simple, aquellas instituciones jurídicas declaradas por resoluciones judiciales o administrativas extranjeras cuya finalidad y efectos jurídicos sean los previstos para aquéllas, cualquiera que sea su denominación, lleva a concluir que los supuestos de filiación están también amparados en la norma.

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200.000 € de multa por ejecutar obras sin evaluación ambiental

Unos agentes forestales de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, formularon denuncia contra una empresa por realizar actividades de extracción de áridos a cielo abierto que afecta al nivel freático, sin disponer de las preceptivas autorizaciones, entre ellas, la previa declaración de impacto ambiental.

Con base en dicha denuncia formuladas por los agentes, se acordó la incoación de expediente sancionador contra la aquí actora, por hechos constitutivos de infracción muy grave, del artículo 58.a) de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid y que, tras las tramitaciones oportunas, terminó con la imposición de una multa de 200.000 €, y la obligación de legalizar las actuaciones realizadas en el plazo de seis meses, manteniendo las medidas cautelares de suspensión de la actividad
hasta que se obtenga la referida legalización, y todo ello “por no disponer de declaración de impacto ambiental positiva, hecho constitutivo de infracción administrativa grave prevista en el artículo 59.h) de la Ley 2/2002.

La denuncia formulada por los agentes forestales, que tienen la condición de agentes de la autoridad, goza de los beneficios jurídicos de la presunción de veracidad que le confiere el artículo 137.3 de la Ley 30/1992 , sin que quepa cuestionar o poner en tela de juicio la veracidad de las afirmaciones contenidas en la denuncia, salvo prueba en contrario que aquí no ha resultado suficiente para desvirtuarla.

De un lado, porque la empresa tiene reconocido que realizó movimientos de tierra que, según ella, no se corresponden con una extracción de áridos, sino con la mejora de la finca para labores agrícolas para lo que disponía de licencia municipal de obras, lo cual no le exime de la obligación de disponer de Declaración de
Impacto Ambiental.

De otro lado, porque los hechos denunciados fueron presenciados directamente por los agentes con competencia técnica en las funciones que le son propias y en el presente caso, los agentes forestales que extendieron la denuncia, acreditaron directa y personalmente los hechos objeto de sanción, explotación de áridos a cielo abierto en la que resultó afectado el nivel freático, sin la correspondiente autorización, acompañando reportaje fotográfico anexo al informe, sin que la recurrente, haya presentado prueba fehaciente que permita destruir la presunción de veracidad de la que está dotada la denuncia”.

El Tribunal Supremo, en su Sentencia de fecha 11 de octubre de 2012, declara la legalidad de la sanción impuesta con los siguientes razonamientos:

a) Aunque la empresa sancionada considera que los hechos recogidos en la denuncia no están acreditados, pues las actividades que realizaba en la finca agrícola eran, según ella, de “restauración de la misma”, debe imponerse la versión de los hechos directamente percibidos por los agentes forestales, al gozar de la presunción de veracidad.

b) La empresa no ha demostrado que hubiera obtenido la Declaración de Impacto Ambiental necesaria para la extracción de los áridos de que se trata, y cuya falta determina la comisión de la infracción prevista como “muy grave” en el artículo 58.a) de la Ley Autonómica 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid.

 

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¿En qué casos se comete el delito de falsedad contable?

Los administradores, de hecho o de derecho, de una sociedad  mercantil constituida o en formación, que falsearen las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad, de forma idónea para causar un perjuicio económico a la misma, a alguno de sus socios, o a un tercero, serán castigados con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses (artículo 290.1 del Código Penal).

El falseamiento puede serlo de las “cuentas anuales” o de “otros documentos” expresión que permite entender también comprendidos el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias , la memoria, el informe de gestión, la propuesta de aplicación de resultado y, en su caso, las cuentas y el informe de gestión consolidados. La expresión es muy amplia y puede comprender otros muchos documentos, aunque ha de tratarse, en todo caso, de aquellos “que puedan reflejar la situación jurídica o económica de la entidad”.

El objeto material sobre el que debe recaer este delito, con el que se trata de fortalecer los deberes de veracidad y transparencia que en una libre economía de mercado incumben a los agentes económicos y financieros, se determina en la definición legal con un “numerus apertus” en el que solo se singularizan, a modo de ejemplo, las cuentas anuales, esto es, la que el empresario debe formular al término de cada ejercicio económico y que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria.

Entre los demás documentos cuyo contenido no puede ser falseado so pena de incurrir en el tipo del artículo 290 del Código Penal, se encontrarán, sin que esto signifique el cierre de la lista de los posibles objetos del delito, los libros de contabilidad, los libros de actas, los balances que las sociedades que cotizan en Bolsa deben presentar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, los que las entidades de crédito deben presentar al Banco de España y, en general, todos los documentos destinados a hacer pública, mediante el ofrecimiento de una imagen fiel de la misma, la situación económica o jurídica de una entidad que opera en el mercado.

El delito se comete en el párrafo 1º, cuando se falsean las cuentas …. “de forma idónea” para causar “un perjuicio económico”; no parece que esta frase permita excluir el dolo de perjudicar que caracteriza este delito y que deberá ser probado y directo, no eventual.

En todo caso, se distinguen dos subtipos: uno de mera actividad (la falsedad documental para subsumirse en esta figura delictiva) cuando el perjuicio no llega a producirse (párr. 1º) y otra de resultado, cuando se ha producido (párr. 2º).

El bien jurídico protegido en el artículo 290 del Código Penal es el derecho de los destinatarios de la información social (sociedad, socios o terceros) a obtener una información completa y veraz sobre la situación jurídica o económica de la entidad.

Y en cuanto a la conducta típica, “falsear”, en el sentido del art. 290 del Código Penal, es mentir, es alterar o no reflejar la verdadera situación económica o jurídica de la entidad en los documentos que suscriba el administrador de hecho o de derecho, porque así es como se frustra, además, el derecho de los destinatarios de la información social, sociedad, socios o terceros) a obtener una información completa y veraz sobre la situación jurídica o económica de la sociedad.

Hay que tener en cuenta por una parte, que ocultar o suprimir datos es una forma de faltar a la verdad en la narración de los hechos, y por otra, que el administrador tiene el deber jurídico de cumplir con su cometido con la diligencia de un ordinario empresario y de su representante legal, lo cual, implícitamente, y en términos generales, le obliga a ser veraz con la información que suministra sobre la sociedad.

Así, el artículo 290 del Código Penal resultará de aplicación si se dan los requisitos exigidos por el mismo, tanto sustantivos (que el sujeto sea administrador de una sociedad; que la conducta recaiga sobre las cuentas anuales u otros documentos que reflejan la situación económica o jurídica de la sociedad; que la alteración de tales documentos sea idónea para causar un perjuicio a la sociedad, a alguno de los socios o a un tercero) como procesales (que medie la denuncia exigida en el art. 296 del Código Penal Penal).

Estos requisitos han sido exigidos recientemente por el Tribunal Supremo en su Sentencia de fecha 26 de septiembre de 2012.

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¿Cómo se puede cobrar una deuda a una empresa declarada en concurso de acreedores?

La idea principal que debe quedar clara es que hay que solicitar la inclusión de la deuda en la lista de acreedores. Si la deuda no está incluida en esta lista y no se recurre en tiempo y forma, salvo unos supuestos muy excepcionales, no se podrá cobrar la deuda.

En el caso real que comentamos, un acreedor quería cobrar una deuda que tenía una empresa declarada en concurso. Esta deuda no fue incluida en la lista de acreedores, y como no la impugnó en tiempo, no pudo cobrarla.

Debemos señalar que la complejidad del concurso de acreedores y la multiplicidad de intereses implicados en el mismo justifica el establecimiento de un riguroso régimen procesal de comunicación de créditos, formación de inventario e informe de la administración concursal con la lista de acreedores, presidido por el principio de preclusión en la formación de la masa pasiva.

Ese régimen se concreta en determinadas actuaciones procesales de los acreedores, de la administración concursal y del propio juzgado. Así, se establece la necesidad de que la administración concursal comunique, tras la aceptación del cargo, individualmente a los acreedores la existencia del concurso, indicándoles la necesidad de que los mismos insinúen sus créditos en un determinado plazo.

De otro lado, los acreedores tienen la carga de realizar dicha insinuación, también en un plazo legalmente establecido. Tras varias vicisitudes, la administración concursal elabora el informe que cierra la fase común y que, entre otros aspectos, debe acompañar una lista de los acreedores reconocidos, con su correspondiente graduación.

Si por la razón que fuese el crédito no hubiera sido incluido en la lista (provisional) de acreedores que contempla el artículo de la Ley Concursal,  todavía dispone el interesado de la posibilidad de impugnarla, por medio de demanda de incidental, en el plazo de diez días que señala el artículo 96.1 de la Ley de Concurso, tras la cual se realizará el informe definitivo.

La falta de impugnación del informe en el plazo legal, provoca la preclusión definitiva de modificación de la lista de acreedores. Como afirman la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de fecha 22 de junio de 2012 y la Sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres de fecha 20 de septiembre de 2012, “expirado el plazo para impugnar la lista de acreedores, que alcanza el rango de definitiva, la ley prohíbe de modo terminante que puedan plantearse pretensiones de modificación del contenido de la misma. Ese es el único modo de que pueda concluir con agilidad la fase común del concurso, tras finalizar el plazo para impugnaciones sin que éstas se planteen o ser resueltas las que se hubiesen presentado. No cabrá, por tanto, que se pretenda modificar la lista definitiva de acreedores resultante tras esos trámites”.

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El Ayuntamiento debe indemnizar a los vecinos por los ruidos causados por un pub

Los vecinos afectados por los ruidos causados por un pub reclamaron al Ayuntamiento una indemnización por su pasividad al consentir y no hacer nada por evitar las molestias acústicas.

El Juzgado de lo contencioso-administrativo estimó la demanda condenando al Ayuntamiento porque ha omitido el uso de sus competencias en materia de ruidos de establecimientos públicos, en relación a la actividad del pub, por lo que debe abonar a los vecinos reclamantes la cantidad de 31.630,52,- euros más intereses legales desde que se presentó la reclamación, en concepto de indemnización por las secuelas físicas y daños morales ocasionados.

Posteriormente, el Ayuntamiento presentó un recurso de apelación contra la referida sentencia y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en su Sentencia de fecha 23 de abril de 2012, reduce la indemnización a pagar a 9.063 euros. Los argumentos fueron los siguientes:

a) Todo ciudadano tiene derecho a la tranquilidad en su domicilio y la actitud omisiva del Ayuntamiento le ha impedido el disfrute de ese domicilio.

b) Ninguna industria o local puede transmitir más ruidos y olores que los permitidos: de no contar con licencia porque es clandestino y debe procederse a su clausura; y, caso de contar con licencia, porque está incumpliendo las condiciones de la misma y la normativa vigente (en éste último caso, deberá requerírsele para que ajuste sus ruidos, olores, vibraciones etc… a la licencia y, si no quiere o no puede también procede la clausura).

c) Se condena a la Administración, no por hacer ruidos, olores, vibraciones etc-, sino que con su pasividad se convirtieron en corresponsables de la vulneración de la Ley y de los derechos constitucionales de los afectados.

d) Una exposición prolongada a unos determinados niveles de ruido, que puedan objetivamente calificarse como evitables e insoportables, ha de merecer la protección dispensada al derecho fundamental a la intimidad personal y familiar, en el ámbito domiciliario, en la medida en que impidan o dificulten gravemente el libre desarrollo de la personalidad, siempre y cuando la lesión o menoscabo provenga de actos u omisiones de entes públicos a los que sea imputable la lesión producida.

e) La actuación de la Administración Local se produjo 3 años más tarde desde que los vecinos habían presentado las denuncias (ruidos, apertura de terraza no autorizada y cierre incumpliendo los horarios establecidos), con lo que ha de considerarse la existencia de inactividad por parte del municipio, precisamente durante los tres años anteriores, lo que le hace responsable de los daños ocasionados.

f) El abogado del Ayuntamiento considera que la terraza no funcionó desde el verano; sin embargo, esta consideración no puede ser atendida dado que no sólo se presentaba la queja por los ruidos que emanasen de la terraza, sino, también, por la forma en que se desarrollaba la actividad en el pub, incumpliendo el horario de cierre y los límites de emisiones sonoras.

También el abogado del Ayuntamiento alegó que ningún otro vecino denunció la existencia de ruidos, pero esta cuestión ni invalida las denuncias presentadas ni desvirtúa la inactividad del Ayuntamiento.

g)  El informe médico obrante en las actuaciones y realizado como pericial médica judicial se constata la existencia de un trastorno adaptativo en el recurrente a consecuencia de los ruidos soportados.

 

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Convocadas oposiciones Ingeniero Técnico Industrial

En el BOE de hoy se publica la convocatoria de oposiciones para cubrir los siguientes puestos de empleo público:

Ayuntamiento de Estepa (Sevilla):

1 plaza de Ingeniero Técnico Industrial a cubrir mediante el sistema de concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes para participar en las pruebas selectivas convocadas finaliza el día 19 de noviembre de 2012.

Si necesitas hacer casos prácticos o exámenes tipo test sobre temas de Derecho, te los hacemos “a la carta” por tan sólo 25 euros, IVA incluido.

Si quieres más información, envíanos un correo electrónico sin compromiso.

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