Reclamación de daños sufridos por inclusión en fichero de morosos

El caso real que comentamos hoy es el siguiente. Una persona presentó una demanda por intromisión ilegítima en su derecho al honor por haber incluido  en una base de morosos tras una suplantación de personalidad y dicha inclusión afectó a su reputación y buen nombre, y por ello no pudo acceder a un crédito para comprarse un coche. Solicitó la condena a que se cancelen de forma inmediata los datos de la base correspondiente por no ser ciertos y que la indemnicen en la cantidad de 12.000 € y, en todo caso, al abono del importe del vehículo que adquirió.

El Tribunal Supremo, en su Sentencia de fecha 9 de abril de 2012, estima la demanda y reconoce el derecho a cobrar una indemnización de 12.000 euros. Los razonamientos fueron los siguientes:

a) La inclusión indebida de datos de personas físicas en un fichero de solvencia patrimonial constituye una intromisión en el honor- no en la intimidad- de estas, no en vano la publicación de la morosidad de una persona incide negativamente en su buen nombre, prestigio o reputación, en su dignidad personal en suma. Así se desprende del artículo 7.7 LPDH y en este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de julio de 2004, según la cual el ataque al honor del demandante, lo conforma el hecho probado de la inclusión indebida en el registro de morosos, por deuda inexistente, lo que indudablemente, sobre todo tratándose de una persona no comerciante, supone desmerecimiento y descrédito en la consideración ajena, pues esta clase de registros suele incluir a personas valoradas socialmente en forma negativa o al menos con recelos y reparos, sobre todo cuando se trata de llevar a cabo relaciones contractuales con las mismas.

b) Más recientemente, la sentencia del Pleno del Tribunal Supremo de 24 de abril de 2009, según la cual, cuando un ciudadano particular o profesionalmente comerciante, se ve incluido en dicho registro, lo cual le afecta directamente a su dignidad, interna o subjetivamente e igualmente le alcanza, externa u objetivamente en la consideración de los demás, ya que se trata de un imputación de un hecho consistente en ser incumplidor de su obligación pecuniaria que, como se ha dicho, lesiona su dignidad y atenta a su propia estimación, como aspecto interno y menoscaba su fama, como aspecto externo.

c) Y es intrascendente el que el registro haya sido o no consultado por terceras personas, ya que basta la posibilidad de conocimiento por un público, sea o no restringido y que esta falsa morosidad haya salido de la esfera interna del conocimiento de los supuestos acreedor y deudor, para pasar a ser de una proyección pública.

d) Sí, además, es conocido por terceros y ello provoca unas consecuencias económicas (como la negación de un préstamo hipotecario) o un grave perjuicio a un comerciante (como el rechazo de la línea de crédito) sería indemnizable, además del daño moral que supone la intromisión en el derecho al honor y que impone el artículo 9.3 LPDH.

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El delito de violencia familiar es compatible el delito de amenazas, coacciones y lesiones

La cuestión que planteamos hoy es si la condena por un delito de violencia familiar impide castigar los distintos delitos de amenazas, coacciones y lesiones que se hubieran producido. La respuesta es negativa.

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres de fecha 15 de enero de 2013 declara que es perfectamente compatible la condena por los delitos de violencia familiar, amenzas, lesiones y coacciones.

Se reconoce la plena compatibilidad que existe entre la punición del delito de violencia familiar habitual y los distintos delitos que integran esa violencia (“sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder a los delitos o faltas en que se hubieran concretado los actos de violencia física o psíquica” dice el inciso final del artículo 173.2 párrafo primero del Código Penal compatibilidad que deriva de que en el primero lo que se castiga es el ataque que se produce contra los bienes jurídicos que constituyen la paz familiar o la propia dignidad personal, y no los distintos ataques contra la vida, la libertad o la integridad física de la víctima que son independientes y cuya punición deviene de los distintos delitos (lesiones, coacciones, amenazas, detención ilegal, etc.) cuya comisión resulte acreditada.

Así, visto desde esta perspectiva independiente, no cabe duda de que declarar probado que el acusado “durante los más de treinta años de su matrimonio, sometió a su esposa Manuela, a continuas vejaciones y humillaciones, amenazándola con que la iba a matar si la veía con otro, que no respondía de sus actos, diciéndole que no valía para nada, que era muy mala, que era una celosa patológica y que nunca tenía razón”.

Cuando el acusado llegaba de estar con otras mujeres, si Manuela le decía que porqué había tardado tanto éste respondía propinándole puñetazos, patadas, tirones de pelo, siendo lesionada en muchas ocasiones que no denunció, en principio por considerarlo normal y luego por temor” implica constatar una pluralidad de acciones que, individualmente consideradas, consisten en afirmaciones de menosprecio, en anuncios conscientes de provocar males futuros e injustos a la víctima con la única finalidad de inquietar su ánimo, así como en ataques leves contra la integridad física.

Por lo tanto, se aprecia la concurrencia (en cada una de esas acciones) de los elementos objetivo y subjetivo de dos tipos de conductas delictivas que, dada la multiplicidad de acciones reiteradamente dirigidas a una misma víctima, su esposa, configuran además el delito del artículo 173.2 del Código Penal . Ciertamente no se concretan días y horas, pero esta falta de concreción es irrelevante a los efectos de este delito, en el que basta con constatar que los hechos ocurrieron realmente y que fueron muchos y reiterados a lo largo del tiempo a la vez que próximos entre sí para apreciar la concurrencia de los elementos que lo configuran.

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¿Se puede denegar el depósito de las cuentas mercantiles?

Si las cuentas de la sociedad mercantil no reflejan la realidad económica de la empresa el Registrador Mercantil puede denegar la inscripción de las mismas.

La Dirección General de los Registros y del Notariado ha dictado una Resolución con fecha 29 de enero de 2013 en la que efectúa los siguientes razonamientos:

a) La única cuestión a la que se refiere este expediente consiste en la consideración que ha de darse al documento presentado en el Registro Mercantil, con ocasión del depósito de las cuentas anuales de la sociedad recurrente, correspondientes al ejercicio 2010, conforme al cual los auditores manifiestan «no poder expresar una opinión sobre las cuentas anuales del ejercicio 2010 adjuntas» que el recurrente considera, conforme a las normas técnicas de auditoría, equivalente a la emisión de informe ya que ha de distinguirse del informe emitido «con opinión denegada por limitación absoluta», que constituiría una mera información al registrador.

b) El objetivo perseguido por la Ley de Sociedades de Capital, cuando sea preciso que las cuentas estén auditadas, se encamina a obtener mediante informe de auditor, una opinión técnica, expresada de forma clara y precisa sobre las cuentas de la sociedad.

c) Los artículos 4 a 6 del Real Decreto 1517/2011 establecen, expresamente, que la auditoría de las cuentas anuales consistirá en revisar y verificar éstas a los efectos de dictaminar si dichas cuentas expresan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado de sus operaciones y, en su caso, de los flujos de efectivo de la entidad auditada, de acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulte de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

d) Conforme a su normativa reguladora, el informe de auditoría contendrá, en su caso, manifestación explícita de las reservas o salvedades detectadas en el desarrollo del trabajo de auditoría, así como de cualquier aspecto que, no constituyendo una reserva o salvedad, el auditor deba o considere necesario destacar en el informe.

e) Por ello, la opinión técnica del auditor habrá de manifestar, sin ambages, su valoración sobre si las cuentas anuales de un determinado ejercicio expresan dichos extremos en el ejercicio finalizado en fecha cierta, de acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulte de aplicación. Ello conduce a que puedan ser expresados cuatro tipo de opiniones técnicas: favorable, con salvedades, desfavorable y denegada. Ninguna de ellas resulta del documento aportado.

f) Por tales razones, no puede deducirse del informe, racionalmente, ninguna información clara en los términos expuestos, ya que éste se limita a la mera expresión de la ausencia de opinión sobre los extremos auditados.

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Presunta estafa en una herencia

El caso real que comentamos hoy viene referido a una presunta estafa por haber maquinado para obtener todos los bienes de la fallecida.

Nos encontramos con que Paula convivía con Soledad desde hacía bastantes años, y que el testamento otorgado por Paula tiene mayor trascendencia, desde el momento en que, después, su madre Fátima otorgó nuevo testamento en el que la beneficia legándole el tercio de mejora y de libre disposición. Testamento que no ha sido impugnado, ni se ha mencionado que estuviera viciado de nulidad.

Este dato tiene importancia, al ponerlo en relación con el anterior y la negativa de Soledad a admitir cualquier intervención en el testamento de su hermana. Y lo tiene, porque nos crea dudas sobre la finalidad pretendida por la madre, el conocimiento que ésta tuviera del testamento de su hija Paula , incluso de su colaboración para que éste se otorgara en forma en que efectivamente se hizo. Podía existir un interés en beneficiar a la hija que le parecía más desasistida por su enfermedad mental, y también, a la persona que se iba a responsabilizar de ella, y por eso, al mismo tiempo la designaba como tutora de Paula.

Ningún dato existe sobre la participación de Soledad en el otorgamiento de testamento por parte de Paula, no consta que la acompañara a la Notaría, no es citada entre los presentes en tal acto, y la imputada niega haberla acompañado.

Ciertamente, el pensamiento es libre, y existen algunos datos que alimentan las sospechas de los recurrentes, ya que no es lógico, como dice la acusación particular, que acompañara a Paula su madre de 93 años, y lo normal es que hubiera ido con Soledad, pero también pudo darse el caso de haber ido a la Notaría con los testigos por indicación de la madre, siendo uno de ellos, de confianza para la familia por haber mantenido relaciones profesionales y de amistad con alguno de sus miembros, cual es el Letrado D. Narciso, quien nada raro apreció en el otorgamiento del testamento, como tampoco el propio Notario y el resto de testigos.

Estas dudas justifican el pronunciamiento efectuado en la instancia, sin que las mismas se hayan podido solventar con la declaración de la imputada y del testigo antes nombrado (Narciso) que dice que “no recuerda quien le encargó el testamento”, y nombra al padre de Eduardo, como la persona que habitualmente le encargaba los temas de la familia, y que pudo ser quien le hablara del testamento de Paula.

El delito de estafa requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos (Audiencia Provincial de Sevilla de fecha 4 de julio de 2012):

1) Un engaño precedente o concurrente, plasmado en alguno de los artificios incorporados a la enumeración que el Código efectuaba, y hoy concebido con un criterio amplio, dada la ilimitada variedad de supuestos que la vida real ofrece.

2) Dicho engaño ha de ser bastante para la consecuencia de los fines propuestos, con suficiente entidad para provocar el traspaso patrimonial.

3) Producción de un error esencial en el sujeto pasivo, desconocedor de la que constituía la realidad.

4) Un acto de disposición patrimonial, con el consiguiente perjuicio para el sujeto pasivo.

5) Nexo causal entre el engaño del autor y el perjuicio de la víctima, con lo que el dolo del agente tiene que anteceder o ser concurrente en la dinámica defraudatoria, no valorándose penalmente el dolo subsequens, esto es, sobrevenido y no anterior a la celebración del negocio de que se trate.

6) Ánimo de lucro, que constituye el elemento subjetivo del injusto y que consiste en la intención de obtener un enriquecimiento de índole patrimonial.

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¿Se pueden deducir las cuotas de IVA en casos de fraude?

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho que, si la operación realizada por el sujeto pasivo no es en sí misma constitutiva de fraude, su derecho a deducir el impuesto sobre el valor añadido soportado no puede verse afectado por el dato de que, sin su conocimiento o sin que pueda tenerlo, en la cadena de entregas de la que forman parte su operación otra, anterior o posterior, sea constitutiva de fraude al impuesto sobre el valor añadido (sentencia Optigen y otros, apartados 51 a 55).

Ha manifestado además que un sujeto pasivo que sabía o debía haber sabido que, mediante su adquisición, participaba en una operación que formaba parte de un fraude en el impuesto sobre el valor añadido, debe ser considerado participante en dicho fraude, con independencia de si obtiene o no un beneficio de la reventa de los bienes.

Correspondiendo, por consiguiente, al órgano jurisdiccional nacional denegarle el derecho a deducir cuando resulte acreditado, mediante datos objetivos, que el sujeto pasivo sabía o debía haber sabido que, mediante su adquisición, participaba en una operación que formaba parte de un fraude en el impuesto sobre el valor añadido (IVA) y ello aun cuando la operación de que se tratase cumpliera con los criterios objetivos en los que se basan los conceptos de entregas de bienes efectuadas por un sujeto pasivo que actúa como tal y de actividad económica [sentencia de 6 de julio de 2006, Kittel y Recolta Recycling (asuntos acumulados C-439/04 y C-440/04, apartados 56 y 59)].

El Tribunal de Luxemburgo ha proclamado, en fin, que si bien el artículo 21, apartado 3, de la Sexta Directiva autoriza a un Estado miembro a considerar a una persona responsable solidaria del impuesto sobre el valor añadido cuando, en el momento en que se efectuó la operación en que participó, sabía o tendría que haber sabido que el impuesto sobre el valor añadido correspondiente a dicha operación, o a una operación anterior o posterior, quedaría impagado, y a establecer presunciones a este respecto, dichas presunciones no pueden estar formuladas de modo que resulte prácticamente imposible o excesivamente difícil para el sujeto pasivo refutarlas mediante prueba en contrario, provocando de facto un sistema de responsabilidad objetiva, puesto que los Estados deben respetar los principios generales del derecho que forman parte del ordenamiento jurídico comunitario, y en particular los de seguridad jurídica y proporcionalidad [sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de mayo de 2006, Federation of Technological Industries y otros (C-384/04 , apartados 32 a 35)].(Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 28 de enero de 2013).

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¿Qué diferencias existen entre el seguro obligatorio y voluntario de automóviles?

En lo que aquí interesa supone que, aun estando ante un mismo hecho, como es un accidente de tráfico, las acciones civiles y las consecuencias de su ejercicio son distintas.

Así, mientras que el seguro obligatorio responde al criterio del riesgo y no de la culpa, el seguro voluntario se vincula a la responsabilidad regulada en el artículo 1902 del Código Civil por lo que para que este seguro indemnice los daños causados a un tercero, no basta que tenga su origen en una situación de riesgo, sino que exige la culpa o negligencia del asegurado y, en cualquier caso, que el hecho esté previsto en el contrato, como ocurre en este caso en el que la póliza se contrató para el aseguramiento del ciclomotor y la responsabilidad civil de suscripción voluntaria garantiza el pago de las indemnizaciones, que en virtud de lo dispuesto en los artículos 1902 y concordantes del Código Civil, el asegurador o el conductor sean condenados a satisfacer a consecuencia de la responsabilidad civil extracontractual derivada de los daños causados a terceros con motivo de la circulación.

Se otorga un tratamiento distinto a la responsabilidad que cubren el seguro obligatorio y el voluntario; con respecto al primero se establece por ley, en virtud del riesgo creado por la conducción, el principio de responsabilidad objetiva atenuada de forma que el conductor del vehículo, al igual que su aseguradora en virtud del seguro obligatorio, es responsable por los daños causados a las personas dentro del límite legal establecido, y sólo quedará exonerado de esta responsabilidad cuando pruebe que los daños fueron debidos únicamente a la conducta o la negligencia del perjudicado o a fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo (art. 1 del Texto Refundido de Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor). Pero con respecto al segundo, el voluntario, no se establece el principio de responsabilidad objetiva, sino que responde, de acuerdo con lo pactado, sólo cuando al asegurado le sea imputable el hecho a título de culpa o negligencia.

Y puesto que el propio demandante, al aceptar la dinámica del accidente fijada en  aquellas resoluciones, reconoce que ninguna responsabilidad puede imputársele en la causación del accidente al conductor del ciclomotor asegurado por la demandada, nada obliga a ésta más allá de lo que ya abonó con cargo al seguro obligatorio”.

Es cierto que, aun siendo distintas una y otra modalidad de aseguramiento de la responsabilidad civil, en orden a la distinta normativa que las regula y al espíritu o finalidad que los inspira, ambos se configuran como seguros de responsabilidad civil, cubriendo, el primero, el “riesgo de nacimiento a cargo del asegurado de la obligación de indemnizar a un tercero los daños y perjuicios por un hecho previsto en el contrato” (art. 73), en el caso, la producción de daños y perjuicios derivados de la conducción negligente de un vehículo de motor, frente al segundo, que se configura también como un seguro de responsabilidad civil en cuanto que el riesgo cubierto es la responsabilidad civil frente a tercero por los daños causados a las personas o en las cosas con motivo de la circulación.

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Los planes de igualdad de las empresas

Las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, medidas que deberán negociar, y en su caso acordar, con los representantes legales de los trabajadores en la forma que se determine en la legislación laboral.

En el caso de las empresas de más de doscientos cincuenta trabajadores, las medidas de igualdad a que se refiere el apartado anterior deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad, con el alcance y contenido establecidos en este capítulo, que deberá ser asimismo objeto de negociación en la forma que se determine en la legislación laboral.

Las empresas deberán elaborar y aplicar un plan de igualdad cuando así se establezca en el convenio colectivo que sea aplicable, en los términos previstos en el mismo.

Las empresas también elaborarán y aplicarán un plan de igualdad, previa negociación o consulta, en su caso, con la representación legal de los trabajadores y trabajadoras, cuando la autoridad laboral hubiera acordado en un procedimiento sancionador la sustitución de las sanciones accesorias por la elaboración y aplicación de dicho plan, en los términos que se fijen en el indicado acuerdo.

La elaboración e implantación de planes de igualdad será voluntaria para las demás empresas, previa consulta a la representación legal de los trabajadores y trabajadoras.

Los planes de igualdad de las empresas son un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo.

Los planes de igualdad fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados.

Para la consecución de los objetivos fijados, los planes de igualdad podrán contemplar, entre otras, las materias de acceso al empleo, clasificación profesional, promoción y formación, retribuciones, ordenación del tiempo de trabajo para favorecer, en términos de igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación laboral, personal y familiar, y prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo.

Los planes de igualdad incluirán la totalidad de una empresa, sin perjuicio del establecimiento de acciones especiales adecuadas respecto a determinados centros de trabajo.

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¿Cuáles son los requisitos de las páginas web de las empresas?

Los requisitos que deben cumplir las páginas web de las sociedades de capital (sociedades de responsabilidad limitada, anónimas, etc.) se encuentran recogidos en el artículo 11 bis del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

- Página web de la sociedad: 

Las sociedades de capital podrán tener una página web corporativa. Esta página será obligatoria para las sociedades cotizadas.

La creación de una página web corporativa deberá acordarse por la junta general de la sociedad. En la convocatoria de la junta, la creación de la página web deberá figurar expresamente en el orden del día de la reunión. Salvo disposición estatutaria en contrario, la modificación, el traslado o la supresión de la página web de la sociedad será competencia del órgano de administración.

El acuerdo de creación de la página web se hará constar en la hoja abierta a la sociedad en el Registro Mercantil competente y será publicado en el “Boletín Oficial del Registro Mercantil”.

El acuerdo de modificación, de traslado o de supresión de la página web se hará constar en la hoja abierta a la sociedad en el Registro Mercantil competente y será publicado en el “Boletín Oficial del Registro Mercantil”, así como en la propia página web que se ha acordado modificar, trasladar o suprimir durante los treinta días siguientes a contar desde la inserción del acuerdo.

La publicación de la página web de la sociedad en el “Boletín Oficial del Registro Mercantil” será gratuita.

Hasta que la publicación de la página web en el “Boletín Oficial del Registro Mercantil” tenga lugar, las inserciones que realice la sociedad en la página web no tendrán efectos jurídicos.

Los estatutos sociales podrán exigir que, antes de que se hagan constar en la hoja abierta a la sociedad en el Registro Mercantil, estos acuerdos se notifiquen individualmente a cada uno de los socios.

- Publicaciones en la página web:

La sociedad garantizará la seguridad de la página web, la autenticidad de los documentos publicados en esa página, así como el acceso gratuito a la misma con posibilidad de descarga e impresión de lo insertado en ella.

La carga de la prueba del hecho de la inserción de documentos en la página web y de la fecha en que esa inserción haya tenido lugar corresponderá a la sociedad.

Los administradores tienen el deber de mantener lo insertado en la página web durante el término exigido por la ley, y responderán solidariamente entre sí y con la sociedad frente a los socios, acreedores, trabajadores y terceros de los perjuicios causados por la interrupción temporal de acceso a esa página, salvo que la interrupción se deba a caso fortuito o de fuerza mayor. Para acreditar el mantenimiento de lo insertado durante el término exigido por la ley será suficiente la declaración de los administradores, que podrá ser desvirtuada por cualquier interesado mediante cualquier prueba admisible en Derecho.

Si la interrupción de acceso a la página web fuera superior a dos días consecutivos o cuatro alternos, no podrá celebrarse la junta general que hubiera sido convocada para acordar sobre el asunto a que se refiera el documento inserto en esa página, salvo que el total de días de publicación efectiva fuera igual o superior al término exigido por la ley. En los casos en los que la ley exija el mantenimiento de la inserción después de celebrada la junta general, si se produjera interrupción, deberá prolongarse la inserción por un número de días igual al que el acceso hubiera estado interrumpido.

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La convivencia como requisito de la pensión de viudedad

Para que pueda considerarse que existe pareja de hecho se exigen varios requisitos, entre los cuales caben destacar, a los efectos que nos ocupan, dos de ellos:

a) Que sus miembros vengan conviviendo, de forma ininterrumpida, estable y notoria, con análoga relación de afectividad a la conyugal y con carácter inmediato al fallecimiento del causante por un tiempo no inferior a cinco años, acreditándose mediante el certificado de empadronamiento.

b) Que, con una antelación mínima de dos años respecto al fallecimiento del causante, se hubiese formalizado la existencia de la pareja de hecho mediante la inscripción en alguno de los registros específicos existentes en las Comunidades Autónomas o Ayuntamientos del lugar de residencia o mediante documento público en el que conste la constitución de dicha pareja. No obstante las Comunidades Autónomas con Derecho Civil propio pueden regular otro mecanismo de formalización de la pareja de hecho distinto.

De ello resulta que la convivencia durante un determinado periodo mínimo es un requisito diferente por completo al de formalización de la pareja de hecho. La convivencia exige un plazo mínimo de cinco años, mientras que la formalización de la pareja de hecho requiere una antelación mínima de dos.

Esta diferencia es esencial para el caso que nos ocupa. Convivencia y formalización son dos requisitos distintos y diferenciados de la regulación de las parejas de hecho, con diferentes formas de acreditación y diferentes requisitos temporales de duración.

Para cada uno se exige un sistema distinto de acreditación (empadronamiento para la convivencia e inscripción registral para la formalización).

En el caso de quienes acceden a la pensión de viudedad desde su condición de parte supérstite de una pareja de hecho, son exigibles ambos requisitos. Pero para quienes acceden a la pensión de viudedad desde la condición de cónyuge supérstite de un matrimonio, la Ley solamente exige el requisito de convivencia previa como pareja de hecho, no el de la formalización, reduciendo además a dos años la duración de la convivencia.

Por tanto solamente es exigible la acreditación de la convivencia, mencionándose como forma idónea para ello el empadronamiento, que en este caso ha quedado acreditado.

En este sentido se ha pronunciado la doctrina de las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia en casos iguales al que aquí consideramos. Así ocurre, por ejemplo, en la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 11 de Septiembre de 2009, que claramente nos dice que en estos casos la Ley solamente exige convivencia, acreditable mediante el certificado de empadronamiento, pero no formalización previa del vínculo como pareja de hecho, puesto que el vínculo ya se formaliza con el matrimonio.

También la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 9 de diciembre de 2008. O la clara sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 30 de junio de 2009, donde se nos dice que la exigencia de convivencia previa es “una norma, muy común en Derecho comparado, que pretende evitar los matrimonios de conveniencia, celebrados con el objeto de percibir la pensión de viudedad” y que tal finalidad se obtiene con el requisito de convivencia y no exige una formalización del vínculo como pareja de hecho, puesto que en este caso el acceso a la pensión de viudedad se produce desde un matrimonio legalmente celebrado (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de fecha 21 de diciembre de 2012)

 

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El denunciante no puede recurrir las decisiones de la Agencia de Protección de Datos

El asunto que examinamos hoy consiste en aclarar si los denunciantes pueden recurrir frente a la resolución de la Agencia Española de Protección de Datos que pone fin al expediente sancionador iniciado a raíz de la denuncia. En el caso real que analizamos, el denunciante pretendía que se incrementara el importe de la sanción impuesta.

La Audiencia Nacional, en su Sentencia de fecha 17 de enero de 2013 declara que los denunciantes no pueden recurrir la decisión de la Agencia Española de Protección de Datos. Los argumentos son los siguientes:

a) Quien denuncia hechos que considera constitutivos de infracción de la legislación de protección de datos carece de legitimación activa para impugnar en vía jurisdiccional lo que resuelva la Agencia. Así se desprende de las sentencias de la Audiencia Nacional de 6 de noviembre de 2007 y, con mayor nitidez aún, de 10 de diciembre de 2008.

b) La razón es, en sustancia, que el denunciante carece de la condición de interesado en el procedimiento sancionador que se puede incoar a resultas de su denuncia. Ni la Ley Orgánica de Protección de Datos ni su reglamento de desarrollo le reconocen esa condición.

c) Y por lo que se refiere a los principios generales del derecho administrativo sancionador, aunque en algunas ocasiones esta Sala ha dicho que el denunciante puede impugnar el archivo de la denuncia por la Administración, no se admite que el denunciante pueda impugnar la resolución administrativa final.

d) El argumento crucial en esta materia es que el denunciante, incluso cuando se considere a sí mismo “víctima” de la infracción denunciada, no tiene un derecho subjetivo ni un interés legítimo a que el denunciado sea sancionado. El poder punitivo pertenece únicamente a la Administración que tiene encomendada la correspondiente potestad sancionadora-en este caso, la Agencia Española de Protección de Datos- y, por consiguiente, sólo la Administración tiene un interés tutelado por el ordenamiento jurídico en que el infractor sea sancionado.

e) Es verdad que las cosas no son así en el derecho penal propiamente dicho, donde existe incluso la acción popular; pero ello es debido a que hay normas que expresamente establecen excepciones al monopolio público sobre el ejercicio del ius puniendi; excepciones que no aparecen en el derecho administrativo sancionador y, por lo que ahora específicamente interesa, en la legislación sobre protección de datos.

f) Es más: aceptar la legitimación activa del denunciante no sólo conduciría a sostener que ostenta un interés que el ordenamiento jurídico no le reconoce ni protege, sino que llevaría también a transformar a los tribunales contencioso-administrativos en una especie de órganos de apelación en materia sancionadora. Esto último supondría dar por bueno que pueden imponer las sanciones administrativas que no impuso la Administración, lo que chocaría con el llamado “carácter revisor” de la jurisdicción contencioso-administrativo.

g) En otras palabras, los tribunales contencioso-administrativos pueden y deben controlar la legalidad de los actos administrativos en materia sancionadora; pero no pueden sustituirse a la Administración en el ejercicio de las potestades sancionadoras que la ley encomienda a aquélla.

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