¿Cómo se interpreta el silencio del inquilino ante la actualización de la renta?

Con carácter general, cuando en el marco de una relación jurídica preexistente, se lleva a cabo un acto concreto por una de las partes que debería obtener una respuesta de la otra, bien aceptándolo bien rechazándolo, si esta última, pudiendo y debiendo hablar, guarda silencio, ha de reputarse que consiente, en aras de la buena fe.

Como ya declaró el Tribunal Supremo en su Sentencia de fecha 27 de diciembre de 2010, el inquilino dispone de treinta días naturales desde que recibe la notificación fehaciente del arrendador (y aquí tiene sentido que se exija la fehacencia) para oponerse sin más,  o para demostrar que los ingresos percibidos por el conjunto de los convivientes hacen improcedente la actualización pretendida por el arrendador. Transcurrido tal plazo sin que se haya formulado oposición, se tendrá al arrendatario por aceptante tácito, pero, en el caso de que sea aplicable la regla 7ª, ello no impediría que cupiera la revisión que previene la regla 4ª del apartado 2 del artículo 101 Texto Refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964.

La notificación del arrendador se ha de producir de modo que quede constancia de su fecha, y la respuesta del inquilino o del arrendatario parece también exigir certeza y claridad que, en el supuesto de la oposición formulada sin otra razón de apoyo que la mera voluntad del inquilino, se habría de traducir en la carga de comunicar también fehacientemente la oposición.

El inquilino ha de acreditar los ingresos y esta expresión parece referirse a algún medio o instrumento que permita adverar o comprobar el supuesto de hecho a que se contrae la regla 7ª, lo que claramente desborda la mera manifestación verbal, siendo necesaria una respuesta escrita.

En definitiva, es criterio del Tribunal Supremo que el silencio del arrendatario durante los treinta días siguientes a la notificación fehaciente del arrendador de su voluntad de iniciar, dentro del plazo legalmente previsto, la actualización de la renta, conforme a la Disposición Transitoria 2ª de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, equivale a un consentimiento tácito.

Ello no impide que conforme a lo dispuesto en el artículo 101.4ª en relación con el artículo 106 LAU 1964 pueda el arrendatario pedir la revisión de la renta satisfecha y la devolución de lo indebidamente pagado en el plazo de los tres meses siguientes, si considera que la fijación de la renta actualizada no se ciñe a los parámetros establecidos por la tan citada DT 2ª LAU 1994.

En el caso que analizamos hoy, el arrendador requirió fehacientemente al arrendatario, mediante burofax, que le facilitase su declaración de la renta   y de las personas que con él convivían en la vivienda arrendada, a fin de poder concretar el importe exacto de la renta, conforme a las normas que para su actualización recoge la Disposición Transitoria 2ª de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, sin que el arrendatario contestara en modo alguno.

Posteriormente, a través de burofax, se le comunicó que se procedía a la actualización de la renta, indicándole el importe de la renta actualizada, el procedimiento que se había utilizado, acompañando copia del Índice General Nacional del Sistema de Precios al Consumo.

Tampoco en este caso contestó ni se opuso dentro del plazo de los treinta días siguientes. No realizó alegaciones ni aportó documentación alguna que permitieran conocer, en su caso, a la parte arrendadora que el cálculo de la actualización era incorrecto.

Tampoco inició procedimiento de revisión de renta y devolución de lo indebido dentro del plazo de tres meses del artículo 106 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, sino que sólo cuando se inicia el procedimiento de desahucio por falta de pago de parte de la renta pretende acreditar, no sólo que se opone a la actualización, sino que esta no era posible conforme a lo previsto en el apartado 7, DT 2ª. 10 LAU 1994.

El silencio manifestado por el inquilino supone una aceptación tácita del inicio del proceso de actualización de la renta cuyo importe mensual quedó fijado por el arrendador a través del requerimiento fehaciente mediante burofax, motivo por el cual, al no haber abonado el importe íntegro de renta,   la demanda de desahucio estaba destinada al éxito.

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La negativa a someterse a la prueba de paternidad

La mera negativa a practicar la prueba biológica sobre la paternidad reclamada no supone un automático reconocimiento de la misma. Es necesario, además, que existan otras pruebas o indicios que acrediten la verosimilitud de los hechos declarados.

En el caso que analizamos hoy, un hombre se negaba a someterse a la práctica de la prueba biológico afirmando que, no habiéndose puesto de manifiesto la existencia de indicio o prueba que determine una relación sexual con la mujer reclamante, sino una coincidencia de ambos durante varios meses en el mismo cuartel, como Jefe y subordinada. El mero hecho de negarse a la práctica de esa prueba biológica no permite declarar la filiación reclamada.

A estos efectos, el artículo 767.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que “la negativa injustificada a someterse a la prueba biológica de paternidad o maternidad permitirá al tribunal declarar la filiación reclamada, siempre que existan otros indicios de paternidad o maternidad y la prueba de ésta no se haya obtenido por otros medios”.

El Tribunal Supremo ha declarado reiteradamente que la negativa a la prueba biológica no constituye una “ficta confessio”, sino un indicio valioso o muy cualificado, que, unido a otros indicios reveladores de la existencia de relaciones íntimas entre los padres al tiempo de la concepción, o que permitan en el orden natural y social de las cosas formar una convicción razonable, constituye base sólida para declarar la realidad de la paternidad- filiación.

En cuanto a los indicios concurrentes, no es exigible que generen una virtualidad probatoria plena por sí mismos, ni siquiera que sean aptos para jugar un papel preponderante en la construcción de la presunción, sino que basta que tengan una eficacia coadyuvante en términos de normalidad o razonabilidad desde el punto de vista del orden acostumbrado de las cosas, acreditado por la experiencia, para corroborar el indicio especialmente significativo derivado de la negativa a la práctica de la prueba pericial biológica.

La prueba biológica pone de manifiesto algo más que la razonable posibilidad de la existencia de relaciones íntimas entre las partes al tiempo de la generación. No es ni arbitraria ni caprichosa, no siendo licito, desde la perspectiva de los artículos 24.1, 14 y 39 de la Constitución Española que la negativa de una persona a que se le extraigan unos centímetros cúbicos de sangre deje sin la prueba más fiable a la decisión judicial que debe declarar la filiación de un hijo no matrimonial.

No pudiendo escudarse el demandado en la posible paternidad del Sr Jose Pablo -en la prueba biológica con que este la excluyó no pudo establecerse fiablemente la identidad del suministrador de la materia orgánica materia examinada- , o en la Don Benigno , pues, negado por el demandado todo lo que ha negado, lo que en tal trance hay que entender es que era él, en cuanto ajeno a la paternidad imputada, quien hubo de estar más que nunca deseoso de utilizar un medio de prueba que lo dejase definitivamente fuera de la misma y de la pretensión contraria (Audiencia Provincial de Zaragoza de fecha 26 de marzo de 2013).

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¿Cómo se pueden donar las participaciones sociales?

Para la validez de los negocios jurídicos nuestro ordenamiento exige formalidades en función de su relevancia y valor económico. El artículo  1278 del Código Civil dispone que “los contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez”.

El antiguo artículo 26, apartado 1, de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada -hoy artículo 106, apartado 1 , del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital-.

El artículo 20.1 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de 17 de julio de 1.953 disponía que “la transmisión de participaciones sociales se formalizará en escritura pública que se inscribirá en el Registro Mercantil” , y fue modificado por la Ley 19/1989 de 25 de Julio, que suprimió la inscripción de la transmisión de participaciones en el Registro Mercantil -que pasó a ser registro de “personas” no de “socios”-, y sustituyó la exigencia de “escritura pública” por la de “documento público”, que mantiene el artículo 26.1 de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada, al disponer “la transmisión de las participaciones sociales, así como la constitución del derecho real de prenda sobre las mismas, deberán constar en documento público”.

La referida exigencia formal ha sido entendida en el sentido de que no tiene carácter esencial -ad substantiam o solemnitatem- para la perfección de la transmisión, afirmando la Sentencia del Tribunal Supremo nº 234/2011, de 14 de abril, que “sólo cumple la función de medio de prueba -ad probationem - y de oponibilidad de la transmisión a los terceros -ad exercitium o utilitatem-, en sentido similar al que atribuye a la misma forma el artículo 1279 del Código Civil” y, respecto de la donación de participaciones, ante la ausencia de norma especial que “es aplicable a las participaciones sociales el régimen jurídico general de la donación, contenido en el Código Civil” y, en concreto, el propio de la que tiene por objeto bienes muebles -artículos 333 y 335, en relación con el 632, todos del Código Civil -, lo que no supone la supresión de requisitos formales, ya que alternativamente “ha de hacerse necesariamente por escrito, aunque sea privado, y constar en la misma forma la aceptación” y “si la donación fuera verbal, realizarse con la entrega simultánea de la cosa donada”.

Además, si se hace por escrito, como sostiene la Sentencia del Tribunal Supremo nº 25/2010, de 3 de febrero, bien que referida a una donación oculta bajo forma de compraventa, deben constar de forma expresa los consentimientos de donar y de aceptar.

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Dependienta despedida por apropiarse de un yogur destinado a la basura

Aunque pueda parecer difícil de creer, se ha declarado procedente el despido de una dependienta por apropiarse de un yogur destinado a la basura.

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de fecha 14 de marzo de 2013 declara conforme a Derecho el despido. Los argumentos fueron los siguientes:

a) La trabajadora era conocedora del Protocolo de Buenas Prácticas de la empresa, que implica que los trabajadores no pueden hacer suyos los productos defectuosos destinados a la basura, sin adquirirlos, previamente.

A pesar de ello, se apodera de uno de dichos productos, un yogur cogido de la basura sin abonarlo y tratando de encubrirlo, presentando un justificante de otro producto diferente.

b) Ello, debe ponerse en relación con lo previsto en el artículo 34.4 del Convenio Colectivo aplicable, el cual considera, entre otros, como Falta muy grave: “la apropiación indebida de productos de la empresa destinados a la basura”, precisamente, el supuesto que nos ocupa.

c) La sanción prevista para dicha conducta, conforme al art. 35 del propio Convenio es: “Suspensión de empleo y sueldo de 16 días hasta 60 días o Despido”. La empresa ha optado por la sanción de despido, recogida, como hemos visto, dentro de las sanciones a imponer en este tipo de conductas reseñadas, como falta muy grave.

d) Así las cosas, debemos concluir: la conducta de la trabajadora, apropiándose de un yogur destinado a la basura, sin abonarlo previamente, constituye una infracción de la buena fe contractual del art. 54.2.d) del Estatuto de los Trabajadores, en base al Protocolo de buenas prácticas de la empresa, del que era conocedora y, además, figura dentro del catálogo de faltas muy graves que regula el art. 34.4 del Convenio Colectivo aplicable, susceptible de ser sancionada con el despido, como así ha sucedido.

e) El Juez ha de realizar un juicio de valor sobre la gravedad y culpabilidad de las faltas alegadas (artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores) y, para ello tiene que examinar la adecuación de las conductas imputadas a la descripción de faltas que se recogen en el cuadro sancionador correspondiente de la norma reglamentaria o convencional aplicable al caso y, si los incumplimientos no encajan en los supuestos tipificados como falta muy grave sancionable hasta con el despido, debe declarar la improcedencia del mismo por haber sido calificada la falta inadecuadamente por el empresario.

f) Pero si ésta coincide con la descripción de las muy graves habrá de declarar que la calificación empresarial es adecuada y no debe rectificar la sanción impuesta pues, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 58 del Estatuto de los Trabajadores, corresponde al empresario la facultad de imponer la sanción que estime apropiada, dentro del margen que establezca la norma reguladora del régimen de faltas y sanciones.

g) Si el Juez no se mantiene dentro de tales límites y, ante una sanción adecuada a la gravedad de la falta, declara que ha de imponerse un correctivo distinto, está realizando un juicio de valor que descalifica, más que el acto del empresario, el cuadro normativo sancionador, pues está expresando que algunas de las diversas sanciones previstas para un nivel de gravedad son excesivas y no pueden ser utilizadas por el empresario y esto sobrepasa la potestad revisora que las leyes conceden al Juez.

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El permiso de lactancia para los funcionarios

El solicitante del permiso de lactancia expone que pertenece al Cuerpo Nacional de Policía y que está casado con una funcionaria de la Administración de Justicia. Por haber nacido, por parto múltiple, dos hijos mellizos, le fue concedido a su esposa el permiso sustitutivo de lactancia por la prolongación de la licencia por razón de maternidad gemelar, con una duración de cinco semanas, poniendo de manifiesto la concesión del permiso que se habían renunciado a las tres semanas restantes a favor de su marido, quien solicitó a la Administración un permiso de lactancia de tres semanas de duración.

Este permiso fue denegado por considerar la Administración que no es posible la concesión, puesto que el permiso no se podía disfrutar de forma compartida y tenía que ser disfrutado en su totalidad por uno de los cónyuges.

El artículo 48.1.f) del Estatuto Básico del Empleado Público establece que “por lactancia de un hijo menor de doce meses tendrá derecho a un hora de ausencia del trabajo que podrá dividir en dos fracciones. Este derecho podrá sustituirse por una reducción de la jornada normal en media hora al inicio y al final de la jornada o, en una hora al inicio o al final de la jornada, con la misma finalidad. Este derecho podrá ser ejercido indistintamente por uno u otro de los progenitores, en el caso de que ambos trabajen. Igualmente, la funcionaria podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente. Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple”.

El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 11, en su Sentencia de fecha 4 de abril de 2013, declara que no puede compartir la interpretación restrictiva sostenida por la Administración respecto al permiso de lactancia, pues el artículo 48.1.f) del EBEP en modo alguno contiene la limitación que fundamenta el rechazo de la pretensión en vía administrativa, de manera que comenzado a ser ejercido por uno de los progenitores no pueda serlo por el otro hasta el cumplimiento del plazo máximo del permiso.

Antes al contrario, el derecho del aquí recurrente, que no es cedido, sino que es ostentado en concepto de titular, podrá ejercerse con la única limitación temporal de la edad de doce meses del menor, de la duración total del permiso y de que no sea ejercido por la madre al mismo tiempo.

En consecuencia, el recurso contencioso-administrativo ha de ser estimado, sin que frente a dicho criterio pueda prevalecer el contenido en los criterios de interpretación de la Dirección General de la Función Pública, por constituir una instrucción de carácter interno que no puede condicionar o limitar el disfrute de un derecho reconocido en norma con rango de Ley.

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Convocadas oposiciones 100 plazas Maestros en Extremadura

En el BOE de hoy se publica la convocatoria de oposiciones y pruebas selectivas para cubrir 100 plazas de funcionarios del Cuerpo de Maestros en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Si necesitas hacer casos prácticos o exámenes tipo test sobre temas de Derecho, te los hacemos “a la carta” por tan sólo 25 euros, IVA incluido.

Si quieres más información, envíanos un correo electrónico sin compromiso.

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Reducción de jornada y complemento de responsabilidad

Hoy vamos a analizar el supuesto en el que un trabajador se acoge al derecho de reducir su jornada laboral para el cuidado de su hijo y la consiguiente supresión del complemento de responsabilidad que le abonaba la empresa. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en su Sentencia de fecha 20 de septiembre de 2011 declara que la supresión de dicho complemento de responsabilidad es ilegal. Los razonamientos fueron los siguientes:

a) Si atendemos al tenor literal de la cláusula adicional donde las partes pactaron la retribución de la trabajadora vemos como literalmente se dice que “el complemento de responsabilidad se pacta atendiendo a la mayor dedicación y responsabilidad.” Dichos términos permiten afirmar sin duda que el plus pactado gratifica la disponibilidad y flexibilidad de horario (al margen del sistema de remuneración de horas extraordinarias) que exige el desempeño especifico de las funciones del puesto de trabajo contratado.

b) Y por lo tanto, en la medida que esa mayor presencia está íntimamente ligada a las responsabilidades y funciones del puesto de trabajo y a los resultados alcanzados por la trabajadora no puede desligarse el “plus” de la responsabilidad inherente a las funciones del puesto y la cualificación que exige e implica el desempeño de tales funciones, no hay que olvidar que el citado complemento constituye casi un 40% del salario total pactado.

c) Y ello a pesar de las alegaciones de parte que entienden que tal complemento se pactó única y exclusivamente para remunerar una ampliación de horario citando la expresión literal “para prever con antelación ciertos imprevistos que le obligan a una presencia superior a la jornada normal” olvidando que esa mayor presencia no se le exige a la trabajadora por su condición de trabajadora con horario flexible y disponibilidad superior a la jornada legal, sino por su condición de alto mando con funciones de organización y supervisión. Siendo precisamente estas funciones y no otras las que requieren o justifican una presencia superior y no previsible de antemano en todos los casos, y que la reducción de jornada y la fijación de un horario, pueden además compaginarse con asistencias para imprevistos o en su caso con el estricto cumplimiento de los objetivos pactados.

d) La consecuencia de dicha interpretación es la imposibilidad de vincular de forma automática el ejercicio del derecho de reducción de jornada previsto en el artículo 37.5 del Estatuto de los Trabajadores a la supresión del complemento salarial, en cuanto que la reducción de jornada con concreción horaria puede afectar a la disponibilidad horaria de la trabajadora (o no) pero no afecta, en principio, a las funciones que tiene atribuidas cuyo desempeño exige una cualificación y responsabilidad que a la vez retribuía el citado complemento a tenor del acuerdo suscrito inicialmente por las partes contratantes, en el que consta literalmente que “esta forma de retribución obedece a un sistema de contratación por resultados”.

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Delito de apropiación indebida cometido por un asesor fiscal

Se consideró probado que Constantino y su esposa Andrea, aprovechándose de la condición de asesor fiscal del primero y de la confianza que a lo largo de los años había conseguido de Diana, efectuaron diversas disposiciones de las cuentas corrientes de las que eran titulares Diana y María Ángeles F. V. Sociedad Limitada, por un importe total de 466.088,43 euros. Todas las disposiciones se realizaron sin negocio jurídico alguno de trasfondo.

Fundamento de convicción de los hechos declarados probados fueron, para el Tribunal, las propias declaraciones del acusado Constantino, que reconoció haber realizado numerosas transferencias, disposiciones y pagos personales a cargo de las cuentas de Diana, pero siempre con su conocimiento y consentimiento y que, además, había devuelto, en todos los casos, su importe en metálico.

El acusado también reconoció que le unía una relación mercantil desde hace tiempo con Diana, hasta el punto que había suscrito ésta en su favor, un poder de amplia extensión, con fecha 30 de marzo de 2004 y que tenía autorización para utilizar sus cuentas bancarias abiertas en una entidad bancaria, como, además, se constataba documentalmente en actuaciones.

En resumen, sostenía el acusado que, aunque era cierto que había hecho numerosas operaciones, por ser administrador de su patrimonio, la totalidad del dinero le había sido devuelta a Diana, en metálico, insistiendo en que el resultado de la falta de dinero de ésta era porque gastaba mucho en viajes, ropa, joyas y en ayudas a sus hijos.

Por otra parte, las disposiciones y transferencias realizadas, de las que queda constancia detallada en los hechos probados, estaban respaldadas documentalmente mediante los extractos que figuraban en actuaciones y que no habían sido impugnados.

Sin embargo, el Tribunal Supremo, en su Sentencia de fecha 21 de febrero de 2013, hacía las siguientes observaciones en contra de lo afirmado por el acusado:

a) El acusado no había aportado, pese la existencia de dos requerimientos por el Juzgado de Instrucción, documento alguno justificativo ni de la administración ni del pago en efectivo en devolución de las cantidades dispuestas, como afirmaba. El único documento incorporado era un oficio presentado por el letrado de los recurrentes, en respuesta al último requerimiento, en el que manifestaba que, dado el volumen tan elevado de documentos que se le pedían, necesitaba mayor tiempo para aportar todo lo solicitado. Sin embargo, advertía el Tribunal que pese al tiempo transcurrido desde el 27 de enero de 2010, que era la fecha del documento hasta el momento mismo de la celebración de la vista oral en 22 de junio de 2012, no había dado contestación a ninguno de los requerimientos ni había aportado la documentación precisa, pese a su incontestable necesidad para su adecuada defensa.

b) La devolución en efectivo a Diana, como alegaba el acusado, estaba falta de toda acreditación. Según lo percibía la Sala, se trataba de invocaciones genéricas, que no tenían respaldo alguno, no ya documental, como sería de esperar en el caso de un administrador de patrimonio, sino ni siquiera en la aportación de datos comunes, como las agencias de viaje utilizadas, los comercios que frecuentaba o los lugares a los que viajaba, que explicasen los supuestos gastos elevados de Diana.

Además, el testigo Leovigildo, hijo de ésta, manifestó que su madre salía poco porque, dada su edad, sufría despistes y tenía miedo a perderse y que, normalmente, comía en un restaurante económico cerca de su vivienda, de tal forma que esos mencionados gastos no parecían acomodarse a la realidad;

c) El acusado manifestó que Diana, en bastantes ocasiones, expresaba su deseo de que no la controlasen sus hijos, aunque, al tiempo, el acusado afirmaba que se quejaba de que sus hijos viviesen a su costa y de que no la atendiesen. Sin embargo, observaba el Tribunal que, de todas las disposiciones y transferencias acreditadas, ninguna estaba dirigida a sus hijos ni tampoco existía documento en el que constase que hubiesen sido ellos los autores o sus destinatarios.

Estos hechos constituyen, obviamente, un delito de apropiación indebida, contemplado en el artículo 252 del Código Penal. Este delito contiene dos modalidades: “apropiación en sentido estricto” con incorporación de la cosa al patrimonio del autor; y “la distracción“, que supone disponer del dinero o cosa fungible recibida más allá de lo que autoriza el título de recepción, con vocación definitiva y perjuicio para el sujeto pasivo y conocimiento por el sujeto activo del exceso que realiza.

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¿Se puede consultar los libros del Registro de la Propiedad?

Hoy vamos a analizar dos problemas relacionados con la publicidad del Registro de la Propiedad: a) en qué consiste el interés legítimo a la hora de tener acceso a la publicidad registral; y, b) cuál debe ser la forma de la publicidad teniendo en cuenta la legislación hipotecaria y la de protección de datos.

Aun partiendo del principio general de publicidad, el contenido del Registro sólo se ha de poner de manifiesto a quienes tengan interés en conocer el estado de los bienes o derechos inscritos, y que dicho interés se ha de justificar ante el registrador, que es a quien corresponde apreciar la legitimación del solicitante de la información.

Se consideran, pues, finalidades de la institución registral la investigación, jurídica, en sentido amplio, patrimonial y económica (crédito, solvencia y responsabilidad), así como la investigación estrictamente jurídica encaminada a la contratación o a la interposición de acciones judiciales (objeto, titularidad, limitaciones, representación,…), pero no la investigación privada de datos no patrimoniales contenidos en el Registro, de manera que el registrador solo podrá dar publicidad de los mismos si se cumplen las normas sobre protección de datos.

En el caso decidido por la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de fecha 1 de abril de 2013, se permite el acceso a los libros del Registro. La solicitante afirmaba que la finca de la que se solicita información la adquirió por herencia de su padre y, sustentada la negativa del registrador en que las personas de quienes dice tener causa la solicitante ya se desprendieron de dichos bienes, admite el calificador que los anteriores propietarios fueron causantes de la repetida solicitante, por lo que está admitiendo el interés necesario, pues es evidente que dicha solicitante puede impugnar las transmisiones posteriores a aquéllas de las que fueron titulares sus ascendientes.

En cuanto a la forma de la publicidad, la solicitante había pedido que se señalara día y hora a la compareciente a fin de examinar en dichas dependencias los datos relativos al Historial de dicha finca, así como de la finca matriz de la que proviene, con todas sus incidencias es decir, todo el tracto sucesivo de la finca matriz hasta llegar a la solicitada y las incidencias registrales, ya sea folio, número, cierre registral, etc.

La decisión de la Dirección General de los Registros y del Notariado fue la siguiente: la exhibición no puede ser del libro físico sino de su reproducción, y no de todo, sino sólo en la parte necesaria para satisfacer el interés legítimo de la solicitante.

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¿Qué tipo de gastos son deducibles en el IVA?

Con carácter general, se considera deducibles las cuotas soportadas de IVA en la medida en que los bienes y servicios adquiridos se utilicen por el sujeto pasivo en la realización de operaciones sujetas y no exentas.

Para ejercitar el derecho a la deducción es imprescindible estar en posesión del documento justificativo, que consiste en la factura original expedida por quien realice la entrega o preste el servicio.

Con el objeto de determinar las bases o las cuotas tributarias, los gastos necesarios para la obtención de los ingresos, cuando estén originados por operaciones realizadas por empresarios o profesionales, deberán justificarse mediante “factura completa“, que debe reunir los siguientes requisitos: se exige que toda factura esté numerada, que figure en ella el nombre y apellidos o denominación social del expedidor del documento y del destinatario, la descripción de la operación y su contraprestación total, así como el lugar y fecha de emisión.

Aparte de los requisitos contables y los relativos a las facturas, el carácter deducible de un gasto viene determinado por la efectiva realización del servicio o actividad que motiva el pago, requisito indispensable para poder afirmar que los bienes o servicios adquiridos se utilizan en el desarrollo de operaciones sujetas al IVA y no exentas.

En este sentido, recae sobre el contribuyente la carga de probar el carácter deducible de los gastos declarados. Cada parte tiene que probar las circunstancias que le favorecen, esto es, la Administración la realización del hecho imponible y de los elementos de la cuantificación obligatoria, y el obligado tributario las circunstancias determinantes de los supuestos de no sujeción, exenciones y bonificaciones o beneficios fiscales, etc.

En consecuencia, para la deducción de un gasto no es suficiente la expedición de factura completa y la contabilización del gasto, sino que es preciso además que el contribuyente demuestre la correlación entre el gasto y los ingresos, es decir, la vinculación del gasto con el desarrollo de la actividad económica que genera el rendimiento sujeto al impuesto. Por tanto, la exigencia de factura es necesaria, pero insuficiente por sí sola para acreditar el carácter deducible de los gastos.

Por ejemplo, en la Sentencia del Tribunal Superior de Madrid de fecha 15 de enero de 2013 no se admitieron el carácter deducible de los siguientes gastos controvertidos:

a) Rrespecto de los gastos que se corresponden con facturas a nombre de Dª Rosa , hermana de la declarante, es evidente que no pueden ser deducibles por tratarse de gastos facturados a otra persona. Para poder deducir esos gastos la declarante debió cambiar la titularidad de los oportunos contratos a fin de que las facturas se expidieran a su nombre, pero al no haberlo hecho, sin acreditar imposibilidad alguna, no puede beneficiarse de la deducción.

b) Además, en las diversas facturas aportadas por la declarante figuran diferentes inmuebles ubicados en el edificio de la Plaza de las Salesas nº 3 de Madrid (bajo izquierda, segundo derecha, tercero izquierda), lo que implica que todos esos gastos no pueden estar vinculados con el despacho en el que ejerce la abogacía, de modo que no han sido realizados en el desarrollo de la actividad profesional.

c) Por las razones expuestas no puede aceptarse la deducción de los gastos relativos a suministros y servicios del despacho que no se encuentran facturados a nombre de la declarante y que, además, no se demuestra que correspondan al despacho en el que se ejerce la actividad, gastos que están relacionados en el expediente administrativo.

d) Tampoco puede admitirse el gasto de Iberonet, al no acompañarse factura que justifique el pago, ni el abono transporte de una persona respecto de la cual no se justifica su condición de empleado del despacho.

e) El rechazo de los gastos que se tratan de justificar con simples tickets viene determinado porque dichos tickets no demuestran el carácter deducible de los gastos cuando no se aporta además una prueba concluyente de que esos gastos han sido realizados en el ejercicio de la actividad profesional.

f) Por otro lado, las facturas de Registros y Notarías que se cuestionan no están expedidas a nombre de la declarante y no se demuestra su relación con operaciones concretas realizadas en el ejercicio de la actividad de abogado.

g) Tampoco podemos admitir los gastos de gasolina, hotel, billetes de avión y tren, autopistas y comidas, no sólo porque muchos de ellos se justifican también por simples tickets, sino porque no se justifica en absoluto la necesidad de realizar esos gastos para el desarrollo de la actividad profesional, no bastando a tal efecto la mera alegación de tener clientes fuera de Madrid y ser necesario por ello realizar viajes.

En este sentido, la exigencia de probar la vinculación de cada gasto con la actividad no puede ser suplida con la afirmación genérica de realizar desplazamientos por la geografía española o llevar a cabo reuniones con clientes, pues ello supondría admitir el carácter deducible de todos los gastos declarados sin necesidad de demostrar las circunstancias profesionales que exigen su realización en cada caso, lo que no es admisible ya que implicaría dejar a la voluntad del contribuyente la cuantificación de la base imponible del impuesto.

H) La declarante aduce que son razonables los gastos cuya deducción pretende, pero la indudable existencia de gastos en el desarrolo de cualquier actividad no exime de la carga de probar el carácter deducible de cada uno de los gastos, para lo que es necesario justificar el gasto con factura expedida a nombre de la contribuyente y demostrar la vinculación del gasto con el ejercicio de la actividad, exigencias probatorias que no pueden ser suplidas con simples presunciones ni con afirmaciones genéricas que pretenden dar cobertura a gastos muy diversos.

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