Condena penal por incumplir el convenio de divorcio

El caso real que comentamos hoy se refiere a las consecuencias penales de trasladar el lugar de residencia por motivos laborales a otra ciudad, sin permitir que el otro progenitor no custodio pueda seguir disfrutando del derecho de visitas a la hija en común.

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra de fecha 11 de julio de 2012 condena a la madre de la hija como autora de una falta de incumplimiento de obligaciones familiares por irse a vivir de Pamplona a Toledo, impidiendo que derecho de visita del padre pactado en el convenio de divorcio.  

Los hechos fueron los suguientes: en fecha no determinada pero, en cualquier caso, con anterioridad al 31 de agosto de 2011, la denunciada decidió aceptar una oferta de trabajo que le obligaba a trasladar su residencia a la ciudad de Toledo. Por ello y a fin de evitar cualquier tipo de problema derivado del tenor literal del convenio regulador judicialmente aprobado, la denunciada retrasó hasta el final la comunicación al denunciante de su intención de trasladarse con la hija común a vivir a Toledo, cosa que finalmente hizo, primero a través de las abogadas que, respectivamente, les habían defendido en el proceso de divorcio, y después mediante correo electrónico dirigido al denunciado, remitiendose ambas comunicaciones electrónicas el día 31 de agosto de 2011, sin que conste en qué fechas fueron leídos dichos mensajes por sus destinatarios.

En el mensaje remitido por su abogada a la abogada contraria, se daba el plazo de un día al denunciante para pronunciarse sobre las consecuencias de dicho cambio de residencia bajo advertencia de que, en caso de silencio, ejercerían las acciones judiciales oportunas; cosa que, efectivamente, hizo, presentándose al día siguiente, 1 de septiembre de 2011, las oportunas demandas de modificación de medidas y de medidas provisionales que al efecto tenían preparadas, la segunda de las cuales fue finalmente resuelta mediante auto de 1 de diciembre de 2011, en el que se mantuvo la custodia de la menor a favor de la madre y se modificó el régimen de comunicaciones como consecuencia del traslado de la denunciada y la hija a Toledo.

La denunciada se marchó a residir a Toledo con su hija, sin esperar el resultado de las demandas que ella misma había interpuesto, de forma que a partir del jueves 8 de septiembre de 2011 y hasta el dictado del auto de 1 de diciembre de 2011 el denunciado ya no pudo ejercer su derecho y el de la niña a estar juntos las tardes de los lunes y jueves, desde la salida del colegio hasta las 19.30 horas, por resultar de imposible cumplimiento como consecuencia de la decisión de la denunciada de marcharse a residir con la menor a la ciudad de Toledo.

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Molestias acústicas generadas por una guardería

El supuesto de hecho que comentamos hoy es el siguiente. La arrendataria de una guardería afirmaba que al patio de luces del edificio solo salían al recreo un número determinado de niños, durante un tiempo limitado y no todos los días, ajustándose al reglamento de actividades molestas al disponer de licencia municipal, sin que tampoco pueda calificarse de tal el ruido de los niños.

Las quejas de los vecinos del edificio serían atribuibles más bien fruto de la intolerancia y desproporción. Además está la realidad social sobre las guarderías y que los estatutos de la comunidad de propietarios no las prohíben.

Por su parte, los copropietarios de la comunidad alegan que se trata de un cambio de destino de patio de luces a patio de recreo con la oposición de la comunidad. Un uso impropio y alteración de elemento común, además de perjudicial. En todo caso se trata de una actividad reglamentariamente molesta, cual fue calificada por la consejería y el ayuntamiento competentes, habiendo sido condicionado el inicio en la licencia a la comprobación o acreditación acústica, no solo del local en sí sino también del patio como fuente sonora, y sin embargo el patio no estaría parcialmente cubierto como en el proyecto que obtuvo la licencia ni insonorizado.

La Audiencia Provincial de A Coruña, en su Sentencia de fecha 21 de diciembre de 2012, declara que no puede seguir permitiéndose el uso del patio como patio de recreo de la guardería en las condiciones actuales, o sea mientras que no se compruebe favorablemente por los órganos inspectores o mediante certificación expedida por empresa o entidad homologada que se cumple la normativa acústica en materia de actividades molestas. Los razonamientos fueron los siguientes:

a) Es verdad que los estatutos de la propiedad horizontal no prohíben las actividades de guardería ni se trata de una alteración de elemento común. En sí mismo tampoco es de apreciar un uso impropio del patio, pues es compatible con el título constitutivo del régimen de la propiedad horizontal que lo atribuye a la planta baja (hoy al bajo-B por la división permitida ya comentada) destinada precisamente a usos comerciales o industriales, entre los que entraría la guardería, y por tanto con derecho a usar también el patio posterior para sus actividades.

b) Cuestión distinta es si se trata o no de una actividad molesta prohibida.   Las actividades de recreo de la guardería infantil en el patio interior tienen la calificación de molesta según tal reglamentación y lo apreciado expresamente en tal sentido en el dictamen ambiental de la delegación provincial de la consellería de medio ambiente de la Xunta de Galicia y por el ayuntamiento al conceder la licencia, como también venía así especificado en el previo informe-propuesta de los encargados de urbanismo y en el informe del técnico municipal. Por ello se condicionó el inicio o puesta en funcionamiento de la actividad a la comprobación de los correspondientes requisitos o medidas acústicas.

c) Sin tales requisitos o medidas es una actividad evidentemente molesta. Se infringen también los derechos civiles de propiedad horizontal, conforme a lo preceptuado por el artículo 7.2 de su Ley reguladora, la cual, en lo que ahora interesa, no permite a los dueños u ocupantes desarrollar en el local ni en el resto del inmueble actividades que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, reconociendo a favor de la comunidad de propietarios la correspondiente acción para su cesación.

Las declaraciones de los vecinos corroboran las molestias de las actividades desarrolladas en el patio durante los recreos de los niños, sin perjuicio de la dosis de subjetivismo en el sentir de cada uno del vocerío o los ruidos. Y el hecho de tratarse de un patio interior o de luces de las dimensiones de litis naturalmente conlleva una cierta amplificación de la fuente sonora.

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¿Qué valor penal tienen los informes emitidos por los Inspectores de Hacienda?

El carácter de prueba pericial de los informes emitidos por los inspectores fiscales, en base a los que se inicia un procedimiento penal, es algo que está claramente resuelto, al menos por el momento, por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, y por tanto no cabe más que remitirse a la misma. Se podrán hacer elucubraciones teóricas al respecto, y cada operador jurídico (jueces, fiscales o abogados) podrá tener su opinión personal al respecto, pero eso no cuenta actualmente frente a una jurisprudencia tan definida.

La Audiencia Provincial de Valencia, en su Sentencia de fecha 3 de abril de 2013, resume la doctrina del Tribunal Supremo afirmando, respecto al valor que tienen los dictámenes periciales emitidos por los Inspectores de la Agencia Tributaria, que dichos informes, en causas en las que la referida Agencia inicia mediante denuncia el procedimiento penal, que la vinculación laboral de estos Inspectores, que tienen la condición de funcionarios públicos, con el Estado, titular del ius puniendi, no genera un interés personal que les inhabilite, por lo que ni constituye causa de recusación ni determina pérdidas de imparcialidad.

La admisión como Perito de un Inspector de Finanzas del Estado en un delito fiscal, no vulnera los derechos fundamentales del acusado, atendiendo, precisamente a que el funcionario público debe servir con objetividad a los intereses generales, sin perjuicio, obviamente, del derecho a la parte a proponer una prueba pericial alternativa a la ofrecida por el Ministerio Fiscal.

Obviamente, esto no significa que haya que aceptar como probado todo aquello que declaren o informen los Inspectores de la Agencia Tributaria, sino que sus declaraciones e informes serán de libre valoración junto a las restantes pruebas que se practiquen conforme al artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Las afirmaciones contenidas en el informe emitido por los Inspectores de la Agencia Tributaria, que da origen al correspondiente proceso penal, no dejan de ser una exposición de hechos, basados en los documentos que aportan, más una opinión jurídica que, como tal, no es vinculante sino meramente orientativa para el tribunal que haya de determinar la comisión o la no comisión del delito fiscal denunciado.

Será el tribunal juzgador el que habrá de examinar y valorar los hechos expuestos en el informe, así como la documentación incorporada al mismo, y a partir de ahí ese mismo tribunal obtendrá sus propias conclusiones fácticas y jurídicas basándose en la actividad probatoria que se realice en el juicio oral, que expondrá en la sentencia que dicte.

Bien es verdad que esas conclusiones judiciales podrán estar más o menos influenciadas por las opiniones de los Inspectores Fiscales, como expertos en el ámbito tributario que han investigado una posible defraudación fiscal, pero esas conclusiones judiciales también podrán estar influenciadas, en su caso, por las opiniones del o de los peritos que haya podido aportar la defensa del acusado o de los acusados. Lo que verdaderamente importa es lo que resulte probado en el ámbito del proceso penal con sujeción a las reglas que son propias del mismo.

De donde se sigue que, en realidad, el informe de los Inspectores Fiscales, después de que éstos hayan declarado en el juicio oral, no se convierte en una prueba pericial propiamente dicha, en estrictos términos jurídico-procesales, toda vez que ni las afirmaciones fácticas ni las opiniones jurídicas contenidas en dicho informe se refieren a conocimientos científicos ni técnicos que no posea el tribunal sentenciador.

El objeto del informe de los Inspectores Fiscales versa exactamente sobre el mismo tema fáctico y jurídico que es objeto del juicio oral, si bien la manera de abordarlo y de contemplarlo es diferente en uno y otro caso, pues los Inspectores Fiscales examinan dicho objeto con criterios jurídico-tributarios, mientras que el tribunal sentenciador lo examina con criterios jurídico-penales.

En definitiva, lo que el informe emitido por los Inspectores Fiscales hace es aportar hechos y documentos, como si fuese un atestado policial o un informe de la Inspección de Trabajo, por poner dos ejemplos aproximados, y además ese informe puede contener una indicación no vinculante de cuál es la opinión del técnico actuante con respecto a los hechos en cuya investigación ha intervenido. A partir de ahí el tribunal sentenciador deberá formar su propio criterio basándose no sólo en el contenido de ese informe, sino en el resto de las pruebas que se practiquen en el juicio oral.

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La junta general universal de las sociedades de capital

Las juntas generales de las sociedades de capital, por la forma en que las mismas han sido convocadas, pueden ser de dos clases:

a) Juntas universales, en las que ante la asistencia de todo el capital social, la aceptación unánime de todos los asistentes a la celebración de la junta y al orden del día de la misma, no necesitan ser convocadas (artículo 178 de la Ley de Sociedades de Capital).

b) Juntas generales debidamente convocadas por el órgano de administración, que no requieren de la asistencia de todo el capital social, convocatoria que deberá tener lugar bien en la forma determinada en la Ley de Sociedades de Capital, bien en la forma estatutariamente establecida (artículo 173.2 de la citada Ley).

En este segundo caso la junta sólo puede tratar, con alguna excepción legal, los asuntos comprendidos en el orden del día, mientras que en el primer caso la junta puede tratar sobre cualquier asunto siempre que ello sea unánimemente aceptado por todos los socios asistentes a la junta que representan el 100% del capital social, aunque después en la celebración de la junta alguno de los socios vote en contra de todos o de algunos de
los acuerdos.

La junta universal es contemplada por nuestro legislador como una excepción a la regla general de que toda junta general de sociedad de capital debe ser debidamente convocada. Los requisitos que deben cumplirse son los siguientes: se trata de una junta que requiere la presencia personal o por representación de los socios que representen la totalidad del capital social, debiendo estar todos los asistentes de acuerdo en la celebración de la junta y en el orden del día de la misma.

Faltando alguno de estos tres requisitos (presencia de todo el capital social, aceptación unánime de la celebración y aceptación igualmente unánime del orden del día) la junta no podrá considerarse como universal y, por tanto, o bien no podrá adoptar acuerdo alguno si no ha sido debidamente convocada, o bien deberá limitarse a adoptar acuerdos sobre los puntos del orden del día señalados en la convocatoria.

Orden del día que es esencial pues en base a él el socio tomará la decisión de su asistencia o no a la junta, pudiendo además informarse y reflexionar sobre el sentido de su voto, amén de garantizarse que no se podrá adoptar por sorpresa ningún acuerdo fuera del orden del día establecido. Tan fundamental es este orden del día y su aceptación unánime que no puede tener dicha consideración de universal la junta a la que asista el total capital social, si no consta de forma expresa la aceptación unánime del orden del día.

En el caso decidido por la Dirección General de los Registros y del Notariado en su Resolución de fecha 24 de abril de 2013, se efectúa el siguiente razonamiento:

Resulta del acta notarial de la junta, como se ha dicho, que la socia que votó en contra manifiesta su deseo y resolución de impugnar el acuerdo adoptado. Parece claro que el voto contrario al acuerdo de la socia discrepante implica, no sólo un no al nombramiento de un concreto auditor, sino también un no a su debate y una negativa a su inclusión en el
orden del día.

En definitiva una negativa a que sea adoptado acuerdo alguno sobre el nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad. Por tanto, el hecho de que el acuerdo se someta a votación y todos los socios voten en sentido positivo unos y negativo otro, en ningún caso puede presuponer que ese punto formaba parte del orden del día, pues sobre el extremo relativo a la aceptación de su debate, no recayó acuerdo de forma expresa en el seno de la junta.

Por ello, abundando en las consideraciones anteriores, lo esencial para que ese extremo, que no había sido aceptado expresamente como orden del día de la junta, pudiera ser inscrito, es que el acuerdo se hubiera tomado por unanimidad.

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Responsabilidad por el ahogamiento en una piscina

La jurisprudencia del Tribunal Supremo viene declarando que para apreciar responsabilidad en los casos de daños personales con ocasión de bañarse en una piscina es preciso o bien que los vigilantes no se hallen en el lugar del accidente  o que no exista personal adecuado de vigilancia o que el propietario de la piscina no haya cumplido las exigencias administrativas que determinan la autorización de la apertura o que se creen riesgos que agraven los inherentes al uso de una piscina  o cualquier otro análogo que permita fundar el reproche culpabilístico.

Sin embargo, la presencia de alguno de esos factores tendrá que ponerse en relación con todas las demás circunstancias concurrentes (capacidad de discernimiento de la víctima, conocimiento de las condiciones de la piscina, actuación de la propia víctima).

El puesto de vigilante desde un punto obligado es el propio de las playas, donde las distancias son difícilmente controlables, pero por el contrario, es insólita y fuera de todo uso en las piscinas por razón de lo reducido de superficie de agua en la que una vigilancia posicional como en el caso presente, no consigue con la rapidez deseable prestar el auxilio necesario”; y finalmente, el juicio de imputación requiere decidir si cabe poner el daño a cargo, en este caso, de la comunidad de propietarios propietaria de la piscina.

Pues bien, en función de todo lo anteriormente razonado debe concluirse que el motivo ha de ser desestimado, porque pese a la momentánea falta de presencia de ninguno de los dos socorristas en el puesto elevado de vigilancia de la piscina, también se declara probado, por una parte, que el socorrista que en ese momento atendía a un lesionado en una dependencia aneja y próxima a la piscina acudió de forma inmediata a prestar ayuda a la víctima y, por otra, que ésta, un hombre de 40 años de edad según la propia demanda, había sido usuario habitual de la piscina a lo largo del año y conocedor de sus características, de sus diversas zonas y del concreto punto en que se iniciaba el desnivel; que la señalización de este desnivel era más que suficiente y, en fin, que la víctima no sabía nadar, a lo que se une que, según los hechos de la demanda, se encontraba en compañía de dos amigos, todo lo cual conduce a considerar que el hecho dañoso se produjo dentro del ámbito de competencia de la víctima, por una conducta ciertamente poco explicable pero cuyas consecuencias no cabe poner a cargo de la comunidad de propietarios demandada (Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 6 de junio de 2007).

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¿El presidente de una comunidad de vecinos puede defender los elementos privativos?

El pleito se inició por demanda de la Comunidad de Propietarios de un edificio contra la empresa promotora, arquitectos superiores y técnicos en ejercicio de las acciones amparadas en el articulo 17 de la Ley de Ordenación de la Edificación, así como en la responsabilidad contractual de los artículos 1101, 1091, 1258 y 1279 y en la Ley General de Defensa de los Consumidores, artículos 25, 26 y 29, formulando ad cautelam la acción que resulta del artículo 1591 del Código Civil.

La Audiencia Provincial absolvió a todos los agentes de la edificación demandados, salvo a la empresa promotora, afirmando que “siendo que aportado el Acuerdo en el que por unanimidad de los propietarios presentes se acuerda la interposición de los recursos judiciales frente a los demandados, se está dando legitimación por cada propietario al Presidente para entablar las acciones en reclamación de los defectos tanto en elementos comunes como privativos (viviendas)”,señalando, asimismo, que los propietarios de los pisos al momento de la interposición del procedimiento tienen legitimación y que carece “de relevancia la subsiguiente titularidad del actor cuando se demuestra sin fisuras su condición dominical y se denuncia defecto grave de instalación que justifica la reclamación en plazo legal”.

La Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 23 de abril de 2013 declara que el presidente de la comunidad está legitimado para ejercer las acciones judiciales en defensa de los elementos comunes o privativos, mientras no conste la expresa oposición de algún propietario.

Las Comunidades de Propietarios, con la representación conferida legalmente a los respectivos Presidentes (artículo 13.3 de la Ley de Propiedad Horizontal) gozan de legitimación para demandar la reparación de los daños causados tanto a los elementos comunes como a los privativos del inmueble, y no puede hacerse por los extraños discriminación en punto a si los distintos elementos objetivos son de titularidad dominical privada o común, pues tal cuestión queda reservada a la relación interna entre los integrantes subjetivos de esa Comunidad, sin perjuicio, por ello, de las obligaciones del Presidente de responder de su gestión, pero cuya voluntad vale como voluntad de la Comunidad frente al exterior.

En definitiva, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha extendido las facultades del Presidente a la defensa de los intereses afectantes a los elementos privativos del inmueble, cuando los propietarios le autoricen. Lo anterior deriva de las peculiaridades de que gozan las facultades de representación conferidas legalmente a los Presidentes de las Comunidades de Propietarios.

El Presidente no necesita la autorización de la Junta para intervenir ante los Tribunales, cuando ejercite una pretensión en beneficio para la Comunidad, salvo en los supuestos expresamente excluidos en la Ley, o que exista, una oposición expresa y formal”.

Existe, por tanto, la presunción de que el Presidente está autorizado mientras no se acredite lo contrario, sin que haya razón alguna para reducir tal autorización a los “vicios y defectos de construcción“, strictu sensu considerados, por afectar también el interés de la Comunidad a los incumplimientos contractuales afectantes a viviendas en particular.

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Delito de falsedad documental al hinchar el importe de las facturas

El Tribunal Supremo condena a una persona como autora del delito de falsedad documental por incrementar el importe de facturas falsas (Sentencia de fecha 25 de abril de 2013).

El acusado alegó que no constaba quien había incrementado el importe. Elo es irrelevante desde el punto de vista delictivo, pues no es de esperar que el Director y Administrador de una empresa sea quien personalmente confeccione los documentos que suscribe, que normalmente le son preparados por los servicios administrativos de la misma.

El delito de falsedad no constituye un delito de propia mano, que exija la realización material de la falsedad por el propio autor, sino que admite su realización a través de persona interpuesta que actúe a su instancia, por lo que la responsabilidad en concepto de autor no exige la intervención corporal en toda la dinámica material de la falsificación bastando el concierto y el previo reparto de papeles para la realización y el aprovechamiento de la documentación falseada, de modo que es autor tanto quien falsifica materialmente como quien se aprovecha de la acción con tal de que tenga el dominio funcional sobre la falsificación.

Y, en el caso actual, dicho dominio funcional viene dado por la suscripción del documento, que fue firmado por el propio acusado como Director comercial y Administrador solidario de la empresa, firma sin la cual el documento carecería de la menor eficacia en el tráfico mercantil, pues era precisamente el acusado quien, como Administrador, disponía de los poderes necesarios para la firma de la factura y para crear con ello la falsa apariencia de su legitimidad.

Respecto de la alegación de que no consta acreditado el elemento subjetivo del delito, porque el recurrente firmó la factura por inadvertencia, desconociendo que era falsa, su desestimación se impone pues esta versión del acusado no constituye una alternativa fáctica verosímil ni razonable.

El elemento subjetivo en el delito de falsedad documental requiere únicamente la voluntad de alterar conscientemente la verdad por medio de una acción que requiere trastocar la realidad, convirtiendo en veraz lo que no lo es, y vulnerando con ello la confianza que la sociedad tiene depositada en el valor de los documentos, se logren o no los fines perseguidos.

El dolo falsario concurre cuando el autor tiene conocimiento de los elementos del tipo objetivo, esto es, que el documento que se suscribe contiene la constatación de hechos no verdaderos.

El elemento subjetivo, por tanto, viene constituido simplemente por la conciencia y voluntad de alterar la verdad, siendo irrelevante que con ello llegue o causarse o no un daño efectivo al bien jurídico protegido.

La voluntad de alteración se manifiesta en el dolo falsario, se logren o no los fines perseguidos en cada caso concreto, implicando una clara mentalidad - conciencia y voluntad- de trastocar la realidad, convirtiendo en veraz lo que no lo es.

En el caso presente, el acusado no cuestiona el hecho de que firmó un documento manifiestamente falso, alegando simplemente que lo hizo por inadvertencia o error, por el hecho de que los servicios administrativos de la empresa le presentaban un elevado número de documentos a la firma y no advirtió la falsedad.

Pero esta alegación exculpatoria es manifiestamente irracional e inverosímil. Es posible que el Director comercial y Administrador de una empresa pueda suscribir inadvertidamente, o por error, un documento rutinario, o de escasa entidad, que se le presente a la firma por los servicios administrativos de la sociedad, pero no es posible que ello suceda con una factura por un elevado importe, máxime cuando la empresa que administra es una sociedad limitada, de pequeño volumen, en la que dicha cifra adquiere una gran relevancia, y en mayor medida cuando, por el mismo concepto, con la misma fecha y con el mismo número, se había firmado ya la factura real , que correspondía a un importe muy inferior de 98. 024,69 euros, y que fue efectivamente abonada por la entidad deudora.

Es claro, en consecuencia, que el acusado suscribió la factura con plena conciencia de su falsedad, duplicando la documentación de la deuda mercantil derivada de la culminación de una obra, con la finalidad de utilizar la factura real para presentarla al cobro en la cuenta que tenía en una entidad bancaria, donde efectivamente se presentó y se abonó por el deudor, y de utilizar la falsa como garantía para presentarla al descuento en el banco, y obtener así el abono anticipado de su importe, con plena constancia de que esta última factura no respondía a una deuda mercantil existente.

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Despido colectivo de personal laboral de la Administración

El caso real que analizamos hoy se refiere a una demanda de despido colectivo interpuesta por la representación de los trabajadores que tiene por objeto la oposición a la decisión de la Diputación Provincial de Ourense de la extinción de los contratos de trabajo de un total de 25 trabajadores que estaban vinculados a dicho Organismo provincial con la condición de personal laboral indefinido. La extinción obedece a causa económica, motivada, según la Entidad demandada, por la disminución de los créditos derivados de las aportaciones que hace el Estado.

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de fecha 2 de mayo de 2013 declara no ajustada a Derecho la decisión de la referida Diputación de extinción de 25 contratos de trabajoj con apoyo en los siguientes razonamientos:

a) Se alega en la demanda que se ha procedido a la contratación de nuevos trabajadores durante la tramitación del ERE, y que es absolutamente injustificable que se contraten dos asesores con un coste altísimo para la Entidad, mientras se aducen problemas de tesorería para pagar el sueldo de trabajadores que llevan más de 20 años en la Institución.

b) Por su parte, el Organismo demandado funda la causa económica que motiva el despido colectivo, en una disminución de los créditos derivados de las aportaciones que hace el Estado, que constituye, básicamente, su única fuente de ingresos, y que dado el descenso de dichas aportaciones es preciso reducir los Gastos de Personal del Capítulo I del Presupuesto, y en base a ello trata de justificar la situación económica negativa y justificadora de los ceses acordados.

c) Tal como se afirma en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 9 de abril de 2013, la justificación del despido económico tiene que realizarse a través de tres pasos: 1°) Acreditar la existencia de una situación económica negativa; 2°) Establecer el efecto de esa situación sobre los contratos de trabajo, en la medida en que aquélla provoca la necesidad de amortización total o parcial de los puestos de trabajo y 3°) Mostrar la adecuada proporcionalidad de las medidas extintivas adoptadas para responder a esa necesidad.

En el presente caso, el primero de los requisitos no concurre, porque no ha quedado debidamente acreditada una situación económica negativa de insuficiencia presupuestaria, o situación de déficit presupuestario en los términos exigidos por el art. 35.3 del RD 1483/2012 , tal como antes se expuso, a pesar de ser ciertas las minoraciones de las aportaciones que hace el Estado a la Diputación Provincial demandada.

En cuanto al segundo requisito, si no existe una situación de déficit presupuestario, no resulta factible que la situación económica puede provocar efectos sobre los contratos de trabajo, no resultando justificada la necesidad de amortización de todos los puestos. Y es que solo sería procedente la extinción de todos los contratos de trabajo, si el desajuste de la plantilla fuese el factor desencadenante de una situación económica negativa, pero no lo es, y es posible, además, que con la adopción de otras medidas, como la reducción de las partidas presupuestarias asignadas al Baloncesto o al Fútbol, tal como expuso Letrado de los trabajadores, quizás se hubieran podido evitar sino todos, sí un número mucho menor de trabajadores despedidos.

Y finalmente, la medida extintiva no puede considerarse de adecuada proporcionalidad para superar una situación económica negativa, pues resulta contraria al deber de buena fe, desde el momento en que simultáneamente a la tramitación de un ERE que comportó la extinción de 25 contratos de trabajo, se nombran dos asesores de confianza con un gasto anual aproximados de 120.000 euros.

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La comprobación de valores tributaria y la crisis económica

La comprobación de valores consiste en un acto de inspección que efetúa la Administración tributaria para revisar el valor atribuido por el contribuyente a un determinado bien a efectos fiscales. Con la crisis económica, se ha producido una bajada generalizada de los valores de los bienes inmuebles.

Para desmontar la comprobación del valor que efectúa la Administración, el contribuyente debe presentar un informe de valoración elaborado por un técnico en el que se justifique debidamente la incorrección de la valoración realizada por la Administración tributaria.

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de fecha 12 de marzo de 2013 desestima el recurso presentado por un contribuyente con los siguientes razonamientos:

a) La Administración Tributaria ha utilizado el método de comprobación establecido en el artículo 57.1.b) de la Ley General Tributaria, que permite la comprobación de valor mediante el valor catastral y su multiplicación por un coeficiente y que por sus propias características no hace preciso que todo inmueble a valorar tenga que ser reconocido directamente.

b) La Gerencia Regional del Catastro Inmobiliario de Extremadura informa que la Ponencia de Valores del municipio de Badajoz fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, que no existe depreciación de valores ni coeficientes correctores como consecuencia de la crisis económica y que la finca catastral transmitida no tiene aplicado ningún coeficiente corrector. Ante la falta de coeficientes correctores, en concreto, el de antigüedad, el contribuyente alega que no puede partirse del valor catastral para determinar el valor real.

c) El contribuyente también alega que en los últimos años se ha producido una devaluación generalizada del valor de los inmuebles debido a la crisis económica. Sin embargo, se trata de una alegación que por su generalidad no resulta válida para desvirtuar la comprobación de valor sino que debería haberse concretado mediante el examen de las características, situación del inmueble y su valor en la fecha de transmisión, ofreciendo una valoración debidamente detallada, es decir, presentado una prueba (informe técnico) que acreditara el valor real del inmueble en la fecha del devengo del tributo. Al no hacerlo así, prevalece la comprobación efectuada por la Administración que está motivada y se ha realizado conforme a lo que dispone el ordenamiento jurídico.

d) El contribuyente presenta un informe firmado por un Arquitecto Técnico que hace referencia a la antigüedad de la vivienda, la falta de ascensor y garaje y la antigüedad de las instalaciones que señala que es aproximadamente de quince años para la calefacción, electricidad y fontanería y de cincuenta años para la red de saneamiento, indicando que estos datos constituyen una valoración negativa del inmueble.

Ahora bien, el informe presentado es insuficiente para desvirtuar la comprobación realizada por la Administración. El informe, en primer lugar, no está fechado. En segundo lugar, debería haber sido mucho más detallado a fin de conocer todas las características y el estado general de la vivienda en la fecha del devengo del impuesto. Las referencias a la antigüedad, falta de garaje y ascensor no son suficientes para dejar sin efecto la comprobación de valor realizada por la Administración, que, reiteramos, ha sido realizada mediante un método de comprobación expresamente admitido en la normativa tributaria.

e) Por último, estimamos que en un informe como el presentado lo decisivo hubiera sido que la perito hubiera realizado una valoración del inmueble a fin de conocer el valor de una vivienda, realizando una valoración que permitiera confrontar el valor ofrecido por la Administración con el efectuado en un dictamen pericial. El informe no realiza un juicio técnico sobre la valoración del inmueble sino que se limita a señalar algunas características del mismo pero no ofrece una valoración de la vivienda mediante, por ejemplo, la aportación detallada de los valores que corresponden a viviendas similares situadas en la misma zona de la ciudad que la que fue objeto de compraventa. Falta, por tanto, un informe pericial sobre el valor del inmueble.

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Falta de vejación injusta por llamar a su ex mujer “subnormal profunda”

Un Juzgado de Violencia sobre la Mujer condenó al ex marido por una vejación injusta consistente en los siguientes hechos:

Ha resultado acreditado y así se declara que, Salvador, el día 30 de Octubre de 2012, a las 14:30 horas,  a la salida del Colegio Maristas donde cursa estudios el hijo común, y por razón de la consulta a la tutora del mismo por parte de su ex mujer, Montserrat , sobre si el niño podía ir peinado con gomina a clase le dijo: “eres subnormal profunda” “tú no tienes que engominar al niño porque nadie en el colegio lleva gomina, cada día eres más subnormal”.

La Audiencia Provincial de Zaragoza, en su Sentencia de fecha 25 de febrero de 2013, ratifica la condena por la comisión de una falta de vejaciones injustas con los siguientes argumentos:

a) Es reiterada la jurisprudencia que indica que para que pueda aceptarse la vulneración del principio de presunción de inocencia es necesario que de lo actuado en la instancia se aprecie un verdadero vacío probatorio, bien por falta de pruebas bien para haber sido obtenidas estas de manera ilegal, debiendo decaer o quebrar cuando existan pruebas de cargo simplemente indiciarias con suficiente fiabilidad inculpatoria; y ello es lo que sucede en el caso.

b) En efecto, constan las declaraciones de la testigo perjudicada Sra. Montserrat , que son suficientes según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo para que sea posible basar la condena en sus solas declaraciones si éstas crean en el Juez la convicción de la existencia de los hechos y la responsabilidad criminal del denunciado. Dándose en las mismas por otro lado los requisitos exigidos en la jurisprudencia; máxime cuando el propio denunciado reconoce que ese día acudió colegio, y que habló con la denunciante diciéndole cómo se le ocurría hacer a la tutora una pregunta sobre la gomina; aunque lógicamente niega haber pronunciado las expresiones que se reseñan en los hechos probados y que ésta le atribuye.

c) Por otro lado ya la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de diciembre de 1975 sienta como doctrina que la vejación lleva como finalidad maltratar, molestar o zaherir a otro. Tiene una naturaleza pluriofensiva, pues constituye un supuesto de estructura intermedia entre los comportamientos contrarios a la libertad y los contrapuestos al honor.

d) De esta manera se diferencia la vejación del maltrato de obra previsto en el artículo 617-2 el código penal. Asimismo el artículo 15 de la Constitución , refiere entre otras cosas, que nadie puede ser sometido a trato degradante. La dignidad tiene por ello, una dimensión universal y debe ser cuidada por ser inherente a la condición del ser humano sea cual sea su situación personal y cultural. El sustantivo vejación es adjetivado en el tipo, al referirse que ha de ser injusta de carácter leve.

e) Aplicando la doctrina expuesta al caso presente debemos estar de acuerdo con el criterio del Ministerio Fiscal y con la sentencia dictada, dado que las expresiones proferidas por el denunciado superan cualquier tipo de reproche entrando directamente lo que es el insulto.

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