¿Cuándo procede el levantamiento de acta notarial de la junta general de una sociedad?

El acta notarial de la junta general de una sociedad de capital tiene en principio (cuando sea solicitada voluntariamente por los administradores) la misma finalidad probatoria que un acta ordinaria, pero con el valor añadido de que, al ser un instrumento público, quedan bajo la fe del notario los hechos consignados en la misma.

Pero el legislador, en determinados casos y precisamente por la garantía que comporta la intervención notarial, impone la obligación de acudir a esa forma de documentación. Así ocurre en el artículo 203.1 de la Ley de Sociedades de Capital, que obliga a los administradores para requerir la presencia de notario siempre que, con cinco días de antelación al previsto para la celebración de la junta, lo soliciten socios que representen, al menos, el uno por ciento del capital social en la sociedad anónima o el cinco por ciento en la sociedad de responsabilidad limitada.

Según este precepto legal, en este caso los acuerdos sólo serán eficaces si constan en acta notarial. Sin duda, mediante este condicionamiento de la eficacia de los acuerdos a su constancia en acta notarial se pretende dotar a la minoría de una mayor protección.

En el caso resuelto por la Dirección General de los Registros y del Notariado de fecha 28 de junio de 2013, se afirma que no puede acogerse el criterio del recurrente cuando alega que la anotación preventiva practicada no produce efecto por haber transcurrido más de tres meses desde su fecha conforme al artículo 104.3 del Reglamento del Registro Mercantil.

Es cierto que para la sociedades anónimas, antes de la entrada en vigor del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se establecía un régimen diferente al dispuesto para las sociedades de responsabilidad limitada, pues el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, en los mismos supuestos, no condicionaba la eficacia de los acuerdos de la junta general a su constancia en acta notarial y el artículo 104.3 del Reglamento del Registro Mercantil establecía un modo de cierre registral en favor de la documentación de los acuerdos en el acta notarial de la junta que tenía una vigencia temporal limitada, pues ordenaba que la anotación preventiva había de cancelarse bien cuando se acreditara debidamente la intervención de notario en la junta, sin más, bien cuando hubiera caducado por transcurso de los tres meses de su fecha.

En cambio, para las sociedades de responsabilidad limitada el artículo 55.1 de su Ley reguladora ya condicionó la eficacia de los acuerdos a su constancia en acta notarial y, consecuencia de ese distinto régimen legal era el también distinto tratamiento del Reglamento del Registro Mercantil. Así, el artículo 194 particulariza el régimen cuando se trata de sociedades de responsabilidad limitada, y opta por otro tipo de asiento (la nota marginal, más propia que la anotación preventiva cuando como en este caso se trata de un asiento que más que impedir la entrada en juego del principio de fe pública registral tiene efectos internos de cierre registral), no contempla su cancelación y, lo que es más importante, impone el acta notarial como presupuesto necesario en todo caso para la inscripción del título o documento en que se formalicen los acuerdos y para el depósito de cuentas anuales.

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)

¿En qué consiste el principio de igualdad ante la Ley?

No está de más recordar lo declarado por el Tribunal Constitucional en la STC 90/1989, de 11 de mayo: “el artículo 14 de la Constitución Española (CE) prohíbe, por una parte, que se dé un tratamiento desigual tanto en las previsiones normativas, como en su aplicación concreta, por un poder público, a quienes se encuentren en situaciones esencialmente similares, y, por otra, que si se introducen elementos de diferenciación para justificar tratamientos distintos, esos elementos han de ser razonables y no constituir una excusa o pretexto para producir, de hecho, un tratamiento arbitrariamente desigual, y, por tanto, discriminatorio” .

El ámbito, pues, del principio de igualdad proclamado por el artículo 14 de la CE admite dos vertientes:

(1) una referida a la igualdad ante la ley, que impide al legislador establecer, entre situaciones semejantes, diferencias de tratamiento; vertiente que reviste un carácter material y que comporta la interdicción de las leyes en las que se establezca una diferenciación sin justificar; y

(2) otra vertiente, referida a la igualdad en la aplicación de la ley, que tiene un carácter formal y que persigue que no se realicen pronunciamientos arbitrarios y que se interprete la ley de forma igual para todos; principio de igualdad en la aplicación de la ley que no sólo es exigible a los órganos jurisdiccionales, sino también a los administrativos, pues, también estos, al resolver, aplican la ley.

Por lo que hace referencia a la citada segunda de las vertientes del principio de igualdad ( “igualdad en la aplicación de la ley” ), tanto la jurisprudencia del Tribunal Supremo como la del Constitucional han precisado perfectamente sus características y delimitación, señalando al efecto que el mismo encierra y presta contenido a una prohibición o discriminación de tal manera que ante situaciones iguales deban darse tratamientos iguales, por lo que sólo podrá aducirse ese principio de igualdad como violado cuando, dándose los requisitos previos de una igualdad de situaciones entre los objetos afectados por la norma, se produce un tratamiento diferenciado de los mismos en virtud de una conducta arbitraria no justificada de los poderes públicos quedando “enmarcados con rigurosa precisión los perfiles dentro de los cuales ha de desenvolverse la acción promovida en defensa de ese derecho fundamental de igualdad, que ha de entenderse entre iguales, es decir, entre aquellos que tiene circunstancias de todo tipo iguales”.

No toda disparidad de trato significa discriminación, sino que es necesario que la disparidad de soluciones sea ante situaciones absolutamente iguales. En consecuencia, tal principio ha de requerir una identidad absoluta de presupuestos fácticos.

En segundo lugar, pues, la aplicación del citado principio de “igualdad en la aplicación de la ley”, requiere que exista un término de comparación adecuado, de forma que se haya producido un tratamiento desigual en supuestos absolutamente idénticos ya que es presupuesto esencial para proceder a un enjuiciamiento desde la perspectiva del artículo 14 CE , que las situaciones que quieran traerse a la comparación sean efectivamente equiparables y ello entraña la necesidad de un término de comparación ni arbitrario ni caprichoso (Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 9 de julio de 2013).

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)

Diferencias entre el testamento y el acta de notoriedad de declaración de herederos abintestato

El testamento responde tanto al concepto de título material como formal, pues es ante todo un negocio jurídico mortis causa que expresa la voluntad del testador que es la ley de la sucesión y la que decide con plenos efectos el destino de los bienes constituyendo el título o causa de adquisición de los mismos, una vez que el llamamiento se completa con la aceptación y adjudicación de herencia (cfr. arts. 609 y 670 del Código Civil).

El testamento es el fundamento mismo de la vocación o llamamiento del heredero y de la delación como elementos determinantes del fenómeno sucesorio. Y la copia auténtica del testamento representa el título formal necesario e insustituible para el acceso al Registro de la sucesión testamentaria porque en él figura la declaración de voluntad del testador como título material y formal a todos los efectos, junto con la orrespondiente escritura de aceptación y adjudicación de herencia.

En definitiva, el testamento determina el llamamiento del heredero (vocación) y también el título por el que se ofrece al mismo la posibilidad efectiva de aceptar o repudiar la herencia (delación).

Distinto significado tiene la declaración de herederos en la sucesión intestada. No constituye el título material de la sucesión intestada, pues dicho título es la Ley. Sólo puede considerarse título formal en cuanto sirve de vehículo documental para el acceso al Registro y prueba o justificación de la individualización en la persona del heredero atendiendo a los diferentes órdenes y grados de llamamiento.

La diferencia entre sucesión testada e intestada, a efectos del título, y consiguiente, entre testamento y declaración de herederos, como títulos de la sucesión, se percibe directamente en los artículos 658 y 913 del Código Civil. El primero de ellos dice que «la sucesión se defiere por la voluntad del hombre manifestada en testamento y, a falta de éste, por disposición de la ley» con lo que contrapone las dos formas de vocación o llamamiento y de delación, por un lado, la testamentaria, basada en la voluntad del testador, y, por otro lado, la legal, en que tanto la vocación como la delación resultan de la ley. La expresión «se defiere» es la propia de la delación derivada a su vez de la vocación o llamamiento, que da lugar a esas dos formas distintas. Y el artículo 913 establece que «a falta de herederos testamentarios, la ley defiere la herencia a los parientes del difundo, al viudo o viuda y al Estado». Nuevamente se reitera que en la sucesión intestada es la Ley la que defiere, la que determina la vocación o llamamiento y la delación. Y se concreta especialmente, por lo que se refiere al cónyuge viudo, en el artículo 944, que dice que «en defecto de ascendientes y descendientes, y antes que los colaterales, sucederá en todos los bienes del difunto el cónyuge sobreviviente» (Resolución de 19 de junio de 2013, de la Dirección General de los Registros y del Notariado).

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)

La modificación del título constitutivo de la propiedad horizontal

La descripción de las unidades privativas en un edificio en régimen de propiedad horizontal forma parte del contenido esencial del título constitutivo, y si bien, con carácter general, se exige la unanimidad para la modificación de éste, la Dirección General de los Registros y del Notariado en Resolución de 30 de enero de 2013 ha señalado que cuando se está ante un mero error de medición de un elemento privativo, acreditado con certificación de técnico competente que aclara que la nueva medición coincide plenamente con el proyecto para el que se obtuvo licencia, y no se afecta en ningún modo a los demás elementos privativos que componen el edificio, la rectificación de la cabida puede hacerla exclusivamente el titular que resulta afectado por la discordancia entre la realidad extrarregistral y lo que publica el Registro.

Así pues, en principio y como regla general, la inscripción pretendida en el Registro de la Propiedad supone una modificación –quizá por error– del título constitutivo y, por ello, sería necesario que se cumplieran los requisitos para dicha modificación. Ahora bien, si se tiene en cuenta; a) que tal diferencia puede deberse a una errónea medición de los elementos privativos; b) que se acredita la exacta cabida construida y útil de los pisos o elementos independientes –con certificación del técnico competente–; c) que no se modifica la superficie construida ni útil de los restantes elementos privativos; d) que presta su consentimiento la propiedad de los elementos cuyas cabidas se corrigen; e) que la medición real que ahora se aclara, corresponde y coincide plenamente con la medida del Catastro, ha de concluirse que, en el caso debatido, puede accederse a la inscripción pretendida.

Esta solución, que concilia de modo perfecto los intereses de los copartícipes en la propiedad horizontal con la regulación de la rectificación de la inexactitud registral en caso de exceso de cabida, venía ya apuntada por la Resolución de 2 de marzo de 2001, que permite vía expediente de dominio corregir la defectuosa medición de una unidad privativa, pues en todos los supuestos que resuelven se pretende algo más que salvar una inexactitud (hay agrupaciones, segregaciones, repercusión de zonas comunes).

Desde este punto de vista, el problema se centra en averiguar si dada la descripción recogida en el título de «local de planta baja, con altura de entreplanta» y reconocido que no se afecta ni a elementos comunes, ni a otras unidades privativas del inmueble, se está ante una mera corrección del dato equivocado de cabida o si se está pretendiendo algo más, como sostiene el registrador para quien, dada la gran diferencia en la cabida, realmente se está intentando dar de alta una ampliación de obra, que sí exigiría el consentimiento unánime de todos los copropietarios del edificio.

Así, aunque es cierto, que la expresión «con altura de entreplanta» puede dar lugar a distintas interpretaciones, ello en ningún caso puede conllevar a que se deba sostener necesariamente la más desfavorable para su titular, puesto que no sólo no existe norma alguna que imponga la especificación separada de la superficie en planta baja y en la entreplanta cuando ambas constituyen un único local, sino que, además, en este supuesto se demuestra, de forma indubitada a través del óptimo modo del acta notarial de presencia (Resolución de 5 de mayo de 2011), con las fotos, la certificación catastral descriptiva y gráfica y su fecha y la certificación del técnico competente, que es una interpretación errónea, que perpetúa la falta de correlación entre la realidad y el Registro (Resolución de 14 de junio de 2013, de la Dirección General de los Registros y del Notariado).

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)

9.000 euros de multa por captar aguas subterráneas sin autorización

La resolución administrativa que da origen al recurso contencioso administrativo, dictada por el Presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana de 16 de junio de 2011, sanciona al recurrente por la comisión de la infracción de detracción de aguas subterráneas de tres pozos sancionados con clausura en anterior procedimiento, regando 36,40 hectáreas de olivar, con imposición de multa de 9.010,13 euros, indemnización de daños de 2.293,20 euros, en concepto de daños, y proceder a cumplir con la orden de clausura impuesta.

El presunto infractor funda su recurso en los siguientes motivos: falta de tipicidad de la infracción, falta de responsabilidad, falta de motivación, impugnación de los daños que se imputan, vulneración del principio de tipicidad y proporcionalidad.

La conducta se tipifica conforme a la letra b) del artículo 116 de la Ley de Aguas: “La derivación de agua de sus cauces y el alumbramiento de aguas subterráneas sin la correspondiente concesión o autorización cuando sea precisa.” y se califica como menos grave con base en el art. 316. c) del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.

Conforme a lo expuesto, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en Sentencia de fecha 9 de julio de 2013, declara que la conducta se incardina en las infracciones imputadas y su calificación como menos grave es, en el momento en que se hizo. correcta.

El problema que se plantea con la aplicación del art. 320 RDPH es su contradicción con el art.117.1 TRLA, que atribuyen a las sanciones menos graves una multa entre 6.010,13 euros a 30.050,61 euros, mientras que el art. 320 fija multas inferiores al límite mínimo dependiendo de los daños causados.

El art. 320 RDPH no resulta de aplicación por ser contrario al art. 117 TRLA y contravenir las cuantías de la multa que impone, infringiendo el principio de jerarquía normativa por ser la norma reglamentaria contraria a una norma con rango de ley y, además, posterior a aquélla, con lo que debía entenderse derogada por aplicación de la cláusula derogatoria que se contiene en la Disposición Derogatoria Única del Real Decreto Legislativo.

No obstante, esta cuestión ha quedado definitivamente zanjada pues el Real Decreto 849/1986, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, ha sido modificado por Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio.

Por lo que aquí interesa, y dado que la infracción se tipifica conforme a la letra b) del artículo 116, 3 que tipifican la derivación de agua de sus cauces y el alumbramiento de aguas, y ello no va en función de los daños causados, sino que es una acción autónoma que sólo puede ser calificada como infracción menos grave, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 316, la infracción está correctamente tipificada.

En el presente caso, el infractorr ha sido sancionado y se impone una multa en atención a la reiteración por tratarse de pozos con orden de clausura, y se impone la multa de 9010,13, que está dentro del grado mínimo con lo cual la sanción, por tanto, está justificada y motivada, se ajusta al art. 117.1 TRLA y, por tanto, debe confirmarse, al igual que la indemnización por daños, habida cuenta que el infractor en modo alguno ha demostrado que la valoración sea incorrecta.

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)

¿Qué sucede con las vacaciones devengadas y no disfrutadas?

En el caso que analizamos hoy, un funcionario solicitó el 23 de diciembre de 2009 la autorización para el disfrute de 10 días de vacaciones que le quedaban pendientes correspondientes al año 2008, lo que le fue denegado por la Administración penitenciaria alegando que el periodo de ampliación del disfrute de vacaciones del año 2008 abarcaba sólo hasta el 15 de enero de 2009, y por lo tanto el 23 de diciembre de 2009 que es cuando las pidió, ya le había finalizado el plazo ampliatorio para disfrutar las vacaciones correspondientes al año anterior.

El funcionario del Cuerpo Ayudante de Instituciones Penitenciarias explica que el 7 de enero de 2009 inició una baja por Incapacidad Laboral Transitoria por enfermedad común, y por ende, antes de consumarse el plazo para poder solicitar esas vacaciones, de forma que no pudo solicitarlas durante ese plazo temporal. Obtuvo el alta y se reincorporó a su trabajo el día 28 de agosto de 2009, pero recayó de nuevo de baja por enfermedad el 7 de septiembre de 2009, dándose de alta el día 16 de noviembre de 2009. El día 23 de diciembre de 2009 es cuando finalmente solicitó el disfrute de los 10 días de vacaciones pendientes correspondientes al año 2008.

El Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, en su Sentencia de fecha 21 de junio de 2013, ha declarado que resulta de aplicación el artículo 40-2 de la CE, que obliga a los poderes públicos a garantizar las vacaciones periódicas retribuidas, y el artículo 50 de la Ley 7/2007 en tanto que reconoce a los empleados públicos el derecho a 22 días hábiles de vacaciones retribuidas en el año natural.

No es admisible ni ajustado a derecho que por causa de una normativa de organización interna que considera que la petición de las vacaciones anuales puede ser ampliada sólo hasta el límite del 15 de enero del siguiente año, si el funcionario no ha tenido oportunidad de poder solicitarlas antes de esta fecha y ello es debido a causa ajena a su voluntad como es la enfermedad y encontrarse en situación de incapacidad transitoria, lo que ocurre en el supuesto de autos ya que se dio de baja por enfermedad el día 7 de enero de 2009, no por ello pierde la posibilidad de poder solicitarlas y disfrutarlas una vez terminada esa Incapacidad Transitoria y de nuevo esté reincorporado a su puesto de trabajo.

Llegados a este punto cumple estimar el recurso contencioso y anular el acto presunto impugnado que deniega al recurrente el derecho a disfrutar 10 días hábiles de vacaciones pendientes del año 2008 y le reconocemos el derecho al disfrute de los mismos dentro del plazo de los dos meses siguientes al dictado de esta sentencia que es firme en derecho, pero ello condicionado y atendiendo a las necesidades del servicio.

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)

¿Cómo se computan los salarios de tramitación en caso de despido?

La cuestión que analizamos hoy se centra en determinar el importe y alcance de los salarios de tramitación en casos de despido reconocido como improcedente. La alternativa que se plantea consiste en decidir si dichos salarios han de limitarse a la fecha en la que el trabajador rechazó la readmisión ofrecida por el empresario en el acto de conciliación administrativa o si, por el contrario, producido el rechazo de esa única oferta, los salarios de trámite han de extenderse hasta el día en el que se notificó la sentencia de instancia que confirmó la improcedencia del despido.

El Tribunal Supremo, en su Sentencia de fecha 25 de junio de 2013 ha declarado que los salarios de tramitación deben abonarse hasta la notificación de la sentencia. Los razonamientos fueron los siguientes:

a) Implicando la acción ejercitada por la trabajadora una reacción frente al acto extintivo empresarial que tiene como presupuesto lógico la terminación efectiva de la relación de trabajo, estando desde el mismo momento en que se ejercita, mediante la presentación de la papeleta de conciliación y de la demanda, constituida la relación jurídica procesal que debe desembocar en la decisión judicial calificando el acto extintivo unilateral del empresario, y en su caso en la restauración del vínculo contractual, reparando los perjuicios causados, salvo desistimiento posterior del trabajador, ya que aunque exista allanamiento del empleador también debe dictarse sentencia, no cabe que por una decisión unilateral empresarial posterior con ofrecimiento de readmisión se restablezca un vínculo contractual ya roto e inexistente, ni mucho menos la negativa del trabajador a reincorporarse implica dimisión de éste por entenderse que con la decisión empresarial dicho trabajador dejaba de estar despedido, privándole no solo de una acción como la de despido ya ejercitada y del derecho a la calificación del acto empresarial olvidando la naturaleza consensual y bilateral del contrato de trabajo con obligaciones recíprocas para ambas partes contratantes, y que su finalización tuvo por causa la sola voluntad del empleador.

b) El ofrecimiento de readmisión llevado a cabo por la empresa no restablece el contrato extinguido y que el rechazo por el trabajador de la readmisión no equivale a la dimisión del mismo, tanto si la oferta se hace en trámite de conciliación judicial o extrajudicial, como si se hace posteriormente, después de presentarse la demanda, e incluso en supuestos en que la retractación empresarial tiene lugar después del cese pero antes de presentarse la papeleta de conciliación.

c) Lo que no puede aceptarse es que la sola voluntad empresarial de dejar sin efecto una decisión extintiva ya comunicada y hecha efectiva, vincule al trabajador y le obligue a reanudar una relación contractual que ya no existe”. La “opción” que el empresario dice haber ejercitado en el momento de la conciliación administrativa no es tal porque la misma sólo podría haberla efectuado, y a los efectos que aquí se dilucidan (la extensión de los salarios de tramitación), bien una vez concluido el proceso de despido “en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia” (art. 56.1 de los Estatutos de los Trabajadores) que declarara su improcedencia, o bien, cuando así lo reconociera el propio empleador “si ofreciese la indemnización prevista en el párrafo a) del apartado anterior, depositándola en el Juzgado de lo Social a disposición del trabajador y poniéndolo en conocimiento de éste.

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)

¿Qué plazo debe otorgar la Inspección de Hacienda para presentar documentos?

Cuando la Inspección tributaria requiere al sujeto pasivo que presente una determinada documentación debe otorgar un plazo para ello. En el caso que analizamos hoy, resuelto por la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 2 de julio de 2013, no se concedieron a la interesada los preceptivos 10 días a que se refiere el art. 36.4 del Reglamento de Gestión e Inspección Tributaria, por lo que no se respetó el plazo mínimo que garantiza el reglamento al interesado para que localice y prepare la documentación -aun en el caso aquí no concurrente que fuera de obligatoria aportación.

Como ha señalado repetidamente el Tribunal Supremo, la inobservancia de este deber de conceder un plazo mínimo impide a la Inspección beneficiarse de esa indeterminación creada por ella y achacar al inspeccionado el incumplimiento de un plazo que no ha sido definido con precisión, lo cual no sólo sucede cuando no se expresa plazo alguno, sino también cuando el que otorgado es inferior a 10 días o, excepcionalmente, si siendo superior es claramente insuficiente o desproporcionado, atendido el volumen o dificultad de la documentación que se requiere.

A tal respecto, el Tribunal Supremo ha dicho (por todas las numerosas sentencias, la reciente de 11 de Febrero de 2010 dictada en el recurso nº 451906): el artículo 36.4 del Reglamento de Inspección -RGIT - dispone que “4. Cuando la Inspección requiera al obligado tributario para que aporte datos, informes u otros antecedentes que no resulten de la documentación que ha de hallarse a disposición de aquélla ni de los justificantes de los hechos o circunstancias consignadas en sus declaraciones, se le concederá un plazo no inferior a diez días para cumplir con su deber de colaboración”.

Del tenor literal del precepto cabe señalar, en primer término, que todo requerimiento al comprobado para que aporte datos, informes o antecedentes debe venir acompañado de la concesión de un plazo, que será como mínimo de diez días, esto es, no podrá ser inferior, pero sí superior. La mera existencia de un plazo mínimo para cumplir con la colaboración requerida por la Inspección, exige considerar, con pleno reto al principio de proporcionalidad, que éste únicamente ha de regir cuando la aportación de datos o informaciones sea sencilla, tanto por su facilidad de búsqueda u obtención como por la claridad del requerimiento, pero no puede interpretarse, en absoluto, que ese plazo se mantenga cuando la prueba que se solicita sea compleja, como sucede en este caso, donde no sólo se requirió una muy abundante y exhaustiva documentación, dándole al interesado un plazo verdaderamente breve para su aportación, máxime cuando parte de ella se refería a datos históricos de difícil búsqueda, como denuncia la demanda y la contestación no controvierte, y cuando otra porción venía referida a datos e informaciones propios de terceros, lo que evidencia la complejidad de la información que debía ser suministrada y, por ende, la impropiedad de presuponer que todo lo que exceda del plazo conferido al respecto es una dilación que deba descontarse del cómputo global.

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)

¿En qué consiste la motivación de las sentencias?

La necesidad de motivar las sentencias, derivada tanto del artículo 24.1 de la Constitución, en cuanto reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva, como del artículo 120.3 de aquella que la impone de forma literal, en cuanto se refiere a los aspectos fácticos presenta una relación íntima con el derecho a la presunción de inocencia, pues la suficiencia de la prueba y la racionalidad del proceso valorativo deben expresarse precisamente a través de la motivación.

El Tribunal Supremo ha establecido en numerosas resoluciones que la motivación de las sentencias debe abarcar el aspecto fáctico, necesidad que se refuerza cuando se trata de sentencias condenatorias y el acusado ha negado los hechos, y si bien es cierto que no es preciso reseñar detalladamente todas las pruebas que se han tenido en cuenta, no lo es menos que de la motivación deben desprenderse con claridad las razones que ha tenido el Tribunal para declarar probados los hechos que resulten relevantes, muy especialmente cuando hayan sido controvertidos, lo cual habrá de realizarse mediante un examen suficiente del cuadro probatorio, incluyendo, por lo tanto, la prueba de cargo y la de descargo.

La exigencia de motivación no pretende satisfacer necesidades de orden puramente formal, sino permitir a los directamente interesados y a la sociedad en general conocer las razones de las decisiones de los órganos jurisdiccionales y facilitar el control de la racionalidad y corrección técnica de la decisión por el Tribunal que revise la resolución en vía de recurso.

Motivar, es, en definitiva, explicar de forma comprensible las razones que avalan las decisiones que se hayan adoptado en la resolución, tanto en lo que afecta al hecho como a la aplicación del derecho. En consecuencia, el Tribunal debe enfrentarse con todas las pruebas disponibles, examinando expresamente el contenido de las de cargo y de las de descargo y explicando de forma comprensible las razones que le asisten para optar por unas u otras en cada caso.

Por ejemplo, recientemente, el Tribunal Supremo, en su Sentencia de fecha 3 de julio de 2013, ha declarado que para llegar a la conclusión fáctica según la cual la droga que vendía el recurrente le era proporcionada por el coacusado Amador, valora expresamente la incautación de 10,3 gramos de cocaína en un cilindro de características similares a los encontrados en el domicilio de Rita que eran propiedad de Amador, y la posesión de sustancias de corte y de otras bolsitas con restos de cocaína. Deducir de esos datos que la droga era suministrada por el citado Amador y que el recurrente procedía a su venta a terceros, de un lado, es respetuoso con la lógica y acorde a las máximas de experiencia. Y de otro lado, puede reputarse suficiente motivación en relación con unos hechos de tan escasa complejidad como los declarados probados.

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)

Sanción por cazar sin disparar un arma

En el relato de los hechos probados de la resolución sancionadora se imputa al cazador, junto a otra persona, la acción de cazar desde un vehículo, portando al efecto un rifle y un foco móvil, ejerciendo esa acción en un terreno sometido a régimen cinegético especial.

El tipo infractor en el que la resolución subsume estos hechos es el previsto en el artículo 46.8 en relación con el 8 de la Ley 2/1989, de 6 de junio, de Caza del Principado de Asturias , y consiste en “cazar en terrenos sometidos a régimen cinegético especial sin permiso, así cuando no se haya cobrado pieza alguna”.

Los hechos imputados están recogidos en una denuncia formulada por la patrulla del SEPRONA, por lo que la mencionada denuncia goza de la presunción de veracidad que al efecto prevé el artículo 137.3 de la Ley 30/1992.

Sin embargo esos mismos hechos fueron objeto de un proceso penal seguido por un presunto delito de tenencia ilícita de armas, en el que el recurrente y su acompañante eran imputados y en el que solo fue condenado este último, siendo el recurrente absuelto.

Aunque el proceso penal se siguió por la comisión de un delito de naturaleza jurídica distinta a la infracción sancionada en la resolución impugnada por razón del bien jurídico protegido, no es menos cierto que los hechos enjuiciados eran los mismos, y de ellos se desprende claramente que la acción, disparar el único arma que se portaba, no la realizó el aquí recurrente cuya acción consistió en alumbrar con un foco mientras su compañero disparaba.

El artículo 137.2 de la Ley 30/92 , señala que los hechos probados en una resolución judicial firme vincularán a las Administraciones Públicas respecto de los procedimientos sancionadores que se sustancien. Debemos determinar, en consecuencia, esa interrelación en el caso que se decide, y en este sentido ha de señalarse que la acción cometida por el aquí recurrente, que como hemos dicho ha resultado probada en el relato de hechos probados de la sentencia ya varias veces referida del Juzgado de lo Penal nº 2 de Oviedo, fue la de alumbrar con un foco desde el coche mientras su compañero disparaba.

El hecho imputado en la resolución administrativa impugnada  es la de cazar en terreno sometido a régimen cinegético especial, aun cuando no se haya cobrado pieza alguna, y como establece el art. 2 de la Ley 2/89, de 6 de junio, de Caza del Principado de Asturias, la acción de cazar no consiste solo en disparar un arma, sino también en cualquier otra acción en la que utilizando armas u otros objetos se busque atraer o perseguir animales a fin de darles muerte, apropiarse de ellos o facilitar su captura por un tercero.

Esto es lo que ha acontecido en el caso que se decide, cuando la persona sancionada  alumbraba con un foco para atraer y paralizar a la pieza con una acción necesaria e ineludiblemente conexa a la acción de disparar y cazar (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de fecha 27 de mayo de 2013).

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)