¿Es la esquizofrenia una gran invalidez?

La gran invalidez viene definida por el Art. 137.6 de ley General de la Seguridad Social, como la situación de quien se halla en invalidez permanente y, como consecuencia de las reducciones anatómicas o funcionales que padece, necesita la asistencia de otra persona para los actos esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer u otros análogos.

Lo fundamental por tanto para la calificación de este grado de invalidez es la necesidad del concurso de otra persona que aporte al invalido la seguridad y el puntual auxilio que sea menester para la realización de los actos esenciales de la vida, cuyo concepto ha perfilado la jurisprudencia al señalar que, por tales, hay que entender aquellos que se encaminan a la satisfacción de una necesidad permanente e ineludible para poder fisiológicamente subsistir o para ejecutar aquellos actos indispensables en la guarda de la dignidad, higiene y decoro que corresponde a la humana convivencia.

Recuerda la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de enero de 1989, con cita de las precedentes sentencias de 17 de diciembre de 1987 y 14 de marzo de 1988, que la esquizofrenia es “una enfermedad en cuya etiología destacan factores generales, psicológicos y socioculturales, que ofrece como síntomas más característicos indiferencia, introversión y disgregación de la personalidad, que comporta la pérdida de la facultad de conexionar entre sí las diferentes sensaciones que la persona recibe en su actuar cotidiano para su desarrollo vital, sólo posible si puede controlar todos sus impulsos y actitudes cognoscitivas y afectivas”.

Y añade que las secuelas residuales de una esquizofrenia, paranoia, o enfermedades semejantes determinantes de una situación de irresponsabilidad son tributarias de incapacidad permanente absoluta. Pero incluso, la posterior STS de 10 de abril de 1989 atribuye la condición de gran inválido a quien se encuentra afecto de esquizofrenia, cuando la evolución de la enfermedad “obliga a sus familiares no sólo a retenerlo en casa, sino a asistirle en cuestiones relativas a higiene y alimentación”, pues en tal caso es claro que el supuesto encaja en el que contempla el artículo 135.6 de la Ley General de la Seguridad Social.

En tales casos, como expresaba la sentencia de la Sala de 12 de marzo de 2010, con cita de la STSJ-Cantabria de 1 de febrero de 2006, (Rec. 1229/05 ), “el diagnóstico de esquizofrenia paranoide conduce a la calificación del grado de gran invalidez cuando existe conducta desordenada, con predominio de las ideas delirantes y de las alucinaciones, deterioro cognitivo y relativa conciencia de la enfermedad”, pues, en tal caso, es razonable afirmar la necesidad de atención constante por otra persona para satisfacer las necesidades de la vida cotidiana del enfermo en términos alternativos o sustitutorios de su internamiento psiquiátrico, que igualmente proporciona la misma atención por terceros, puesto que el deterioro de la función mental en estos enfermos interfiere marcadamente con su capacidad para afrontar algunas de las demandas ordinarias de la vida o mantener un adecuado contacto con la realidad, condiciones indispensables para el desarrollo de su vida normal, subsumible en las previsiones del artículo 137.6 de la Ley General de la Seguridad Social (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 6 de julio de 2012).

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Los límites del seguro de responsabilidad civil

El seguro de responsabilidad civil es aquel por el que el asegurador se obliga, dentro de los límites establecidos en la Ley y en el contrato, a cubrir el riesgo del nacimiento a cargo del asegurado de la obligación de indemnizar a un tercero los daños y perjuicios causados por un hecho previsto en el contrato de cuyas consecuencias sea civilmente responsable el asegurado, conforme a derecho, según establece el art. 73 de la Ley del Contrato de Seguro.

El alcance cuantitativo de la cobertura del asegurador es un elemento esencial del contrato. El art. 8.5 de la Ley del Contrato de Seguro exige su constancia en la póliza de seguro. A tal exigencia se ha dado cumplimiento en el caso enjuiciado puesto que en las condiciones particulares, firmadas por la tomadora del seguro y asegurada, consta como una de las coberturas contratadas en el “seguro combinado de hogar” la de responsabilidad civil, con un “capital asegurado”, esto es, la suma asegurada en la cobertura del seguro, de diez millones de pesetas, que suponen actualmente 60.101,21 euros, y con una prima de 3.500 pesetas anuales.

El art. 27 de la Ley del Contrato de Seguro prevé que “la suma asegurada representa el límite máximo de la indemnización a pagar por el asegurador en cada siniestro“.

La sentencia de la Audiencia Provincial ha considerado que la estipulación de las condiciones particulares en la que se establecía la cuantía de la cobertura de responsabilidad civil es una cláusula limitativa de los derechos del asegurado, y que al no reunir los requisitos exigidos en el art. 3 de la Ley del Contrato de Seguro para su eficacia (estar destacada de modo especial y ser específicamente aceptadas por escrito), no puede ser opuesta al perjudicado.

La trascendencia de la distinción entre las cláusulas que delimitan el objeto del seguro ( art. 1 de la Ley del Contrato de Seguro ) y las limitativas de los derechos del asegurado ( art. 3 de la Ley del Contrato de Seguro ) viene determinada por el régimen especial que para estas últimas se establece en el citado art. 3 de la Ley del Contrato de Seguro.

Las estipulaciones delimitadoras del riesgo son las cláusulas que tienen por finalidad delimitar el objeto del contrato, de modo que se concreten qué riesgos son objeto del contrato de seguro, en qué cuantía, durante qué plazo y en qué ámbito espacial.

Por su parte, las cláusulas limitativas de derechos válidamente constituidas van a permitir limitar, condicionar o modificar el derecho del asegurado, y por tanto la indemnización, cuando el riesgo objeto del seguro se hubiera producido.

Sentencias posteriores han considerado que la determinación positiva del concepto de cláusula limitativa de derechos del asegurado debe hacerse por referencia al contenido natural del contrato derivado, entre otros elementos, de las cláusulas identificadas por su carácter definidor, de las cláusulas particulares del contrato y del alcance típico o usual que corresponde a su objeto con arreglo a lo dispuesto en la ley o en la práctica aseguradora (Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 27 de junio de 2013).

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¿Los finiquitos siempre tienen efectos liberatorios?

El Tribunal Supremo ha mantenido que los finiquitos sin perjuicio de su valor normalmente liberatorio -deducible en principio de la seguridad del tráfico jurídico e incluso de la buena fe del otro contratante- vienen sometidos como todo acto jurídico o pacto del que es emanación externa a un control judicial. Control que puede y debe recaer, fundamentalmente, sobre todos aquellos elementos esenciales del pacto previo -mutuo acuerdo , o, en su caso, transacción- en virtud del cual aflora al exterior y es, con motivo de este examen e interpretación, cuando puede ocurrir que el finiquito pierda su eficacia normal liberatoria, sea por defectos esenciales en la declaración de voluntad, ya por falta de objeto cierto que sea materia del contrato o de la causa de la obligación que se establezca ( art. 1261 CC) ya por ser contrario a una norma imperativa, al orden público o perjudique a terceros.

Y en relación con la renuncia de derechos la reciente jurisprudencia de la Sala, ha señalado que “una cosa es que los trabajadores no puedan disponer válidamente, antes o después de su adquisición, de los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales de derecho necesario o por convenio colectivo y otra la renuncia o indisponibilidad de derechos que no tengan esa naturaleza, entre los que se encuentran la renuncia del puesto de trabajo y las consecuencias derivadas.

Una limitación, al efecto, violaría el derecho concedido por el artículo 49.1 a ) y d) Estatuto de los Trabajadores a extinguir voluntariamente su contrato o a conciliar sus intereses económicos con el empleador y, también infringiría la norma común de contratación establecida en el artículo 1256 del Código Civil que únicamente sanciona con nulidad el contrato cuyo cumplimiento quede al arbitrio de una de las partes contratantes.

Aun partiendo de la conocida y reiterada doctrina sobre el carácter liberatorio de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo que tiene el llamado recibo de saldo y finiquito para las partes que lo firman al término del mismo, y admitido, incluso, el principio con la mayor amplitud, lo que no cabe duda es que el acuerdo que se plasma en el documento oportuno ha de estar sujeto a las reglas de la interpretación de los contratos que establecen los artículos 1.281 y siguientes del Código Civil , pues no se trata de una fórmula sacramental con efectos preestablecidos y objetivados”.

En aquellos supuestos en que el documento no exteriorice, inequívocamente, una intención o voluntad extintiva o liquidatoria de las partes o que su objeto no esté suficientemente precisado, como exige el art. 1.815.1 del C. Civil, se exteriorizan diversas fórmulas que se utilizan en tales documentos sujetas a las reglas de interpretación de los contratos. del Código Civil que, entre otros cánones, obligan a estar al superior valor que el art. 1.281 atribuye a la intención de las partes sobre las palabras, y a la prevención del art. 1.289 de que no deberán entenderse comprendidos cosas distintas y casos diferentes de aquellos sobre los que los interesados se propusieron contratar (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de fecha 23 de julio de 2013).

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Sanción tributaria por no declarar la venta de una vivienda

La Oficina Gestora de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) señala en el acuerdo que aprecia una omisión de la diligencia exigible al haber declarado exenta improcedentemente una ganancia patrimonial obtenida por la venta de un inmueble, así como haber declarado una deducción por adquisición de vivienda habitual improcedentemente.

La normativa tributaria, afirma, es clara al respecto, sin que de lugar a dudas interpretativas. Además la AEAT pone a su disposición servicios de ayuda e información, no existe error involuntario, ni una simple discrepancia, de criterios acerca del contenido de la disposición. Por lo tanto se demuestra el elemento intencional.

La mera regularización y la constatación de la ausencia del ingreso procedente, con arreglo a las normas legales, no determina de forma automática la realización del tipo infractor. Es indispensable que concurra el elemento subjetivo de la culpabilidad y que éste aparezca debidamente probado. Dicha prueba puede resultar de un análisis de los datos objetivos que obran en el expediente, de los que se deduzca la culpabilidad del sujeto pasivo.

El Tribunal Supremo recuerda que “las exigencias del principio de presunción de inocencia, en virtud del cual, «la carga de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie esté obligado a probar su propia inocencia», de manera que «no es el interesado quien ha de probar la falta de culpabilidad, sino que ha de ser la Administración sancionadora la que demuestre la ausencia de diligencia».

En efecto, «en el enjuiciamiento de las infracciones es al órgano sancionador a quien corresponde acreditar la concurrencia de los elementos constitutivos de la infracción, en este caso de la culpabilidad», de manera que «no es la recurrente quien ha de acreditar la razonabilidad de su posición, sino que es el órgano sancionador quien debe expresar las motivaciones por las cuales la tesis del infractor es “claramente” rechazable».

Y es que sólo cuando la Administración ha razonado, en términos precisos y suficientes, en qué extremos basa la existencia de culpabilidad, procede exigir al acusado que pruebe la existencia de una causa excluyente de la responsabilidad”.

A la vista de las circunstancias que concurren en este caso, y pese a que la demandante expresa que estamos ante un problema de prueba, la Sala estima que tanto la gestora como el TEAC han motivado la concurrencia de culpabilidad, de forma sucinta, pero apropiada. No puede aceptarse que haya un automatismo, derivado de la regularización, ni una deficiente explicación de la concurrencia del elemento de la culpa.

La Administración constata que no se ha declarado una ganancia patrimonial, que se ha considerado improcedentemente exenta, disfrutando de un beneficio de forma contraria a derecho. Y justifica la culpa en el hecho de que no encuentra motivos para hallar una dificultad en la aplicación de la norma, por lo que deduce que el comportamiento que motiva la liquidación provisional se debe a la falta de diligencia del sujeto pasivo, lo que encontramos adecuado en el caso particular examinado (Sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 24 de julio de 2013).

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¿Cuándo se puede anular un contrato por error?

Como es sabido el artículo 1265 del Código Civil establece que será nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo; por su parte el párrafo primero del artículo 1266 dice que para que el error invalide el consentimiento, deberá recaer sobre la sustancia de la cosa que fuere objeto del contrato o sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente hubiesen dado motivo a celebrarlo. “La voluntad, base esencial del contrato, ha de ser para que lo genere libre, racional y consciente, sin vicios o circunstancias que excluyan o limiten estas condiciones”.

La consecuencia de la concurrencia del vicio del consentimiento es la anulabilidad del contrato; se trata, lógicamente, de un error que ha de ser coetáneo al momento de formación del contrato, pues son irrelevantes los acontecimientos posteriores a la prestación del consentimiento, que podrán ser causa de responsabilidad contractual, pero no de anulabilidad.

Se ha definido el error como “conocimiento equivocado de alguna circunstancia de la realidad exterior que pueda influir en el contrato o de aquello que sea sustancial al mismo”, y también como “falso conocimiento de la realidad y capaz de dirigir la voluntad a la emisión de una declaración de voluntad no querida efectivamente” o, en fin, como “conocimiento defectuoso importante de cuantas circunstancias tenían que contribuir a la recta formación del debido consentimiento”.

Como ha señalado la doctrina, el párrafo primero del artículo 1266 del Código Civil recoge, aunque de forma rudimentaria, los requisitos exigidos para que el error sea invalidante; en dicho texto se comprenden las dos perspectivas a las que reiteradamente se refiere el Tribunal Supremo: el elemento objetivo -sobre qué aspectos ha de recaer el error -y el subjetivo -qué impacto va producir sobre la voluntad del sujeto -; dicho de otra forma, se trata de decidir si el error es esencial y si es determinante de la formación de la voluntad.

Según la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de Julio de 2006, ante todo hay que decir que para que el error, como vicio de la voluntad negocial, sea invalidante del consentimiento es preciso, por una parte, que sea sustancial o esencial, que recaiga sobre las condiciones de la cosa que principalmente hubieran dado motivo a la celebración del contrato, o, en otros términos, que la cosa carezca de alguna de las condiciones que se le atribuyen, y precisamente de la que de manera primordial y básica motivó la celebración del negocio atendida la finalidad de éste.

Además, y por otra parte, que sea excusable, esto es, no imputable a quien lo sufre y no susceptible de ser superado mediante el empleo de una diligencia media, según la condición de las personas y las exigencias de la buena fe, con arreglo a la cual el requisito de la excusabilidad tiene por función básica impedir que el ordenamiento proteja a quien ha padecido el error cuando este no merece esa protección por su conducta negligente, ya que en tal caso ha de establecerse esa protección a la otra parte contratante que la merece por la confianza infundida por esa declaración. (Sentencia de la Audiencia Provincial de Vigo de fecha 23 de julio de 2013).

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¿Debe responder el hospital por el suicidio de un paciente?

En el caso real que analizamos hoy, se ha producido una vulneración de las medidas de vigilancia mínimas por parte de la Administración sanitaria desde que el paciente entró en el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria de Tenerife , a cuyo fin hay que tener en cuenta dos datos que consideramos decisivos a este respecto:

Que en el Hospital de Nuestra Señora de Guadalupe de La Gomera le había sido diagnosticado “síndrome depresivo agudo y brote psicótico en paciente con esquizofrenia paranoide”, y que el traslado en barco hasta la isla de Tenerife lo hizo con personal sanitario y en una ambulancia de soporte vital básico. Y es en el Hospital de Nuestra Señora de la Candelaria , tras ser atendido por facultativo de Guardia y remitido a la valoración por psiquiatra, cuando, en la espera, abandonó el servicio.

Entendemos que el diagnóstico y la propia situación -precedida del traslado con vigilancia- , exigía que esas medidas de vigilancia continuasen durante su estancia en el Hospital al que había sido trasladado, y que, por ello, es posible concluir que quedó plenamente acreditada la relación causal entre omisión de medidas de vigilancia en la asistencia médico-psiquiatrica, y resultado lesivo, que no se hubiese producido si el paciente no hubiese abandonado el Hospital, al margen o con independencia de la hora en la que se procedió a la denuncia de la desaparición pues ello no interfiere el nexo causal.

El propio Servicio de Inspecciones y Prestaciones del Servicio Canario de la Salud apreció la existencia de deficiencias en el control del paciente en el informe unido a los folios 142 a 145 del expediente administrativo, lo cual no deja de ser un incidio inequivoco de esa necesidad de vigilancia como elemento que hubiera evitado el trágico desenlace.

A este respecto, en uno de sus apartados se dice que “(..) entendemos que existieron deficiencias en el control de paciente una vez se produce la llegada al Centro Hospitalario. Esto es, el paciente pudiera haberse aislado en la Sala de Urgencias adecuada para ello, de la que no dispone el Hospital; o pudiera haber ingresado en planta de hospitalización directamente; sin embargo, sería la valoración psiquiatrica a la que no esperó la que definiera las condiciones clínicas y las circunstancias del ingreso; asimismo no precisaba medidas coercitivas de contención, ni vigilancia especial”.

Se apunta pues a una omisión de la vigilancia necesaria, aunque en otros apartados de trate de justificar o minimizar esa ausencia.

Por lo demás, también se considera acertada la decisión de excluir la concurrencia de culpas, pues no existe acto voluntario alguno que interfiera el nexo causal cuando al perjudicado se le diagnostica “síndrome depresivo agudo y brote psicótico en paciente con esquizofrenia paranoide” , lo que permite concluir la existencia de una alteración mental que evidencia una ausencia de normalidad en la toma de decisiones y en la capacidad normal de discernimiento, y una razonable posibilidad de que, en esa situación de síndrome depresivo agudo, el suicidio fuese una posibilidad que debió ser prevista por el médico que atendió al enfermo en un primer momento en cuanto entraba de lleno dentro de los riesgos de la enfermedad.

En definitiva, la valoración de la actividad probatoria que se lleva a cabo en la sentencia es correcta en cuanto acredita la relación de causalidad directa y eficaz entre el suicido y la alteración mental que padecía el paciente, respecto al cual no se pautó medida de control durante su estancia en el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria que hubiese evitado lo que a la postre sucedió, tratándose de una conclusión que no vulnera la reglas de la valoración probatoria ni la doctrina jurisprudencial sobre la normativa de responsabilidad patrimonial de la Administración. (Sentencia del Tribunal Superior de Canarias de fecha 29 de octubre de 2012).

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¿Qué cabe alegar contra un embargo de la cuenta bancaria?

La jurisprudencia ha señalado que la posibilidad de interponer recurso administrativo, primero, y jurisdiccional, después, contra la Diligencia de Embargo, como de otros actos de gestión recaudatoria, no significa que por este medio esté abierta indefinidamente una vía para plantear cualquier tipo de cuestiones, sino únicamente las relativas a la congruencia del acto impugnado con el fin a que se encamina y, lógicamente, las relativas a los presupuestos formales que condicionan todo acto administrativo.

Como sabemos, frente a los actos de gestión recaudatoria originariamente impugnados solamente cabe oponer los motivos que taxativamente establecen los arts. 167.3 la Ley 58/03, de 17 de diciembre, General Tributaria (respecto de las providencias de apremio) y 170.3 de la misma Ley (respecto de las diligencias de embargo).

Así establece el artículo 167 de la LGT de 2003 :

“1. El procedimiento de apremio se iniciará mediante providencia notificada al obligado tributario en la que se identificará la deuda pendiente, se liquidarán los recargos a los que se refiere el artículo 28 de esta ley y se le requerirá para que efectúe el pago.

2. La providencia de apremio será título suficiente para iniciar el procedimiento de apremio y tendrá la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial para proceder contra los bienes y derechos de los obligados tributarios.

3. Contra la providencia de apremio sólo serán admisibles los siguientes motivos de oposición:

a) Extinción total de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago.

b) Solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en período voluntario y otras causas de suspensión del procedimiento de recaudación.

c) Falta de notificación de la liquidación.

d) Anulación de la liquidación.

e) Error u omisión en el contenido de la providencia de apremio que impida la identificación del deudor o de la deuda apremiada.

4. Si el obligado tributario no efectuara el pago dentro del plazo al que se refiere el apartado 5 del artículo 62 de esta ley, se procederá al embargo de sus bienes, advirtiéndose así en la providencia de apremio.”

El  artículo 170.3 de la misma Ley 58/2003 señala textualmente:

Contra la diligencia de embargo sólo serán admisibles los siguientes motivos de oposición:

a) Extinción de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago.

b) Falta de notificación de la providencia de apremio.

c) Incumplimiento de las normas reguladoras del embargo contenidas en esta ley.

d) Suspensión del procedimiento de recaudación.

4. Cuando se embarguen bienes muebles, la Administración tributaria podrá disponer su depósito en la forma que se determine reglamentariamente. (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de fecha 12 de julio de 2013).

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¿Cuándo se rompe la cadena de custodia de las pruebas en el proceso penal?

Es a través de la cadena de custodia como se satisface la garantía de lo que se ha denominado «la “mismidad” de la prueba». A tal respecto, se ha dicho por la doctrina que la cadena de custodia es una figura tomada de la realidad a la que tiñe de valor jurídico con el fin de, en su caso, identificar el objeto intervenido, pues al tener que pasar por distintos lugares para que se verifiquen los correspondientes exámenes, es necesario tener la seguridad de lo que se traslada y analiza es lo mismo en todo momento, desde que se recoge del lugar del delito hasta el momento final que se estudia, y en su caso, se destruye.

En este punto, la Sentencia del Tribunal Supremo 685/2010, de 7 julio, considera acreditada la falta de ruptura de tal cadena por las declaraciones testificales y por el informe pericial de la toma de muestras que permitió la obtención de la huella genética, lo que no implicó desviación alguna en la cadena de custodia, evitándose en todo caso la contaminación, así como asegurando la relación entre el sospechoso y la evidencia, con entrega al superior jerárquico que a su vez remitió las muestras a los laboratorios de genética forense.

En el caso enjuiciado por la Sentencia del Tribunal  Supremo de fecha 12 de julio de 2013, la realidad de la aprehensión de una tonelada de cocaína en los diversos compartimentos del avión, no puede ponerse en duda. El registro se llevó a efecto en presencia de los tres detenidos, los dos integrantes de la tripulación y el pasajero; éste, incluso se hizo responsable del trasporte. Los 800 paquetes se extrajeron, uno a uno, en los términos que ya hemos explicado más arriba, a presencia de los detenidos. Consta en autos la reseña pormenorizada, y los análisis que se efectúan de las muestras que se consideran metodológicamente procedentes para que arroje un resultado uniforme. Han comparecido los distintos funcionarios policiales, tanto los que llevaron a cabo la aprehensión como los del laboratorio de analítica de la droga -por cierto de una gran pureza- como es habitual en este tipo de transporte a gran escala directamente desde su origen al destino para comenzar en éste su distribución y corte.

Pero, sobre todo, cuando estamos hablando de casi mil kilogramos de cocaína (incluso se practicó el narcotest in situ ), la duda sobre la “mismidad” de la prueba es inexistente, no se ve el modo que pueda confundirse con otra partida similar, sencillamente porque tardan años en producirse otras aprehensiones semejantes.

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Incumplimiento de la publicidad contractual

En el contrato se aportó plano del puerto deportivo junto otro de la urbanización en el que aparece parte del campo de golf, lo que es obvio es determinante para cualquier comprador, para convenir su compra por un precio atendiendo a ello.

Las obras del entorno no están iniciadas ni se sabe si acabaran ni cuándo sin que le exima de ello su no competencia en la materia pues, como profesional del ramo, debía de ser perfectamente conocedora de los trámites previos y de la problemática que pudiera presentarse, datos que tuvo que tener en cuenta a la hora de ofrecer su publicidad asumiendo ese riesgo.

En el caso que comentamos, consta que no existe fecha de probable cumplimiento en cuanto a la conclusión de la urbanización, ni del Puerto deportivo, ni del campo de golf. Es decir, no se trata de un supuesto en el que se pueda prever un término más o menos cercano o razonable de las obras del Puerto, sino que al tiempo de interponerse la demanda no estaban iniciadas, ni se tienen noticias de ello.

Ciertamente el Puerto y el Campo de Golf los promovía el Ayuntamiento, pero no hay referencia a la Corporación Municipal, como impulsora, en el contrato ni en la publicidad, de forma que se inducía a confusión al contratante.

En el propio contrato se acompañó “plano del Puerto Deportivo aprobado por el Ayuntamiento de Moncofa”, sin referencia a que también lo promoviese.

Al comprador se le entregó también folleto publicitario en el que junto a fotomontajes de un puerto deportivo virtual, observable desde las terrazas de los apartamentos se decía “disfruta la vida con todos los sentidos junto al puerto deportivo”, “disfruta de un campo de golf cerca de tu casa”.

Todos estos compromisos contraídos en el contrato y a través de la oferta publicitaria, fueron incumplidos y dicha trasgresión debe calificarse de sustancial pues afectaba a circunstancias esenciales y definidoras del objeto contractual.

Al comprador se le ofrecía un entorno paradisíaco que no tiene correspondencia con la realidad, reflejado no solo en la publicidad sino también en el contrato (plano del puerto y golf). Dicha oferta sería determinante para cualquier comprador, tanto para la compra como para el precio a pagar.

La vendedora redactó el contrato y diseñó la publicidad de forma que podría entenderse que el entorno tendría una fecha de terminación que se correspondería con el final de la urbanización, pero en el presente caso, no estamos ante un mero retraso sino ante una paralización del atractivo entorno ofrecido.

El estancamiento de las obras del Puerto y resto del entorno, correspondían al Ayuntamiento, pero nada de ello fue advertido al comprador, asumiendo la vendedora la realidad próxima de dichas obras sin cautela alguna, sin advertir de que como dice la recurrida era un mero futurible, pero se limitó a ofertar en venta lo que no era más que una expectativa incierta de futuro (Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 23 de julio de 2013).

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Responsabilidad por parto vaginal habiendo sufrido una cesárea anterior

El médico, en su ejercicio profesional, es libre para escoger la solución más beneficiosa para el bienestar del paciente poniendo a su alcance los recursos que le parezcan más eficaces en todo acto o tratamiento que decide llevar a cabo, siempre y cuando sean generalmente aceptados por la Ciencia médica, o susceptibles de discusión científica, de acuerdo con los riesgos inherentes al acto médico que practica, en cuanto está comprometido por una obligación de medios en la consecución de un diagnóstico o en una terapéutica determinada, que tiene como destinatario la vida, la integridad humana y la preservación de la salud del paciente.

Esta alternativa se plantea en los casos de partos que culminan el embarazo: el vaginal y la cesárea, y en ambos la diligencia del buen médico comporta no sólo la elección adecuada, sino el cumplimiento formal y protocolar de las técnicas previstas para cada uno conforme a una buena praxis médica y con el cuidado y precisión exigible de acuerdo con las circunstancias y los riesgos inherentes a la intervención según su naturaleza y circunstancias.

Lo que ocurrió en este caso es que se intentó el parto vaginal tras uno anterior culminado con cesárea, lo que le convertía en un parto de riesgo que los ginecólogos deben conocer e identificar para evitar los problemas que pudieran derivarse, pues ello forma parte de su actividad.

La complicación mas grave es la que se materializó en este caso, de rotura uterina, y los factores de su incremento, la no existencia de otro parto vaginal previo, la inducción al mismo y los intervalos entre partos inferiores a 18 meses. Sin duda es posible intentar esta forma de parto, pero siempre que exista una monitorización bien controlada, con vigilancia fetal continua, y lo cierto es que, no solo no obra en autos registro cardiotocográfico para la evaluación fetal ni que tuviera lugar fuera del partograma si aportado entre las 13 y las 15 horas, siendo en la última grafica que este describe cuando tuvo lugar la advertencia de que existía bradicardia y una hepertonía uterina, sino que la decisión se adoptó se hizo sin informar a la actora de todos los riesgos descritos, como declara probado la sentencia.

No se ignora que la actividad médica no está desprovista de riesgo y los criterios de objetivación de la responsabilidad profesional sanitaria están vedados por la jurisprudencia, pero lo que no puede el médico es incrementar de forma innecesaria e inadecuada los riesgos que ya en si mismo tiene el acto médico y hacer participe de los mismos a la paciente sin una previa y detallada información y consentimiento expreso de esta, cuando era posible hacerlo (Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 18 de junio de 2013).

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