Sanción por compatibilizar la prestación por desempleo con el trabajo

Según se declara probado, una persona, perceptora del subsidio por desempleo desde el día 7 de diciembre de 2011 hasta el 6 de junio de 2012, se encontraba el día 14 de diciembre de 2011 a las 13,15 horas prestando servicios en una cafetería, habiendo iniciado su jornada a las 7,30 horas. Fue dada de alta en la Seguridad Social a las 13,34 horas. La empresa le abonó la cantidad de 42,36 euros por el día trabajado.

El 20 de diciembre solicitó la demandante la reanudación de las prestaciones de desempleo, dictándose resolución de esa misma fecha por la que se reconocen las prestaciones del periodo comprendido entre el 15 de diciembre de 2011 y el 7 de julio de 2012 con la misma base reguladora que tenía reconocida.

El Juzgado considera que con tales antecedentes fácticos el hecho puede calificarse como falta grave pero no como falta muy grave que lleve aparejada la perdida de las prestaciones y el reintegro de lo indebidamente percibido por haber compatibilizado el percibo de la prestación con el trabajo por cuenta ajena, ya que no ha existido tal compatibilización al haber percibido únicamente el salario correspondiente al día trabajado.

El servicio público de empleo, por su parte, estima que la actora incumplió el deber de comunicar a la Entidad Gestora la causa determinante de suspensión o extinción del derecho, y que ha de realizarse en el momento en que se produzca, de modo que cuando tiene lugar la actuación inspectora, a las 13,15 horas, la infracción de compatibilizar el trabajo con la prestación ya se había cometido.

Es cierto que se tipifica como falta muy grave en el artículo 26.2 Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS), “compatibilizar la solicitud o el percibo de prestaciones o subsidio por desempleo, así como la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos con el trabajo por cuenta propia o ajena, salvo en el caso del trabajo a tiempo parcial en los términos previstos en la normativa correspondiente”, y que aún cuando el artículo 25.1 del mismo texto legal considera falta grave, “efectuar trabajos por cuenta propia o ajena durante la percepción de prestaciones, cuando exista incompatibilidad legal o reglamentariamente establecida, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo siguiente”, esta Sala de lo Social en sentencia de 22 de marzo de 2013 señala que, “en cuanto a la incorrecta calificación de la falta, tenemos que confirmar la decisión de la Magistrada de instancia, ya que la mención entre las faltas muy graves (Art. 26.2 de la LISOS) de “compatibilizar el percibo de prestaciones o subsidios por desempleo … con el trabajo por cuenta propia …” es tipo específico frente al definido en el Art. 25.1 como falta grave, entendiéndose que éste se refiere a otra clase de prestaciones”.

También es cierto que tanto el alta de la trabajadora en la Seguridad Social como la suspensión de la prestación se producen a raíz de la actuación inspectora, pues la actora no comunicó el inicio de actividad laboral alguna.

Ahora bien, el hecho de que la conducta sancionable sea compatibilizar la prestación o subsidio por desempleo con el trabajo, y que en este caso, el día 14 de diciembre de 2011, la beneficiaria del subsidio solo percibiera el salario correspondiente a dicha jornada pero no aquel al estar suspendido, determina la desestimación del recurso, pues el incumplimiento de la obligación de comunicar su alta en la empresa no es sancionable con la pérdida de la prestación o subsidio; no es, además, este el hecho sancionado; y no cabe fraccionar la jornada en función de lo acontecido antes y después de la actuación inspectora (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de fecha 6 de septiembre de 2013).

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)

Suspensión de la pensión de alimentos a los hijos por no tener trabajo

Una madre divorciada entiende que la obligación de pago de alimentos a sus hijos de 15 y 12 años de edad, debe ser suspendida, puesto que sus ingresos se han visto reducidos a tan solo 230 euros mensuales, porque no encuentra trabajo.

Ell código civil establece en el artículo 93 la obligación del progenitor de pagar la correspondiente prestación alimenticia a favor de sus hijos, “en todo caso”, siendo lógico, al tratarse de una obligación derivada de derecho natural, como de derecho positivo, que tiene su fundamento en el artículo 39 de la Constitución Española. C

La determinación de su cuantía será proporcionada al caudal o medios de quien los da y las necesidades de quien los recibe (146 del Código Civil, CC), y a efectos de la fijación de alimentos, el artículo 146 del CC, no atiende rigurosamente al caudal de bienes de los que pueda disponer el alimentante, sino simplemente, a la necesidad del alimentista, puesta en relación, con el patrimonio de quien haya de darlos, cuya apreciación será de adecuada proporcionalidad. Que en todo caso queda difuminada en el margen de cobertura de las necesidades del alimentista integrantes del llamado mínimo vital o mínimo imprescindible para el desarrollo de la existencia del mismo en condiciones de suficiencia y dignidad.

En este sentido, la doctrina jurisprudencial consolidada preceptúa que el tratamiento jurídico de la obligación de prestar alimentos a los hijos menores de edad, dimanante de los artículos 39 de la CE , y 110 y 154.1 del CC , presenta una marcada preferencia, como se desprende del artículo 145.3 del CC y, por incardinarse en la patria potestad derivando, básicamente, de la relación paterno filial, (artículo 110 CC ), no ha de verse afectado por las limitaciones propias del régimen legal de los alimentos entre parientes, de modo y manera que, como se infiere del artículo 152.2 del CC , la satisfacción de las necesidades de los hijos menores han de primar sobre la satisfacción de las propias necesidades de los progenitores que han de sacrificarlas a favor de la satisfacción de las de aquéllos (STS de 16 de julio del 2002, entre otras).

En nuestro caso, lo que se pretende es la suspensión, dado que según la madre carece de capacidad real, y no meramente hipotética o teórica de obtener ingresos para pagar la pensión alimenticia. Debiendo de concurrir una proporcionalidad entre el deber de prestar alimentos, y la capacidad de quien resulta obligado a ello, siendo la causa de suspensión de la prestación alimenticia la disminución de la fortuna del obligado.

Conviene recordar que en fecha de 19 de septiembre del 2012, es decir, poco tiempo antes de dictarse esta sentencia, y menos aún, desde la fecha en que se dictó sentencia en el Juzgado de Primera Instancia (9 de mayo del 2013), el Juez acordó la fijación de 200 euros de pensión alimenticia a favor de cada uno de los dos hijos, a cargo del padre de ambos, que entonces no tenía la guarda y custodia de los menores.

En la actualidad, y tras la modificación de las medidas, se acordó el pago de esta pensión, pero en este supuesto a cargo de la madre, pues ésta no tenía atribuida a partir de la sentencia del órgano judicial de Instancia, la custodia de los hijos, si bien disminuyendo la cuantía de la pensión de alimentos a 300 euros (150 por cada uno de los dos hijos). No siendo discutida, repetimos, que la guarda y custodia de los dos hijos menores queden en poder del padre.

Siendo esto así, si antes cuando la recurrente tenía la custodia de los dos menores se fijó una pensión alimenticia a cargo del padre de 400 euros, parecería lógico entender que 300 euros a cargo de la madre que ahora no tiene la custodia, sería una decisión razonable teniendo en cuenta las necesidades de los hijos. Puesto que si antes se satisfacían con 400 euros, ahora, lógicamente, deberíamos entender que se siguen satisfaciendo con 300, es decir, incluso una cantidad inferior.

En la sentencia dictada en su día, en fecha de 19 de septiembre del 2012, de modificación de medidas, se estableció en el fundamento cuarto que “la madre percibía la prestación por desempleo durante 4 meses, y en la actualidad, es decir, en septiembre del 2012, ha vuelto a trabajar con un contrato de tiempo parcial”. Siendo la cantidad que percibía entonces, de resultas de dicho contrato, similar a la que percibe ahora, por razón de subsidio.

En cualquier caso, según sus propias manifestaciones, “el hecho que haya estado cuidando a un anciano obteniendo determinados ingresos con los que ha podido adquirir un vehículo”, determinan, de forma inequívoca, unos medios de fortuna superiores a los que expone. Puesto que le han permitido adquirir un vehículo.

Y si efectivamente tiene medios de fortuna suficientes para poder adquirir un vehículo, también los tendrá para pagar la cantidad de 300 euros a favor de sus dos hijos menores. Siendo las necesidades de estos últimos preferentes a cualquier otro tipo de adquisición de bienes (Sentencia de la Audiencia Provincial de Soria de fecha 31 de julio ide 2013).

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)

La inscripción de los excesos de cabida de las fincas en el Registro

En cuanto a la inscripción de los excesos de cabida debe cumplir los siguientes requisitos:

a) la registración de un exceso de cabida «stricto sensu» sólo puede configurarse como la rectificación de un erróneo dato registral referido a la descripción de finca inmatriculada, de modo que ha de ser indubitado que con tal rectificación no se altera la realidad física exterior que se acota con la global descripción registral, esto es, que la superficie que ahora se pretende constatar tabularmente, es la que debió reflejarse en su día por ser la realmente contenida en los linderos originariamente registrados;

b) que fuera de esta hipótesis, la pretensión de modificar la cabida que según el Registro corresponde a determinada finca, no encubre sino el intento de aplicar el folio de esta última a una nueva realidad física que englobaría la originaria finca registral y una superficie colindante adicional, y para conseguir tal resultado el cauce apropiado será la previa inmatriculación de esa superficie colindante y su posterior agrupación a la finca registral preexistente;

c) que para la registración del exceso de cabida es preciso que no existan dudas sobre la identidad de la finca (cfr. artículo 298, inciso último, del Reglamento Hipotecario);

y, d) las dudas sobre la identidad de la finca deben estar justificadas, es decir, fundamentadas en criterios objetivos y razonados.

El artículo 53 apartado octavo de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, al objeto de dar mayor certidumbre a las descripciones de las fincas registrales, al regular la rectificación de las descripciones de las fincas registrales, establece que «la rectificación de la cabida de una finca registral, o la alteración de sus linderos cuando éstos sean fijos o de tal naturaleza que existan dudas de la identidad de la finca podrá realizarse con base en una certificación catastral descriptiva y gráfica de la finca», pero añade en su inciso final la cautela de que «siempre que, entre la descripción de la finca en esta certificación y la que conste en el Registro, pueda deducirse la identidad de la finca.

En otro caso el registrador no practicará la inscripción, pudiendo extender anotación preventiva de suspensión con arreglo a la legislación hipotecaria.

Mientras esté suficientemente razonadas las dudas del registrador respecto de la identidad de las fincas no es el marco del recurso contra su calificación el adecuado para dilucidarlas, sino la vía jurisdiccional, toda vez que constituyen una situación de hecho que no puede ser decidida en el seno del recurso gubernativo y que habrá de ser planteada por el interesado ante el juez de Primera Instancia del correspondiente partido judicial, conforme a lo dispuesto en los artículos 300 y 306 del Reglamento Hipotecario, para que sea éste quien determine si es o no inscribible el documento presentado (Resolución de la Dirección General de Registros y del Notariado de fecha 5 de agosto de 2013).

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)

La deducción del IVA en los procedimientos de inspección

No cabe olvidar que el derecho a la deducción forma parte indisociable del mecanismo del IVA y, en principio, no puede limitarse, ejercitándose de manera inmediata por lo que respecta a la totalidad de las cuotas soportadas en las operaciones precedentes, ya que, en otro caso, se podría vulnerar el objetivo básico que con este derecho pretende alcanzarse, que no es otro que el de garantizar la plena neutralidad del IVA, fin fundamental de este Impuesto, como viene declarando el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

Asimismo, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en las sentencias de (1 de Abril de 2004 , 27 de septiembre de 2007 y 8 de mayo de 2008)  ha considerado improcedente exigir requisitos suplementarios que tengan como efecto la imposibilidad absoluta de ejercer el derecho de deducción, cuando la Administración Tributaria dispone de los datos necesarios para determinar que el sujeto pasivo es deudor del IVA, en su condición de destinatario de los servicios de que se trate.

Por todo ello, hay que estimar que el derecho a la deducción es un derecho de carácter sustancial, y de innegable importancia en el sistema aplicativo del IVA, razón por la que una simple obligación formal, por muy justificada que la misma pueda tener para facilitar la correcta aplicación del correspondiente procedimiento administrativo, no puede conllevar la pérdida del mencionado derecho a deducir.

Siendo así las cosas, cuando un contribuyente se ve sometido en casos como el litigioso a una comprobación por la Inspección y se regulariza la situación, para evitar un perjuicio grave al obligado, al que se le sujeta al IVA por una operación que consideraba no sujeta y se le efectúa la liquidación correspondiente, procede atender a todos los componentes -IVA devengado e IVA soportado deducible- que debería haber constado en la práctica de la obligada autoliquidación.

Esta Sala, en la sentencia de 29 de septiembre de 2008 , que contempla un supuesto de una entidad local que no liquidó el IVA por unas obras de urbanización, por entender que no se encontraban sujetas al tributo, consideró improcedente que la Inspección, al regularizar la situación sólo incluyese todo el IVA devengado en el periodo de liquidación, pero no la deducción de todo el IVA soportado por haber transcurrido el plazo previsto para efectuarla, rechazando una interpretación literal de la normativa de la Ley de 1985, aplicable al caso, que regulaba los requisitos formales para el ejercicio del derecho a la deducción, ante la necesidad de atender a las circunstancias concretas de cada caso, y para no desconocer que el derecho a deducir constituye el eje cardinal sobre el que se estructura el IVA, lo que hace que el IVA soportado por un sujeto pasivo que no sea consumidor final de lo adquirido sea recuperable por exigencia del principio de neutralidad” (Sentencia de la Audiencia Nacional de 23 de julio de 2013).

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)

¿Se puede modificar el uso de un local comercial a vivienda?

La cuestión debe resolverse teniendo en cuenta lo que dispongan los Estatutos de la comunidad de vecinos. En ocasiones, existen cláusulas que lo prohíben. Vamos a analizar un caso real.

Nos planteamos si es posible modificar la descripción de una finca inscrita como perteneciente a un edificio constituido en régimen de propiedad horizontal de modo que pase a constar como vivienda cuando consta inscrita como local comercial y existe determinada cláusula estatutaria al respecto.

En concreto la cláusula estatutaria dice así: «El local comercial sito en la planta quinta, bajo cubierta, se encuentra sin la construcción del cerramiento del mismo y, el propietario o propietarios del mismo, podrán levantar el cerramiento del mismo, sin necesidad de obtener para ello autorización de la junta de propietarios, así como podrá destinarse el mismo, indistintamente, a local de negocio o despacho, sin más limitaciones que las resultantes de la legislación general en materia de actividades molestas, nocivas o peligrosas.»

La registradora de la propiedad entiende que la previsión estatutaria implica una limitación en las facultades de uso del propietario del local mientras que el recurrente opina lo contrario.

El recurso no puede prosperar. Es cierto que es doctrina de la Dirección General de los Registros y del Notariado que los principios informadores del derecho de propiedad no sufren alteración como consecuencia de la debida armonización con las limitaciones derivadas del régimen de propiedad horizontal e impuestas por la unidad física de la edificación.

Es cierto que en aplicación de lo anterior, la Dirección General ha afirmado reiteradamente que la vocación expansiva del dominio permite cualquier uso del objeto sobre el que recae siempre que sea conforme a su naturaleza y a los fines generales del dominio y específicos del régimen de propiedad horizontal.

Ahora bien es igualmente doctrina de la Dirección General de los Registros y del Notariado que nada obsta a que los estatutos del régimen de propiedad horizontal, en cuanto conformadores del régimen jurídico a aplicar tanto a los elementos comunes como a los privativos que componen su objeto, delimiten el contenido de estos últimos estableciendo restricciones a sus posibles usos (artículos 5 y 7 de la Ley de Propiedad Horizontal).

Para que dichas limitaciones tengan alcance real y excluyente de otros usos posibles es preciso por un lado que estén debidamente recogidas en los estatutos (vid. Resoluciones de 12 de diciembre de 1986 y 23 de marzo de 1998) y por otro que lo sean con la debida claridad y precisión (Resolución de 20 de febrero de 1989).

La doctrina de la Dirección General de los Registros y del Notariado se acomoda perfectamente a la jurisprudencia del Tribunal Supremo que tiene declarado (vid. Sentencias en los «Vistos» entre muchas otras) tanto el principio de libertad de uso de los elementos privativos como su restricción en aquellos supuestos en que así resulte de una norma estatutaria. Igualmente es doctrina jurisprudencial que en este ámbito de la propiedad horizontal la mera descripción del uso atribuido a un elemento privativo no constituye por si restricción de uso alguna.

Para que así ocurra es preciso que la limitación se haya hecho constar de modo expreso en los estatutos y que conste en la correspondiente inscripción en el Registro de la Propiedad con el fin de ser eficaz frente a terceros (Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de fecha 15 de julio de 2013).

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)

Anulación de sanción al rebajarse posteriormente por Ley el plazo de prescripción

Los hechos que vamos a analizar son los siguientes:

1º.- Un velero de 14’92 metros de eslora naufragó en la zona del parque natural de Ses Salines en Formentera como consecuencia de un fuerte temporal, quedando embarrancado en zona rocosa e incrustado contra las rocas por su costado de babor.

2º.- Con posterioridad, el celador extiende boletín de denuncia al estar esa embarcación embarrancada en esa zona del parque natural de Ses Salines.

Encontrándose todavía el barco en ese lugar y sin haber sido enteramente retirado, la Demarcación de Costas insta un procedimiento sancionador contra la propiedad del barco al considera que esa ocupación era constitutiva de una falta prevista en el artículo 90 a) de la Ley de Costas. Esa resolución se notifica a la parte el 8 de agosto de 2007.

Con anterioridad, la Administración, en fecha 30 de mayo de 2007 había iniciado expediente sancionador contra la compañía aseguradora del velero, sin que conste la fecha de la notificación. Esa Compañía puso de manifiesto en escrito presentado el 27 de julio de 2007 que sólo era la aseguradora y que el tomador de la póliza de seguros era una tercera persona.

3º.- Ya iniciado el expediente contra la propietaria del velero el 27 de agosto de 2007, se presentó escrito de alegaciones en el que argumentaba falta de tipicidad de los hechos y falta de dolo o culpa con supuesto de fuerza mayor que excluía la responsabilidad de la armadora.

4º-. El 16 de abril de 2008 la Administración dicta propuesta de resolución sancionadora en la que propone sanción de multa de 3.586’84 euros para la hoy recurrente, como autora de una infracción leve del artículo 90 a) de la Ley de Costas y notificada a la parte se opone en escrito presentado el 15 de mayo de 2008 que alega caducidad del expediente y los mismos argumentos expuestos en el escrito inicial tras lo cual la Demarcación de Costas sanciona a la actora en Resolución de 18 de junio de 2008 notificada a la parte el 11 de julio de 2008.

 En la Resolución de la propuesta de Resolución se dice por la Administración al folio 40 vuelto del expediente “(…) a efectos de contabilizar los plazos de prescripción de la misma, decae por si sola tal alegación pro cuanto dicha infracción es una infracción tipificada como leve, como se ha expuesto anteriormente, siendo su plazo de prescripción de un año (artículo 92 de la Ley de Costas , debiéndose comenzar a contabilizar el plazo desde la fecha en que se acordó iniciar el procedimiento de sanción).”

En este caso el artículo 92 ha sido modificado por la Ley 2/2013, de 29 de mayo , que establece un plazo de seis meses para perseguir la infracción en caso de tratarse de una infracción leve, de forma que levantada Acta por el celador el 21 de septiembre de 2006, no es hasta el 30 de mayo de 2007 que la Administración inicia por vez primera expediente sancionador, no contra la recurrente, sino contra la compañía aseguradora sin que conste fehacientemente la notificación a esa parte de la iniciación del expediente, motivo por el cual debemos tener por cierta como notificación la fecha de presentación del escrito presentado por esa entidad aseguradora, que lo fue el 27 de julio de 2007.

Por lo tanto desde el 21 de septiembre de 2006 hasta el 27 de julio de 2007, e inclusive, hasta el 30 de mayo de 2007 que es cuando se dicta la Resolución iniciadora del expediente sancionador ya habían pasado más de seis meses desde que se tuvo cabal conocimiento de la infracción denunciada.

Siendo cierto que el plazo de prescripción era de un año según el antiguo artículo 92 de la Ley de Costas lo que permitía a la Administración la tramitación de ese expediente en esas fechas, el hecho de haber rebajado la ley el plazo de prescripción de las infracciones leves de un año a seis meses, hace que esa rebaja pueda y deba ser ahora aplicada de oficio, y ha de favorecer a la parte sancionada al tratarse de una modificación que le es claramente favorable (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares de fecha 30 de julio de 2013).

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)

¿En qué consiste la tácita reconducción en el contrato de alquiler?

La tácita reconducción, a diferencia de la “prórroga“, supone un nuevo arrendamiento sobre la misma vivienda por consentimiento presunto de ambas partes, que se estima existente por el hecho de la aquiescencia de ambas en la continuación en el disfrute al terminar el arriendo anterior; no se trata pues, de la continuación o prórroga del contrato anterior, sino de un nuevo contrato, en el que las partes prestan su consentimiento de forma presunta (Sentencias del Tribunal Supremo 14 de Junio de 1984, 21 de Febrero de 1985, 15 de octubre de 1996), lo cual tiene diversas consecuencias:

a) Las garantías que un tercero pudiera haber constituido para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del antiguo contrato ya finalizado, quedan sin efecto para el nuevo contrato (artículo 1567 del Código Civil);

b) los pactos que se hubieran podido suscribir durante la vigencia del primer contrato que no figuren en el texto del contrato original o no se renueven expresamente (por ejemplo autorización para realizar obras o para subarrendar….) carecen ya de valor,

y c) el nuevo contrato tendrá una nueva duración, a determinar conforme al artículo 1581 del Código Civil, que dispone que “se entiende hecho por años cuando se ha fijado un alquiler anual, por meses cuando es mensual y por días, cuando es diario”, bien entendiendo que, lo que determina el plazo es la fijación de la renta, no su forma de pago.

Son requisitos de la tácita reconducción:

1) Que haya terminado el contrato, por conclusión del plazo.

2) Que el arrendatario permanezca 15 días más, en la vivienda arrendada.

3) Que dicha permanencia lo sea con la aquiescencia del arrendador, es decir, debe consentirla aunque, se presume, si acepta que el arrendatario continúe disfrutando del bien arrendado. No existirá si el arrendador remite al arrendatario antes del transcurso de los 15 días posteriores a la expiración del contrato (incluso antes de que se inicien esos 15 días), un requerimiento en el que manifieste su voluntad de no renovar el contrato. Si media el requerimiento no existe aquiescencia, aún en el supuesto de que tras la finalización del plazo contractual el arrendador haya percibido alguna renta, manifestada la voluntad de dar por extinguido el contrato, en la medida en que el cobro puede deberse a la creencia de que se tiene derecho a él mientras la finca sigue ocupada o, en todo caso, como lógica contraprestación por el uso, y lo contrario supondría sostener la existencia de una novación contractual por tácita reconducción, lo que no puede aceptarse, porque la novación requiere pacto expreso o actos concluyentes que revelen la intención del agente (Sentencias del Tribunal Supremo 11 de marzo 1963 , 12 de mayo de 1969 , 28 de junio de 1979 y 8 de octubre de 1980 ). Al requerimiento se equipara la demanda de desahucio antes del transcurso de los 15 días (Sentencias del Tribunal Supremo 5 de mayo de 1970).

4) Que no haya precedido requerimiento, que pueda hacerse en cualquier forma, siempre que pueda acreditarse que el destinatario ha recibido el mensaje (Sentencia de la Audiencia Provincial de las Islas Baleares de fecha 24 de julio de 2013).

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)

¿Qué es la servidumbre de andamiaje?

Al regular el Código Civil las servidumbres, dentro de la normativa de una de las servidumbres legales, en concreto la de paso, dispone, en el artículo 569, que: “Si fuere indispensable para construir o reparar algún edificio pasar materiales por predio ajeno, o colocar en él andamios u otros objetos para la obra, el dueño de este predio está obligado a consentirlo, recibiendo la indemnización correspondiente al perjuicio que se le irrogue”.

En este precepto se consagra la denominada “servidumbre de andamiaje”.La constitución de esta servidumbre de andamiaje pivota sobre el concepto de la “indispensabilidad” . Siendo lo indispensable el paso y no la obra a ejecutar en el edificio (puede ser de mero ornato o embellecimiento). En principio el concepto indispensable guarda relación con la necesidad. La necesidad aparece como presupuesto fundamental, pues, para poder llevar a cabo esas obras, no hay otra posibilidad; no cabe dispensa o excusa alguna. Pero el término indispensable del artículo 569 del Código Civil no puede entenderse de modo absoluto, sino que debe ceder ante posibles medidas correctoras propuestas por el dueño del predio sirviente antieconómicas en relación con lo que se discute, extraordinariamente molestas o de ejecución compleja hasta el punto de exceder lo accesorio de lo principal.

A la servidumbre de andamiaje del artículo 569 del C.c . le es de aplicación los principios consagrados en los artículos 565 y 566 del C.c. De tal manera que el contenido de la servidumbre debe ser lo menos perjudicial posible para el predio sirviente siempre que baste para satisfacer el requisito de la indispensabilidad. Al final de la redacción del artículo 569 del Código Civil se lee: “… recibiendo (el dueño del predio que consiente el paso) la indemnización correspondiente al perjuicio que se le irrogue”.

La cuestión que se plantea es la de si nos encontramos ante una indemnización que constituye un requisito previo a la ocupación temporal de la finca que consistiría en un canon de ocupación o precio de alquiler, o si, por el contrario sería una consecuencia o efecto de la ocupación, deviniendo tan solo exigible por la causación de perjuicios que excedan de las normales incomodidades y molestias propias de la ocupación temporal de la finca.

La contestación a esta cuestión proviene de la naturaleza del derecho reconocido en el artículo 569 del Código Civil . Y así, de sostenerse que se trata de una verdadera y genuina servidumbre legal de paso quedaría sometida al requisito previo de la “justa indemnización” por la constitución forzosa o legalmente necesaria de la servidumbre (tal y como se prevé en el art. 564 del C.c .) consistente en un canon de ocupación o precio de alquiler.

Por el contrario, de mantenerse que se trata de una limitación legal del dominio de los predios por razón de la buena vecindad no concurriría el requisito previo del pago de un canon de ocupación o precio de alquiler y ello porque, a diferencia de las servidumbres, las limitaciones legales por razón de vecindad se caracterizan por la “reciprocidad” de la que se deriva que las normales incomodidades por la ocupación temporal de la finca son de obligada tolerancia sin cobrar nada por ello, por exigencia de la propia convivencia vecinal, sin perjuicio de una eventual y posterior indemnización a que pueda dar lugar la ocupación temporal, si, por su intensidad, extensión superficial o duración, las incomodidades, molestias o perturbaciones que generará rebasaran las ordinarias o usualmente tolerables en una normal convivencia vecinal o si se hubieran causado daños imputables a las labores o instalaciones efectuadas en el curso de la ocupación.

Consideramos que la verdadera naturaleza del derecho reconocido en el artículo 569 del Código Civil no es el de una servidumbre legal de paso sino una limitación legal del dominio de los predios por razón de buena vecindad (Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de fecha 16 de julio de 2013).

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)

¿Se puede instalar una antena de telefonía en el tejado de un edificio sin el consentimiento de todos los propietarios?

La respuesta es negativa. La colocación de una antena de telefonía móvil en el tejado de un edificio requiere el consentimiento unánime de todos los propietarios.

La cubierta  o tejado es el elemento común que limita el edificio por la parte superior y ese carácter es el que le confiere el artículo 396 del Código Civil, al mencionar, dentro de los elementos comunes, a las cubiertas.

La jurisprudencia declara que las cubiertas del edificio son elementos comunes y como tales pertenecientes proporcionalmente a todos los propietarios del inmueble, una vez el constructor haya enajenado las diferentes partes determinadas. La cubierta, terraza o azotea de un edificio es un elemento común de uso común.

Como declara la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 18 de julio de 2011, la colocación de una antena de telefonía en la azotea de un edificio por mor del contrato suscrito entre la Comunidad y la entidad de telefonía, no resulta ser una simple cesión a cambio de un precio de un espacio comunitario, sino que conforme a su descripción constituye una modificación estructural, que requiere el consentimiento unánime para adoptar un acuerdo que constituye dicha alteración.

A partir de esta circunstancia, el hecho de que las Comunidades funcionen separadamente (zaguanes independientes, órganos de gobierno, cuentas y contratos propios) nada cambia, porque lo transcendental es, de un lado, que tanto la azotea como el vuelo constituyen elementos comunes (artículo 396 del Código Civil ) de todo el conjunto arquitectónico y, de otro, la invasión que de ellos ha llevado a cabo la demandada de un modo unilateral instalando antena de telefonía móvil en la azotea.

Alega la compañía telefónica su desconocimiento al respecto y su condición de tercero contratante de buena fe, pero claro es que ese planteamiento no puede aceptarse, dado el carácter público de la inscripción registral a la que antes se ha hecho referencia. Tampoco resulta acogible su postura en relación a su derecho de superficie sobre la terraza y a una posible adquisición por prescripción adquisitiva, atendido el cumplimiento de los requisitos de buena fe, justo título y lapso de tiempo exigido por los artículos 1.940 y 1.957 del Código Civil.

Así mismo, la procedencia de la demanda no se ve alterada por una pretendida aplicación de la doctrina de los actos propios o del abuso de derecho. El principio de que nadie puede ir contra sus propios actos sólo tiene aplicación cuando lo realizado se oponga a los actos que previamente hubieren creado una situación o relación de Derecho que no podía ser alterada unilateralmente por quien se hallaba obligado a respetarla. Constituye un presupuesto necesario de esta doctrina que los actos propios sean inequívocos, en el sentido de crear, definir, fijar, modificar, extinguir o esclarecer sin ninguna duda una determinada situación jurídica que afecte a su autor, y que entre la conducta anterior y la pretensión actual exista una incompatibilidad, que dificilmente cabe extraer de la pasividad que se achaca a la demandante, en cuanto que dicha doctrina no puede predicarse en los supuestos de error, ignorancia, conocimiento equivocado o mera tolerancia.

Además la jurisprudencia tiene declarado que el conocimiento no equivale a consentimiento como exteriorización de una voluntad, ni el silencio supone una declaración genérica en la que se pueda encontrar justificación para no obtener los consentimientos legalmente exigidos. Finalmente tampoco cabe hablar de un ejercicio abusivo del derecho por parte del vecino demandante.

Son circunstancias que configuran el abuso de derecho contemplado en el artículo 7.2 del Código Civil , de un lado, las subjetivas, de intención de perjudicar o de falta de interés serio y legítimo, y de otro, las objetivas, de exceso o anormalidad en el ejercicio de un derecho y producción de un perjuicio injustificado.

Sin embargo, es plenamente legítimo y serio y en ningún modo excesivo o anormal, el interés de que no se alteren los elementos comunes sin el consentimiento que la Ley exige, precisando la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 9 de enero de 2012 que en materia de propiedad horizontal, el abuso de derecho, se traduce en el uso de una norma, por parte de la comunidad o de un propietario, con mala fe, en perjuicio de otro u otros copropietarios, sin que por ello se obtenga un beneficio amparado por la norma, de ahí que en modo alguno quepa entender como abusiva la pretensión ejercitada para lograr la retirada de la antena de telefonía móvil (Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de fecha 19 de septiembre de 2012).

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)

Convocadas oposiciones 140 plazas Policía Nacional

En el BOE de hoy se publica la convocatoria de oposiciones y pruebas selectivas para cubrir 140 plazas de Policía Nacional (Escala Básica), mediante oposición libre.

Si necesitas hacer casos prácticos o exámenes tipo test sobre temas de Derecho, te los hacemos “a la carta” por tan sólo 25 euros, IVA incluido. Si quieres más información, envíanos un correo electrónico sin compromiso.

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)
Publicado en Oposiciones | Etiquetado función pública, funcionarios, oposiciones | Deja una respuesta | by