Convocadas oposiciones 50 plazas de portero en Ayuntamiento de Córdoba

En el BOE de hoy se publica la convocatoria de oposiciones y pruebas selectivas para cubrir 50 plazas de Portero en el Ayuntamiento de Córdoba, mediante concurso- oposición libre.

Si necesitas hacer casos prácticos o exámenes tipo test sobre temas de Derecho, te los hacemos “a la carta” por tan sólo 25 euros, IVA incluido.

Si quieres más información, envíanos un correo electrónico sin compromiso.

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El despido del personal laboral de la Administración

La jurisprudencia se ha planteado si la externalización o exteriorización de un servicio que venía prestándose por trabajadores y pasa a ser efectuado por un tercero, a través de una contrata, constituye una causa organizativa que pueda justificar la extinción al amparo del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, y ha declarado que únicamente si se demuestra que la utilización de la contrata es un medio hábil para asegurar la viabilidad de la empresa o su competitividad puede jugar como causa legitimadora de la decisión extintiva, siendo decisorio que la descentralización constituya una medida racional en términos de eficacia de la organización productiva y no un simple medio para lograr un incremento del beneficio empresarial.

Tras la reforma operada por Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, las referencias que la jurisprudencia citada hace a la viabilidad o competitividad empresarial han desaparecido, lo que no evita, y no puede ser de otro modo, el control judicial de la razonabilidad de la decisión, so pena de desconocer la esencia misma de la función jurisdiccional.

La decisión empresarial de suprimir una relación de puestos de trabajo para externalizar unos determinados servicios es desde luego legítima, pero ha de recordarse que el repetido artículo 52 c) del texto estatutario, no ampara opciones enraizadas en la mera conveniencia del empleador, por ello, la reorganización de la actividad empresarial debe estar ligada a una determinada finalidad y funcionalidad, cual es el mantenimiento de la actividad empresarial, por lo que habrá de ofrecerse los términos de conexión entre una y otra para poder calificar de procedentes las decisiones extintivas.

No dudamos que cualquier cambio tecnológico u organizativo se hace para mejorar la situación de la empresa y que también la reducción de plantilla incide en unos mejores resultados económicos, mas no basta la mera conveniencia de la empresa para acudir a este tipo de despido.

La clasificación de empleados públicos que contiene el artículo 8 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) contiene una referencia al personal laboral, que aparece igualmente incluido en el ámbito de aplicación de dicha Ley “en lo que proceda”.

El Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por la ley 7/2007, de 12 de abril es aplicable en lo que proceda al personal laboral al servicio de las Administraciones de las Entidades Locales (art. 3.1 ) y su artículo 63 regula las causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera, cualidad distinta -en el contexto del empleado público- a la de personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal. No existe precepto alguno en la ley 7/2007 que haga referencia a la extinción del contrato de trabajo del personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal, al servicio de las Administraciones ya que son de plena aplicación -como es natural- los contenidos en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Los requisitos de los despidos objetivos exigidos por el Estatuto de los Trabajadores son de aplicación tanto a las Administraciones públicas empleadoras como a las empresas privadas. Y si un Ayuntamiento modifica su plantilla de personal, amortizando los puestos de trabajo de unos trabajadores, o externaliza una actividad como es el caso, lo que es aprobado por el pleno de la corporación local, lo decisivo es si concurren los requisitos exigidos por el Estatuto de los Trabajadores para la extinción de contratos por causas objetivas.

Pues bien, tal criterio es compartido por esta Sala de lo Social, el hecho que la actora sea una trabajadora fija, situación que no es equiparable a funcionaria de carrera, no impide a la Corporación demandada extinguir la relación laboral en los supuestos previstos en el Estatuto de los Trabajadores como es el caso y en concreto utilizando la causa de extinción prevista en el art 52 c) en relación con el art 51.1 del Estatuto de los Trabajadores. Distinto es que concurra y se pruebe tal causa. (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de fecha 26 de septiembre de 2013).

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Reclamación diferencias salariales policía local

Se impugna la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Segovia por la que se estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Sr. Carlos Jesús interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo, de la reclamación retributiva por diferencias salariales al ejercer funciones de la categoría superior a la ostentada por el recurrente de oficial de policía local.

Por la parte apelante, el Ayuntamiento demandado, se impugna la sentencia manteniendo, en primer lugar, errónea valoración de la prueba efectuada por la sentencia de instancia ya que, en contra de lo sosteniendo en la misma, el recurrente nunca ha ejercido las funciones propias de la categoría se Subinspector, sino que desempeña, única y exclusivamente funciones de oficial que es el puesto que tiene asignado y reconocido, teniendo atribuidas las funciones de superior jerárquico el Concejal de Seguridad.

Subsidiariamente sostiene que no procede el reconocimiento de la totalidad de las cantidades fijadas en la sentencia. Por su parte la parte apelada sostiene que la sentencia dictada es conforme a derecho por lo que procede la confirmación de la misma.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en su Sentencia de fecha 4 de noviembre de 2013, declara que no aprecia que el Juzgado haya realizado una errónea valoración de la prueba, pues en los documentos en los que se basa -presupuesto y nóminas- consta tanto que el reclamante es el Jefe de la Policía Local, como que la plaza de subinspector de la Policía Local, se encuentra vacante.

Por otro lado el Ayuntamiento reitera que las funciones de Subinspector las ejerce el Concejal de Seguridad pero no indica ni un solo elemento probatorio que nos puedan llevar a esta conclusión. Sostiene también que el recurrente es el jefe de la Policía Local de El Espinar y que por ello tiene una retribución diferente a los demás policías pero lo cierto es que, según consta en los presupuestos, el recurrente es el único Policía Local que tiene la categoría de Oficial de la Policía Local, Grupo C1, Nivel 17, mientras que el resto de los Policías Locales son agentes de policía perteneciente al grupo C1 pero con un Nivel 15, lo que puede explicar la deferencia de sus retribuciones.

En virtud de lo dispuesto en el art. 17 e) del Decreto 84/2005, de 10 de noviembre, por el que se aprueban las Normas Marco a las que han de ajustarse los Reglamentos de las Policías Locales en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León, la categoría profesional de Subinspector de la Policía Local es obligatoria en todos los municipios en los que exista Cuerpo de Policía Local, y, como se dice en la sentencia de instancia, y no ha sido desvirtuado en esta apelación, en el municipio apelante, el puesto de Subinspector está vacante, a lo que se une que el puesto de Jefe de la Policía Local debe ser ejercido por el miembro de la plantilla de mayor jerarquía, y perteneciente, como mínimo, al grupo B, para una población como la que aquí se trata (art. 22 del Decreto 84/2005 ,).

Por lo tanto,  el funcionario de mayor jerarquía, es el recurrente -oficial- pero pertenece al Grupo C1, por lo que, al ejercer el puesto de Jefe de la Policía Local esta ejerciendo funciones de superior categoría y dicho desempeño de funciones de superior categoria, de acuerdo con el art. 21.4 del Decreto anteriormente citado “Cuando …. tenga carácter estructural o duren más de siete jornadas seguidas, conllevará la retribución correspondiente”, carácter estructural que, en el presente caso, no se ha cuestionado.

Alega el Ayuntamiento que no se le ha nombrado Subinspector sino única y exclusivamente Oficial del Cuerpo de Policía, siendo estas las funciones que ejerce, pero lo cierto es que, como declara la sentencia de instancia, el actor está reconocido por el Ayuntamiento como Jefe de la Policía, y así consta en los documentos aportados, y dicha Jefatura, en el Ayuntamiento del Espinar, seria desempeñada por el Subinspector de estar cubierto dicho puesto, por lo que lo relevante no es que no se le haya nombrado subinspector sino que se le ha nombrado o, al menos, se le ha reconocido por la Administración como Jefe de la Policía Local, por lo que tiene derecho a las retribuciones de esta superior categoría que es lo que le reconoce la sentencia de instancia y debe ser confirmado.

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Obras ilegales: demolición y sanción

El ejercicio de la potestad urbanística de restauración de la realidad material alterada por obras no legalizables (ilegales e ilegalizables), en la medida en que finaliza con la orden de demolición de edificaciones, se traduce en una orden de ejecución, una obligación de hacer que recae sobre el propietario de las edificaciones o persona que tenga título jurídico suficiente al efecto sobre las edificaciones a demoler.

Es una constante en el ordenamiento jurídico-urbanístico en supuestos de transmisión de fincas la subrogación del nuevo adquiriente en los deberes y cargas urbanísticas que recayeran sobre los terrenos, a cuyo efecto el artículo 88 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976  disponía que la enajenación de fincas no modificará la situación de su titular en orden a las limitaciones y deberes instituidos por esta Ley o impuestos, en virtud de la misma, por los actos de ejecución de sus preceptos y el adquirente quedará subrogado en el lugar y puesto del anterior propietario en los compromisos que hubiere contraído con las Corporaciones públicas respecto a la urbanización y edificación (principio que mantuvo el artículo 22 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992, el artículo 21 de la posterior Ley 6/1998 y el vigente Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, cuyo artículo 19.1 sigue manteniendo el principio de subrogación del comprador en los deberes y cargas urbanísticas.

Por eso, es acertada la distinción que hace la sentencia en cuanto al diferente régimen de las potestad urbanística sancionadora, en que rige el principio de personalidad-culpabilidad, no pudiendo ser sancionado quien no cometió la infracción urbanística y no siendo transmisible la sanción.

Lo que no ocurre con el ejercicio de la potestad de restauración de la legalidad urbanística en que la demolición de lo construido ilegalmente y no legalizable, al tratarse de una obligación “propter rem” va unida a la propiedad de la finca (todo ello, como resulta obvio, sin perjuicio de las consecuencias legales entre el anterior y el nuevo propietario como consecuencia de la demolición de lo ilegalmente construido) -Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 27 de septiembre de 2013-.

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Incumplimiento del contrato al vender un vehículo sin permiso de circulación

La compraventa de un bien que presenta alguna diferencia respecto de aquel que nos proponíamos adquirir puede dar lugar, entre otras, a la acción resolutoria por incumplimiento contractual del artículo 1124 del Código Civil, manteniendo la jurisprudencia la prosperabilidad de la misma cuando nos encontramos ante defectos que implican una calidad distinta o un “aliud pro alio”, equivalente a la falta de entrega, ante la inhabilidad del objeto suministrado, con la consiguiente insatisfacción total y absoluta del comprador, en tanto que el bien no cumple las característica exigidas al respecto con arreglo al fin de destino.

La jurisprudencia ha entendido aplicable el régimen del incumplimiento o cumplimiento defectuoso de los contratos a aquellos defectos en la cosa que se traduzcan en una inidóneidad, inhabilidad o ineptitud del objeto para cumplir la finalidad del contrato, bien porque se entrega una cosa distinta a la que se pacto (aliud pro alio), bien porque el vicio o defecto de la cosa constituya una cualidad esencial de la misma. Inhabilidad que ha de nacer de defectos o carencias de la cosa vendida que impidan obtener de ella la utilidad que motivó su adquisición.

En el caso resuelto por la Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra de fecha 7 de octubre de 2013, se trata de vehículos vendidos a través de un establecimiento abierto al público por un vendedor profesional a clientes que se consideran consumidores. El vendedor profesional debe procurarse toda la información posible acerca del vehículo y comunicarla al comprador con el fin de exonerarse de responsabilidad.

Además los tribunales han de valorar la entidad o relevancia del defecto o carencia según criterios objetivos o de mercado y, desde luego, teniendo en cuenta la repercusión que haya podido tener el defecto o carencia para la consecuencia del propósito perseguido por el consumidor al comprar, hasta el punto que un defecto objetivamente leve podría llegar a ser considerado relevante, si se demuestra que frustra la finalidad del comprador al comprar, pudiendo éste entonces instar por ello la resolución del contrato.

A partir de estas consideraciones, ha de decirse, de entrada, que la entidad dedicada profesionalmente a la actividad mercantil de venta de vehículos, tomó a su cargo el gestionar en Tráfico el cambio de nombre, de manera que figurase como nuevo titular, el comprador, de hecho el permiso de circulación, ficha técnica y demás documentación necesaria para la cumplimentación del aludido trámite, quedaron el mismo día en que se perfeccionó el contrato en poder de una gestoría que actuaba por cuenta de la entidad vendedora, la cual expidió a favor del comprador el correspondiente justificante,

Hasta tal punto ello fue así que la gestoría no consta se dirigiese en momento alguno al comprador, sino que lo hizo a la vendedora en junio de 2010, advirtiéndole que el permiso de circulación estaba retenido en Tráfico y que la ficha técnica, que también la había sido entregada, estaba caducada.

Asimismo, también se ha probado que como pacto integrante del contrato la vendedora se hacía responsable para el caso de “existir alguna traba de efectuar en los Organismos Oficiales la transferencia a favor del adquirente”, con lo cual la vendedorat asumía una especifica obligación, además de las que integran las derivadas del art. 1.461 del Código Civil, que claramente no cumplió, pues la comunicación habida entre letrados y recibida por el del reclamante en fecha 4 de agosto 2010, instándole a que su cliente realice la transferencia, no es de recibo ya que la obligación de efectuar la transferencia pesaba sobre la parte vendedora.

En todo caso, lo cierto y acreditado es que la transferencia no se culmina sino hasta el día 16 de noviembre de 2010, es decir mes y medio después de interpuesta la demanda de que trae causa el recurso de que tratamos, y seis meses y medio después de la suscripción del contrato, además en Tráfico, en esta última fecha, todavía aparece anotada la incidencia denegatoria, con la consecuencia de que la documentación continua retenida en Tráfico y el vehículo reglamentariamente resulta inhábil para circular por la vía pública.

Así pues, acreditado que la vendedora asumió la obligación de diligenciar en Tráfico la transferencia por medio de una gestoría, quien, por encargarle tal cometido, se hizo cargo de la documentación del vehículo, entre la cual se encontraba el permiso de circulación y la ficha técnica, la consecuencia es que ha de apreciarse que sobre esta cuestión ha existido incumplimiento por parte de la entidad vendedora, al ser incuestionable que la transferencia a favor del comprador no se formaliza sino hasta el 16 de noviembre 2010, incumplimiento que además de los innegables trastornos que ello conlleva -no olvidemos que para cualquier gestión en Trafico se precisa presentar el permiso de circulación, documento que también resulta indispensable para pasar una revisión o ITV y éste estaba depositado en la gestoría-, implica claramente que el vehículo es inhábil para circular por la vía publica, finalidad para la que incuestionablemente fue adquirido.

Llegados a este punto, se ha de recordar que la empresa demandada es una empresa especializada que se dedica a un objeto concreto y por tanto en estas cuestiones relacionadas con la situación administrativa del vehículo debió de actuar con una diligencia exquisita, lo que evidentemente no hizo.

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Delito de apropiación indebida en las cantidades entregadas a cuenta de una vivienda

Ante la acreditada realidad de los hechos reconocida por los propios condenados que afirman que el gasto indebido de los 50.000 euros recibidos y que estaban destinados exclusivamente a ser invertidos en la obra, lo que flagrantemente incumplieron, resulta ocioso adicionar más argumentos para estimar la autoría de los mismos respecto del delito de apropiación.

Además, carece de relevancia a los efectos del tipo penal que el proyecto de cooperativa no prosperase por la crisis económica o que el dinero entregado se destinase, en parte, a gastos relacionados con el proyecto -gastos de propaganda-. Lo relevante es que tales cantidades fueran entregadas en concepto de depósito de reserva y señal para la adquisición de viviendas y se dedicaron a otros usos con lo que tras el fracaso del proyecto no fueron devueltas a los depositantes como estaba previsto en el contrato firmado.

Baste recordar que el delito de apropiación indebida se vertebra por los siguientes elementos:

a) El recibimiento de dinero, efectos o cosa mueble o valores en virtud de depósito, comisión o administración, bien para devolverlo o darle un destino concreto.

b) El acto de apropiación, esto es de incorporación de lo recibido al patrimonio del receptor con quiebra de la confianza y lealtad debida, es decir, el acto de “cerrar la mano” apoderándose de lo recibido en tal condición, y

c) El adecuado nexo de culpabilidad, esto es la conciencia de hacerlo suyo o de darle un destino diferente, debiéndose resaltar que en cuanto al perjuicio, el tipo penal solo exige el perjuicio del que hizo el depósito, -en este caso las cinco personas-, no exigiéndose un ánimo de lucro por los autores que en el presente caso, además, se materializa porque obtuvieron las ventajas derivadas de abonar con tales depósitos los gastos de publicidad y otros usos que reconocieron los recurrentes, cuando tal cantidad, fue entregada en concepto de depósito de reserva y señal para la adquisición de la vivienda proyectada.

No existió el vacío probatorio que se dice, los recurrentes fueron condenados en virtud de prueba de cargo obtenida con todas las garantías, prueba que fue introducida en el juicio y sometida a sus principios, que fue suficiente desde las exigencias derivadas del derecho a la presunción de inocencia, y prueba que, en fin, fue razonada y razonablemente valorada por lo que su conclusión está situada extramuros de cualquier arbitrariedad (Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 29 de octubre de 2013).

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Convocadas oposiciones Administrativo, Técnico e Inspector de Hacienda

En el BOE de hoy se publica la convocatoria de oposiciones y pruebas selectivas para cubrir 45 plazas de Administrativo, 50 plazas del Cuerpo Técnico y 30 plazas de Inspectores de Hacienda,  mediante oposición libre y promoción interna (concurso-oposición).

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¿El vuelo y el subsuelo son elementos comunes o privativos?

El caso que analizamos hoy se refiere a si las obras que han ejecutado en el jardín de su vivienda unos vecinos han afectado a elementos comunes, y sin autorización de la comunidad de propietarios y debe ordenarse su demolición, reponiendo el jardín y la planta sótano al estado originario.

Obras ejecutadas en el jardín y subsuelo de su vivienda, ampliación que ha modificado la fábrica del edificio al derribar el muro de cerramiento o contención de tierras del garaje, modificando asimismo su estado exterior y elevar el vuelo del jardín en un metro y diez centímetros.

La sentencia de la Audiencia Provincial ha estimado que todas las obras se han ejecutado sobre elementos privativos y no precisan la autorización de la Comunidad. Sin embargo, la comunidad de vecinos recurre al Tribunal Supremo sosteniendo que son elementos comunes, es decir, en esencia, que el subsuelo y el vuelo no son privativos, sino elementos comunes.

El Tribunal Supremo, en su Sentencia de fecha 18 de octubre de 2013, declara que, en todo caso, el subsuelo y el vuelo de un edificio o unos edificios en propiedad horizontal tumbada o complejo inmobiliario privado     (artículo 24 de la Ley de Propiedad Horizontal) es elemento común; está fuera de la propiedad privativa de cada copropietario, está fuera del edificio, tal como recoge el artículo 396 el Código civil y está sometido al artículo 12 de la Ley de Propiedad Horizontal.

El propietario adquiere lo que se halla en su título de adquisición -escritura pública- que comprende la vivienda y el jardín, no el subsuelo y el vuelo.

El texto del artículo 2 de los Estatutos de la urbanización dice:

Artículo 2º.- Son elementos privativos las viviendas tipo unifamiliar con inclusión de su jardín expresado en la descripción de cada una.

Lo cual es correcto en cuanto al suelo es el piso o terreno en el que se asienta la casa o el jardín, pero no dice que también lo sea el subsuelo y el vuelo.

Así, el excavar en el jardín o elevar un muro, como elemento común que es modificado -subsuelo y vuelo- precisa de la autorización de la Junta de propietarios de la Comunidad, en aplicación del artículo 17, norma 1ª, por remisión del artículo 12 y a sensu contrario, del artículo 7.1, todos de la Ley de Propiedad Horizontal.

Lo cual ha sido expuesto en este mismo sentido por la sentencia de 5 julio 2010 que plantea el caso de una acción declarativa de propiedad interpuesta en demanda reconvencional en que se pretendía la declaración de que el suelo, el subsuelo y el suelo eran propiedad del demandante reconvencional (no se interesaba en estos términos, sino con referencia a una construcción un tanto arbitraria) y se desestimó en ambas instancias y por dicha sentencia. Esta se refiere, en primer lugar a lo que adquirió en su día, por escritura pública y dice:

Lo que adquiere que no es más que un derecho singular y exclusivo de propiedad sobre un espacio suficientemente delimitado y susceptible de aprovechamiento independiente con los elementos arquitectónicos e instalaciones de todas clases, aparentes o no, que estén comprendidos dentro de sus límites y sirvan exclusivamente a cada propietario

Y más adelante, añade, refiriéndose al suelo y al vuelo:

La construcción de nuevas plantas y cualquier modificación en la fabrica o estructura de los bloques o en las cosas comunes afectan al título constitutivo y deben someterse al régimen establecido para las modificaciones del mismo.

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Anulación de multa de tráfico por defectuosa notificación

Una persona impugna la resolución de fecha 30 de septiembre de 2011 que desestima el recurso de reposición interpuesto contra la resolución de 2 de junio de 2011, que impone a la recurrente una sanción de multa de 300 Euros por la infracción del art. 65.5.j) del R.D. Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, que aprueba el Texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos de motor y seguridad vial, infracción consistente en no identificar el titular del vehículo, debidamente requerido para ello, al conductor responsable de la infracción en el plazo establecido.

La recurrente solicita en su escrito de demanda la estimación del recurso, la anulación de sanción impuesta y la devolución de la cantidad abonada en tal concepto, con los intereses correspondientes y solicitando la condena en costas de la Administración demandada.

La parte demandada se opone a las pretensiones de la actora.

Alega la actora la defectuosa notificación de los diferentes trámites del expediente administrativo, hasta llegar a la resolución sancionadora, por cuanto aquélla se practicó en un domicilio distinto al de la mercantil actora.

Así, tal como consta a los folios 5 y 14 las notificaciones del requerimiento de identificación del conductor del vehículo propiedad de la recurrente y de incoación del expediente sancionador fueron dirigidas al núm. 9 de la Avda. Can Trabal de Sant Cugat del Vallés, cuando, como acredita el permiso de circulación del vehículo y la documental aportada en fase de prueba por la actora, en ese término municipal y Avenida, el número en el que había tenido domicilio la actora es el 7, no el 9.

Tal conclusión no queda desvirtuada por el hecho de que en el Registro de conductores constara -como acredita la demandada en fase probatoria- como domicilio el número 9 de la citada Avenida del también citado término municipal, pues obviamente ello responde a un error numérico, toda vez que no se ha probado vinculación alguna -salvo la citada certificación- entre la actora y el domicilio de Avda. Can Trabal núm. 9 de Sant Cugat del Vallés.

La propia escritura de poderes acompañada al presente recurso refiere el domicilio de Avda. Can Trabal núm. 7 y aun cuando resulte que en julio de 2011 (documento 3 acompañado al escrito de demanda) la actora se había trasladado a Barcelona, ello no es óbice para considerar que el domicilio donde se practicó la notificación era erróneo, aun cuando dicho error no fuera atribuible a la Administración quien, una vez puesto de manifiesto el entuerto no ha efectuado actuación comprobatoria alguna ni lo ha subsanado.

Procede por ello estimar el recurso contencioso administrativo, atendido que las resoluciones recurridas son nulas de pleno derecho a tenor del art. 62.1.e) dela Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones públicas y del Procedimiento administrativo común, al haberse efectuado el requerimiento de identificación del conductor del vehículo y las sucesivas notificaciones del expediente sancionador en domicilio distinto al de la recurrente y causándole indefensión al no permitirle identificar a aquel conductor y, por ello, evitar la sanción que le fue impuesta (Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Barcelona de fecha 3 de julio de 2013).

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La representación legal de las empresas

Es tradicional la consideración de que las sociedades o empresas, como en general las personas jurídicas con capacidad de obrar, necesitan para hacer efectiva ésta la intervención de determinadas personas que, como órganos de la sociedad y formando por tanto parte de su estructura, manifiesten la voluntad de la persona jurídica misma.

Esta actuación a través de los propios órganos competentes para ello da lugar a la representación orgánica en la que, por contraposición a la voluntaria, se entiende que los actos del representante, siempre que se produzcan en el ámbito de su competencia, son actos de la propia persona jurídica.

La necesidad de esta modalidad de representación y su carácter orgánico llevan a que el legislador atribuya la facultad de representación a los administradores (cfr. artículo 233.1 de la Ley de Sociedades de Capital), pero no necesariamente a todos ellos, pues aparece condicionada a la forma en que se organice la administración y, según sea ésta, se admite cierta autonomía a la libertad organizadora de los estatutos sociales.

En concreto, en el caso de sociedad de responsabilidad limitada, con más de dos administradores conjuntos, el apartado 2.d) del mismo precepto legal establece que el poder de representación se ejercerá mancomunadamente al menos por dos de ellos en la forma determinada en los estatutos.

Ahora bien, si se tiene en cuenta que cuando la administración de la sociedad se confíe a varios administradores mancomunados, éstos habrán de actuar de forma conjunta (cfr. artículo 210.1 de la Ley de Sociedades de Capital), debe concluirse que la disposición estatutaria sobre el ejercicio del poder de representación por dos de los administradores conjuntos se limita a las relaciones externas de la sociedad, al establecimiento de vínculos jurídicos con terceros, pero no al funcionamiento interno a cuyo ámbito pertenece el régimen de la propia organización y, por tanto, el del funcionamiento de la junta general comenzando por su convocatoria.

Esa atribución de la facultad de representación a dos de los administradores mancomunados no puede entenderse extensiva a las restantes facultades que –como la de convocar la junta general– tienen legalmente atribuidas los administradores conjuntos para ejercerlas mancomunadamente.

Así se deduce de la propia definición legal del ámbito de la representación contenida en el artículo 234 de la Ley de Sociedades de Capital, aunque tal vez sin la claridad de la Primera Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas –68/151/CEE, de 9 de marzo de 1968– a la que se adaptó nuestra legislación, con su rúbrica de la Sección II –«validez de los compromisos de la sociedad»– o las concretas referencias al «poder de obligar a la sociedad» por parte del órgano de administración –artículo 8–, o a los casos en que la sociedad «quedará obligada frente a terceros» por los actos que realicen sus órganos –artículo 9–. (Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de fecha 28 de octubre de 2013).

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