Denegación prórroga servicio activo hasta los 70 años

El artículo 26.2 de la Ley 55/2003 no establece un derecho a la prórroga en el servicio activo hasta los 70 años de edad sino sólo una mera facultad de solicitarla, condicionada al ejercicio por la Administración de su potestad de definir “las necesidades de organización articuladas en el marco de los planes de ordenación de recursos humanos”. Así lo demuestra una comparación entre el artículo 67.3 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y lo que disponía para la prórroga en el servicio activo hasta los 70 años de edad el artículo 33 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública , modificado por el artículo 107 de la Ley 13/1996, hoy derogado por la disposición derogatoria única b) de dicho Estatuto.

Mientras que el artículo 33 de la Ley 30/1984 consagraba un derecho del funcionario, el artículo 67.3 del Estatuto Básico que ha venido a sustituirlo y, antes, el artículo 26.2 de la Ley 55/2003 , que ahora nos ocupa, se han referido a una solicitud dirigida a la Administración para que ésta decida motivadamente. No estamos, pues, ante normas de enunciación previa de un derecho sino, en su caso, y a lo sumo, frente a una especie de derecho debilitado, derivado de una denegación inmotivada de la solicitud. Es decir, más que el reconocimiento inequívoco de un derecho, hay aquí la exigencia de que la Administración justifique la autorización o denegación de la solicitud de prórroga.

El artículo 26.2 de la Ley 55/2003 no impone a la Administración la obligación de conceder la prolongación del servicio activo hasta el límite máximo de los 70 años de edad. Puede autorizarla por un periodo de tiempo inferior y condicionándola a las necesidades apreciadas en los sucesivos planes de ordenación.

Ese precepto establece, como ya se ha dicho, una mera facultad del personal estatutario de solicitar la permanencia en el servicio activo con el límite máximo 70 años de edad, condicionada al ejercicio de una potestad del Servicio de Salud correspondiente en los términos indicados pero no impone a la Administración la correlativa obligación de autorizar esa permanencia en el servicio activo sino sólo en función de las necesidades de la organización articuladas en los Planes de Ordenación de Recursos Humanos. Así, pues, es el Plan el que, teniendo en cuenta dicha previsión legal y, por tanto, en principio, la posibilidad genérica de la prórroga, deberá establecer, a la vista de las necesidades existentes, el período de duración de esa permanencia, siempre respetando el límite máximo de los 70 años.

La prórroga puede concederse como máximo hasta los 70 años de edad pero la previsión legal no veda que se otorgue para un periodo inferior a ese máximo en función de la apreciación de las necesidades del servicio (Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 14 de enero de 2014).

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Despido improcedente de trabajadora en excedencia por cuidado de hijos

El caso real que comentamos hoy se refiere a la negativa empresarial a aceptar la incorporación a su puesto de trabajo de una trabajadora que había solicitado la excedencia por cuidado de hijos y cuya solicitud nunca fue contestada por la empresa.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, en su Sentencia de fecha 15 de febrero de 2011, considera que la negativa empresarial a aceptar el regreso de la trabajadora constituye un despido improcedente. Los razonamientos fueron los siguientes:

a) La empresa, claro está, debe tener conocimiento de la situación concreta de que se trate (razón de la excedencia, duración, etc.) para organizar sus recursos humanos y/o productivos, por ello es razonable que el trabajador/a le comunique su voluntad de situarse en excedencia voluntaria para cuidados de hijo, fecha de nacimiento de éste, duración de la excedencia, etc., como en este caso así lo hizo la trabajadora, mediante solicitud al efecto expresando los motivos, en la que además señaló un plazo de diez días a partir de los cuales la trabajadora advierte que consideraría admitida la excedencia.

b) Si la empresa demandada hubiera entendido que existían razones para oponerse a la excedencia, debería haberlo manifestado en aquél momento; y, en ese caso, la actora debería haber reclamado ante la jurisdicción laboral, por cuanto, en efecto, ante una contestación expresa de la empresa denegando la excedencia, la trabajadora no puede erigirse en definidora de sus propios derechos, sino que el conflicto debe ser resuelto en vía judicial.

c) Ahora bien, al no haber contestado expresamente, la empresa demandada no puede posteriormente negar la existencia de dicha situación, amparándose en la falta de contestación a la solicitud instada por aquélla, porque ello significaría dejar a la decisión unilateral de la empresa demandada el ejercicio de un derecho de protección constitucional, como después veremos, que de este modo se vería quebrantado por el mero silencio de la empresa demandada.

d) En consecuencia, si la actora se situó en excedencia para cuidado de hijos desde el día 17 de noviembre de 2008 hasta el 18 de enero de 2010, es de ver que durante este periodo de tiempo el contrato de trabajo se encuentra en suspenso, y por tanto, vigente la relación laboral. Al agotamiento de dicha situación y, una vez que la trabajadora solicita el reingreso, la negativa de la empresa demandada a la readmisión constituye un despido, que se efectúa el día 30 de diciembre de 2009, no en la fecha que con carácter subsidiario formula la recurrente (17 de noviembre de 2008).

e) Por todo lo cual, la calificación del despido como improcedente por el Juzgador de Instancia es absolutamente correcta, al no haberse alegado ni probado por la empresa demandada la existencia de causa legal que lo justificase, como dispone el artículo 55.4 en relación con el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores.

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La sobretasación de inmuebles hipotecados

El litigio que comentamos hoy ser refiere a la responsabilidad de una sociedad de tasación, frente a una entidad financiera, por los perjuicios derivados de una sobretasación de varios inmuebles sobre los que se constituyeron hipotecas en garantía de sendos préstamos, resultando que el valor asignado en su momento a cada uno de los inmuebles en los trámites previos a la concesión de los préstamos fue muy superior al valor de mercado de los mismos inmuebles en aquella época.

El Tribunal Supremo, en Sentencia de fecha 18 de julio de 2013, declara la responsabilidad contractual de la sociedad de tasación. Los argumentos fueron los siguientes:

a) La responsabilidad de la entidad de tasación es contractual, no extracontractual, por lo que su plazo de prescripción no es un año.

Existe un convenio de colaboración entre la sociedad de tasación y el banco del que no solo resultaban derechos y obligaciones recíprocos sino, sobre todo, la falta de libertad de quienes quisieran obtener un préstamo hipotecario para elegir libremente a un tasador cuyo dictamen de valoración fuese aceptado por la entidad financiera.

Al margen, pues, de que los honorarios del servicio de tasación se pagaran teóricamente por el solicitante del préstamo y la entidad financiera se encargara de gestionar el cobro de los honorarios de la sociedad de tasación, apareciendo así formalmente como mandataria de quien, también formalmente, era cliente de la sociedad de tasación, lo cierto es que materialmente, que es lo relevante para el juicio de responsabilidad, la sociedad de tasación prestaba sus servicios para el banco en virtud del referido convenio, ambas partes obtenían los beneficios correspondientes: la sociedad de tasación asegurándose un número elevado de tasaciones y el banco cobrándole una comisión por gestión de cobro de los honorarios, y, en fin, la relación de confianza, decisiva para el juicio de responsabilidad, se establecía entre la sociedad tasadora y el banco, y no entre la tasadora y los solicitantes de préstamos hipotecarios.

b) La sociedad de tasación impugnó la sentencia por no haber distinguido los préstamos de las hipotecas que los garantizaban y, como consecuencia, haber dado por cierto un daño puramente contingente porque la insuficiencia de la hipoteca no constituiría en sí mismas un daño sino, únicamente, el riesgo de sufrirlo.

El Tribunal Supremo desestima este motivo de impugnación porque su tesis conduciría a un aplazamiento indefinido de la fijación de responsabilidades pese a la certeza del incumplimiento contractual y pese a la trama en la que en este caso se enmarcaron los hechos, determinante de que sean totalmente ilusorias las posibilidades que el motivo detalla para que la demandante pueda resarcirse de los deudores en la parte no cubierta por el valor real de los bienes, pues dicha trama consistía, en síntesis, en que los préstamos se solicitaban por unas personas pero, una vez concedidos, eran otras las que disponían del dinero.

c) La sociedad de tasación negó el nexo causal entre las sobretasaciones y el daño. Sin embargo, si las tasaciones se hubieran ajustado al verdadero valor de los bienes el importe de los préstamos no habría superado este valor.

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Condenado a 6 meses de prisión por no devolver 1.000 euros

Los hechos que analizamos hoy son los siguientes: Juan acudió a una empresa con el fin de adquirir unos aparatos. Días después el acusado Blas, administrador de hecho de dicha entidad, le facilitó un presupuesto por importe de 2058 euros, que había confeccionado de común acuerdo con el otro acusado, su hermano Dimas, socio único y administrador de derecho de dicha empresa.

A los pocos días, el acusado Blas se citó con Juan en una gasolinera, percibiendo 1000 euros a cuenta y comprometiéndose a instalar los aparatos en un plazo de dos semanas, lo que no tuvo lugar. A pesar de no proceder a la instalación acordada, los acusados se quedaron con el importe de 1000 euros recibidos.

Después de múltiples reclamaciones sin éxito por parte de Juan durante más de 2 años, se decidió a presentar una denuncia penal. Con posterioridad a la denuncia penal, los acusados procedieron a devolver a Juan la cantidad debida de 1000 euros.

El Juzgado de lo Penal condenó a los acusados Blas y Dimas como autores de un delito de apropiación indebida, con la circunstancia atenuante de reparación del daño, a la pena de seis meses de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y al pago de las costas.

Contra dicha sentencia, los acusados interponer un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Alicante afirmando lo siguiente. Respecto de Dimas se afirma que no se ha identificado con relación al mismo ninguna actuación que pueda considerarse de incorporación a su patrimonio del dinero entregado por el denunciante. Respecto del otro condenado, Blas, refiere igualmente que no se ha acreditado el ánimo de apropiarse de la cantidad, sino que se han producido unas circunstancias comerciales normales que han determinado la imposibilidad de cumplimiento del contrato civil, y que se trata de un mero incumplimiento carente de relevancia penal.

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de fecha 28 de octubre de 2013 rechaza el recurso y confirma la sentencia condenatoria con los siguientes razonamientos:

a) Se señala en el Auto del Tribunal Supremo de fecha 22 de septiembre de 2011 lo siguiente: “hemos dicho en múltiples ocasiones que la línea que separa al incumplimiento contractual y al delito de apropiación indebida radica en que, en el primer supuesto, no existe voluntad apropiativa sino solamente un retraso o imposibilidad transitoria de cumplimiento de la obligación de devolver, mientras que en el segundo existe un propósito de hacer la cosa como propia incorporándola al patrimonio del infractor, señalando a este respecto que este delito no requiere el enriquecimiento del sujeto activo, sino perjuicio del pasivo”.

b) Considera la sentencia que los acusados recibieron un dinero para destinarlo por encargo a un fin, sin que lo aplicara al fin encargado ni lo devolvieran, quedándoselo para sí. Por lo tanto, aplicando los anteriores criterios al caso enjuiciado, no hay incumplimiento contractual ni dolo subsequens sino una apropiación indebida descrita en el tipo del art. 252 del Código Penal, dado que tras años de reclamación, y sólo con el fin de obtener una ventaja procesal, se procede a devolver el importe de lo recibido y que anteriormente había sido reiteradamente reclamado sin resultado hasta el ejercicio de la acción penal, según refiere el denunciante.

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Sustraer productos de una tienda: ¿delito o falta de hurto?

La redacción actual del art. 234 del Código Penal señala que  la valoración de las mercancías sustraídas en los recintos comerciales se fijará atendiendo a su precio de venta al público.

Inmediatamente en la práctica judicial se pasó a descontar el importe correspondiente al IVA, que no se consideraba una parte del precio, sino una cantidad que por su origen y naturaleza era, y es, evidentemente un gravamen cuya base imponible es precisamente el precio de venta al público.

Así, se diferencia ante todo entre precio de venta al público y precio total a pagar que resulta de la suma del primero y del porcentaje correspondiente al impuesto, poniendo de manifiesto una diferencia entre el valor de venta al público y el valor pericial fijado para los objetos hurtados, acogiendo los Tribunales la inferior cuantía.

Estas resoluciones se mueven en la tesis de considerar que en la valoración que debe darse a los objetos sustraídos por los acusados debe estarse al valor efectivo o real, el de venta al público, que es el valor de mercado del que debemos restar el valor del IVA.

Efectivamente parece lógico pensar que siendo el perjudicado un comerciante destinado a la venta de los productos sustraídos, la ponderación de los principios civiles que presiden el resarcimiento de daños y perjuicios, el principio de restitución íntegra y el de no enriquecimiento injusto, justifican que se le reconozca, como valor del producto, su coste de adquisición y el importe de la ganancia que no ha obtenido al habérseles sustraído la mercancía y no tenerla bajo su disponibilidad física pues, ni la ha podido vender, ni ha podido obtener la ganancia que esa transacción le genera, ni tampoco pudo, al menos hasta que se le devuelva su valor, adquirir otro similar que estime su misma actividad comercial.

Por ello debería, en esta tesis, reconocerse como concepto indemnizatorio el valor del beneficio industrial que habría obtenido con la venta de los productos.

Pero esa consideración del valor de la mercancía sustraída de cara a la responsabilidad civil no puede equipararse al valor por el que se mide la punición de la conducta. En este caso debe atenderse al valor real de los objetos sustraídos, con exclusión por tanto del IVA .

Y debe atenderse al valor real de las mercancías y no al puramente comercial porque los márgenes comerciales dependen de factores objetivos como pueden ser el territorio, la ciudad, los impuestos, los alquileres, las temporadas estacionales, etcétera, factores todos ellos que modifican el precio de algunos productos, que varían por tanto en función del momento de su venta o del lugar, lo cual tendría valores diferenciales que provocarían la aplicación del delito o la falta mermando así la seguridad jurídica, afectando al principio de legalidad.

Por lo tanto, lo único que el legislador ordena es que para establecer el valor de lo sustraído en este tipo de infracciones patrimoniales se tome en consideración, se tenga en cuenta ese dato, pero no que ese sea el valor de la cosa objeto del delito. La obligación fijada por el artículo 365 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de contar con ese dato no obstante no es superflua ni innecesaria. Habrá que partir de ese precio para luego deducir de él todo lo que no sea valor de la cosa y desde luego los impuestos, dado que no habiéndose producido la venta no nace todavía obligación tributaria alguna que atender.

En el caso, descontado del precio el 18% del IVA, aplicada la fórmula X = precio por 100 dividido entre 100 más el % de IVA correspondiente, resulta que el valor del producto sería de 372,64 euros, por tanto inferior a los 400 euros que delimitan el delito y la falta de hurto por lo que la pretensión principal del Ministerio Fiscal de que se está ante un delito no puede prosperar, ya que estamos ante una falta (Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 22 de enero de 2013).

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Convocadas oposiciones Auxiliar Administrativo Ayuntamiento Granada

En el BOE de hoy se publica la convocatoria de oposiciones y pruebas selectivas para cubrir 5 plazas de Auxiliar Administrativo en el Ayuntamiento de Granada, mediante oposición libre.

Si necesitas hacer casos prácticos o exámenes tipo test sobre temas de Derecho, te los hacemos “a la carta” por tan sólo 25 euros, IVA incluido.

Si quieres más información, envíanos un correo electrónico sin compromiso.

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Despido disciplinario improcedente por desproporcionado

Una carta de despido cumple dos funciones principales. La primera consiste en informar al trabajador afectado de los hechos por los que la empresa le impone la sanción extintiva del vínculo laboral. La segunda es la vinculación que para la empresa supone esa comunicación de despido en un doble sentido, recogido en el art. 105 Ley de la Jurisdicción Social: le corresponde la carga de probar la veracidad de los hechos imputados en la carta de despido como justificativos del mismo; y, para justificar el despido, no se le admitirán en el juicio otros motivos de oposición a la demandante que los contenidos en esa carta.

Existen notables diferencias entre las imputaciones que la empresa hizo en la carta de despido y los hechos estrictamente probados. La actuación de la trabajadora constituyó una desatención a las reglas que debía cumplir en las tres operaciones de venta, pero no integran el tipo de falta muy grave por el que fue despedida.

En el art. 31.2 del Convenio Colectivo Estatal de Estaciones de Servicio se tipifica dentro de las faltas muy graves el fraude, falsedad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas y la apropiación indebida, hurto o robo, tanto en la Empresa como a los compañeros de trabajo o a cualquier otra persona dentro de las dependencias de la Empresa o durante acto de servicio en cualquier lugar.

Aun atendiendo a la sencillez del procedimiento omitido y a la reiteración de la conducta, los hechos (venta no registrada de 3 botellas de butano) no constituyen un supuesto de engaño o fraude, ni tampoco el quebrantamiento de la confianza que justifica la máxima calificación disciplinaria, de acuerdo con el catalogo de faltas del Convenio Colectivo.

Podrían tal vez ser consideradas representativas de una negligencia o desidia en el trabajo, que el art. 30.8 del Convenio Colectivo incluye entre las faltas graves cuando afecte a la buena marcha del servicio, pero faltan los elementos para justificar la sanción de despido.

Es preciso, además, tener presente que en cualquier actuación disciplinaria ha de existir la debida proporción entre la falta cometida y la sanción impuesta y en el examen de tal proporcionalidad deben tenerse en cuenta las diversas circunstancias de hecho concurrentes. En el caso presente, la reacción de la empresa es desproporcionada a los hechos acreditados, máxime si se considera que la trabajadora llevaba prestando servicios sin problemas desde 2003. La consecuencia es que el despido es improcedente (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de fecha 30 de noviembre de 2012).

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¿Qué sucede si no se puede o sabe soplar el alcoholímetro?

Para que una prueba de alcoholemia en aire espirado resulte válida y eficaz es preciso que se den dos circunstancias, a saber, el volumen de aire soplado y el tiempo en el que se sopla, que han de ser suficientes, dándose la circunstancia de que fueron interrumpidos deliberadamente por la acusada.

En esta tesitura, los agentes de policía pueden encontrarse en dos situaciones: una, apreciar que el sujeto se somete a las pruebas de detección con normalidad, soplando con la necesaria fuerza y por el tiempo requerido, sin que el alcohotest refleje ningún resultado válido, en cuyo caso la disposición del acusado es plena y el hecho de la frustración de la medición ha de atribuirse a defectos intrínsecos del aparato o de la boquilla; u otra, apreciar que la disposición del sujeto es disimulada pues no efectúa el mínimo esfuerzo físico imprescindible para que la prueba llegue a buen fin, o interrumpe dicho esfuerzo antes de tiempo.

La prueba de medición alcoholométrica mediante aire expirado exige una capacidad de esfuerzo del individuo sometido, ya que ha de soplar por la boquilla del aparato durante un cierto lapso de tiempo con una intensidad suficiente, y la misma es fácilmente asumible por cualquier persona de tipo medio, por muy nerviosa que esté, que no se encuentre afecta de una enfermedad que le impida realizar esfuerzos de ese tipo, de suerte que no podemos hablar de una impotencia física o nerviosa, sino de una negativa infundada encubierta con una aparente sumisión.

La conducta aparente de someterse a las pruebas pero practicándolas de forma fraudulenta, con soplidos discontinuos o sin la intensidad requerida, o cesando el soplido anticipadamente, frustrando la medición que se pretende efectuar, merece el mismo reproche penal que la negativa taxativa e infundada, ya que con ambas conductas el sujeto activo consigue el resultado de que el alcoholímetro no llegue a evidenciar el índice de alcohol por litro de aire expirado.

Tal actitud renuente a las legitimas intimaciones de los agentes le convierten al apelante en responsable como, acertadamente, considera la Juez de lo Penal, del delito del artículo 380 del Código Penal, siendo así que no justificó causa alguna por la que se viera imposibilitado para hacer el esfuerzo imprescindible o durante el tiempo necesario que la prueba de impregnación exige y que del sometimiento a la practica de la prueba a que venia (Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de fecha 29 de mayo de 2013).

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Las retribuciones de los administradores en el impuesto sobre sociedades

Las retribuciones de los administradores son un gasto deducible en el Impuesto sobre Sociedades cuando cumplen los requisitos legales exigidos para esa deducción.

Esos requisitos legales son los que se derivan de la totalidad del ordenamiento jurídico y de modo expreso de los estatutos de la entidad que efectúa la deducción.

El alcance de la afirmación precedente es el de que las retribuciones de los administradores no pueden traicionar las reglas que rigen la vida de la entidad que retribuye, es decir, sus Estatutos. En consecuencia, al establecer los Estatutos la gratuidad del cargo de administrador es obligado rechazar la deducción de retribuciones que frontalmente infringen los Estatutos de la entidad pagadora.

En segundo término, tampoco pueden, las mencionadas retribuciones, defraudar las reglas que rigen el adecuado comportamiento de un ordenado comerciante, en los términos exigidos por el Código de Comercio, pues pocas cosas más contrarias a ese comportamiento ordenado que las que otorgan retribuciones del monto de las aquí contempladas a una sociedad con pérdidas.

Afirmar que como la sociedad prácticamente pertenece al administrador es irrelevante el efecto que a los resultados de la entidad producen las retribuciones de los administradores, olvida que formalmente se trata de una entidad con personalidad jurídica propia y distinta a la del administrador y que las exigencias económicas, comerciales y de lealtad debidas a la entidad que efectúa las retribuciones no se pueden identificar con las de la persona que es titular de los títulos representativos de la entidad.

Por último, en materia de autonomía de la voluntad,  es verdad que el artículo 1.255 del Código civil establece la libertad de pactos, pero es también evidente que tal precepto fija unos límites a estos pactos: la de no ser contrarios a la moral, el orden público y él perjuicio de tercero.

Cuando estos pactos excedan de los parámetros socialmente aceptables es claro que tales pagos no pueden ser considerados como retribuciones sino como meras liberalidades, no generadoras de un gasto deducible. La determinación de cuando estos pagos exceden estos límites es un problema que ha de resolverse a la vista de las circunstancias de cada caso, primero, por la Administración, y, en último término, por los tribunales.

Es decir, una entidad puede retribuir a sus administradores como tenga por conveniente, pero tales percepciones, por el concepto de retribuciones, no pueden exceder de los límites socialmente admisibles so pena de convertirlas en liberalidades que impidan su deducción a la entidad que las efectúa y que obliga a que sean gravadas en el perceptor como donaciones efectuadas por un extraño (Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 30 de octubre de 2013).

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Reducción de jornada para cuidado de hijo menor de 12 años

La parte actora, ejercita acción para que se reconozca su derecho a la concreción horaria de su reducción de jornada por guarda legal de su hijo  de lunes a sábado de 10:00 a 16:00 horas.

La empresa niega dicha concreción horaria por razones organizativas, dado que el turno de tarde es cuando existen más ventas y afluencia de clientes, así como porque la concreción horaria interesada por la trabajadora se halla fuera de su jornada ordinaria, no pudiendo suprimirse la prestación de servicios durante los domingos y festivos.

El Juzgado de lo Social nº 27 de Madrid, en su Sentencia de fecha 13 de noviembre de 2013, declara que, como regla general, la facultad para determinar el horario adecuado corresponde al trabajador, ya que es el único capacitado para decidir cuál es el periodo más idóneo para cumplir las obligaciones derivadas de la patria potestad que le competen, aunque, como excepción se indica que, “cuando ese derecho entrase en colisión con el derecho de dirección y organización empresarial se acudirá a las circunstancias concurrentes en cada caso incluida la de buena fe para atribuir esa facultad a uno o a otro”.

Es cierto que las Sentencias del Tribunal Supremo de 13 de junio de 2008  y 18 de junio de 2008, han negado el derecho a elección de turno entre el ámbito de las facultades concedidas a trabajadores y trabajadoras en el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores. Ahora bien, en la situación que se analiza, no existe una petición de cambio de turno, sino reducción de jornada, con la consiguiente reducción proporcional del salario. Se trata de un efecto directamente vinculado con la imputación horaria en el ámbito del artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores (ET).

En tal sentido, debe tenerse en cuenta que, como norma general, es a la trabajadora a quien se atribuye la facultad de concreción horaria del derecho a la reducción de jornada. Por otro lado, se trata del reconocimiento de un derecho que no es definitivo, pues una vez desaparecidas las condiciones de su concesión, se volverá a la realización de la jornada anterior.

En el presente caso, la petición de la trabajadora no es arbitraria, está amparada por la legislación ordinaria y normas comunitarias; el conjunto de dicha normativa protege el derecho a la conciliación de la vida familiar y los derechos de los menores. De hecho, la trabajadora, ante la negación por la empresa de la concreción horaria solicitada, se ha visto avocada a solicitar una nueva reducción de jornada de 5 horas, en horario de 14.00 a 19.00 horas, hasta la resolución del presente procedimiento, con el sacrificio económico que ello comporta.

Ha quedado acreditada la necesidad de la trabajadora de circunscribir su desempeño laboral en la franja horaria solicitada, que se extiende de lunes a viernes desde las 10.00 a 16.00 horas, al ser el que le permite atender a su hijo, que acude a la Guardería, en horario de 9,30 a 17,00 con ampliación hasta las 18,00 h.

No puede desdeñarse el importante sacrificio que supone la reducción salarial que de forma proporcional a la jornada reducida va a experimentar la trabajadora y que es la progenitora la que ostenta el derecho a decidir sobre aquello que considera más beneficioso para el menor.

No es exigible la acreditación de las circunstancias que han determinado que sea la madre la que acude a la reducción de jornada, siendo una cuestión que entra dentro del ámbito íntimo de organización de la familia y que además constituye un derecho en su condición de trabajadora que no se encuentra supeditado, ni condicionado a la constatación de otras circunstancias relativas al otro progenitor.

Por otro lado, no se acreditan por la empresa demandada problemas de carácter organizativo insalvables ni trascendentes, que pueda obstaculizar el derecho de la trabajadora en los términos solicitados, limitándose a aportar una relación de trabajadores adscritos a la sección cajas y reposición a fechas 12 de julio de 2013 y 31 de octubre de 2013 y la relación de ventas supuestamente registradas en turno de mañana y de tarde en la tienda sita en […] de Madrid en los meses de marzo a septiembre de 2013 que no podemos dar por probadas al aportar documentación ininteligible, que hace imposible dar por probado el porcentaje de ventas alegada.

Tampoco se ha aportado la relación de trabajadores que disfrutan de la reducción de jornada para conciliar la vida personal y laboral, todo lo cual impide tener probadas las causas organizativas alegadas por la empresa, ante la falta de justificación y acreditación de las mismas.

Al no apreciar razones empresariales que justifiquen razonablemente su negativa al horario solicitado por la trabajdora, la conclusión a la que debe llegarse es la estimación de la demanda al ser la más acorde con la dimensión constitucional del derecho a la reducción de jornada por motivos familiares.

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