¿Cuándo nace la responsabilidad civil derivada de un accidente de trabajo?

El Tribunal Supremo afirma que la responsabilidad civil supone que una persona ha vulnerado un deber de conducta impuesto en interés de otro y, por ello, queda obligada a resarcirle el daño producido.

Tradicionalmente, esta responsabilidad civil puede ser:

a) contractual: supone la transgresión de un deber de conducta impuesto por un contrato, es decir, cuando el hecho determinante del daño surge dentro de la rigurosa órbita de lo pactado y como desarrollo normal del contenido negocial, de modo que se desenvuelve en el ámbito de lo subjetivo (culpa o negligencia del art. 1104 Código Civil), aún cuando se pretenda objetivar el grado de diligencia debido con la referencia al “buen padre de familia“; es exigible conforme a los artículos 1101 y siguientes CC , el primero de los cuales dispone “quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren el tenor de aquéllas”.

b) extracontractual o aquiliana: supone la producción de un daño a tercero al margen de una previa relación jurídica y por mera transgresión del deber de abstenerse de un comportamiento lesivo para los demás -“neminem laedere”-, es decir, con entera abstracción de la obligación preexistente; es exigible conforme a los artículos 1902 y 1903 del Código Civil, el primero de los cuales dispone “el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado”.

En cualquier caso, no se ha llegado a la absoluta eliminación del elemento culposo, porque su existencia es un principio básico de nuestro ordenamiento jurídico que impide condenar a quien prueba que actuó con la debida y exigible diligencia, siendo la causa de los daños ajena y no previsible, de ahí la necesidad de que se acrediten acciones u omisiones culposas a añadir a la responsabilidad ya reconocida -en su caso- por infracciones de medidas de seguridad, toda vez que la existencia de las mismas no comporta necesariamente culpa civil.

En definitiva, la jurisprudencia señala como presupuestos de la responsabilidad indemnizatoria, tanto en la regulación de la culpa contractual como de la extracontractual, los siguientes: a) El daño. b) La conducta calificable con una cierta culpa o negligencia. c) El nexo causal daño-conducta.

En el caso resuelto por la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de fecha 14 de enero de 2014, se declara que el empresario, como deudor de seguridad en el contrato de trabajo y para evitar el daño que finalmente se produjo, tenía que haber acreditado que cumplió -lo que no hizo- con las medidas de prevención o seguridad demostrativas de la diligencia exigible, no obstante la diversidad de las mismas de acuerdo con la legalidad vigente durante los períodos que se dejan señalados; y esa omisión encaja en el tipo de responsabilidad prevista en el artículo 1101 del Código Civil.

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¿Quién puede acceder a los datos del Registro de la Propiedad?

En cuanto a la acreditación del interés legítimo, la Dirección General de los Registros y del Notariado, en su Resolución de fecha 3 de febrero de 2014, ha declarado que, conforme a lo dispuesto en los artículos 221 y 222 de la Ley Hipotecaria y 332 de su Reglamento que, aun partiendo del principio general de publicidad, el contenido del Registro sólo se ha de poner de manifiesto a quienes tengan interés en conocer el estado de los bienes o derechos inscritos, y que dicho interés se ha de justificar ante el registrador, que es a quien corresponde apreciar la legitimación del solicitante de la información.

Este interés ha de ser un interés conocido (en el sentido de acreditado o justificado, salvo en los casos de las autoridades, empleados o funcionarios públicos que actúen en razón de su oficio o cargo, en cuyo caso el artículo 221.2 presume dicho interés), directo (en caso contrario se ha de acreditar debidamente el encargo, sin perjuicio de la dispensa prevista en el número 3 del artículo 332 del Reglamento Hipotecario), y legítimo (artículo 332.3 del Reglamento Hipotecario).

Este concepto de «interés legítimo» es más amplio que el de «interés directo», de forma que alcanza a cualquier tipo de interés lícito.  Dicha exigencia reglamentaria de interés legítimo aparece amparada por el artículo 222.7 de la Ley Hipotecaria que se refiere expresamente a los ‘‘fines lícitos’’ que se proponga quien solicite la información registral, fines lícitos que implican un interés legítimo en cuanto no contrario a Derecho.

Esta necesaria cualificación del interés concurrente en el solicitante de la información registral queda patente, como ha señalado la doctrina, cuando se somete a contraste el contenido del artículo 607 del Código Civil, al establecer que: «El Registro de la Propiedad será público para los que tengan interés conocido en averiguar el estado de los bienes inmuebles o derechos reales anotados o inscritos» con sus antecedentes prelegislativos que utilizaban la expresión mucho más amplia, referida al solicitante, de «cualquiera que lo exija» que figuraba en el artículo 1736 del Proyecto del Código Civil de 1836 y en el artículo 1885 del Proyecto de Código Civil de 1851, expresión que el Código Civil definitivamente aprobado, tomándola de la Ley Hipotecaria primitiva, sustituye por la exigencia del «interés conocido» (artículo 607 transcrito).

Comprobamos, pues, cómo se ha producido un retroceso en la publicidad de los datos inscritos en el Registro de la Propiedad. En la actualidad es preciso acreditar un interés legítimo. Años atrás, era suficiente con que cualquier solicitante lo exigiera.

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¿Quién debe firmar la carta de despido?

Cuestiona el despedido la capacidad de quien firma la carta de despido, Sr. Fernando, con el efecto de su nulidad porque esta irregularidad hace el despido inexistente. Este último, cuando se produjo el despido del trabajador era presidente del consejo de administración de la mercantil demandada, habiéndose elevado a públicos los acuerdos de dicho órgano el 9-6-2010, con otorgamiento de poderes a dicho presidente para, entre otros actos, despedir, alegando el despedido que al ser los poderes compartidos de forma solidaria con otra persona (Sr. Juan), la decisión extintiva queda invalidada.

Una básica y elemental idea de la figura de la solidaridad en el campo de las relaciones jurídicas nos da muestra de que, también en el derecho mercantil, a diferencia del carácter mancomunado de la conjunción entre los administradores sociales, son válidos los hechos y actos jurídicos realizados individualmente y con independencia de cualquier miembro ligado bajo tal forma de vínculo, aunque más adelante puedan surgir las consecuencias atinentes a la responsabilidad de quien actuó con tal carácter.

Además, en la legislación societaria- art. 233.2, b) de Ley de Sociedades de Capital  de 2-7-2010 -“en caso de varios administradores solidarios, el poder de representación corresponde a cada administrador, sin perjuicio de las disposiciones estatutarias o de los acuerdos de la junta sobre distribución de facultades, que tendrán un alcance meramente interno”.

En el presente caso, quien acordó el despido del demandante fue el presidente del consejo de administración, que para acordar la extinción, no precisaba de la anuencia o conformidad del otro cargo, ni era precisa a tal fin la actuación conjunta e indivisible de ambos, como tampoco que la decisión hubiera de ser adoptada por el referido órgano, al tener el Sr. Fernando concedidos poderes expresamente para, entre otras muchas facultades, despedir a trabajadores.

Ciertamente la carta de despido debe ir firmada por el empresario o por persona en que este delegue o debidamente apoderada (Sentencia del Tribunal Supremo de 9-3-1990). Pero también es cierto que aun en el caso de que el firmante de la carta no tuviera facultades para despedir, si la empresa ratifica o convalida tal acto, no cabe cuestionar la validez del mismo.

Como dice la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 22-6-1993, “constituyendo el despido una decisión de la empresa, es indiferente quién sea la persona que firme la carta cuando no se discute que la decisión ha sido tomada por el empresario, siendo lo esencial que la empresa efectivamente sea la que haya tomado como tal la decisión de despedir y no cuestione la certeza de la misma. Podría ser relevante esta circunstancia si el empresario desautoriza al firmante de la carta de despido o niega que se haya adoptado tal decisión; pero cuando la empresa ha sido quien realmente ha decidido el despido, las mayores o menores facultades de la persona que firme la comunicación no desnaturaliza el hecho esencial de que se está ante una medida adoptada válidamente por el empresario que es quien puede en todo caso hacerla efectiva” (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 20 de enero de 2014).

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La consolidación de empleo temporal en la Administración

Conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional recaída sobre procesos de consolidación de empleo mediante la utilización de pruebas restringidas, sólo cabe su viabilidad cuando se utilicen como medio excepcional que pueda servir para resolver una situación también excepcional.

La Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 22 de enero de 2014 rechaza dicho argumento en los siguientes términos:

“este argumento carece de relevancia en orden a conseguir la anulación de la concreta resolución recurrida en este proceso, ya que la doctrina constitucional que se invoca, que se contienen en concreto en la sentencia 126/2008, de 27 de octubre, se refiere específicamente a unas ” pruebas restringidas para el acceso a la función pública”, cuando resulta que el objeto de este recurso es una Oferta de Empleo Público, en la que por su propio contenido no se llega a definir el tipo de pruebas que habrán de celebrase para superar el proceso selectivo y si las mismas serán abiertas o restringidas, siendo en la correspondiente convocatoria donde se determinarán tales aspectos”.

La razón de la impugnación era que la consolidación de empleo determina de por sí un sistema de acceso mediante concurso-oposición, y precisamente es este sistema el que la aquí recurrente cuestiona.

La finalidad de consolidar el empleo público temporal no puede considerarse a priori constitucionalmente ilegítima (Fundamento Jurídico 5 de la STC 107/2003), ya que pretende conseguir estabilidad en el empleo para quienes llevan un periodo más o menos prolongado de tiempo desempeñando satisfactoriamente las tareas encomendadas, ni por lo tanto lo será tampoco la previsión de valorar en la fase de concurso los servicios prestados como experiencia previa del personal afectado.

La valoración como mérito de la antigüedad o experiencia previa no puede estimarse, pues, como una medida desproporcionada, arbitraria o irrazonable a esa finalidad de consolidación del empleo temporal y, aunque efectivamente establece una desigualdad, esta viene impuesta en atención a un interés público legítimo y no responde al propósito de excluir a nadie de la posibilidad efectiva de acceso a la función pública.

Como, con total corrección jurídica, razona la sentencia recurrida, será, en su caso, la convocatoria consecuente a la Oferta Pública de Empleo impugnada, la que podrá ser cuestionada en función de cuáles sean los términos de la misma; pero no, como pretende la recurrente, dicha Oferta de Empleo Público.

El proceso denominado de consolidación no excluye el sistema selectivo de oposición, antes bien, incluye el mismo, si bien añadiendo la fase de concurso.

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Disolución de una sociedad por falta de actividad

El fin de toda sociedad es conseguir beneficios repartibles entre sus inversores, por lo que el fin social no se identifica con el objeto social y la causa alegada sólo concurre en aquellos supuestos en que ha desaparecido la posibilidad de sacar provecho del objeto de la sociedad.

La imposibilidad de conseguir el fin social debe entenderse como la imposibilidad de obtener ganancias repartibles a través del ejercicio de la actividad, sin que pueda reputarse como tal las meras dificultades u obstáculos transitorios y vencibles en la consecución del fin social. Debe tratarse de imposibilidad manifiesta, clara y definitiva, de una situación insuperable.

Puede tener diversas causas tales como obstáculos naturales, impedimentos técnicos, ausencia de materias primas, caducidad de la concesión que era objeto de explotación, etc…

En el supuesto resuelto por la Sentencia de la Audiencia Provincial de Girona de fecha 10 de mayo de 2013 no concurre causa alguna que impida la consecución de beneficios, sin que la actual crisis económica y los efectos que produce sobre la cuenta de resultados de todas las empresas pueda calificarse como una situación insuperable e irreversible.

En cuanto a la falta de ejercicio de la actividad que constituye el objeto social como causa de disolución, aparece configurada en la ley con carácter muy restrictivo, por lo que parece claro que impide la apreciación de la misma la existencia de cualquier actividad y, específicamente, cuando el objeto social se refiera a varias actividades, la realización aunque sea sólo de una de ellas.

La razón por la que se establece como causa de disolución la inactividad es la de propiciar la desaparición de sociedades que, permaneciendo inactivas de facto, no proceden a la liquidación.

En el presente supuesto el apelante pretende fundar la inexistencia de actividad que daría lugar a la disolución de la sociedad en el hecho no ha realizado actividad alguna de promoción inmobiliaria en los últimos años, pese a ser ese su objeto social. Afirma también que la falta de ejercicio de la actividad vendría determinada por la falta de ejercicio de la que es propia de A, sociedad dedicada a la promoción inmobiliaria, de la que es accionista mayoritaria B y que en los últimos años no ha realizado ninguna promoción.

El motivo debe ser desestimado ya que la sociedad B venido desarrollando el objeto social desde su fundación a través de la tenencia de las acciones de A, sin que en ningún momento desde el inicio de su actividad haya desarrollado directamente ninguna promoción inmobiliaria. El hecho de que en la actualidad, debido a la crisis económica, la actividad de A haya disminuido y no tenga beneficios que puedan ser repartidos, no supone que se haya producido respecto de una u otra el cese en la actividad que pueda servir de base para afirmar que la sociedad B se encuentra incursa en causa de disolución.

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¿Quién debe pagar los gastos de sustitución del ascensor?

En el caso que analizamos hoy se plantea si un local comercial debe contribuir al gasto de sustitución del ascensor. Las cláusulas de los estatutos de la comunidad de propietarios del inmueble indican lo siguiente:

a) “queda reservado expresamente al titular del local comercial el derecho para poder abrir puestas al portal y escaleras del inmueble de todos o de cualquiera de los locales que se vayan segregando tanto de la planta baja como del entresuelo comercial y aunque estos locales se les señale la cuota correspondiente, tomada de la planta de que proceden, no contribuirán a los gastos particulares del ascensor, escalera y portal, en tanto en cuanto no se abran dichas puertas de comunicación”.

b) “los gastos de conservación y reparación de los ascensores y así como los de conservación, reparación y alumbrado del portal y escaleras serán sufragados por los propietarios de las viviendas e incluso las dependencias del entresuelo comercial con puerta de acceso a la escalera, no contribuyendo a los mismos por no usar de tales elementos, con excepción de los gastos del portal si abren puerta a él, los locales de la planta baja comercial”.

La Sentencia del Juzgado y de la Audiencia Provincial interpretan estas cláusulas de la misma forma: lo que se les dispensa es de los gastos derivados de su uso, de su reparación y de su mantenimiento, pero no incluye los gastos de sustitución del ascensor, por lo que no establece una exoneración para el cambio de ascensor cuando sea necesarios.

El Tribunal Supremo, en su Sentencia de fecha 10 de febrero de 2014, declara que el local comercial no debe contribuir a los gastos de sustitución del ascensor. Los razonamientos fueron los siguientes:

a) Reiteramos como doctrina jurisprudencial que las exenciones genéricas de gastos que afectan a los locales contenidas en las cláusulas estatutarias, con apoyo en el no uso del servicio, comprenden tanto los gastos ordinarios como los extraordinarios.”

b)  El alcance de la exención relativa a obras de adaptación o sustitución de los ascensores no resulta comparable a aquellos supuestos en que la instalación del ascensor se realiza por primera vez.

En estos últimos supuestos, se trata de garantizar la accesibilidad y la mejora general del inmueble, por lo que la conclusión que ahora se alcanza, no se opone a lo dispuesto en otras decisiones adoptadas por el Tribunal Supremo en la que se establece que las cláusulas que eximen del deber de contribuir a «gastos de conservación, limpieza, alumbrado de portales y escaleras» a los propietarios de locales que no tienen acceso por dichos portales, deben entenderse en el sentido de que no les libera del deber de contribuir a sufragar los gastos de instalación de los mismos, en aquellos casos en los que es necesaria para la adecuada habitabilidad del inmueble, puesto que en el caso que nos ocupa se trata de la sustitución o cambio de un ascensor ya existente y no de su instalación originaria.

c) En definitiva, el acuerdo por el que se decidió que el dueño del local comercial pagara la parte correspondiente del ascensor en la realización de las obras de sustitución del ascensor, pese a la exención contenida en los estatutos de la comunidad en relación a estos gastos a favor del titular de los locales de su propiedad, es nulo.

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¿Prevalece el Registro de la Propiedad o la Ley de Costas?

Se plantea si la inscripción de los terrenos en el Registro de la Propiedad es equiparable a la existencia de una sentencia judicial firme declarativa de la propiedad particular, que constituye el requisito exigido en el apartado 1 de la disposición transitoria primera de la Ley de Costas para conferir al titular el derecho de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre.

Con independencia del alcance probatorio de las certificaciones registrales, y de la salvaguarda judicial de los asientos del Registro de la Propiedad, es claro que la existencia de inscripción registral no constituye el supuesto contemplado en el apartado 1 de la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Costas, que se refiere de manera clara e inequívoca a la existencia de sentencia judicial firme. Por tanto, aunque se admita el hecho de la inscripción registral, que ni la Administración recurrida ni la Sala de instancia han cuestionado, ello en nada altera la conclusión alcanzada la sentencia.

Por lo demás, cuando la disposición transitoria primera de la Ley de Costas se refiere a la declaración de propiedad contenida en “sentencia judicial firme” utiliza esta expresión en su significado técnico jurídico más preciso, el de las resoluciones judiciales contra las que no cabe recurso y pasan en autoridad de cosa juzgada (vid artículos 369 y 408 de la de 1881, vigente cuando se promulgó la Ley de Costas y 207 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000, dando la Ley de Costas un tratamiento diferenciado al caso de los derechos inscritos en el Registro de la Propiedad, lo que impide acudir a la vía de la interpretación analógica que pretende la recurrente.

Así, por ejemplo, la Ley de Costas niega todo valor obstativo frente al dominio público a las detentaciones privadas, aun amparadas por inscripciones en el Registro de la Propiedad (artículo 8 de la Ley de Costas ); e impide que las inscripciones registrales prevalezcan sobre la naturaleza demanial de los bienes deslindados en cuanto declaran la posesión y la titularidad dominical a favor del Estado  (artículo 13.1 de la Ley de Costas ).

En definitiva, el valor jurídico conferido a las inscripciones registrales declarativas en modo alguno es equiparable al supuesto a que se refiere el apartado 1 de la disposición transitoria primera de la Ley de Costas , esto es, el reconocimiento de la titularidad dominical por sentencia judicial firme.

Por lo tanto, ni de la Ley de Costas ni de la Ley Hipotecaria resulta la posibilidad, a los efectos que nos ocupan, de la asimilar las inscripciones registrales a las sentencias firmes (Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 8 de marzo de 2013).

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El despido de la trabajadora embarazada

La Sala de lo Social del TSJ de Murcia, revocó el pronunciamiento de instancia, declarando la improcedencia del despido y condenando en los términos legales a la Comunidad de la Región de Murcia, aduciendo, en esencia, “que no existe pues ninguna razón discriminatoria por razón de sexo, ya que el despido no trae causa ni nada tiene que ver con que la actora estuviese embarazada al momento de su cese, sino que el mismo deviene como consecuencia de que no se iban a realizar más contrataciones, hecho que fue anunciado con anterioridad, en la forma anteriormente expresada y reflejada ya en diversas sentencias de esta Sala”.

La trabajadora recurre este pronunciamiento, aportando como sentencia contradictoria la del Tribunal Supremo de fecha 6 de mayo de 2009 , en la que se trata de una trabajadora a la que se le entregó carta de despido el 17 de julio de 2007 reconociendo su improcedencia y consignando el importe de la indemnización; el 23 de julio de 2007 se confirmó por analítica su embarazo de 5 semanas y consta que a la fecha del despido la empresa desconocía que la trabajadora se hallaba gestante.

El Tribunal Supremo considera que el despido de las mujeres embarazadas, salvo que resultara procedente, es nulo, al margen de que el empleador conociera o no el estado de gravidez de la trabajadora.

En efecto, la nulidad es la calificación aplicable a los despidos de las trabajadoras embarazadas que no sean considerados procedentes.

Como ha señalado el Tribunal Constitucional en la sentencia 92/2008, el legislador no ha establecido como exigencia para la declaración de nulidad de los despidos no procedentes efectuados durante el período de embarazo de una trabajadora la acreditación del previo conocimiento del embarazo por el empresario.

Por el contrario, hay que considerar que estamos ante una garantía que opera con un carácter objetivo y automático que se vincula exclusivamente a la acreditación del embarazo de la trabajadora y a la no consideración del despido como procedente, sin contemplar requisito específico alguno de comunicación del embarazo al empresario, ni de conocimiento previo por parte de éste del hecho del embarazo.

De esta forma, se ha configurado por el legislador un mecanismo de garantía reforzada en la tutela de las trabajadoras embarazadas en la medida en que se exime de la necesidad de demostrar el conocimiento por un tercero de un hecho que pertenece a la esfera más íntima de la persona y que, por otra parte, presenta en la práctica evidentes dificultades de acreditación, que, sin duda, el legislador ha tratado de obviar para lograr una protección más efectiva de las trabajadoras embarazadas frente al despido.

Estamos ante una causa de nulidad  que actúa en toda situación de embarazo, al margen de que existan o no indicios de tratamiento discriminatorio o, incluso, de que concurra o no un móvil de discriminación (Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 31 de octubre de 2013).

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Convocadas oposiciones 14 plazas bombero Ayuntamiento Vitoria

En el BOE de hoy se publica la convocatoria de oposiciones y pruebas selectivas para cubrir 14 plazas de Bombero del Ayuntamiento de Vitoria, mediante oposición libre.

Si necesitas hacer casos prácticos o exámenes tipo test sobre temas de Derecho, te los hacemos “a la carta” por tan sólo 25 euros, IVA incluido.

Si quieres más información, envíanos un correo electrónico sin compromiso.

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El accidente de trabajo “in itinere”

Hay que señalar que no es cierto que el único elemento relevante a efectos de la calificación del accidente del trabajo como “in itinere” sea el ir al trabajo o el volver de él, careciendo de trascendencia el punto desde el que se va al trabajo o al que, desde éste, se dirige el trabajador.

El Tribunal Supremo ha establecido con reiteración que la noción de accidente “in itinere” se construye a partir de del trabajador y de dos términos (el lugar de trabajo y el domicilio del trabajador) y de la conexión entre ellos a través del trayecto”.

Es cierto que el punto de salida para el trabajo o de retorno desde éste “puede ser o no el domicilio del trabajador”. Pero esta afirmación no debe aislarse de su contexto, en el que no se prescinde de este segundo término, sino que simplemente se aplica un criterio flexible en orden a la consideración de lo que a estos efectos debe entenderse por domicilio.

Éste se define de forma abierta en el sentido de que “no se trata sólo del domicilio legal, sino del real y hasta del habitual y, en general, del punto normal de llegada y partida del trabajo” y ello en atención a “la evolución que se produce en las formas de transporte y en las costumbres sociales” que amplía la noción de domicilio “para incluir lugares de residencia o, incluso, de estancia o comida distintos de la residencia principal del trabajador”.

Esta ampliación opera a partir de criterios de normalidad dentro de los que se produce una conexión también normal entre el desplazamiento y el trabajo y añade que esta normalidad se rompe cuando estamos ante un lugar que no es una residencia habitual o el sitio ordinario de comida o descanso o cuando la opción por ese lugar comporta un incremento de los riesgos de desplazamiento, como ocurre en el caso de las diferencias relevantes de distancia.

Así, por ejemplo, la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de septiembre de 2005 excluye el domicilio de la novia; la de 19 de enero de 2005, el domicilio de los padres que se encontraba en Valladolid, mientras que el trabajador vivía en San Feriando de Henares; la de 28 de febrero de 2001, la vuelta al trabajo desde el domicilio de otra persona en el que se pernoctó y la de 17 de diciembre de 1997, el domicilio de la abuela. En esta sentencia se afirma que “admitir como domicilio habitual del trabajador el de cualquiera de sus ascendientes -u otros próximos familiares- cuya residencia, además, se encuentra en localidad distinta a la del centro de trabajo, desorbitaría el riesgo profesional concertado”.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de abril de 2013 no considera accidente de trabajo el que se produce al ir desde el lugar de trabajo al centro de salud y la de 10 de diciembre de 2009 hace lo mismo respecto a un trayecto en sentido inverso: desde la consulta médica a la empresa.

En la misma línea, la sentencia 29 de marzo de 2007 descarta como accidente in itinere el que tiene lugar cuando desde el centro de trabajo se va a la Agencia Tributaria para realizar una gestión personal, lo que pone de relieve que no basta el ir o el volver del trabajo, sino que es precisa la conexión que la norma establece entre el trabajo y domicilio (Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 26 de diciembre de 2013).

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