El embargo preventivo y la anotación preventiva del embargo

El artículo 81 de la Ley General Tributaria establece, respecto de la duración de las medidas cautelares –entre ellas el embargo preventivo de bienes y derechos–, un plazo de seis meses desde su adopción, pudiendo prorrogarse por otros seis meses. Ahora bien, estos plazos se refieren al embargo preventivo, que es la medida cautelar, no a la anotación preventiva de dicho embargo, cuya eficacia es tan sólo la de la hacer efectivo erga omnes el embargo trabado.

Dicho precepto no dicta ninguna norma dirigida al Registrador de la Propiedad, no se señala un plazo de vigencia especial para la anotación de embargo preventivo, ni se establece la caducidad de la misma, por lo cual se debe aplicar el plazo general de caducidad de las anotaciones establecido en el artículo 86 de la Ley Hipotecaria.

La Dirección General de los Registros y del Notariado ha insistido en numerosas ocasiones en la esencial diferencia existente entre la duración de los derechos o gravámenes que acceden al Registro y la caducidad de los asientos que los recogen sin que puedan confundirse unos y otros.

En el primer caso, el mero transcurso del plazo de duración establecido no permite sin más la consiguiente cancelación del asiento en que estén publicados pues nada impide que ejercitado el derecho antes de que transcurra el tiempo de su vencimiento llegue posteriormente su ejercicio al Registro (inciso final del artículo 82 de la Ley Hipotecaria y artículo 177 de su Reglamento).

Por el contrario, la caducidad del asiento se produce por el mero transcurso del tiempo con independencia de si la situación subyacente que ha provocado el asiento permanece vigente o no (por ejemplo un procedimiento judicial de ejecución del que deriva una medida de embargo). De aquí que sólo en este segundo supuesto quepa solicitar y obtener la cancelación por el mero hecho del transcurso del plazo determinado legalmente de duración del asiento.

En el caso examinado por la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de fecha 21 de febrero de 2014, se declara que no procede la cancelación de la anotación de embargo preventivo hasta que transcurra el plazo del artículo 86 de la Ley Hipotecaria, esto es, cuatro años desde la fecha de la anotación de embargo o se acredite fehacientemente el alzamiento del embargo mediante documento administrativo expedido por la autoridad que lo decretó.

A estos efectos, para la cancelación anterior al transcurso de dicho plazo, deben observarse las formalidades adecuadas para el acto cancelatorio (artículo 83 de la Ley Hipotecaria) de manera que se acredite el hecho y la causa de la cancelación (respecto del pago o el acuerdo de extinción de la deuda por cualquier otra causa, el artículo 173 de la Ley General Tributaria).

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)

Los nuevos requisitos de los contratos celebrados por teléfono

En el BOE de hoy, se publica la Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

Entre otras modificaciones, se contemplan unos requisitos nuevos para todos los contratos celebrados por teléfono.

Si el contrato se celebra a través de una técnica de comunicación a distancia en la que el espacio o el tiempo para facilitar la información son limitados, el empresario facilitará en ese soporte específico, antes de la celebración de dicho contrato, como mínimo la información precontractual sobre las características principales de los bienes o servicios, la identidad del empresario, el precio total, el derecho de desistimiento, la duración del contrato y, en el caso de contratos de duración indefinida, las condiciones de resolución.

El empresario deberá facilitar al consumidor y usuario las demás informaciones que figuran en el artículo 97 de una manera apropiada.

Si el empresario llama por teléfono al consumidor y usuario para celebrar un contrato a distancia, deberá revelar, al inicio de la conversación, su identidad y, si procede, la identidad de la persona por cuenta de la cual efectúa la llamada, así como indicar el objeto comercial de la misma.

En aquellos casos en que sea el empresario el que se ponga en contacto telefónicamente con un consumidor y usuario para llevar a cabo la celebración de un contrato a distancia, deberá confirmar la oferta al consumidor y usuario por escrito, o salvo oposición del mismo, en cualquier soporte de naturaleza duradera. El consumidor y usuario sólo quedará vinculado una vez que haya aceptado la oferta mediante su firma o mediante el envío de su acuerdo por escrito, que, entre otros medios, podrá llevarse a cabo mediante papel, correo electrónico, fax o sms.

El empresario deberá facilitar al consumidor y usuario la confirmación del contrato celebrado en un soporte duradero y en un plazo razonable después de la celebración del contrato a distancia, a más tardar en el momento de entrega de los bienes o antes del inicio de la ejecución del servicio. Tal confirmación incluirá:

a) Toda la información que figura en el artículo 97.1, salvo si el empresario ya ha facilitado la información al consumidor y usuario en un soporte duradero antes de la celebración del contrato a distancia, y

b) Cuando proceda, la confirmación del previo consentimiento expreso del consumidor y usuario y del conocimiento por su parte de la pérdida del derecho de desistimiento de conformidad con el artículo 103.m).

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)

¿En qué consiste el delito de insolvencia punible?

El actual art. 257 del Código Penal, no sólo es el sucesor del art. 519 que sancionaba el alzamiento de bienes, sino que además ha ampliado notablemente su contenido , pues junto con el tipo básico de alzamiento, consistente en la desaparición física del deudor con sus bienes, incluye una nueva modalidad de alzamiento consistente en la realización de «…cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones…», siempre que a consecuencia de este acto patrimonial u obligacional, el deudor se muestre insolvente ante la obligación, esta ampliación del tipo ha reforzado la naturaleza del delito como de estructura abierta.

Esta nueva modalidad delictiva que supone un acto de disposición u obligacional en perjuicio de un acreedor, puede entrar en colisión con la consolidada doctrina jurisprudencial que tiene declarado que el delito de alzamiento castiga la insolvencia, no la pretensión de acreedores, puesto que si el que recibe los bienes con injusta preferencia, es en todo caso titular de un crédito, se tratará de un problema de anulabilidad del negocio, situado extramuros del Código Penal. Es preciso deslindar en cada caso los ámbitos del ámbito civil y penal o dicho de otro modo, separar el negocio civil impugnable del delito de alzamiento de bienes.

Se estará ante una conducta de favorecimiento de acreedores, situada extramuros del Código Penal cuando el futuro insolvente solventa sus deudas con alguno de los acreedores, perjudicando al resto siempre que aquél no esté constreñido a satisfacer el crédito pospuesto en el pago, por el contrario, cuando exista este constreñimiento jurídico debe estimarse que no existe causa de justificación que ampare tal anticipación de pago , y que en consecuencia en la medida que con el pago efectuado se ha constituido en una situación de insolvencia, es decir, sin bienes, ante el resto de los acreedores, singularmente ante aquel acreedor que ostentaba un crédito ya realizable, ha de estimarse tal acción como incursa en el nuevo supuesto contemplado en el art. 257-1º párrafo segundo que sólo exige que el crédito pretendido sea ejecutivo, habiéndose ya iniciado la ejecución o siendo previsible su iniciación, debiéndose deducirse el elemento subjetivo tendencial consistente en la intención de causar perjuicio a los acreedores, como objetivo intentado, sin que se exija su efectividad, de la propia prueba indiciaria que exista al respecto en el supuesto contemplado, ya que, la acreditación de este elemento interno, como juicio de intenciones que anima la acción del culpable, se acreditará más bien por prueba indirecta o indiciaria, que por prueba directa.

En definitiva, el nuevo tipo que se comenta viene a sancionar todas aquellas maniobras del deudor que tienden a entorpecer, obstaculizar o impedir la satisfacción de un crédito para el que ya se esté en fase de ejecución o de previsible ejecución, en perjuicio del titular de dicho crédito (Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 23 de julio de 2001).

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)

¿Es incompatible la pensión de orfandad con la pensión de invalidez absoluta?

Lo que aquí analizamos hoy es si la pensión de orfandad y la de invalidez en el grado de incapacidad permanente absoluta obedecen a la misma “incapacidad”.

El punto de interpretación se encuentra en el término en razón a la misma “incapacidad”. El término “incapacidad” que recoge en el artículo 179 de la Ley General de la Seguridad Social , no parece referirse al mismo cuadro de dolencias y su posible agravación o mejoría. La mejoría en la situación de invalidez que permite trabajar provocaría que la Entidad Gestora dejara sin efecto la orfandad que trae causa de la incapacidad para el trabajo (artículo 21.1 b) de la Orden Ministerial de 13 de febrero de 1967, por la que se establecen normas para la aplicación y desarrollo de las prestaciones de muerte y supervivencia del Régimen General de la Seguridad Social). Por otro lado, la agravación de las dolencias no alteraría la condición de beneficiario de la pensión de orfandad que trae causa de esa incapacidad.

Por el contrario, el reconocimiento administrativo de una incapacidad laboral -para el trabajo-, generador de otra pensión del sistema de la Seguridad Social, sí que tiene incidencia en la relación de protección del sistema cuando el sujeto está percibiendo ya prestaciones con cargo al mismo. Y esa incidencia es la propia de toda incompatibilidad prevista en la normativa (artículo 122 de la Ley General de la Seguridad Social ) y que impide ser causante de dos prestaciones que tengan la misma finalidad de sustitución. En este caso en una y otra se generan, fundamentalmente, por la situación de incapacidad para todo trabajo por las mismas reducciones anatómicas y funcionales graves.

Esto es, si la incapacidad para el trabajo ha provocado que el huérfano sea beneficiario de la protección y la incapacidad para el trabajo es lo que también ha permitido generar la pensión de invalidez, lo que no es admisible es que esa misma incapacidad -la de no poder desarrollar toda actividad- le permite al trabajador percibir dos pensiones del sistema.

Y para ello no es posible acudir a contrastar el cuadro de dolencias que han permitido acceder a la orfandad y el que ha generado la invalidez en el grado de incapacidad permanente absoluta porque lo que se está valorando a unos y otros efectos no es el cuadro diagnóstico o lesiones sino la situación de “incapacidad para todo trabajo” y en este caso cualquier que sea el cuadro lo que uno y otro ha generado es la imposibilidad de prestar servicios en cualquier actividad profesional lo que permite estar protegido por el sistema ya para acceder a la pensión de orfandad o mantenerla ya para generar la de invalidez en aquel grado.

En consecuencia y en principio, resulta irrelevante que el demandante estuviera en 1993 en una determinada situación física y que en 2012 tuviera otra, lo trascendente es que la pensión de orfandad la ha obtenido por estar incapacitado para todo trabajo y la pensión de invalidez se la haya reconocido por el grado de absoluta -la misma incapacidad-, y no otra como la total u otra de grado inferior que pudiera, por ejemplo, haber generado por esas actividades profesionales que ha venido desarrollando siendo beneficiario de orfandad y compatibles con ella. Es por ello que, a nuestro juicio, la incompatibilidad declarada en la vía administrativa y en la instancia confirmada deba mantenerse (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 11 de febrero de 2014).

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)

Daños causados por una fuga de agua del piso de arriba

El caso real que vamos a analizar hoy es el siguiente: el local de un inmueble sufrió daños por el agua proveniente del piso de arriba, donde se produjo una fuga de agua, y esta fuga de agua constituyó la causa de que el local de abajo sufriera daños cuya reparación costó la cantidad reclamada de 60.000 euros.

El verdadero núcleo de la controversia se ciñe a la cuestión de si se puede hacer, o no, responsable de esa fuga de agua a la propietaria del piso de arriba.

El dueño del local no tiene por qué conocer qué es lo que ocurre o sucede en el interior de un piso ajeno. Solo puede ver lo que sale hacia fuera; en este caso, el agua desbordada. Él es el verdadero perjudicado en este asunto. Y, a primera vista, no tiene otro responsable que aquel del que parece provenir la acción culposa o negligente.

El artículo 1.910 del Código Civil (que dispone que ” el cabeza de familia que habita una casa o parte de ella, es responsable de los daños causados por las cosas que se arrojaren o cayeren de la misma “) no deja de ser una especificación de la responsabilidad extracontractual general recogida en el artículo 1.902 del Código Civil, que conecta -en cuanto a la concepción de la diligencia debida se refiere- con los artículos 1.104 y 1.105 del Código Civil (CC) , que constituyen normas generales aplicables a todo tipo de obligaciones.

En el artículo 1.104 CC se trata de definir la culpa diciendo que “la culpa o negligencia del deudor consiste en la omisión de aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación y corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar” . Y “cuando la obligación no exprese la diligencia que debe prestarse en su cumplimiento, se exigirá la que correspondería a un buen padre de familia” .

En el presente caso, el piso de arriba estaba vacío y en disposición de ser alquilado. No es necesario hacer un análisis excesivamente profundo de la realidad y de la experiencia para poder afirmar que entre las cautelas esenciales que debe adoptar un propietario de un piso, cuando éste va a quedar deshabitado, están las de cerrar ventanas y puertas, apagar luces, cortar llaves de suministros (agua, gas) en evitación de posibles hechos dañosos (fugas de agua, fugas de gas, cortocircuitos, ráfagas de viento, golpes, intrusiones…). En este sentido, la propietaria del piso superior no adoptó todas las cautelas debidas ni ejercitó la debida diligencia.

De otra parte, es cierto que el artículo 1.105 CC recoge los supuestos de fuerza mayor y caso fortuito como factores de exclusión de la responsabilidad, cuando dispone que “fuera de los casos expresamente mencionados en la ley, y de los en que así lo declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran inevitables”.

En el caso resuelto por la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de fecha 23 de enero de 2014, no se puede extraer base suficiente para considerar que la propietaria del piso de arriba no pudo prever la posibilidad de que en el piso se pudiera producir algún incidente que repercutiese en los convecinos de modo perjudicial. Cabe afirmar, incluso, que el mismo hecho de tener suscrito un seguro, permite inferir que en la mente de la propietaria se representó en algún momento la posibilidad de que se produjera algún evento perjudicial que comprometiese su patrimonio por efectos daños producidos a un tercero. De ahí que no sea posible aplicar al presente caso la exención de responsabilidad prevista en la ley por fuerza mayor o por caso fortuito.

Estamos ante una responsabilidad casi objetiva por las cosas que caen de la casa, en este caso el agua que produjo los daños en el local inferior (artículo 1910 del Código Civil).

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)

Indemnización por el corte del suministro eléctrico

La empresa distribuidora podrá suspender o cortar el suministro eléctrico a consumidores privados a tarifa cuando hayan transcurrido al menos dos meses desde que les hubiera sido requerido fehacientemente el pago, sin que el mismo se hubiera hecho efectivo.

A estos efectos, el requerimiento se practicara mediante remisión, a la dirección que a efectos de comunicación figura en el contrato de suministro a tarifa, por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, identidad y contenido del mismo, quedando la empresa distribuidora obligada a conservar en su poder la acreditación de la notificación efectuada.

En el supuesto de rechazo de la notificación se especificarán las circunstancias del intento de notificación y se tendrá por efectuado el trámite. Dicha comunicación deberá incluir el trámite de interrupción del suministro por impago precisando la fecha a partir de la que es interrumpida, de no abonarse en fecha anterior las cantidades adeudadas.

Para proceder a la suspensión del suministro por impago, la empresa distribuidora no podrá señalar como día para la interrupción un día festivo ni a aquellos que por cualquier motivo no exista servicio de atención al cliente tanto comercial como técnica a efectos de la reposición del suministro, y en víspera de aquellos días en que se dé alguna de estas circunstancias.

Efectuada la suspensión del suministro, éste será repuesto como máximo al día siguiente del abono de la cantidad adeudada y de los intereses que haya devengado de acuerdo con el artículo anterior y de la cantidad autorizada en concepto de reconexión del suministro.

La Audiencia Provincial de Valencia, en su Sentencia de fecha 14 de octubre de 2011, condena a la empresa suministradora de energía eléctrica al pago de una indemnización de 1.700 euros por haber tardado más de un día en reponer la luz, una vez cortada por impago. Los razonamientos fueron los siguientes:

a) En primer lugar, que debe requerirse fehacientemente de pago para que en el plazo de dos meses pueda realizarse.

b) En segundo lugar, una vez transcurrido ese período se acuerda la suspensión del suministro por impago que lleva aparejado la interrupción del suministro con los límites establecidos en cuanto al día en que debe realizarse en las condiciones indicadas en el apartado tres.

c) En el presente caso, con independencia de que el cliente adeudara algunas facturas en fecha uno de abril del 2010, el corte de suministro en aquella fecha, Jueves Santo, debido al calendario festivo de la Semana Santa, no respetó el derecho que al consumidor reconoce el apartado 3 para limitar las consecuencias nocivas del corte de suministro pues al ser el Viernes Santo festivo, el sábado Santo no hay servicio comercial y técnico al cliente a efectos de reposición, el domingo es festivo y el lunes también lo era en la Comunidad Valenciana, se vio privada de suministro eléctrico desde el 1 al 6 de abril, cuando de haberse cumplido la norma el suministro se hubiera repuesto el día 2 abril.

d) Es evidente que la empresa eléctrica no debió proceder al corte del suministro el día 1 pues el perjuicio que se causaba con esa actuación era manifiesto. El incumplimiento de esa norma ha generado perjuicios al cliente, por lo que debemos entrar en su enjuiciamiento de conformidad con el artículo 128 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)

Convocadas oposiciones 25 plazas policía local Ayuntamiento de Bilbao

En el BOE de hoy se publica la convocatoria de oposiciones y pruebas selectivas para cubrir 25 plazas de Policía Local del Ayuntamiento de Bilbao, mediante oposición libre.

Si necesitas hacer casos prácticos o exámenes tipo test sobre temas de Derecho, te los hacemos “a la carta” por tan sólo 25 euros, IVA incluido.

Si quieres más información, envíanos un correo electrónico sin compromiso.

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)
Publicado en Oposiciones | Etiquetado función pública, funcionarios, oposiciones y concursos, pruebas selectivas | Deja una respuesta | by

¿Se deben explicar las decisiones de los Registradores?

Cuando la calificación del Registrador de la Propiedad o Mercantil sea desfavorable para la inscripción o anotación que se pretenda, es exigible según los principios básicos de todo procedimiento y la normativa vigente que, al consignarse los defectos que, a su juicio, se oponen a la inscripción pretendida, aquélla exprese también la íntegra motivación de los mismos, con el desarrollo necesario para que el interesado pueda conocer los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha calificación (artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria y Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de fecha de 2 de octubre de 1998, 22 de marzo de 2001, 14 de abril de 2010 y 26 de enero de 2011, entre otras muchas).

Es indudable que, de este modo, serán efectivas las garantías del interesado recurrente, quien al conocer en el momento inicial todos los argumentos en que el registrador funda jurídicamente su negativa a la inscripción solicitada podrá alegar los fundamentos de Derecho en los que apoye su tesis impugnatoria, a la vista ya de todos los hechos y razonamientos aducidos por el registrador que pudieran ser relevantes para la resolución del recurso.

También ha mantenido la Dirección General de los Registros y del Notariado (la Resolución de 25 de octubre de 2007, cuya doctrina es confirmada, entre otras, por las de 28 de febrero de 2012 y 25 de febrero de 2013) que no basta con la mera cita rutinaria de un precepto legal (o de Resoluciones del mismo Centro Directivo), sino que es preciso justificar la razón por la que el precepto de que se trate es de aplicación y la interpretación que del mismo ha de efectuarse (y lo mismo debe entenderse respecto de las citadas Resoluciones), ya que sólo de ese modo se podrá combatir la calificación dictada por los Registradores para el supuesto de que no se considere adecuada la misma.

No obstante, debe tenerse en cuenta que es también doctrina de la Dirección General de los Registros y del Notariado en la misma materia (Resoluciones de 21, 22 y 23 de febrero, 12, 14, 15, 16 y 28 de marzo, 1 de abril y 13 de octubre de 2005, 8 de mayo y 3 de diciembre de 2010, 10 de mayo de 2011, 28 de febrero, 22 de mayo y 20 de julio de 2012 y 25 de febrero de 2013) que aun cuando la argumentación en que se fundamente la calificación haya sido expresada de modo escueto, puede tramitarse el expediente si expresa suficientemente la razón que justifica dicha negativa de modo no pueda estimarse producida la indefensión del recurrente, porque haya podido alegar cuanto le haya convenido para su defensa (Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de fecha 11 de febrero de 2014).

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)

El delito de intrusismo profesional

El bien jurídico protegido en el delito de intrusismo profesional está caracterizado por su carácter pluriofensivo: ofende al perjudicado, que es lesionado su derecho por la actividad del intruso; a la corporación profesional a la que afecta la conducta intrusa; y a la sociedad en su interés público en que sean idóneas las personas que ejercen determinadas profesiones para las que el Estado reglamenta el acceso a la actividad.

Aunque obviamente, el titular del bien jurídico sólo será el Estado, destacamos lo anterior para afirmar la caracterización plural de los sujetos afectados por la conducta intrusa. Ésta requiere, de una parte, la realización de actos propios de una profesión y de otro, por quien no está en posesión del necesario título académico u oficial que permite su realización. Se entiende por actos propios de una profesión aquellos que específicamente están reservados a una profesión, quedando excluidas de su realización aquellas personas que carezcan de la titulación precisa. Tal determinación de funciones deberá ser realizada desde una perspectiva objetiva de valoración social.

Constituyen elementos configuradores del delito:

a) La realización o ejecución de actos propios de una profesión para la que sea preciso título oficial, o reconocido por disposición legal o Convenio Internacional (título académico o título oficial de capacitación en el art. 403 ) sin que el texto legal requiera habitualidad por lo que tanto puede ser la actividad de mero ejercicio continuado, como la realización de un exclusivo acto de calidad y condición momentánea siempre que sea idóneo y peculiar de la profesión usurpada, integrando la repetición de la conducta o su continuidad una misma infracción, sin que puedan estimarse delitos diferentes los actos distintos en ella efectuados a través del tiempo.

b) Violación antijurídica de la normativa extrapenal ordenadora de la profesión invadida y, en particular, de aquel sector que reglamenta la concesión y expedición de la titularidad que faculta para el ejercicio de la actividad profesional que se enjuicia, hallándonos ante una norma en blanco que habrá de complementarse con las correspondientes disposiciones administrativas atinentes a la respectiva profesión.

En efecto el tipo penal que describe el delito de intrusismo presenta una estructura de ley penal en blanco; “esto es, de normas penales incompletas en las que la conducta o la consecuencia jurídico-penal- no se encuentre agotadoramente prevista en ellas, debiendo acudirse para su integración a otra norma distinta.

Esta conclusión está sostenida no solo en el incuestionable carácter jurídico de los elementos que se remiten nociones como “título oficial” o que “habilite legalmente para su ejercicio”, sino esencialmente debido a que el régimen español de las profesiones tituladas - materia que conforma el sustrato de regulación del acto de intrusismo y cuyos aspectos más esenciales (“títulos oficiales”, “actos propios de una profesión”, etc.) son los que han de servir de complemento exegético al mismo - se configura como un sistema cerrado de reglamentación, con una consiguiente vinculación entre títulos y la actividad profesional correspondiente- que, en mayor o menos concreción, debe ser legalmente determinada, tal como viene a establecer el art. 36 CE   al exigir que sea una ley la que regule el ejercicio de las profesiones tituladas.

Con esa medida habrán de ser precisamente normas jurídicas las que determinen qué deban ser actos propios de una profesión para cuyo ejercicio habilite un título oficial (Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 18 de julio de 2013).

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)

¿Quién debe pagar el préstamo hipotecario en caso de divorcio?

No constituye carga familiar el préstamo hipotecario destinado a la adquisición de la vivienda familiar.

La sentencia recurrida condenó al padre divorciado al pago de la cuota del préstamo hipotecario que gravaba la vivienda familiar. Esta Sentencia es revocada por el Tribunal Supremo, quien considera que si el préstamo hipotecario que grava la vivienda familiar fue concedido a los dos cónyuges, el préstamo debe ser pagado por ambos a partes iguales.

Resulta aplicable en el supuesto que nos ocupa la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en Sentencias de fecha 31 de mayo 2006, 5 de noviembre de 2008, 28 de marzo 2011, 29 de abril de 2011 y 26 de noviembre de 2012, según las cuales, la hipoteca no puede ser considerada como carga del matrimonio, en el sentido que a esta expresión se reconoce en el artículo 90 del Código Civil, porque se trata de una deuda contraída para la adquisición del inmueble que debe satisfacerse por quienes ostentan título de dominio sobre el mismo de acuerdo con lo estipulado con la entidad bancaria, en este caso por ambos cónyuges, con independencia de si su disfrute es otorgado a un concreto copropietario y, por tanto, el pago de la hipoteca cuando ambos cónyuges son deudores y el bien les pertenece, no puede ser impuesta a uno solo de ellos, sino que debe ser relacionado y resuelto de acuerdo con el régimen de bienes correspondiente a cada matrimonio, que en el caso es el de separación de bienes.

Según la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 31 de mayo de 2006, la noción de cargas del matrimonio debe identificarse con la de sostenimiento de la familia, debiendo ser atendidas tales cargas por ambos cónyuges en cuanto abarcan todas las obligaciones y gastos que exija la conservación y adecuado sostenimiento de los bienes del matrimonio y los contraídos en beneficio de la unidad familiar, considerándose también como contribución el trabajo dedicado por uno de los cónyuges para la atención de los hijos comunes (artículo 103.3.ª del Código Civil).

Pero no cabe considerar como cargas del matrimonio en caso de divorcio los gastos generados por ciertos bienes que, aun siendo de carácter común, no son bienes del matrimonio, pues en el año 2004 otorgaron los esposos la correspondiente escritura de capitulaciones matrimoniales y se acogieron al régimen de separación de bienes y la vivienda familiar que está gravada con la hipoteca la adquirieron por compra en el año 2006.

En consecuencia, la normativa aplicable a tal bien era la propia del régimen general de la copropiedad y, en concreto, el artículo 393 del Código Civil, que establece que el concurso de los partícipes en las cargas será proporcional a sus respectivas cuotas, que se presumen iguales (Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 20 de marzo de 2013).

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)