Nulidad de la providencia de apremio por la notificación edictal de la liquidación tributaria

Examinado el expediente, no hay ninguna razón para justificar porqué se notifica la propuesta de liquidación el 19 de septiembre de 2008 sin ningún problema y, un mes después, el 26 de octubre de 2008 se intenta notificar en el mismo domicilio el acuerdo de liquidación constando como “desconocido”. Posteriormente se notifica en el domicilio que consta del administrador la providencia de apremio, sin ningún problema.

Era perfectamente factible y sencilla en este caso la notificación de la liquidación a la entidad interesada o a su representante en los domicilios que se han reseñado, y la Administración, que conoce ambos domicilios, no ha empleado toda la diligencia exigible, en orden a practicar la notificación de la liquidación, siendo reiterada la jurisprudencia del Tribunal Supremo que señala que no puede utilizarse la notificación edictal en menoscabo de las garantías procedimentales de los administrados.

En definitiva, según se desprende del expediente, se notificó correctamente la propuesta de liquidación y un mes después al notificar la liquidación, en el mismo domicilio, consta como “desconocido”, no resultando eficaz este intento de notificación; seguidamente, la Administración tributaria procedió a insertar en el boletín oficial a que se refiere el artículo 112.1 Ley General Tributaria y luego notifica sin problema alguno la providencia de apremio.

Ahora bien, el artículo 112 de la Ley General Tributaria permite acudir a la notificación edictal siempre que “no sea posible efectuar la notificación al interesado o a su representante por causas no imputables a la Administración tributaria”. Y en este caso debió notificarse personalmente el acuerdo liquidatorio en la forma reseñada. Cualquier cosa, en suma, menos sumir a la recurrente en la situación de indefensión a que conduce la ficción de notificación que entroniza el artículo 112 LGT .

Así resulta desde el análisis de la notificación edictal o por comparecencia, desde la perspectiva del artículo 24 CE, recordando que “como una constante jurisprudencia enseña la notificación edictal o por anuncios es rigurosamente excepcional, en tanto que debilita las posibilidades materiales del destinatario del acto de conocer su contenido y reaccionar frente a él. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en la línea de que la notificación por edictos tiene un carácter supletorio y excepcional, debiendo ser reputada como el último remedio, por lo que únicamente es compatible con el artículo 24 de la Constitución Española si existe la certeza o, al menos, la convicción razonable de la imposibilidad de localizar al demandado”.

En consecuencia, se llega a la conclusión de que la notificación ex artículo 112 de la Ley General Tributaria , realizada por la Administración tributaria, no se acomodó a lo exigido por el artículo 24 CE . Y no puede considerarse que la notificación se llevara a cabo por dicho medio o procedimiento por existir la certeza o, al menos, la convicción razonable de la imposibilidad de localizar a la entidad interesada, pues como ha demostrado el desarrollo del propio expediente dicha localización era especialmente sencilla (Sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 30 de marzo de 2014).

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La alteración de la fachada de un edificio y el abuso del derecho

La fachada del edificio es un elemento común y como tal aparece recogido en el artículo 396 del Código Civil.

El dato de que en otras viviendas del edificio se hubieran alterado los elementos comunes sin que la Comunidad de Propietarios hubiera ejercitado acciones contra ellos, es intrascendente para la resolución de la controversia, ya que ello no le faculta al demandado para alterar los elementos comunes sin contar con el acuerdo favorable adoptado por unanimidad en la Junta de Propietarios. Nada impide que, en un futuro, se ejerciten acciones contra esos otros copropietarios. Y, en cualquier caso, no cabe igualar en la ilegalidad.

El titular de un derecho ostenta un poder compuesto por un conjunto de facultades, esto es, posibilidades concretas de actuación. Y en principio puede ponerlas en práctica en el momento, contra la persona y en la forma que le venga en gana. Pero esta doctrina del ejercicio del derecho subjetivo se ha visto matizada por la teoría del abuso del derecho , en base a la cual los derechos no pueden ser utilizados, en atención a un objetivo cualquiera, sino únicamente en función de su espíritu y del papel social que están llamados a desempeñar.

Teoría del abuso del derecho desarrollada en la sentencia de la Sala Primea del Tribunal Supremo de 14 de febrero de 1944 en la que se fijaron como elementos esenciales integrantes del abuso del derecho los siguientes: a) El uso de un derecho, objetiva o externamente legal; b) Daño a un interés no protegido por una específica prerrogativa jurídica; y c) Inmoralidad o antisocialidad de ese daño, manifestada de forma subjetiva -cuando el derecho se actúa con la intención de perjudicar o sencillamente sin un fin serio y legítimo-, o bajo forma objetiva -cuando el daño proviene de exceso o anormalidad en el ejercicio del derecho-.

Al reformarse el Código Civil, por la Ley de 31 de mayo de 1974, se recoge la teoría del abuso del derecho en el número 2 del artículo 7 (“La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales y administrativas que impidan la persistencia en el abuso”).

En cualquier caso la teoría del abuso del derecho es un remedio extraordinario, al que sólo puede acudirse en casos patentes y manifiestos (como exige el artículo 7 del Códi.c .) en los que no resulta provecho alguno para el agente que ejercita su derecho quien únicamente actúa imbuido del propósito de causar daño.

En el presente caso el ejercicio de la acción por la Comunidad de Propietarios obedece a un interés legítimo y serio, cual es la defensa de la intangibilidad de la fachada, sin que se pueda decir que únicamente actúa con el propósito de causar daño.

Por último, la fachada no se puede alterar ni modificar aunque después de la obra quede, a juicio de uno de los peritos, mejor de lo que estaba antes, o el remate de la obra hubiera sido perfecto con el mantenimiento de la misma estética (Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de fecha 25 de marzo de 2014).

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¿Cómo se computan los plazos para recurrir por meses?

Es reiteradísima la doctrina del Tribunal Supremo sobre los plazos señalados por meses, que se computan de fecha a fecha, iniciándose el cómputo del plazo al día siguiente de la notificación o publicación del acto, pero siendo la del vencimiento la del día correlativo mensual al de la notificación y ello en adecuada interpretación del art. 48.2 de la Ley 30/1992.

La reforma legislativa de 1999 tuvo el designio expreso -puesto de relieve en el curso de los debates parlamentarios que condujeron a su aprobación- de unificar, en materia de plazos, el cómputo de los administrativos a los que se refiere el artículo 48.2 de la Ley 30/1992 con los jurisdiccionales regulados por el artículo 46.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en cuanto al día inicial o dies a quo: en ambas normas se establece que los “meses” se cuentan o computan desde (o “a partir de”) el día siguiente al de la notificación del acto o publicación de la disposición. En ambas normas se omite, paralelamente, la expresión de que el cómputo de dichos meses haya de ser realizado “de fecha a fecha”.

Esta omisión, sin embargo, no significa que para la determinación del día final o dies ad quem pueda acogerse la tesis de la actora. Por el contrario, sigue siendo aplicable la doctrina unánime de que el cómputo termina el mismo día (hábil) correspondiente del mes siguiente. En nuestro caso, notificada la resolución el 17 de enero y siendo hábil el 17 de febrero, éste era precisamente el último día del plazo. La doctrina sigue siendo aplicable, decimos, porque la regla “de fecha a fecha” subsiste como principio general del cómputo de los plazos que se cuentan por meses, a los efectos de determinar cuál sea el último día de dichos plazos.

Sin necesidad de reiterar en extenso el estudio de la doctrina jurisprudencial sobre el cómputo de este tipo de plazos, cuya conclusión coincide con la que acabamos de exponer, nos limitaremos a reseñar lo que podría ser su síntesis en estos términos:

A) Cuando se trata de plazos de meses (o años) el cómputo ha de hacerse según el artículo quinto del Código Civil, de fecha a fecha, para lo cual, aun cuando se inicie al día siguiente de la notificación o publicación del acto o disposición, el plazo concluye el día correlativo a tal notificación o publicación en el mes (o año) de que se trate. El sistema unificado y general de cómputos así establecido resulta el más apropiado para garantizar el principio de seguridad jurídica.

B) El cómputo del día final, de fecha a fecha, cuando se trata de un plazo de meses no ha variado y sigue siendo aplicable, según constante jurisprudencia recaída en interpretación del artículo 46.1 de la vigente Ley Jurisdiccional de modo que el plazo de dos meses para recurrir ante esta jurisdicción un determinado acto administrativo si bien se inicia al día siguiente, concluye el día correlativo al de la notificación en el mes que corresponda (Sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 7 de abril de 2014).

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¿Son incompatibles los salarios de tramitación y las prestaciones por desempleo?

El Tribunal Supremo, en su Sentencia de fecha 4 de diciembre de 2013, aclara que las prestaciones por desempleo y los salarios de tramitación no son incompatibles cuando éstos últimos no se han percibido por resultar insolvente la empresa, por lo que no resulta procedente la devolución de las prestaciones por desempleo percibidas.

El debate que el presente litigio suscita ha de desarrollarse partiendo del dato incontrovertido de la falta de percepción efectiva por parte del trabajador de los salarios de tramitación. Conviene poner de relieve que dichos salarios de tramitación fueron incluidos en la condena a la empresa de la sentencia que declaró improcedente el despido y que, si no fueron percibidos por el trabajador a partir de dicha sentencia, fue a causa de la conducta o situación de la empresa.

A partir de ahí, el Auto dictado en ejecución de sentencia los excluye de la liquidación sosteniendo que la percepción de prestaciones de desempleo determinaba una falta de reclamación por parte del trabajador. No consta que existiera una renuncia por parte del trabajador, salvo la mera información de que se hallaba percibiendo prestaciones de desempleo, por lo que la cuestión de la eventual incompatibilidad entre salarios de tramitación y prestaciones de desempleo no puede ser analizada desde la perspectiva de una decisión clara del trabajador de renunciar a los primeros, sino desde la consideración del hecho cierto e incontrovertido de su no percepción.

En relación a la cuestión de la coincidencia en el tiempo de salarios de tramitación y prestaciones por desempleo, el art. 209.5 c) LGSS se refiere a los supuesto en que, en el proceso de despido, debiera haberse producido la readmisión, pero ésta no se produjo. De ahí que el precepto se refiere al percibo de prestaciones por parte del trabajador “si no las estuviera percibiendo”. Sólo en el caso de estar percibiéndolas, se pone en marcha el complejo mecanismo de la restauración de la incompatibilidad.

No siendo ello así; es decir, no habiéndose producido el doble y coincidente abono, resulta imposible considerar indebidas las prestaciones de desempleo, puesto que en el caso que se examina -igual que en el resuelto por la sentencia de contraste- el trabajador llevó a cabo de modo puntual toda la actividad procesal a su alcance para la ejecución de la sentencia que le había reconocido el derecho a tales salarios, acudiendo asimismo ante el FGS, tras ser declarada insolvente la empresa.

Tuvimos ocasión de señalar en las Sentencias del Tribunal Supremo de fecha 26 de marzo de 2007 y 18 de mayo de 2011 que de lo que se parte en el art. 209 LGSS es de que ha habido una doble percepción de salarios de tramitación y prestaciones de desempleo en el primer período de reconocimiento inicial de la prestación y esto hace que la solución del reintegro no pueda, en principio, aplicarse cuando, (…) como consecuencia de la desaparición y/o insolvencia de la empresa, los salarios de tramitación no se han percibido. Si se aplicara esa solución, se produciría un grave y desproporcionado perjuicio al trabajador, que tendrá que devolver unas prestaciones que ha disfrutado por mandato de la Ley por una situación real de desempleo y cuando no ha surgido realmente ninguna causa de incompatibilidad, pues no ha percibido salario alguno en el período subsidiado.

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La denegación de información a los concejales

En el caso que analizamos hoy, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid estima el recurso presentado por el concejal de un Ayuntamiento a quien se le había denegado el acceso a determinada información municipal. Los razonamientos del Tribunal fueron los siguientes:

a) El concejal no sólo ha precisado cuál era la documentación concreta de la que solicitaba copia, sino que ha ofrecido justificación bastante de que la documentación cuya copia solicitaba era necesaria para poder ejercer con plenitud de información sus funciones representativas y de participación política, amparadas por el art. 23.2 de la Constitución Española, en el pleno en el que se iba a proceder a la aprobación definitiva del presupuesto y de la plantilla de personal para el ejercicio de 2011, ya que se habrían producido cambios en el presupuesto inicialmente aprobado y en el sometido a información pública, así como en la plantilla de personal que justificaban su petición de copia completa del nuevo Presupuesto General para 2011, y del documento modificado que afecta a la Plantilla del Ayuntamiento y de la Relación de Puestos de Trabajo, documentos éstos, ya modificados, que eran los que iban a ser objeto de discusión en el pleno; y otro tanto cabe decir de la copia también solicitada de un convenio firmado con una entidad privada por importe de tres millones de euros, con afectación evidente al presupuesto dada su transcendencia económica, y con relación al cual el concejal ha acreditado que no se le dio copia con la documentación que inicialmente le fue entregada antes de la aprobación inicial del presupuesto.

b) La justificación ofrecida por el Alcalde para denegar las copias de documentación solicitadas -que se trata de una documentación excesivamente voluminosa con el consiguiente entorpecimiento del funcionamiento de la Corporación- no se ajusta a la realidad ya que el expediente del presupuesto obra digitalizado, la nueva propuesta de relación de puestos de trabajo ocupa 38 folios, el convenio con la entidad privada tiene 10 folios y el convenio de servicios sociales con la Comunidad de Madrid no llega a los 30 folios.

c) Por lo tanto, solo cabe concluir que en este caso se ha producido una infracción del art. 15.b) del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF) y, en consecuencia, la negativa a facilitar copia de la documentación pretendida por el concejal actor supone una vulneración del derecho fundamental de participación política que el citado concejal ostenta en función de su cargo representativo, reconocido en el art. 23.2 CE , ya que el citado concejal tenía derecho, no sólo de acceder a consultar dicha documentación, sino a obtener copia de la misma antes de la celebración del pleno en el que había de producirse la aprobación definitiva del presupuesto y la plantilla de personal para 2011, como derecho de naturaleza instrumental a la función representativa que los concejales ostentan. Y esta declaración ha de conducirnos a declarar la nulidad del acuerdo impugnado (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 17 de diciembre de 2013).

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¿La ceguera total es causa de gran invalidez?

La cuestión que se plantea consiste en determinar si una persona que reúne los requisitos para ser calificada de ciega puede ser objetivamente considerada, a efectos de las prestaciones de incapacidad permanente de la Seguridad Social, como gran inválido; o si, a pesar de acreditar tal situación, deben excluirse a aquellos que por percibir algún tipo de estímulo luminoso pueden en el caso personal y concreto, en base a determinados factores, llegar a adquirir alguna de las habilidades adaptativas necesarias para realizar alguno de los actos esenciales de la vida sin ayuda de terceros o sin necesidad de ayuda permanente, o incluso puede llegar a efectuar trabajos no perjudiciales con su situación.

El Tribunal Supremo, en su Sentencia de fecha 3 de marzo de 2014, resume la siguiente doctrina:

a) una persona que pueda ser considerada ciega, por estar indiscutidamente dentro de las categorías de alteración visual que dan lugar a la calificación de ceguera, bien por padecer ceguera total o bien por sufrir pérdida de la visión a ella equiparable reúne objetivamente las condiciones para calificarla en situación de gran invalidez;

b) aunque no hay una doctrina legal ni científico-médica indubitada que determine qué agudeza visual ha de ser valorada como ceguera, sí puede afirmarse que, en general, cuando ésta es inferior a una décima en ambos ojos se viene aceptando que ello significa prácticamente una ceguera;

c) es claro que el invidente en tales condiciones requiere naturalmente la colaboración de una tercera persona para la realización de determinadas actividades esenciales en la vida, aunque no figure así en los hechos declarados probados de la correspondiente resolución judicial, no requiriéndose que la necesidad de ayuda sea continuada;

d) no debe excluir tal calificación de gran invalidez la circunstancia de quienes, a pesar de acreditar tal situación, especialmente por percibir algún tipo de estímulo luminoso, puedan en el caso personal y concreto, en base a factores perceptivos, cognitivos, ambientales, temporales u otros, haber llegado a adquirir alguna de las habilidades adaptativas necesarias para realizar alguno de los actos esenciales de la vida sin ayuda de terceros o sin necesidad de ayuda permanente, o incluso los que puedan llegar a efectuar trabajos no perjudiciales con su situación, con lo que, además, se evita cierto efecto desmotivador sobre la reinserción social y laboral de quien se halla en tal situación.

El Tribunal Supremo, en la referida Sentencia de fecha 3 de marzo de 2014, desestima el recurso interpuesto por el INSS, puesto que no se discute que la trabajadora padece una situación calificada de nula agudeza visual, hecho que dota de corrección jurídica a su calificación como gran inválida, a pesar de que la ayuda de tercera persona solamente la requiriera para determinados actos esenciales e incluso para otros de misma naturaleza no permanentemente durante todo el día. También, aunque hasta fechas muy recientes hay desempeñado una actividad por cuenta ajena o de que se haya adaptado mejor o peor a su diplopía. Y es que, una persona ciega podrá adaptarse de forma favorable a su situación ya diferencia de otras, pero eso no impide que esa sea su real situación.

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El juicio cambiario para cobrar letras de cambio

En el Derecho Cambiario se parte de que la emisión de una letra de cambio, cheque o pagaré tiene carácter constitutivo de una obligación nueva que se incorpora al título y con el circula, de modo que el crédito se incorpora al propio documento, permaneciendo el negocio causal como relación distinta; lo que da lugar a la distinción entre las acciones cambiarias y las acciones causales, que nacen de relaciones diferentes y tienen un distinto cauce procesal para su protección.

El juicio cambiario tiene por ello un carácter privilegiado para el acreedor por cuanto, comprobada judicialmente la corrección formal del título, se produce el requerimiento de pago al deudor y el embargo preventivo de sus bienes  (artículo 821 Ley de Enjuiciamiento Civil, desplazándose al mismo la carga de formalizar y justificar la procedencia de una oposición frente a la existencia del título que, en principio, resulta acreditativo de la deuda.

Por ello dicho proceso reviste un cierto rigor formal que ha de comenzar por la exigencia inexcusable de que se aporte con la demanda el título original, sin que el incumplimiento de tal exigencia pueda ser subsanado con posterioridad pues, en caso de que no haber realizado tal aportación inicialmente, no procedía la adopción de las medidas de requerimiento de pago y embargo.

Así lo da por supuesto el artículo 819 de la Ley de Enjuiciamiento Civil cuando dispone que «sólo procederá el juicio cambiario si, al incoarlo, se presenta letra de cambio, cheque o pagaré que reúnan los requisitos previstos en la Ley cambiaria y del cheque».

El título cambiario debe estar constituido por un documento original no por una copia, lo que justifica la forma de actuar prevista por la ley en casos de extravío, robo o destrucción del título para la conservación de los derechos que de él dimanan, supuestos regulados en los artículos 84 y siguientes de la Ley Cambiaria y del Cheque, aplicables al pagaré según dispone expresamente el artículo 96.

El artículo 94 de la misma ley establece los requisitos formales, entre los que se encuentra la necesidad de la firma del librador, que lógicamente ha de ser original. Por tanto, aunque no se establezca de forma expresa, debe exigirse que se aporte el propio documento -lo que la ley parece dar por supuesto- para la iniciación del juicio cambiario.

Los títulos cambiarios tienen una especial conceptuación, pues incorporan el propio crédito y por lo tanto convierten al tenedor en el actor legitimado para reclamar su cobro, siempre que su derecho sea conforme con el contenido del título. De ahí la trascendencia de que el documento que se presente sea el original, pues en caso de admitirse copias podríamos encontrarnos ante tantos procedimientos cambiarios como copias pudieran existir, ignorándose si el original del efecto ha sido endosado a un tercero que sea el legítimo tenedor y, por tanto, el legitimado activamente en este juicio especial.

En igual sentido cabe citar la expresa regulación que los artículos 82 y 83 de la Ley Cambiaria y del Cheque hacen de las copias de las letras de cambio (normas aplicables también al pagaré, según dispone el artículo 96) en que se establece de forma detallada cómo han de ser las copias de estos efectos y sus consecuencias junto con las menciones que en las mismas deben figurar, estando en definitiva obligado el poseedor a entregar el título original a quien legítimamente estuviera en posesión de la copia.

Frente a dicha exigencia formal, derivada de la naturaleza del juicio cambiario y de los propios títulos aptos para su iniciación, no cabe remitirse a ulteriores subsanaciones y menos, como en este caso se resolvió, condicionar la continuación de la vía ejecutiva a la aportación posterior del título, único momento en que podría confirmarse la legitimación cambiaria del demandante (Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 5 de marzo de 2014).

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El delito de estafa por doble venta

La entrega de la cosa vendida constituye la obligación principal del vendedor      ( arts. 1445 y 146.1 del Código Civil ) entendiéndose entregada la cosa vendida cuando se ponga en poder y posesión del comprador y solo cuando la venta se haga mediante escritura pública el otorgamiento de ésta equivaldría a la entrega de la cosa objeto del contrato si de la misma escritura no resultase o se dedujese claramente lo contrario ( art. 1462 Código Civil ).

Ahora bien, la Ley civil admite expresamente como queda dicho, la validez de la doble venta al establecer que “si una misma cosa se hubiese vendido a diferentes compradores, la propiedad, se trasmitirá a la persona que primero haya tomado posesión de ella con buena fe, si fuese mueble. Si fuese inmueble, la propiedad pertenecerá al adquirente que antes la haya inscrito en el Registro. Cuando no haya suscripción, pertenecerá la propiedad a quien de buena fe sea el primero en la posesión y faltando esta, a quien presente titulo de fecha más antigua, siempre que haya buena fe ( art. 1473 del Código Civil ).

Enfrentada la jurisprudencia de la Sala Segunda Tribunal Supremo, a esta colisión entre la norma civil y lo dispuesto por el art. 251 Código Penal (CP) no se ha seguido un criterio uniforme. Por una parte, está el criterio rigurosamente civilista según el cual la transmisión de la propiedad exige la concurrencia del título y el modo (artículos 609, 1095,1462 C.C.) de forma que no consumándose la venta con la ” traditio ” el vendedor seguiría siendo dueño de la cosa y en consecuencia no realizaría ningún acto fraudulento mediante la segunda venta, tratándose en todo caso de un ilícito civil a resolver por las normas de dicho Código. Por otra parte, la Jurisprudencia que ha dado cabida a la doble enajenación en supuestos de enajenación sin ” traditio ” y venta a un segundo comprador, por cuanto en estos casos el vendedor común se finge dueño de un bien que ya no le pertenece, como parece desprenderse de los artículos 1450 y 1473, ambos del Código Civil.

Postura ésta por la que se ha decantado la jurisprudencia al considerar suficiente la venta en documento privado sin “traditio” posterior para estimar consumada la estafa en su modalidad de “doble venta“: La existencia de doble venta punible exige que el vendedor mantenga la disposición y la titularidad de los bienes vendidos de tal manera que, cuando realiza la segunda venta sepa y conozca la realización de la anterior, aunque haya sido en documento privado y no haya transmitido la disposición exteriorizando de esta manera su propósito defraudatorio. Por el contrario, si el vendedor, además de otorgar el documento privado de venta, cumpliéndose el perfeccionamiento del contrato como dispone el art. 1450 Código Civil, hubiese entregado la cosa vendida, aunque hubiese sido simbólica o instrumentalmente, lo que hubiese determinado la consumación de la compraventa, la segunda venta no seria tal sino que el sujeto fingiría ser dueño de algo que ya no es suyo, y esta conducta está prevista en el art. 251.1 del Código Penal relativa al que vende fingiendo ser dueño de la cosa vendida (Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 3 de abril de 2014).

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Prescripción de la acción para reclamar una indemnización por accidente de tráfico

Los hijos de un fallecido en accidente de circulación formularon reclamación indemnizatoria por culpa extracontractual contra la aseguradora del vehículo siniestrado en el que aquel viajaba como ocupante.

La controversia jurídica se circunscribió al examen de si la acción ventilada se encontraba o no prescrita. En este sentido, en la demanda se adujo, en síntesis, lo siguiente: 1) Que como consecuencia del accidente de tráfico se siguieron actuaciones penales ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1  (juicio de faltas nº 363/2001), las cuales culminaron con la libre absolución de los conductores de los dos vehículos implicados (sentencia de 27 de enero de 2006 , confirmada por la Audiencia Provincial de La Rioja por sentencia de apelación de fecha 28 de marzo de 2006); 2) que durante la tramitación del proceso penal la aseguradora abonó diferentes cantidades en concepto de indemnización tanto a los ahora demandantes (con exclusión del conductor del vehículo y asegurado) como a su madre y esposa del fallecido, 3) que la razón para reclamar en vía civil era que la compañía aseguradora no había indemnizado la totalidad de los daños y perjuicios a los que los demandantes creían y creen tener derecho, pues además de no haberse indemnizado al conductor -por imputársele la causa del accidente-, las sumas satisfechas a los demás familiares del fallecido eran inferiores a las que les corresponderían según el baremo aplicable; 4) que tras notificárseles la firmeza de la absolución penal, el letrado de los perjudicados había enviado un primer burofax a la compañía aseguradora (4 de agosto de 2006) reclamando las cantidades pendientes de pago, al que siguió un segundo burofax (13 de diciembre de 2006) y una demanda de conciliación (23 de abril de 2008), intentada sin efecto ante la incomparecencia de la aseguradora (8 de julio de 2008).

Este hecho de que transcurriera más de un año entre el segundo burofax y la demanda de conciliación fue precisamente el argumento de la aseguradora demandada como fundamento de la prescripción alegada en su contestación.

El Tribunal Supremo, en su Sentencia de fecha 2 de abril de 2014, ha declarado que, una vez concluido el proceso penal sin condena, el plazo de prescripción de las acciones civiles, cuando las partes estén personadas en el procedimiento penal, empezará a contarse desde el día en que aquellas pudieron ejercitarse a tenor de lo establecido en el artículo 1969 del Código Civil, precepto este que, puesto en relación con los artículos 111 y 114 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 24.1 de la Constitución, lleva a situar ese día en el momento en que la sentencia penal absolutoria o el auto de sobreseimiento, notificados correctamente, hayan adquirido firmeza, puesto que en ese momento se conoce el punto final de la paralización operada por la tramitación de la vía penal preferente y la correlativa posibilidad de actuar en vía civil.

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Oferta de empleo público del Estado para el 2014

En el BOE de hoy se publica la Oferta de Empleo Público del Estado para el año 2014.

La oferta de empleo público 2014 contiene las necesidades de recursos humanos con asignación presupuestaria que deban proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso. Tal como establece el Estatuto Básico del Empleado Público, la oferta de empleo público, como instrumento de planificación de los recursos humanos, define y cuantifica los efectivos en función de las necesidades y prioridades derivadas de la planificación general de los recursos humanos. Dicha distribución, se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el articulado y en los anexos del presente real decreto.

En el anexo I se incluyen las plazas que se autorizan en la Administración General del Estado para ingreso de nuevo personal con especificación de los Cuerpos y Escalas de personal funcionario o Convenio colectivo en el caso de personal laboral, distribuyendo el número de plazas para cada uno de los colectivos mencionados.

En el anexo II se incluyen las plazas de personal al servicio de la Administración de Justicia.

En el anexo III se incluyen igualmente las plazas de Cuerpos de funcionarios docentes no universitarios en el ámbito de las competencias de la Administración General del Estado.

En el anexo IV se incluyen las plazas de las Escalas de Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional.

Por último, en el anexo V, se especifican las plazas a convocar en el Cuerpo de Letrados del Consejo General del Poder Judicial, de conformidad con lo indicado en la disposición transitoria segunda de la citada Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio.

Las convocatorias de los procesos selectivos de personal funcionario, juntamente con sus bases, se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado».
De las convocatorias de personal laboral de la Administración General del Estado se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» una reseña que contendrá, al menos, el número de plazas por categorías y el lugar o lugares en que figuren expuestas las bases completas de las convocatorias.

En ambos casos, además, se difundirán utilizándose a este fin las páginas web de los Departamentos y organismos así como la página web www.060.es. Se aprovecharán las posibilidades que ofrecen los avances tecnológicos en el ámbito de los procesos selectivos, potenciando la presentación electrónica de solicitudes y facilitando información a través de internet.

A estos efectos, los distintos Ministerios y organismos que oferten plazas incluirán, en su página web, una dirección dedicada a procesos selectivos, en la que recogerán cada una de las convocatorias y los actos que se deriven de ellas, incorporando, cuando ello sea posible, las relaciones de aspirantes admitidos y excluidos, así como las relaciones de aprobados en cada uno de los ejercicios de acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos.

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