Las sociedades unipersonales

La cuestión que analizamos consiste en determinar si puede acceder al Registro Mercantil una escritura de elevación a público de acuerdos sociales adoptados por la junta general de una sociedad de responsabilidad limitada relativos a una reducción de capital.

Según el acuerdo de calificación, resultando del título presentado que la sociedad tiene un único socio, es obligatorio con carácter previo hacer constar dicha circunstancia de conformidad con las previsiones de la Ley de Sociedades de Capital. El recurrente entiende lo contrario.

Tiene declarado la Dirección General de los Registros y del Notariado que, que en base a las singularidades de la sociedad de capital unipersonal, se prevén en la normativa societaria determinadas cautelas para proteger los intereses de terceros, entre las que destaca la necesaria publicidad tanto de la situación de unipersonalidad –originaria o sobrevenida– como de la pérdida de tal carácter o del cambio de socio único. Además, la omisión de la publicidad registral de la unipersonalidad sobrevenida se sanciona con la responsabilidad personal e ilimitada del socio único.

Ahora bien, no puede olvidarse, por una parte, que en un registro de personas como es el Registro Mercantil, la aplicación de algunos principios registrales como el de tracto sucesivo ha de ser objeto de interpretación restrictiva y no puede tener el mismo alcance que en un registro de bienes; y, por otro lado, el Registro Mercantil no tiene por objeto, respecto de las sociedades de responsabilidad limitada, la constatación y protección jurídica sustantiva del tráfico jurídico sobre las participaciones en que se divide el capital social de aquéllas, sino la de la estructura y régimen de funcionamiento de tales entidades, de modo que las participaciones sociales tienen un régimen de legitimación y una ley de circulación que operan al margen del Registro.

Por ello, la circunstancia de que los asientos registrales no hagan referencia a una situación de unipersonalidad no puede constituir óbice alguno a la inscripción de acuerdos sociales adoptadas por el órgano competente, como es en este caso la junta general, por tratarse de acuerdos de reducción de capital que no traen causa de la situación de unipersonalidad y que, en consecuencia, no dependen para su inscripción de la constancia de aquella circunstancia. Compareciendo en la escritura persona legitimada para elevar a público los acuerdos y constando inscrito su nombramiento, ningún obstáculo registral existe para el acceso del acuerdo adoptado (Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de fecha 22 de abril de 2014).

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La responsabilidad de los médicos

La responsabilidad del profesional médico es de medios y como tal no puede garantizar un resultado concreto. Obligación suya es poner a disposición del paciente los medios adecuados comprometiéndose no solo a cumplimentar las técnicas previstas para la patología en cuestión, con arreglo a la ciencia médica adecuada a una buena praxis, sino a aplicar estas técnicas con el cuidado y precisión exigible de acuerdo con las circunstancias y los riesgos inherentes a cada intervención, y, en particular, a proporcionar al paciente la información necesaria que le permita consentir o rechazar una determinada intervención.

Los médicos actúan sobre personas, con o sin alteraciones de la salud, y la intervención médica está sujeta, como todas, al componente aleatorio propio de la misma, por lo que los riesgos o complicaciones que se pueden derivar de las distintas técnicas de cirugía utilizadas son similares en todos los casos y el fracaso de la intervención puede no estar tanto en una mala praxis cuanto en las simples alteraciones biológicas.

Lo contrario supondría prescindir de la idea subjetiva de culpa, propia de nuestro sistema, para poner a su cargo una responsabilidad de naturaleza objetiva derivada del simple resultado alcanzado en la realización del acto médico, al margen de cualquier otra valoración sobre culpabilidad y relación de causalidad y de la prueba de una actuación médica ajustada a la lex artis, cuando está reconocido científicamente que la seguridad de un resultado no es posible pues no todos los individuos reaccionan de igual manera ante los tratamientos de que dispone la medicina actual.

Los actos de medicina voluntaria o satisfactiva no comportan por sí la garantía del resultado perseguido, por lo que sólo se tomará en consideración la existencia de un aseguramiento del resultado por el médico a la paciente cuando resulte de la narración fáctica de la resolución recurrida.

Es constante la doctrina jurisprudencial de nuestro Ttribunal Supremo al establecer la distinción jurídica, dentro del campo de la cirugía, entre una cirugía asistencial, que identificaría la prestación del profesional con la locatio operarum y una cirugía satisfactiva (destacadamente, operaciones de cirugía estética), que identifica aquella con la locatio operis, esto es, con el plus de responsabilidad que, en último caso, comporta la obtención del buen resultado o, dicho con otras palabras, el cumplimiento exacto del contrato en vez del cumplimiento defectuoso.

En la medicina llamada voluntaria la relación contractual médico-paciente deriva de un contrato de obra, por el que una parte -el paciente- se obliga a pagar unos honorarios a la otra -médico- por la realización de una obra; la responsabilidad por incumplimiento o cumplimiento defectuoso se produce en la obligación de resultado en el momento en que no se ha producido éste o ha sido defectuoso.

El consentimiento informado es presupuesto y elemento esencial de la lex artis y como tal forma parte de toda actuación asistencial, constituyendo una exigencia ética y legalmente exigible a los miembros de la profesión médica, antes con la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y ahora, con más precisión, con la ley 41/2002, de 14 de noviembre, de la autonomía del paciente, en la que se contempla como derecho básico a la dignidad de la persona y autonomía de su voluntad.

La información, por lo demás, es más acusada en la medicina voluntaria, en la que el paciente tiene un mayor margen de libertad para optar por su rechazo habida cuenta la innecesidad o falta de premura de la misma, que en la asistencial (Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 7 de mayo de 2014).

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¿Cuándo existe un consentimiento tácito de la Comunidad frente a las obras que afectan a los elementos comunes?

En el caso que analizamos hoy, el propietario que había efectuado unas obras que afectaban a un elemento común sin consentimiento de la comunidad de propietarios, alegaba que existía un consentimiento tácito de la Comunidad de propietarios, la cual realizaba un ejercicio tardío del derecho, no habiendo tratado la cuestión de la demolición de las obras hasta pasados varios años.  Añadiendo que, en cualquier caso, las obras de la terraza y las construcciones cuya demolición se solicita, no pueden calificarse de molestas dañosas o perjudiciales para la finca.

La doctrina del consentimiento tácito debe aplicarse de forma muy ponderada, pues el mero conocimiento, y la mera inactividad no pueden confundirse con el consentimiento; ya que una interpretación laxa conllevaría que, por esta vía se acortasen los tiempos de prescripción de las acciones que establece el Código Civil.

Esta doctrina es aplicable con carácter excepcional, y requiere que se refiera a alteraciones de elementos comunes que resulten inocuas para los demás comuneros, haya sido tolerada durante años, y la oposición no reporte beneficio alguno para la comunidad.

Pues bien partiendo de la anterior jurisprudencia, en el presente caso atendidas las manifestaciones del administrador, del Presidente de la comunidad, y no siendo evidente y fácilmente perceptible la obra, y atendido que la acción ejercitada deriva de la ocupación de una zona comunitaria respecto de la que no ha prescrito el tiempo de ejercicio de la acción, y que la misma coloca el edificio en fuera de ordenación, debe entenderse que dicha circunstancia no conocida no puede ser objeto de aquiescencia por lo que se desestima la concurrencia de consentimiento tácito de la comunidad.

Tal consentimiento tácito, además de ser excepcional, no puede pretenderse cuando la alteración ejecutada por el propietario, o por aquél de quien éste trae causa, lejos de ser inocua se revela finalmente como contraria a la normativa urbanística y directamente perjudicial para los intereses de la Comunidad, siendo aconsejable la demolición de la obra para garantizar el correcto aseguramiento de tierras en dicha zona comunitaria.

Por lo tanto, procede estimar la pretensión de la comunidad de propietarios en cuanto a la demolición y supresión de la terraza y sus construcciones, dejando la zona en el estado en que se proyectó, saliendo así al paso del reiterado argumento apelatorio de la pretendida ” improcedencia parcial del suplico de la demanda “, fundado en que no se puede dejar la zona comunitaria de la fachada del edificio en el estado que se proyectó al desconocerse tal estado. Argumento de oportunidad al ser, el de la ejecución de tales obras de restitución a la situación original del edificio, el momento oportuno para que los técnicos obtengan o, en su caso, determinen el trazado del proyecto original (Sentencia de la Audiencia Provincial de las Islas Baleares de fecha 22 de abril de 2014).

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Los criterios de selección de los trabajadores incluidos en un ERE

Nuestro sistema jurídico, a diferencia de otros ordenamientos, no preconfigura los criterios de afectación de los trabajadores a incluir en un ERE (expediente de regulación de empleo), lo que significa que los empresarios, en ejercicio de la libertad que les reconoce el artículo 38 de la Constitución y del poder de dirección y organización que les corresponde, disponen de un amplio margen para su configuración.

Sin embargo, esa libertad no es absoluta, pues se encuentra sometida a los límites derivados del obligado respeto a los derechos fundamentales y libertades públicas de los trabajadores, incluyendo la prohibición de trato discriminatorio.

Los criterios de selección forman parte del contenido mínimo del escrito de comunicación de apertura del período de consultas (artículos 51.2.5º e) del Estatuto de los Trabajadores y 3.1.e) del Real Decreto 1483/12 de 29 de octubre, que el empresario debe entregar a la autoridad laboral y a los representantes de personal, lo que no puede reducirse a una exigencia meramente formal, debiendo interpretarse a la luz de la doble finalidad a la que responde; en primer lugar, garantizar que el banco social tiene un conocimiento claro, suficiente e inequívoco de las pautas electivas que su interlocutor pretende aplicar, de forma que pueda verificar su objetividad, idoneidad, y suficiencia, y proponer su corrección, o presentar otras criterios alternativos o complementarios; y, en segundo lugar, que los criterios adoptados permitan verificar que la designación de cada trabajador responde a esos criterios, y no a otros distintos, o al mero arbitrio empresarial, y posibilitar el control judicial a posteriori de que la elección obedece a los criterios prefijados, evitando que la actuación del empresario, aún dentro de su ámbito de discrecionalidad, resulte arbitraria, abusiva o fraudulenta, o provoque discriminaciones directas o indirectas.

La validez de los criterios de selección establecidos por el empresario es revisable en vía jurisdiccional por el cauce del procedimiento de despido colectivo y, en su caso, en el marco de los procedimientos individuales de impugnación de los despidos promovidos por los trabajadores concernidos.

En lo que hace a la segunda vertiente, la individualización de los trabajadores objeto de la decisión extintiva conforme a los criterios preestablecidos, también compete en exclusiva al empresario, salvo que hayan sido identificados nominativamente previamente por la propia empresa, o en el acuerdo suscrito con los representantes del personal, si bien esa libertad también tiene límites específicos derivados de la prioridad legal de permanencia en la empresa de los representantes legales y sindicales de los trabajadores (artículos 51.5 y 68. b del Estatuto de los Trabajadores y 10.3 de Ley Orgánica de Libertad Sindical, y de los empleados designados para los servicios de prevención y los delegados de prevención (artículos 30.4 y 37.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como de las preferencias previstas, en su caso, en el convenio colectivo aplicable, o en el acuerdo alcanzado con los interlocutores sociales a favor de otras categorías de empleados en función de sus circunstancias individuales y familiares. Otros límites, de carácter general, aplicables al ejercicio de cualquier derecho, son los resultantes de la prohibición del fraude de ley y de la interdicción del abuso de derecho, así como del respeto a los derechos fundamentales y libertades públicas de los trabajadores.

El incumplimiento de los criterios de selección, o su aplicación incorrecta, fraudulenta, abusiva o discriminatoria, o la conculcación de las prioridades de permanencia, pueden ser denunciados por los trabajadores afectados, en los procesos individuales de impugnación de sus despidos (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de fecha 8 de abril de 2014).

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Denegación de nacionalidad por falta de buena conducta

En el caso resuelto por la Sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 8 de mayo de 2014, la Administración reconoce que el solicitante reúne los requisitos generales de residencia exigidos para la concesión de la nacionalidad solicitada. Sin embargo, se deniega la solicitud porque no ha justificado suficiente buena conducta cívica.

No nos encontramos ante un simple supuesto de limitación en el ejercicio de un derecho, no cabe en modo alguno afirmar que la obtención de la nacionalidad por residencia sea un derecho subjetivo, estamos más ante un acto que constituye una de las más plenas manifestaciones de la soberanía de un estado que conlleva el otorgamiento de una cualidad que lleva implícita un conjunto de derechos y obligaciones otorgamiento en todo caso condicionado al cumplimiento por el solicitante de unos determinados requisitos, y que, conforme al art. 21 del Código Civil , puede ser denegado por motivos de orden público o interés nacional.

El art. 22 del Código Civil establece como uno de esos requisitos que el solicitante acredite positivamente la observancia de buena conducta cívica, es decir, no basta que no exista constancia en los registros públicos de actividades merecedoras de consecuencias sancionadoras penales o administrativas que «per se» impliquen mala conducta, lo que el art. 22 del Código Civil exige es que el solicitante justifique positivamente que su conducta, durante el tiempo de residencia en España y aun antes, ha sido conforme a las normas de convivencia cívica, no sólo no infringiendo las prohibiciones impuestas por el ordenamiento jurídico penal o administrativo, sino cumpliendo los deberes cívicos razonablemente exigibles, sin que la no existencia de antecedentes penales sea elemento suficiente para entender justificada la buena conducta cívica.

Nada tiene que ver el concepto jurídico indeterminado, buena conducta cívica, a que se refiere el art. 22-4 del Código Civil , con la carencia de antecedentes penales a que se refiere en último término la norma invocada, ya en la sentencia de 16 de marzo de 1999 se decía que en el supuesto de la concesión de nacionalidad por residencia, la exigencia de «justificar, en el expediente regulado por la legislación del Registro Civil, buena conducta cívica» (además de suficiente grado de integración en la sociedad española) (art. 22.4 del Código Civil ), constituye un requisito adicional sobre la mera observancia de una conducta de no trasgresión de las normas penales o administrativas sancionadoras, impuesto por el ordenamiento jurídico en razón del carácter excepcional que supone el reconocimiento de la nacionalidad por residencia y, por ende envuelve aspectos que trascienden los de orden penal y ha de ser valorada atendiendo a la conducta del solicitante durante un largo período de tiempo y permanencia en España y no puede identificarse sin más con la ausencia de antecedentes penales o policiales.

De contrario los antecedentes policiales y penales, con independencia de su cancelación, son meramente un indicador cualificado de la conducta de un ciudadano, sin que puedan ser, por sí solos, un obstáculo para la concesión de la nacionalidad española.

En lo que atañe a la dificultad de precisar lo que deba entenderse por buena conducta cívica, el Tribunal Supremo señala que dicha expresión nos remite a un estándar medio de conducta capaz de ser asumido por cualquier cultura y por cualquier individuo. Un estándar que vale para todos y vale para cada uno. En el bien entendido que no se trata de imponer un modo de vida uniforme en la comunidad nacional, ni de que quien utiliza esta vía de adquisición de la nacionalidad tenga que demostrar que durante toda su vida haya observado una conducta intachable, sino de proclamar que, siendo cada sujeto humano libre para organizar su vida como le plazca -la vida se nos da, pero no se nos da hecha: tenemos que hacérnosla-, quienes, no siendo españoles, deseen obtener la nacionalidad española, han de haber llevado y seguir llevando una vida ajustada a ese estándar medio de conducta al que acabamos de referirnos.

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El derecho de defensa no se aplica en los procedimientos administrativos

Veamos a continuación si cabe la posibilidad de que en la tramitación de un procedimiento administrativo que carece de naturaleza sancionadora, pueda resultar vulnerado con relevancia constitucional el derecho de defensa que consagra el artículo 24 de la Constitución.

Nuestra jurisprudencia ha reiterado el criterio según el cual, tratándose de actos administrativos, la protección inherente al derecho fundamental reconocido en el artículo 24 de la Constitución sólo opera en relación a los que tengan un contenido sancionador. Es decir, aquéllos que, además de haber sido dictados en el marco de un procedimiento de esa naturaleza, sean definitivos, y, por esta razón, tengan en sí mismos un efectivo contenido sancionador. Así, la posible vulneración de dicho derecho no podrá tener lugar fuera del procedimiento de carácter sancionador ni podrá ser invocada en relación a meros actos de trámite.

Ese criterio es acorde con el doble contenido del derecho fundamental del artículo 24 de la Constitución y precisa, acertadamente, cuál de sus dos facetas es invocable en relación a las actuaciones administrativas. De modo que el primero de los apartados de ese precepto, proclamaría el derecho de acceso a los Jueces y Tribunales para reclamar de ellos la tutela efectiva en el ejercicio de los derechos e intereses legítimos; mientras que el segundo reconocería las llamadas garantías procesales, representadas, entre otras, por los derechos de defensa, a un proceso con todas las garantías y a utilizar los medios de prueba pertinentes para esa defensa.

La directa aplicabilidad de dicho artículo a las actuaciones administrativas, con las debidas modulaciones, procedería sólo en cuanto a las garantías procesales de su apartado segundo siempre que tales actuaciones tuvieran un carácter o contenido sancionador, ya que los principios del orden penal son aplicables al Derecho Administrativo sancionador, pues ambos son manifestación del ordenamiento punitivo del Estado.

Como decíamos, el derecho de acceso a la tutela judicial no puede extenderse a las actuaciones administrativas, pues su vulneración no deriva de la actuación administrativa, sino de las resoluciones jurisdiccionales.

En el mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en su auto 89/2011, de 20 de junio, que cita numerosos precedentes. Tal y como afirma este auto, “la falta de audiencia en el procedimiento administrativo no sancionador será circunstancia que haya de ser corregida, en su caso, en sede judicial no comportando por sí misma indefensión con relevancia constitucional”.

En definitiva, cuando se ha omitido la intervención del interesado en un procedimiento administrativo de naturaleza no sancionadora por causa imputable a la Administración actuante y se ha resuelto sin haberle ofrecido la posibilidad de hacer alegaciones, una vez debidamente notificada la resolución dictada al interesado, este podrá hacer valer sus derechos e intereses legítimos ante la jurisdicción en ejercicio de su derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión, previa la interposición de los recursos pertinentes y será, en su caso, la eventual indefensión producida en el órgano jurisdiccional la que sería cubierta por el derecho fundamental consagrado en el artículo 24 de la Constitución (Sentencia de la Audiencia Nacional de Fecha 15 de abril de 2014).

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Convocadas oposiciones 121 plazas policía local Ayuntamiento de Madrid

En el BOE de hoy se publica la convocatoria de oposiciones y pruebas selectivas para cubrir 121 plazas de Policía Local del Ayuntamiento de Madrid, mediante oposición libre.

Si necesitas hacer casos prácticos o exámenes tipo test sobre temas de Derecho, te los hacemos “a la carta” por tan sólo 25 euros, IVA incluido.

Si quieres más información, envíanos un correo electrónico sin compromiso.

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Nulidad de la providencia de apremio dictada sin resolver la solicitud de suspensión

El vigente Reglamento General en materia de revisión administrativa, aprobado en 2005,  dispone en su artículo 46.2 que “si la deuda se encontrara en periodo voluntario en el momento de formular la solicitud de suspensión, la presentación de esta última basada en que la ejecución del acto podría causar perjuicios de imposible o difícil reparación o en la existencia de error material, aritmético o de hecho, incorporando la documentación a que se refieren, según el caso de que se trate, los párrafos c) y d) del artículo 40.2, suspenderá cautelarmente el procedimiento de recaudación mientras el tribunal económico-administrativo decida sobre la admisión o no a trámite de la solicitud de suspensión”.

Por lo tanto, si la sola petición de solicitud de la medida cautelar suspende la ejecutividad del acto tributario hasta que no se pronuncie el órgano de revisión, resulta evidente que entretanto la Administración no puede adoptar ningún acto tendente al cobro de la deuda (providencia de apremio).

Por ello, el control judicial de la actividad administrativa que proclama el artículo 106.1 de la Constitución y la tutela cautelar, que se integra en la garantía para obtener la protección jurisdiccional de los derechos e intereses legítimos, consagrada en el artículo 24.1 del texto fundamental, resultarían burlados si la Administración pudiera adoptar acuerdos de ejecución de un acto cuya suspensión cautelar ha sido interesada sin antes pronunciarse sobre la misma. Y ese pronunciamiento no alcanza realidad jurídica en tanto no adquiera trascendencia exterior o, en otras palabras, no resulta eficaz hasta que no se notifique (artículo 57.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común), situación que en el caso enjuiciado no tuvo lugar hasta el 28 de julio de 2006, día en el que se trasladó a la sociedad recurrente la decisión de no admitir a trámite la solicitud de suspensión, sin garantía, que dedujo en el escrito de interposición de la reclamación económico-administrativa.

Sin embargo, ya antes, el 14 de julio (el mismo día en que se adoptó esa decisión de inadmitir), la Administración acordó abrir la vía de apremio mediante la aprobación de la providencia que se encuentra en el origen de este recurso de casación. De acuerdo con lo dicho, no podía hacerlo, pues en tal fecha no se había producido con la pertinente eficacia el pronunciamiento que, por rechazar a limine la adopción de la medida cautelar, dejaba expedito el camino hacia la ejecución.

No otra cosa deriva de lo establecido en el artículo 46.4, párrafo tercero, del Reglamento General de revisión en vía administrativa: «[l]a inadmisión a trámite supondrá que la solicitud de suspensión se tiene por no presentada a todos los efectos. Dicho acuerdo deberá notificarse al interesado y comunicarse al órgano de recaudación competente con indicación de la fecha de notificación al interesado» (Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 28 de abril de 2014).

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Falta de vejaciones injustas cometida a través de Facebook

La denunciante manifestó que mantenía su denuncia contra su expareja. Que él la acosa, que le mandó mensajes, diciéndole “hija de puta”, que se cuide y que sabe dónde trabaja. Cuando convivían, él la maltrataba. El mensaje sólo lo recibió ella, no sus agregados en Facebook, porque él no está agregado como amigo. Hablaba de la concha de su madre, de que era una desgraciada, de que quería verla muerta y de que maltrataba a sus hijos. También le decía que se cuidase las espaldas. Entendió que, si le pasaba algo, sería por manos de él. La relación acabó hace dos años. Hasta octubre no tuvo contacto con él. Él le pudo mandar el mensaje por medio de amistades comunes. Pincharía, se metería en su Facebook y le mandó el mensaje. Era de él porque tiene la foto de sus hijos y esa foto la tiene en su muro, en su perfil y el mensaje venía con su nombre. Sólo tuvo ese mensaje. También llamó a su teléfono de madrugada, insultándola, pero ella no le cogía. Él no sabe donde vive ella, pero sí donde trabaja.

El denunciado, a su vez, manifestó que no envió los insultos, no envió el mensaje. Su Facebook lo tiene abierto y cualquiera puede entrar en su cuenta. Su actual señora o su sobrino pueden entrar en él. Vive sólo con su pareja y no cree que su actual pareja le escriba nada a ella porque no la quiere ver ni en pintura. No trabaja. Es fontanero y usa el Facebook a veces. Él sabe dónde está la oficina de ella, que limpia en el sitio al que la manden, en diferentes sitios. No sabe en concreto dónde trabaja. Trabaja para Eulen.

Acto seguido, la denunciante, previamente requerida por la representante del Ministerio Fiscal, exhibió el mensaje y la fotografía que se encontraban en su móvil, procediéndose a dar lectura de dicho mensaje, reconociendo la denunciante en la foto que se incluía con el mismo, de unos niños menores, a los que tuvo con el denunciado. La denunciante indicó que él había sacado esa fotografía de su Facebook, tras entrar previamente en el mismo.

Los hechos son constitutivos de una falta de vejaciones injustas prevista y penada en el artículo 620.2º del Código Penal, habida cuenta de que el denunciado envió a su ex pareja, María Milagros, un mensaje en el cual le llamaba “loca de mierda” y le decía que, cuando caminase, mirase para todos lados, entre otras cosas, incluyendo en el mismo expresiones como “la concha de tu madre”, “no te cruces en mi camino”, “te odio como nunca”, “gran hija de la gran puta” y “cuídate mucho”, expresiones todas ellas de contenido obviamente vejatorio para la denunciante.

Por otra parte, en el acto del juicio oral quedó acreditado que el mensaje había sido recibido por la denunciante y que lo había enviado el denunciado, que accedió a la cuenta de Facebook de su antigua pareja sentimental a través de algún amigo común de ambos.

Por otra parte, el contenido de dicho mensaje no puede corresponder a otra persona que al denunciado, puesto que hace referencia a los hijos comunes de la pareja (Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de fecha 24 de marzo de 2014).

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Valoración de la servidumbre de tendido eléctrico a expropiar

La servidumbre de paso de energía eléctrica tiene la consideración de “servidumbre legal”, que requiere previa declaración de utilidad pública y que se haya seguido expediente de expropiación forzosa.

Se declaran de utilidad pública las instalaciones eléctricas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica, a los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso, es decir, se precisa la previa expropiación para el establecimiento e imposición de la servidumbre de paso.

La servidumbre de paso de energía eléctrica tendrá la consideración de servidumbre legal, gravará los bienes ajenos en la forma y con el alcance que se determinan en la presente Ley y se regirá por lo dispuesto en la misma, en sus disposiciones de desarrollo y en la legislación mencionada en el artículo anterior.

La servidumbre de paso aéreo comprende, además del vuelo sobre el predio sirviente, el establecimiento de postes, torres o apoyos fijos para la sustentación de cables conductores de energía.

La servidumbre de paso subterráneo comprende la ocupación del subsuelo por los cables conductores, a la profundidad y con las demás características que señale la legislación urbanística aplicable.

Una y otra forma de servidumbre comprenderán igualmente el derecho de paso o acceso y la ocupación temporal de terrenos u otros bienes necesarios para construcción, vigilancia, conservación y reparación de las Correspondientes instalaciones.

En el caso resuelto por la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares de fecha 16 de abril de 2014, se razona en los siguientes términos:

a) A los efectos de valorar la reparación económica por la servidumbre provocada por el tendido aéreo, el Jurado parte de un importe de 8,96 euros por metro cuadrado, reduciendo la cuantía en un 80% al tratarse de una carga, no privación de la propiedad.

Pero ya hemos dicho que el Jurado no atiende a la realidad de la parte de la parcela afectada por la servidumbre, que en la ficha catastral aparece como de “matorral” y que según el perito de la parte recurrente que la ha visto “in situ” serían antiguos terrenos de cultivo marginales y que desde hace años no se cultivan, destinándose a la producción de pastos naturales para el ganado. El terreno afectado contaría con afloraciones rocosas y amplias zonas incultivables.

b) Frente a ello, ya se evidencia como errónea la valoración efectuada por el Jurado que atiende a suelos distintos del real. Recordemos que lo fundamenta en hipotético cultivo de trigo en secano, combinado con explotación de almendros y ocasional uso ganadero, lo que no se corresponde con el suelo de matorral.

Frente a la valoración del Jurado, desconectada de la realidad de la parcela afectada por la servidumbre, la expropiada sí ha aportado un informe pericial ratificado y ampliado en vista pública celebrada ante esta Sala, el cual se considera que desvirtúa la deficiente motivación administrativa, en el que se razona la metodología del sistema de capitalización de rentas aplicable según el artículo 23 del Texto Refundido de la Ley del Suelo , así como las magnitudes y factores tenidos en cuenta en el mismo, tales como las características del entorno, el acceso rodado mediante un camino, así como los cultivos reales y potenciales referidos a esta finca en concreto, arrojando un importe de tasación de 4,011 euros/m2 .

c) Frente al inmotivado criterio del Jurado que fija un valor de 8,96 euros/m2 desligado de la realidad del terreno debe estimarse la demanda sobre la base de la prueba pericial acompañada a la demanda y ratificada en sede judicial que justifica, para la concreta finca, las rentas que pueden obtenerse de su explotación agropecuaria.

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