La venta de un vehículo defectuoso

La conformidad del vehículo con el contrato requiere que el mismo cumpla con todos los requisitos exigidos por el art. 3.1 de la Ley 22/2003 , es decir, que se ajuste a la descripción realizada por el vendedor y posea las cualidades del bien que el vendedor haya presentado al consumidor en forma de muestra o modelo; sea apto para los usos a que ordinariamente se destinen los bienes del mismo tipo; y presente la calidad y prestaciones habituales de un bien del mismo tipo que el consumidor pueda fundadamente esperar, habida cuenta de la naturaleza del bien y, en su caso, de las declaraciones públicas sobre las características concretas de los bienes hechas por el vendedor, el productor o su representante, en particular en la publicidad o en el etiquetado.

Pues bien, vista la sucesión de averías antes relacionadas no parece que el vehículo de autos pueda considerarse conforme con la publicidad que del mismo se aporta -en la que de manera principal se destaca su eficiencia- o con el prestigio que respalda a la marca. Como señala el perito en su informe, en una opinión que plenamente compartimos, “un vehículo de estas características y estas prestaciones, es decir, un vehículo de marca de alto nivel, y prestaciones elevadas debe disponer de un nivel de fiabilidad acorde con sus características y con el coste del mismo; por este motivo, no es habitual que sufra toda esta relación de incidencias y averías cuyo origen se remontan al inicio de la puesta en circulación del mismo “. Parece evidente, sigue diciendo este perito, que el vehículo comprado adolecía de ‘ alguna anomalía de fábrica pues no es normal que con solo 10.400 km. se le cambiase el motor y que esta avería inicial, a pesar de haberse sustituido el motor, no fue subsanada correctamente pues continuaron apareciendo averías en otros componentes del vehículo que ‘probablemente’ no fueron sustituidos con el cambio del motor (bomba de aceite, control e inyección y turbo)

Cuando la cosa comprada no es conforme el consumidor puede elegir entre exigir entre la reparación o la sustitución del bien comprado salvo que una de estas opciones de saneamiento resultara imposible o desproporcionada. Y desde esta perspectiva, y en atención a la clase de bien con la que nos encontramos, la única opción razonable en un primer momento es la reparación, tal y como consta hizo el demandante llevando el vehículo al taller pero cuando esta opción no resulta satisfactoria, como ha sucedido en autos, en donde a una reparación se sucedía otra, entendemos que cuando en su comunicación de 19 de septiembre de 2010 el consumidor interesa, ante las graves y reiteradas averías que venía sufriendo el vehículo, que le sea facilitado otro de la fiabilidad de la que hacen gala el resto de vehículos de la marca, estaba optando claramente por la sustitución del vehículo, derecho que le reconoce la ley cuando establece que “si concluida la reparación y entregado el bien, éste sigue siendo no conforme con el contrato, el comprador podrá exigir la sustitución del bien”.

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Los contadores de agua

Los hechos denunciados tienen su origen en una decisión de un Ayuntamiento que tiene como consecuencia el ampliar el ámbito del monopolio de la prestación del servicio de suministro domiciliario de agua potable, ampliación que consistió en impedir que los aparatos contadores de agua pudieran ser instalados libremente por los usuarios con el aparato e instalador de su elección (siempre y cuando el modelo fuera homologado) para sustituirlo por el suministro e instalación exclusiva por el Ayuntamiento o el concesionario.

Es lo cierto que esta actuación produjo el refuerzo del ámbito de actuación del monopolista hasta extremos posiblemente injustificados, ya que si acaso puede encontrarse alguna justificación en el hecho de que la red de suministro domiciliario de agua potable pueda ser prestada en régimen de monopolio por cuanto que puede constituir un monopolio natural, esa justificación termina en el momento en el que la red abandona el espacio público para entrar en la propiedad privada.

En ese orden de cosas las razones técnicas aducidas por el Ayuntamiento para justificar que todos los aparatos contadores sean suministrados e instalados en régimen de monopolio no resultan convincentes por cuanto que se puede conseguir el mismo objetivo perseguido por otros conductos tales como el de permitir exclusivamente la instalación de aparatos que estuvieran homologados y con esa decisión existiría más competencia entre operadores.

En resumen, el Ayuntamiento o la empresa concesionaria encargada de la prestación del servicio de suministro de agua potable no puede obligar al usuario a comprar los contadores que ellos quieran. Es suficiente con que el contador esté homologado.

Con esta decisión municipal se ampliaba el ámbito del monopolio a un mercado próximo, el de los contadores, para el que no existe justificación alguna.

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¿A quién corresponde la limpieza de los ríos y ramblas?

La limpieza de barrancos, ramblas y ríos corresponde a los organismos de cuenca, esto es, a las Confederaciones Hidrográficas.

No obstante, existe una importante salvedad. La limpieza de los ríos a su paso por zonas urbanas no corresponde a la Confederación Hidrográfica, sino al Ayuntamiento en cuyo término municipal se encuentra la zona con falta de limpieza.

La limpieza del cauce de los ríos a su paso por zonas urbanas no es competencia del organismo de cuenca. La expresión “zonas urbanas” que el mencionado precepto legal emplea (artículo 28.4 de la Ley del Plan Hidrológico Nacional) no puede ser entendida como equivalente de lo que, con arreglo a la antigua legislación urbanística, era el suelo urbano.

La idea de “zonas urbanas” tiene aquí un significado autónomo, pues lo determinante no es tanto la concreta clasificación urbanística de los terrenos que atraviesa el río, cuanto que se trate de un espacio materialmente urbano; esto es, de un pueblo o ciudad y de sus aledaños.

No tener atribuida la competencia para la limpieza del cauce de los ríos a su paso por zonas urbanas sólo significa que el organismo de cuenca no tiene el deber legal de llevar a cabo dicha actividad. No significa que por vía convencional no pueda asumirla en determinados términos municipales. Estar legalmente habilitado para celebrar convenios en una determinada materia no implica que exista un deber de hacerlo.

En resumidas cuentas, que la limpieza de los rios a su paso por zonas urbanas corresponde a los Ayuntamientos. En estos casos, las Confederaciones Hidrográficas pueden firmar un convenio con los Ayuntamientos para ayudarles económicamente o técnicamente a realizar los trabajos de limpieza. Pero las Confederaciones no están obligadas a firmar dicho Convenio. Es voluntario. La obligación de limpiar la zona sucia reside en los Ayuntamientos.

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Convocadas oposiciones para cubrir 8 plazas de Arquitecto Técnico de Hacienda

En el BOE de hoy se publica la convocatoria de oposiciones y pruebas selectivas para cubrir 8 plazas de Arquitectos Técnicos de Hacienda, 4 mediante oposición libre y 4 por promoción interna.

Si necesitas hacer casos prácticos o exámenes tipo test sobre temas de Derecho, te los hacemos “a la carta” por tan sólo 25 euros, IVA incluido.

Si quieres más información, envíanos un correo electrónico sin compromiso.

 

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¿Qué son las contribuciones especiales?

La jurisprudencia suele señalar en la existencia de las contribuciones especiales, una serie de pasos o fases que, resumidamente, son los siguientes:

1) El Acuerdo de Imposición (provisional), en virtud del cual el ayuntamiento en Pleno debe aprobar el acto de imposición, por el cual decide, en cada caso concreto, exigir, respecto de determinadas obras o del establecimiento o ampliación de un servicio, el reparto, en el porcentaje que establezca, del coste de dichas obras y actuaciones.

2) El Acuerdo de Ordenación (provisional) -antes Acuerdo de Aplicación-, adoptado por el Pleno del Ayuntamiento respectivo, normalmente de manera simultánea al de Imposición y donde se contienen:

a) El coste de realización de las obras o del establecimiento o ampliación de los servicios, con el detalle preciso para su correcto conocimiento y aplicación del porcentaje establecido para las correspondientes Contribuciones Especiales.

b) La base imponible (cantidad a repartir entre los beneficiarios).

c) La Relación de sujetos pasivos de la concreta Contribución especial.

d) Los criterios de reparto, que son los índices o módulos que han de utilizarse para llevar a cabo la distribución o reparto de la base imponible.

e) Las cuotas singulares, que son el resultado de aplicar los «criterios de reparto.

Y, f) La Exposición al público y publicación del Acuerdo de Ordenación provisional.

3) El Acuerdo de Imposición y de Ordenación, definitivos. Acto seguido, aunque no forme parte stricto sensu del Acuerdo de Ordenación, pues se trata de un requisito para su ejecución, es lo cierto que deben notificarse individualmente las cuotas liquidadas. La notificación debe contener el ofrecimiento de los recursos, que serán el recurso de reposición preceptivo, regulado en el artículo 14 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, que podrá formularse como dispone el artículo 34, apartado 4, sobre la procedencia de las contribuciones especiales, el porcentaje del coste que deban satisfacer las personas especialmente beneficiadas o las cuotas asignadas.

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¿Son lícitas las cláusulas suelo de los préstamos hipotecarios?

Las cláusulas suelo son en principio lícitas, siempre y cuando su transparencia permita al consumidor identificar la cláusula como definidora del objeto principal del contrato y conocer el real reparto de riesgos de la variabilidad de los tipos que conllevaría.

El cliente debe poder ser consciente del efecto de esa cláusula al efectuar su opción de entre los diversos productos que se le ofertan en el mercado, pues un diferencial variable a un tipo superior podría aprovecharse mejor de las bajadas de los tipos de interés que otro inferior al que se adicione, sin embargo, una cláusula suelo con una barrera superior.

De ahí el hincapié en la exigencia de transparencia por parte del Tribunal Supremo que tiene un doble contenido: el primero, relativo a cómo se incorpora esa cláusula al contrato y si la misma, en sí misma considerada, es o no clara, control de oficio que tiene su encaje legal en el artículo 5.5 de la Ley 7/98, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación a cuyo tenor “la redacción de las cláusulas generales deberá ajustarse a los criterios de transparencia, claridad, concreción y sencillez”, y art. 7 “no quedarán incorporadas al contrato las siguientes condiciones generales: a) Las que el adherente no haya tenido oportunidad real de conocer de manera completa al tiempo de la celebración del contrato (…)”.

Superado ese primer nivel, pasamos al segundo en el que se examinará qué información se le dio al cliente tanto de forma previa como en el momento de la contratación para determinar si éste era o no consciente de las consecuencias jurídicas y económicas de la inclusión de tal cláusula en el contrato.

Comenzando por el primero de ellos, a la vista de la escritura pública suscrita por ambas partes en fecha 10 de diciembre de 2.009 entendemos que la cláusula discutida no es oscura ni ambigua sino que refleja con claridad que “los tipos máximo y mínimo que pueden alcanzar el interés nominal anual aplicable al préstamo durante la fase sujeta a intereses variables será del 8% y del 3% respectivamente”.

En cuanto a su incorporación al contrato, por el contrario, ciertamente creemos que su inclusión a través de un llamado pacto en la extensa Estipulación Segunda, que ni siquiera regula a los intereses ordinarios del préstamo - estos se recogen en otra parte de la escritura, en el Exponendo Primero-, incumple el requisito exigido pues pasa completamente desapercibida para el adquirente vulnerándose en definitiva esta obligación de transparencia y claridad que impone el antes citado art. 5.5 de la Ley de Condiciones Generales de Contratación.

Y si la inclusión de la cláusula suelo en el contrato no supera este primer control de transparencia, ya hemos visto antes que tampoco supera el segundo, relativo a la información previa y momento de contratación. No es que la información previa facilitada al adquirente fuera limitada o parcial sino que ni siquiera se facilitó dicha información, como tampoco existió la oferta vinculante a que se refiere el Anexo II de la Orden Ministerial de 5 de mayo de 1.994 de modo que, como establecía la Sentencia del Tribunal Supremo antes citada, reiteramos que la cláusula analizada no era transparente ya que:

a) Falta información suficientemente clara de que se trata de un elemento definitorio del objeto principal del contrato.

b) Se insertó de forma conjunta con la cláusula techo y como aparente contraprestación de la misma.

c) No existen simulaciones de escenarios diversos relacionados con el comportamiento razonablemente previsible del tipo de interés en el momento de contratar.

d) No hay información previa clara y comprensible sobre el coste comparativo con otras modalidades de préstamo de la propia entidad -caso de existir- o advertencia de que al concreto perfil de cliente no se le ofertan las mismas.

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Convocadas oposiciones para cubrir 160 plazas de Secretarios Judiciales

En el BOE de hoy se publica la convocatoria de oposiciones y pruebas selectivas para cubrir 160 plazas de Secretarios Judiciales mediante oposición libre.

Si necesitas hacer casos prácticos o exámenes tipo test sobre temas de Derecho, te los hacemos “a la carta” por tan sólo 25 euros, IVA incluido.

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¿Cómo reaccionar ante una comprobación de valores tributaria?

Lo primero que debemos advertir es que en la comprobación de valores lo que se hace es confrontar el valor que ha declarado el contribuyente y aquél que la Administración defiende. Y si para postular su tesis utiliza el dictamen de peritos de la Administración, lo necesario es, entonces, que el dictamen ponga de manifiesto la inexactitud del valor declarado en relación con el que se comprueba; es decir, acontece que es a la Administración a quien corresponde acreditar la inexactitud del valor declarado y no al contribuyente desautorizar el valor comprobado.

A lo anterior es de añadir algo elemental en los dictámenes periciales, cual es en general, con relación a inmuebles, la observación directa de los elementos a valorar por parte del perito. En efecto, sin poner en cuestión la posibilidad de partir de un valor referencial no puede tomarse éste como elemento apodíctico de valoración, sino que deberá ser contrastado con las circunstancias concretas del bien a valorar, que podrán disminuir, incluso aumentar aquél valor, siempre con un análisis único y exclusivo del bien. Ésta y no otra es la razón de ser de la doctrina resaltada en cuanto a que lo esencial en las valoraciones, máxime cuando modifican el valor declarado, es la expresión razonada y detallada de los elementos que implican tal variación, con referencia singular al caso concreto estudiado.

No es admisible que se remita al interesado a aquellos registros o estudios para la comprobación de un dato fáctico absolutamente esencial para analizar si la valoración que se discute se halla suficiente y correctamente motivada y si ha sido realizada válidamente. Sólo los hechos notorios, o los admitidos por el interesado quedan exentos de su prueba y por tanto de su aportación al expediente administrativo.

Esa omisión o falta de aportación probatoria supone una conducta procedimental injustificada al imponer al administrado una nueva carga como es acudir al estudio de mercado o al registro fiscal de que se trate para contrastar esos datos, lo que incluso puede llegarle a suponer un nuevo gasto en forma de tasa.

Por lo tanto, ni se puede remitir al administrado a registros donde constan los datos utilizados por el perito, ni cabe tampoco incorporarlos a un recurso contencioso por la vía de la prueba puesto que tampoco se puede obligar al ciudadano a acudir a los Tribunales para conocer tales datos.

En suma, pues, es la Administración quien debe acreditar la inexactitud del valor declarado y, si es el dictamen pericial el medio elegido para la comprobación, de entre los que consigna el artículo 57 Ley General Tributaria, deben comprenderse en el mismo las circunstancias individuales del bien a valorar, tanto si aumentan como si disminuyen aquel valor, esencialmente por observación directa del Sr. Perito, razonándolo adecuadamente y permitiendo de este modo que el contribuyente pueda, conocidas las razones que justifican un valor concreto, discutir éste como consecuencia de aquéllas, sin necesidad de recurrir a la tasación pericial contradictoria que, como se dijo, es una facultad y no una carga para el sujeto pasivo.

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Convocadas oposiciones para cubrir 70 plazas Ayudantes Instituciones Penitenciarias

En el BOE de hoy se publica la convocatoria de oposiciones y pruebas selectivas para cubrir 70 plazas de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias mediante oposición libre.

Si necesitas hacer casos prácticos o exámenes tipo test sobre temas de Derecho, te los hacemos “a la carta” por tan sólo 25 euros, IVA incluido.

Si quieres más información, envíanos un correo electrónico sin compromiso.

 

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Convocadas oposiciones para cubrir 254 puestos de Policía Nacional

En el BOE de hoy se publica la convocatoria de oposiciones y pruebas selectivas para cubrir 254 plazas de Policía Nacional mediante oposición libre.

Si necesitas hacer casos prácticos o exámenes tipo test sobre temas de Derecho, te los hacemos “a la carta” por tan sólo 25 euros, IVA incluido.

Si quieres más información, envíanos un correo electrónico sin compromiso.

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