Convocadas oposiciones para cubrir 490 plazas de Técnico de Hacienda

En el BOE de hoy se publica la convocatoria de oposiciones y pruebas selectivas para cubrir 300 plazas de Técnico de Hacienda mediante promoción interna y 190 plazas de Técnico de Hacienda mediante oposición libre.

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Quedarse con el dinero entregado a cuenta de una vivienda: delito de apropiación indebida

Cuando se trata de dinero adelantado como parte del precio de una vivienda, la jurisprudencia ha sostenido que, incluso después de la derogación del artículo sexto de la L 57/68, la entrega de cantidades a cuenta del precio no invertidas en el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el constructor o promotor pueden ser objeto de la alternativa típica de la distracción de dinero del art. 252 Código Penal.

El fundamento de esta jurisprudencia es claro. En el contrato de compraventa de una vivienda de futura construcción financiada en parte por los adquirentes la relación jurídica entre comprador y vendedor tiene unas características especiales. Por lo tanto la interpretación de las normas que rigen la compraventa debe ser completada por los principios aplicables al mandato y particularmente por lo dispuesto en los arts. 244 y 252 Código de Comercio y 1720 del Cídigo Civil, de tal manera que el vendedor queda constituido, en realidad, en un administrador cuya remuneración es la ganancia que puede obtener de la diferencia entre la cantidad recibida como precio y la empleada en la construcción.

En realidad, y sin necesidad de recurrir a figuras contractuales específicas, como el mandato, lo esencial de la norma establecida en el art. 1° de la Ley 57/68 , que como se ha recordado está vigente, es la necesidad de establecer un patrimonio separado y garantizado con las cantidades recibidas.  El delito de apropiación indebida lo cometerá, conforme al art. 252 del Código Penal, habiendo recibido cantidades que, conforme al art. 1° de la Ley 57/68 , tenía obligación de garantizar y de no confundir con el patrimonio propio afectándolas a un destino específico , se apropiare de tales cantidades o las distrajere de su destino, no entregando la vivienda ni devolviendo las cantidades percibidas anticipadamente.

El promotor tiene la obligación legal de garantizar la devolución de dichas cantidades, y la prohibición de gastarlas si no están garantizadas. Si la emplea, incumpliendo su obligación de garantía, las está distrayendo, aun cuando las dedique a la construcción, pues la ley le obliga a ingresarlas en una cuenta especial, y le prohíbe disponer de ellas si no están garantizadas en la forma que imperativamente establece la normativa legal.

El efecto específico de la ley especial es que el dinero recibido, como dice la primera de estas sentencias, se transfiere al promotor, pero ope legis no puede entrar, como en los demás casos, en el patrimonio del vendedor de manera incondicionada, sino que ha de constituirse sobre él una garantía, vía legal, para impedir que a consecuencia de la disociación temporal entre el dinero que se entrega y la vivienda que se promete entregar, porque todavía no está construida, pueda el dinero desaparecer.

Por ello el incumplimiento de las obligaciones legales de garantía y de ingreso de los fondos en una cuenta especial, constituye un indicio determinante de la voluntad de distracción. La subsunción de tales hechos en el delito de apropiación indebida continúa manteniéndose.

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¿Los Tribunales pueden revisar las notas de una oposición?

En algunos supuestos, los Tribunales sí pueden revisar las notas, sobre todo, cuando se haya producido un claro error.

Es oportuno hacer referencia a la reiterada Jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo en el sentido de que el criterio de los Tribunales Calificadores o Comisiones de Valoración en los concursos públicos no puede ser sustituido por el de los órganos judiciales, ni mucho menos por las subjetivas apreciaciones del interesado por muy fundadas y razonables que éstas sean. Pues bien, siempre que la interpretación de las bases de la convocatoria, realizada por quienes han de resolver el concurso, se encuentre dentro de las posibles interpretaciones de las mismas, esto es, no suponga una vulneración o desviación de lo en ellas dispuesto, habrá de estarse a tal interpretación aunque fueren posibles otras alternativas.

Y así, a través de muy numerosas Sentencias declara el Alto Tribunal que tal discrecionalidad técnica encuentra su fundamento en la presumible imparcialidad de los componentes del Tribunal calificador, especialización de sus conocimientos, e intervención directa en las pruebas realizadas, de suerte que los Tribunales de Justicia no pueden convertirse, por sus conocimientos, o por los aportados por una prueba pericial, en un segundo Tribunal Calificador, que revisen todos los concursos y oposiciones que se celebren, sustituyendo por sus criterios de calificación lo que en virtud de esa discrecionalidad técnica corresponde al Tribunal que ha de juzgar las pruebas selectivas. E igualmente, recuerda que la función fiscalizadora de los órganos de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa consiste en resolver, desde criterios jurídicos, problemas jurídicos, no pudiendo entrar en la valoración de los conocimientos técnicos exigidos a los opositores, lo que supondrían un análisis extraño a tal valoración jurídica.

Bien es cierto que la actividad calificadora de las Comisiones de Valoración es susceptible de recurso ante las Salas de lo Contencioso-Administrativo, pero la actividad de control por éstas realizado, parte de criterios jurídicos en los términos expuestos, lo que exige la aplicación de las técnicas de control de la discrecionalidad.

Así, por el control de los elementos reglados, se exige de la Comisión de Valoración el cumplimiento de las Bases de la Convocatoria, cuya vulneración causaría la anulación del acto; por los fines, el ajuste de su actividad a los señalados por el Ordenamiento Jurídico, incurriendo en desviación de poder si así no lo hiciese. Es igualmente objeto de control jurisdiccional la composición del órgano calificador y su competencia en los términos previstos en la Convocatoria, o los errores de hecho en que hubiese podido incurrir.

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Anulación de multa por consumo de alcohol en la calle (botellón)

Los hechos fueron los siguientes: sobre las 23,46 horas del día 21 de septiembre, se levanta por agentes de la Policía Local del Ayuntamiento acta denunciando el consumo de alcohol en la vía pública, reseñando una serie de nombres de personas que allí se encontraban, y entre las que figura el reclamante. Iniciado el procedimiento sancionador y tras los trámites correspondientes se impuso una multa de 600 euros.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 19 de Madrid dicta una Sentencia anulando la sanción con los siguientes razonamientos.

Lo primero es determinar la vulneración del principio de presunción de inocencia en cuanto el reclamante entiende que los hechos por los que se sanciona –consumo de bebidas alcohólicas en la vía publica–, no tiene prueba suficiente. No cabe duda que el acta levantada por los agentes actuantes es cuando menos escueta, pues en la misma sólo aparece en el anverso la fecha y el lugar de la actuación, así como una referencia que dice: «ver dorso en apartado observación».

Por otra parte, en el dorso del acta sólo aparecen una serie de nombres de personas con sus números de DNI y domicilio, sin ninguna otra referencia a los hechos que se suponen estaban ocurriendo y que denuncian los agentes. Al final de las observaciones, consta recogida una manifestación vertida por los reseñados en la que se dice que «hay gente que estaba bebiendo alcohol y gente que no, que bebía zumo».

Es cierto que el artículo 137, 3 de la LRJ-PAC, señala que los hechos constatados por funcionario público a los que se reconoce la condición de autoridad y que se formulen en documento público tendrán valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que puedan aportar o señalar los administrados, y en base a ello, el acto goza por tanto de presunción de veracidad, pero para que ello sea así, es evidente que el acta debe recoger unos hechos claros, es decir, al menos unos hechos que los agentes hayan presenciado y que se reflejen en el acta, pues de otra forma no existiría el hecho al que se otorga esa presunción.

Pues, bien, el acta nada dice en relación con los hechos, pues únicamente reseña unos nombres de personas, debiendo en consecuencia suponer, –ya que tampoco lo dice–, que todas ellas estaban bebiendo alcohol, pero la redacción de un acta de denuncia, para que goce de presunción de veracidad, ha de reseñar al menos mínimamente cuáles eran esos hechos, y eso no se produce.

Nada contiene el acta en orden a establecer a qué persona vieron los agentes en actitud de beber, ni qué tipo de bebida se tragaba, al menos en una mínima descripción, ni qué color tenía, ni si olía o no a alcohol; es decir, el acta se encuentra falta de unas circunstancias que se consideran de especial necesidad para que de la misma pueda extraerse esa presunción, ya que mal se puede presumir que unos hechos se produjeron si ni siquiera se dice cuáles fueron.

Partiendo de lo anterior, el expediente administrativo y la sanción que se impone sólo tiene apoyo probatorio en el contenido del acta, pues no existe ninguna otra prueba adicional en el expediente, salvo la ratificación de los agentes, donde nada se dice ni se añade salvo ratificar los hechos, pero ciertamente se ratifican unos hechos que no constan debidamente reseñados en el acta, por lo que es claro que en consecuencia la resolución sancionadora se ha dictado sin la existencia de prueba de cargo suficiente, lo que significa la vulneración del principio de presunción de inocencia, y por tanto, sin necesidad de entrar en otras consideraciones, debe a llevarnos a la anulación de la multa.

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¿Se mantiene la pensión de alimentos si los hijos son discapacitados?

La respuesta a la pregunta es la siguiente: la situación de discapacidad de un hijo mayor de edad no determina por sí misma la extinción o la modificación de los alimentos que los padres deben prestarle en juicio matrimonial y deberán equipararse a los que se entregan a los menores mientras se mantenga la convivencia del hijo en el domicilio familiar y se carezca de recursos.

Se reconoce el derecho de las personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado para ellas y sus familias, lo cual incluye alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a la mejora continua de sus condiciones de vida. Y es evidente que aún cuando el hijo puede recibir ayudas de la administración, en estos momentos no las recibe ni tampoco parece que pueda obtener ingresos por su trabajo, dado la dificultad para acceder al mundo laboral. Y lo que no es posible en estas circunstancias es desplazar la responsabilidad de mantenimiento hacia los poderes públicos, en beneficio del progenitor.

Los alimentos a los hijos no se extinguen por la mayoría de edad, sino que la obligación se extiende hasta que estos alcancen la suficiencia económica, siempre y cuando la necesidad no haya sido creada por la conducta del propio hijo, lo que no es del caso.

El contenido ético del Derecho está presente en las normas del Código Civil, como son las alimenticias, alcanzando rango constitucional, como taxativamente establece el artículo 39 de la Constitución Española. Esta obligación se prolonga más allá de la mayoría de edad de los hijos en aquellos casos como el presente en que un hijo discapacitado sigue conviviendo en el domicilio familiar y carece de recursos propios, al margen de que no se haya producido la rehabilitación de la potestad. Será la sentencia de incapacitación la que en su caso acordará esta rehabilitación de la potestad de ambos progenitores o de uno de ellos, pero hasta que dicha resolución no se dicte, continúa existiendo la obligación de prestar alimentos por parte de sus progenitores, al continuar residiendo con la madre y carecer de ingresos suficientes para hacer una vida independiente.

El problema existe al margen de que se haya iniciado o no un procedimiento de incapacitación o no se haya prorrogado la patria potestad a favor de la madre. La discapacidad existe, y lo que no es posible es resolverlo bajo pautas meramente formales que supongan una merma de los derechos del discapacitado que en estos momentos son iguales o más necesitados si cabe de protección que los que resultan a favor de los hijos menores, para reconducirlo al régimen alimenticio propio de los artículos 142 y siguientes del Código Civil , como deber alimenticio de los padres hacia sus hijos en situación de ruptura matrimonial, conforme a lo dispuesto en el artículo 93 CC, pues no estamos ciertamente ante una situación normalizada de un hijo mayor de edad o emancipado, sino ante un hijo afectado por deficiencias, mentales, intelectuales o sensoriales, con o sin expediente formalizado, que requiere unos cuidados, personales y económicos, y una dedicación extrema y exclusiva que subsiste mientras subsista la discapacidad y carezca de recursos económicos para su propia manutención, sin que ello suponga ninguna discriminación, (que trata de evitar la Convención), antes al contrario, lo que se pretende es complementar la situación personal por la que atraviesa en estos momentos para integrarle, si es posible, en el mundo laboral, social y económico mediante estas medidas de apoyo económico.

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Problemas entre el arrendador y el arrendatario

Vamos a analizar dos concretos problemas planteados en un alquiler entre el arrendador y el arrendatario:

1º) El contrato de suministro de energía eléctrica fue suscrito por la arrendataria, por lo que al finalizar la duración del contrato de arrendamiento, dicha arrendataria dio de bajo, como era su derecho, el referido contrato; sin que pueda pretender el arrendador del inmueble, ni que la arrendataria continuara como titular del suministro eléctrico -y, por lo tanto como responsable del pago del consumo de electricidad ante la empresa suministradora- cuando ya no ocupa el local arrendado, ni que, al darse de baja en el contrato de luz, esté obligada a abonar, como pretende la demandante apelante, los gastos derivados de la instalación eléctrica exigidos por la nueva normativa, por cuanto dichos gastos no derivan de desperfectos originados por la arrendataria, sino del cumplimiento de normas administrativas, a que viene obligado el propietario del local.

2º) No existe prueba alguna de que el calentador que retiró la arrendataria fuera propiedad de la arrendadora. Es más, la prueba practicada acredita que dicho aparato no era propiedad de dicha persona, por cuanto no figura en el inventario de los objetos existentes en el local.

Tampoco puede fundamentarse la obligación de la arrendataria de no retirar del local de negocio el calentador en que se trata de una mejora, por cuanto puede retirase sin menoscabo del inmueble.

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¿El maltrato psicológico es causa para desheredar?

Aunque las causas de desheredación sean únicamente las que expresamente señala la ley (artículo 848 del Código Civil ) y ello suponga su enumeración taxativa, sin posibilidad de analogía, ni de interpretación extensiva; no obstante, esto no significa que la interpretación o valoración de la concreta causa, previamente admitida por la ley, deba ser expresada con un criterio rígido o sumamente restrictivo.

Esto es lo que ocurre con los malos tratos o injurias graves de palabra como causas justificadas de desheredación (artículo 853.2 del Código Civil), que, de acuerdo con su naturaleza, deben ser objeto de una interpretación flexible conforme a la realidad social, al signo cultural y a los valores del momento en que se producen.

En segundo lugar, y en orden a la interpretación normativa del maltrato de obra como causa justificada de desheredación, en la línea de lo anteriormente expuesto, hay que señalar que, en la actualidad, el maltrato psicológico, como acción que determina un menoscabo o lesión de la salud mental de la víctima, debe considerarse comprendido en la expresión o dinamismo conceptual que encierra el maltrato de obra.

La inclusión del maltrato psicológico sienta su fundamento en nuestro propio sistema de valores referenciado, principalmente, en la dignidad de la persona como germen o núcleo fundamental de los derechos constitucionales (artículo 10 CE) y su proyección en el marco del Derecho de familia como cauce de reconocimiento de los derechos sucesorios, especialmente de los derechos hereditarios de los legitimarios del causante, así como en el propio reconocimiento de la figura en el campo de la legislación especial; caso, entre otros, de la Ley Orgánica de protección integral de la violencia de género, 1/2004.

En el caso que comentamos hoy, fuera de un pretendido “abandono emocional“, como expresión de la libre ruptura de un vínculo afectivo o sentimental, los hijos incurrieron en un maltrato psíquico y reiterado contra su padre del todo incompatible con los deberes elementales de respeto y consideración que se derivan de la relación jurídica de filiación, con una conducta de menosprecio y de abandono familiar que quedó evidenciada en los últimos siete años de vida del causante en donde, ya enfermo, quedó bajo el amparo de su hermana, sin que sus hijos se interesaran por él o tuvieran contacto alguno; situación que cambió, tras su muerte, a los solos efectos de demandar sus derechos hereditarios.

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