Principales novedades de la nueva Ley del Impuesto de Sociedades

En el BOE de hoy se publica la nueva Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, cuyas principales novedades son las siguientes:

a) Neutralidad, igualdad y justicia. Estos tres principios constitucionales se convierten en objetivo primordial de la actual reforma, de manera que la aplicación de los tributos no genere alteraciones sustanciales del comportamiento empresarial, salvo que el Impuesto resulte indispensable para cubrir determinadas ineficiencias producidas por el propio mercado. Fuera de estos supuestos, el Impuesto sobre Sociedades sigue manteniendo y agudizando su carácter neutral e igualitario. Como ejemplos a la aplicación de estos principios, basta destacar la aproximación entre el tratamiento de la financiación ajena y propia, la aproximación entre el tipo de gravamen nominal y el efectivo o la eliminación de incentivos fiscales.

b) Incremento de la competitividad económica. Resulta imprescindible en el momento actual favorecer, con carácter primordial, la competitividad empresarial y garantizar el crecimiento sostenido de la actividad económica. En este sentido, la reducción del tipo de gravamen general, del 30 al 25 por ciento, constituye un elemento primordial en la consecución de este objetivo. Asimismo, el tratamiento de las rentas internacionales favorece la repatriación de dividendos sin coste tributario y se convierte en un instrumento esencial en la internacionalización de la empresa española. Por último, también es destacable la novedosa extensión del régimen de exención en el tratamiento de las rentas procedentes de participaciones en entidades españolas.

c) Simplificación del Impuesto. Resulta necesario introducir una mayor sencillez del Impuesto, que contribuya al mejor cumplimiento de la norma. En este punto son dignas de mención medidas como la simplificación de las tablas de amortización, la racionalización de las normas aplicables a las operaciones vinculadas, la eliminación de diferentes tipos de gravamen, en consonancia con las recomendaciones de organismos internacionales, o la aplicación de un régimen de exención generalizado en las rentas procedentes de participaciones significativas.

d) Adaptación de la norma al derecho comunitario. El entorno comunitario constituye, hoy en día, un elemento indispensable a tener en cuenta en cualquier reforma del sistema tributario español. En este sentido, dentro de las medidas que buscan esta adaptación, requiere una especial consideración el tratamiento del sistema de eliminación de la doble imposición establecido en el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, que había sido cuestionado por la Comisión Europea, de manera que esta Ley pretende dar cumplimiento al ordenamiento comunitario, equiparando el tratamiento de las rentas internas e internacionales. Igualmente, las modificaciones realizadas en los regímenes especiales de consolidación fiscal y reestructuraciones pretenden, entre otros objetivos, favorecer el cumplimiento de la indispensable compatibilidad con el ordenamiento comunitario. En definitiva, esta Ley procura ser especialmente rigurosa desde la perspectiva de su compatibilidad con el ordenamiento comunitario.

e) Estabilidad de los recursos y consolidación fiscal. No debe olvidarse de nuevo la caída recaudatoria del Impuesto sobre Sociedades en los últimos años, que ha hecho y hace necesaria la adopción de medidas que traten de paliar el déficit de recursos, con el objeto de alcanzar la estabilidad necesaria que la sostenibilidad del sector público requiere. En este sentido, se adoptan medidas que tratan de ampliar la base imponible del Impuesto, como es el caso de la extensión de la no deducibilidad del deterioro de valor a todos los elementos patrimoniales del inmovilizado empresarial, o las modificaciones introducidas en la limitación a la deducibilidad de gastos financieros, así como la eliminación de determinadas deducciones.

f) Endeudamiento-capitalización. En el año 2012 se introdujo una limitación en la deducibilidad de gastos financieros, estableciendo un criterio específico de imputación temporal distinto al contable, con la finalidad de favorecer indirectamente la capitalización empresarial. En esta misma tendencia, resulta necesario incidir en la neutralidad en la captación de financiación empresarial, estabilizando una balanza que durante mucho tiempo se ha inclinado a favor de la financiación ajena. En este objetivo incide especialmente la nueva reserva de capitalización, así como las modificaciones que se incorporan en el tratamiento de los gastos financieros.

g) Seguridad jurídica. La reforma trata, asimismo, de incrementar la seguridad jurídica necesaria en una norma de esta naturaleza. Las características especiales de este Impuesto, que trata de proporcionar un marco jurídico en una realidad económica tan cambiante, hacen necesario intentar reducir la litigiosidad. Esta Ley recoge criterios doctrinales y jurisprudenciales, y aclara cuestiones que generan o puedan generar una conflictividad no deseada, garantizando la transparencia necesaria para acometer cualquier decisión de inversión. En este ámbito pueden mencionarse las reglas aplicables a operaciones a plazos, la no integración en la base imponible de aquellos ingresos que proceden de la reversión de gastos no deducibles o la posibilidad de aplicar parcialmente el régimen de operaciones de reestructuración.

h) Lucha contra el fraude. Por último, aunque no por ello menos importante, resulta esencial incrementar las medidas que favorezcan una efectiva lucha contra el fraude fiscal, no solo a nivel interno sino en el ámbito de la fiscalidad internacional. Precisamente en este ámbito, los últimos trabajos elaborados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y materializados en los planes de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, constituyen una herramienta fundamental de análisis del fraude fiscal internacional. En este marco, la presente reforma anticipa medidas encaminadas a este objetivo, como es el caso del tratamiento de los híbridos, o las modificaciones realizadas en materia de transparencia fiscal internacional u operaciones vinculadas.

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¿Cuáles son los requisitos para inmatricular una finca?

La inmatriculación ha sido tradicionalmente definida como el ingreso de una finca en el Registro de la Propiedad realizado en virtud de una primera inscripción de su dominio a favor del inmatriculante, mediante la presentación de los títulos o medios inmatriculadores legalmente admitidos y por la que se abre folio o registro particular a la finca en cuestión, surtiendo efectos específicos (cfr. artículos 7, 8, 9 y 243 de la Ley Hipotecaria).

La legislación que admite y regula dichos medios inmatriculadores trata de establecer las cautelas necesarias con el fin de que únicamente puedan acceder al Registro de la Propiedad fincas plenamente identificadas e individualizadas, logrando, en última instancia, la plena concordancia entre el Registro y la realidad jurídica extrarregistral.

Uno de esos controles es el que establece la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, en su artículo 53.7, cuando dice que «en lo sucesivo, no se inmatriculará ninguna finca en el Registro si no se aporta junto al título inmatriculador certificación catastral descriptiva y gráfica de la finca, en términos totalmente coincidentes con la descripción de ésta en dicho título».

En idéntico sentido se pronuncia el Reglamento Hipotecario, en el artículo 298, párrafo 2, al regular la inmatriculación de fincas en virtud de título público de adquisición (que es el caso que nos ocupa), al señalar que «en ambos casos el título público de adquisición habrá de expresar necesariamente la referencia catastral de la finca o fincas que se traten de inmatricular, y se incorporará o acompañará al mismo certificación catastral descriptiva y gráfica, de tales fincas, en términos totalmente coincidentes con la descripción de éstas en dicho título, de las que resulte además que la finca está catastrada a favor del transmitente o del adquirente».

El concepto de finca ha dejado de ser exclusivamente perimetral en nuestra legislación del suelo. Pero nuestro ordenamiento jurídico exige que cualquiera que sea su configuración (finca perimetral, vuelo, subsuelo, edificación) coincidan en el momento de la inmatriculación Catastro y Registro de la Propiedad.

No cabe a este respecto disociar la finca perimetral de la obra nueva existente, pues catastralmente configuran una sola finca, y como tal, con descripción totalmente coincidente, debe ser inmatriculada en el Registro.

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Diferencias entre la suspensión y extinción de la prestación por desempleo

Interesa tener en cuenta que los efectos jurídicos de la suspensión del derecho a las prestaciones de desempleo, tanto de «nivel contributivo» como de «nivel asistencial», son claramente distintos a los de la extinción de la misma, y menos gravosos para el asegurado.

Entre otras cosas, la suspensión supone la interrupción de la misma y no afecta al período de su percepción (artículo 212.2 de la Ley General de la Seguridad Social), mientras que la extinción del derecho significa, como su propio nombre indica, la pérdida total del mismo, con las consiguientes mayores dificultades futuras de recuperación de la protección por desempleo en virtud de un derecho que ha de «nacer» y reconocerse de nuevo. Las consideraciones anteriores permiten afirmar que se han alterado de manera sustancial los presupuestos legales que sustentaban la doctrina jurisprudencial del cómputo anual de las rentas familiares.

En la nueva regulación el legislador establece a cargo de la entidad gestora un control o seguimiento constante de las situaciones de necesidad que dan lugar a la percepción del subsidio, permitiendo a cambio que los asegurados recuperen inmediatamente el derecho al subsidio cuando se reproduce la situación de necesidad tras la desaparición de la percepción de rentas esporádicas. Puede afirmarse así que la finalidad de la reforma legal en el aspecto al que se refiere el litigio es ajustar o acompasar de la manera más exacta posible la dinámica de la situación de desempleo a la «dinámica del derecho» a prestaciones.

Siendo ello así, lo lógico es proceder al cómputo mensual o en unidades temporales reducidas de las rentas familiares, en lugar de al cómputo anual. Tal cómputo mensual o en unidades temporales reducidas es por razones evidentes más adecuado para alcanzar dicho propósito de ajuste entre situación de necesidad y acción protectora, no comportando ya, para los supuestos de obtención de rentas o ingresos esporádicos («por tiempo inferior a doce meses»), la consecuencia inaceptable de pérdida del derecho que llevaba consigo la extinción de la prestación asistencial en la legislación anterior.

La conclusión del razonamiento es que, en la nueva redacción de los preceptos aplicados contenida en la Ley 45/2002, la doctrina correcta es que el cómputo de los ingresos ha de hacerse de forma mensual, tal y como expresamente se dice ahora en el texto del artículo 215.1.1 de la Ley General de la Seguridad Social. Y, por tanto, si el criterio de imputación es mensual, ello significa que si como consecuencia de un único pago se produce la superación del 75% del salario mínimo interprofesional en cómputo mensual, la suspensión del subsidio solamente puede afectar a ese mes y no a otro u otros distintos.

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Convocadas oposiciones para cubrir 14 plazas de policía local Ayuntamiento de Gandía

En el BOE de hoy se publica la convocatoria de oposiciones y pruebas selectivas para cubrir 14 plazas de policía local en el Ayuntamiento de Gandía, mediante oposición libre.

Si necesitas hacer casos prácticos o exámenes tipo test sobre temas de Derecho, te los hacemos “a la carta” por tan sólo 25 euros, IVA incluido.

Si quieres más información, envíanos un correo electrónico sin compromiso.

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Convocadas oposiciones para cubrir numerosas plazas en la Diputación de Málaga

En el BOE de hoy se publica la convocatoria de oposiciones y pruebas selectivas para cubrir varias plazas de Abogado, Arquitecto, Técnico de Administración General, Administrativo, Auxiliar Administrativo y Psicólogo en la Diputación de Málaga, mediante concurso oposición.

Si necesitas hacer casos prácticos o exámenes tipo test sobre temas de Derecho, te los hacemos “a la carta” por tan sólo 25 euros, IVA incluido.

Si quieres más información, envíanos un correo electrónico sin compromiso.

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Los locales comerciales deben pagar la instalación del nuevo ascensor aunque no lo usen

El artículo 9 de la Ley de Propiedad Horizontal impone a todos los propietarios la obligación de contribuir, con arreglo a la cuota de participación fijada en el título o a lo especialmente establecido, a los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización.

En materia de acuerdos de instalación de un ascensor la doctrina jurisprudencial declara que: el acuerdo obliga a todos los comuneros, tanto a los que hayan votado favorablemente, como a los que han disentido, y eso supone que deben permitir que se lleve a efecto y abonar lo que corresponda, sin perjuicio de la impugnación judicial si concurren las circunstancias del artículo 18 de la Ley de Propiedad Horizontal.

No obstante lo anterior, el principio de autonomía de la voluntad permite que la voluntad comunitaria expresada a través de los estatutos de la comunidad autorice en determinadas circunstancias exonerar de la obligación de contribuir a determinados gastos a algunas viviendas o locales comerciales.

Sobre la interpretación y delimitación del término gastos, en los supuestos en los que la instalación de un ascensor en un edificio que carece de este y que resulta necesario para la habitabilidad del inmueble, constituya un servicio o mejora exigible, la cual incrementa el valor del edificio en su conjunto y redunda en beneficio de todos los copropietarios, todos los comuneros tienen la obligación de contribuir a los mismos sin que las cláusulas de exención del deber de participar en las reparaciones ordinarias y extraordinarias haya de interpretarse como exoneración del deber de contribuir a los gastos de instalación de ascensor.

Los gastos de instalación de ascensor son de cargo o cuenta de todos los copropietarios, independientemente de que existan cláusulas estatutarias que exoneren del abono de ciertos gastos ordinarios o extraordinarios, basado o fundamentado en que el ascensor es una mejora exigible en la comunidad y que asimismo incrementa el valor del edificio.

El propietario del local que no utiliza los ascensores viene obligado a soportar, ello no obstante, los gastos de instalación o sustitución de los mismos, ya que estos gastos afectan al conjunto del edificio y producen un incremento de valor que beneficia a todos los copropietarios.

Dichas consideraciones no pueden quedar desvirtuadas por las alegaciones que efectúa la parte recurrente en relación con la interpretación de la cláusula primera de los estatutos en cuanto a la extensión de la exoneración a los gastos de ascensor ya que, según la doctrina jurisprudencial fijada, las cláusulas de exención del deber de participar en las reparaciones ordinarias y extraordinarias han de interpretarse siempre restrictivamente de modo que no abarquen los gastos de instalación de ascensor.

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La prevención de riesgos laborales

Conforme a los artículos 14 y 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y al artículo 19.1 del Estatuto de los Trabajadores, es el empresario el responsable, en caso de incumplimiento de los deberes de prevención, en cuanto que es la persona que debe garantizar de forma plena, el cumplimiento estricto de las normas laborales en lo que atañe a la seguridad e higiene en el trabajo que habría de regir en la concreta actividad que se esté llevando a cabo por los trabajadores.

También lo es que, de ordinario, se incluyen en el círculo de obligados al promotor, el contratista y el subcontratista.

Ahora bien, esta inclusión parte de la premisa de que sean todos empresarios en el concreto ámbito en donde surge el deber de prevención, en este caso el de la construcción, de tal manera que, si el promotor no interviene en esa actividad, limitándose a contratar su ejecución, sin mayor intervención, no parece que tenga el concepto de empresario y por ello no surgirían para él las importantes obligaciones de prevención que sí debe exigirse a los demás sujetos que intervienen en el proceso constructivo.

Así el propio preámbulo del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, explica que la citada norma se ocupa de las obligaciones del promotor, del proyectista, del contratista y del subcontratista, especificando que estos dos últimos sujetos son los auténticos empresarios en las obras de construcción.

Esta idea se concreta en el artículo 2.2 del Real Decreto, cuando establece que el contratista y subcontratista, el primero definido como persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con medios humanos y materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras con sujeción al proyecto y al contrato, y el segundo como la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción proyecto que rige su ejecución, tendrán la consideración de empresario a los efectos previstos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

Por lo que respecta, sin embargo, al promotor, a quien se define como aquella persona física o jurídica por cuenta de la cual se realiza una obra, el artículo 2.3 del Real Decreto analizado le equipara al contratista, y, por lo tanto le concede la consideración de empresario a los efectos ya dichos, solo cuando contrate directamente trabajadores autónomos para la realización de la obra o de determinados trabajos en la misma (si bien se establece una excepción cuando la actividad contratada se refiera exclusivamente a la construcción o reparación que pueda efectuar un cabeza de familia respecto de su vivienda).

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Desprendimiento de retina por trabajar con ordenador

La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha venido reiterando que por accidente no hay que entender sólo la acción súbita o violenta de un agente exterior, sino también determinadas enfermedades cuando se dan mediante manifestación ostensible, en cuanto exista en su producción una relación de causalidad.

Pero es que, además de acaecer por accidente o enfermedad, se requiere que éstos se produzcan en acto de servicio o como consecuencia del mismo, introduciendo de este modo la norma un requisito objetivo y alternativo, cual es que el mismo suceda inopinadamente según el previsible y normal curso de los actos específicos propios de una profesión (accidente); o que el hecho dañoso sea debido a un concreto riesgo característico y dominante que por sí y nada mas que por ejercer aquella actividad, su práctica está abocada a sufrir el daño (consecuencia directa de la naturaleza del servicio desempeñado).

El dictamen emitido por los servicios técnicos de la Administración posee una indudable fuerza de convicción, dada la garantía que ofrecen sus conocimientos científicos y la objetividad de su nombramiento.

Ahora bien, la presunción de certeza de los informes técnicos administrativos, es de naturaleza “iuris tantum”, pudiendo quedar desvirtuada dicha presunción por la prueba pericial en contrario, siempre que la misma se haya practicado con todos los requisitos previstos en las leyes, que garantizan la imparcialidad del informe pericial; y, aún así, esos informes periciales estarán sujetos a la apreciación y sana crítica del órgano jurisdiccional ante el que se prestan, valorándose en relación con el resto de los medios de prueba existentes.

Ell desprendimiento de retina puede ser causado por traumas, como consecuencia del proceso de envejecimiento, diabetes severa o trastornos inflamatorios, aunque en la mayoría de los casos el desprendimiento de retina es espontáneo. Entre los factores de riesgo se encuentran la miopía, antecedentes familiares de desprendimiento de retina, trauma y diabetes incontrolada.

Debe demostrarse, mediante informes médicos, la existencia de nexo o relación causal entre el trabajo con pantallas de visualización de datos y el origen de desprendimiento de retina. El interesado alega que su patología ha sido causada a consecuencia del estrés ocasionado por el exceso de trabajo y las condiciones vividas en su puesto de trabajo.

Las causas del desprendimiento de retina pueden ser: traumas, como consecuencia del proceso de envejecimiento, diabetes, trastornos inflamatorios, degeneración vítrea, hipertensión arterial alta que se debe ser controlada diariamente, los antecedentes familiares, o de carácter espontáneo, el cual ocurre en muchos los casos.

Llama la atención que en ninguno de los Informes aportados se haga referencia a los antecedentes personales y familiares del reclamante, antecedentes que es necesario conocer para el adecuado tratamiento, seguimiento y valoración, no constando tampoco Informe Médico alguno expresivo de la situación clínica anterior al desprendimiento de retina: si tenía hipertensión arterial, o diabetes, o alguna enfermedad, o si habría sufrido algún traumatismo.

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La tarifa del suministro de agua potable

La ley debe establecer los elementos básicos de la prestación a exigir al ciudadano destacando que en lo tocante a ese núcleo esencial e indisponible, la disposición analiza varios extremos: la afectación del ingreso a la financiación de las inversiones en infraestructuras hidráulicas de suministro de agua potable, redes de saneamiento y, en su caso depuración, a cargo de los entes locales; la previsión de que dicho canon podrá constar de cuota fija y cuota variable en función del consumo, que se determinará en la cuantía necesaria para que la suma de ingresos obtenidos sea suficiente para cubrir las inversiones a realizar y, en su caso los costes financieros que generen; y finalmente el establecimiento límite según el cual, el importe total no podrá superar las tarifas vigentes de abastecimiento y saneamiento de agua.

Partiendo de estas reglas, ha de convenirse que la inclusión anticipada del canon en la tarifa (cuota tributaria del agua), conceptos claramente diferenciados en la ley, contradice la reserva de ley respecto de su cuantía y duración, pues con ello se altera la finalidad al que antes se hacía referencia respecto del tributo, convirtiéndolo de transitorio en indefinido y, además, soportando las actualizaciones de la tarifa lo que va contra del fundamento del canon.

En efecto, dada la fecha de finalización de las obras, año 2014, se alteraría el coste real o previsible del servicio, pues aunque aquellas hubieran terminado, la financiación del canon dentro de la tarifa se seguiría exigiendo, es decir, se continuaría percibiendo una cantidad que no se corresponde con coste alguno o valor de la prestación recibida, naturalmente a través de la correspondiente Ordenanza, en principio con vigencia indefinida.

Y todo ello, cuando la propia inclusión del canon, tal como se ha efectuado en la tarifa, no responde a los cálculos previstos que incluye los “costes directos e indirectos, inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o realización se exige la tasa” lo que permitirá incluir únicamente la amortización realizada con cargo al canon (y amortizado, como sucede en general con el resto del inmovilizado, durante su vida útil) y sus intereses pero no en cambio la amortización de la financiación del principal de los préstamos solicitados que junto con los intereses justificaban la cuantía del canon, excediéndose así claramente de los términos del artículo 24.2 del Texto Refundido y vulnerando el principio de equivalencia de las tasas. Es decir, si bien la amortización contable de las obras financiadas con el canon, que finalizaban en el año 2014 era admisible, lo era exclusivamente respecto de las amortizaciones y sus intereses hasta la mencionada fecha.

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