¿Se puede reducir la distancia para construir junto a unas vías del ferrocarril?

La necesidad de que el establecimiento de una línea límite de edificación inferior a la establecida con carácter general se encuentre supeditada, además de previa solicitud, a la mejora de la ordenación urbanística y a que no cause perjuicio a la seguridad, regularidad, conservación y libre tránsito del ferrocarril, plantea la cuestión sobre si ha de ser una necesidad pública o cabe valorar la necesidad de interés particular.

La previsión legal de reducción del dominio público ferroviario se vincula a la existencia de razones de interés, que han de entenderse como de interés general, que en este caso no concurren, pues lo que se está defendiendo son intereses particulares de la empresa interesada, que nunca pueden primar sobre los principios y fundamentos que determinan el establecimiento legal de zonas de dominio público.

En el presente caso, no nos encontramos ante una mejora de la ordenación urbanística, sino ante el ejercicio de la defensa de intereses particulares que no pueden primar sobre el interés público. La afectación de la zona de dominio público a un uso general, a un servicio público o al fomento de la riqueza nacional, impone un régimen jurídico propio y confiere especiales prerrogativas a la Administración titular del mismo, de tal manera que la mera apreciación de posibles perjuicios o perturbación presentes o futuros derivados de la reducción de la zona de dominio público justifica la resolución desestimatoria de la solicitud de reducción.

Se establece la necesidad de que las nuevas construcciones se sitúen por detrás de la línea límite de edificación y prohíbe cualquier tipo de obra de edificación, reconstrucción o ampliación de las existentes, a excepción de las que resulten necesarias para su conservación y mantenimiento.

En nuestro caso, la solicitud de reducción del dominio público ferroviario formulada por la entidad actora no responde a un interés general, y bastará para considerar que esto es así con remitirse al texto de la solicitud, en la que por todo razonamiento se expone que la mejora responde al hecho de que las parcelas colindantes ya se encuentra construidas sin el límite de 20 metros.

No puede entenderse, por otra parte, que constituya mejora la existencia de otras edificaciones situadas a menos de 20 metros, obteniéndose así un espacio sin continuidad, pues en línea con las manifestaciones de la Abogacía del Estado, de dichas construcciones, salvo que existen, nada consta sobre sus concretas características, o si cumplen, o cumplían, los requisitos establecidos en la normativa reguladora sectorial ni las condiciones y circunstancias en que fueron edificadas y autorizadas. Por lo tanto, no puede estimarse que se haya aportado un término válido de comparación, y la existencia de otras construcciones a menor distancia de la permitida por si sola no lo es, que permita considerar que a iguales situaciones se da un tratamiento jurídico distinto.

La Administración titular del dominio público no viene obligada a su reducción por intereses particulares, estando suficientemente motivada la denegación de la solicitud tanto en los fundamentos de la resolución impugnada como por referencia a los informes obrantes en el expediente.

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Responsabilidad de la Confederación Hidrográfica por falta de limpieza de un cauce

El supuesto de hecho que analizamos hoy es si existe responsabilidad patrimonial de la Confederación Hidrográfica por los daños causados debido a las inundaciones de una finca por la falta de limpieza del cauce de un río a su paso por una zona no urbana.

En el expediente administrativo resultan probados determinados hechos que, sin duda, determinan la resolución del conflicto: la configuración geológica de los terrenos y la existencia de aportaciones a la Rambla de Miranda de aguas procedentes de la utilización de las aguas de regadío de cota superior, hecho este último que genera interferencias en el nexo causal, como también las produce el que no se haya justificado por el reclamante qué paliativos se han adoptado por su parte para atender la situación de salinización de los terrenos.

No obstante ello, se ha de concluir que concurren los presupuestos que determinan la responsabilidad patrimonial de la Administración, en este supuesto de la Confederación Hidrográfica del Segura, responsable de efectuar determinadas laborales de limpieza que la misma reconoce haber realizado en determinados momentos, pero no con la frecuencia necesaria para impedir el efecto obstructor del desagüe de la rambla provocado por la acumulación de malezas y vertidos ilegales en la misma, como se desprende de la prueba testifical practicada a propuesta del reclamante.

Lo que no se acepta es la cuantificación de los daños y perjuicios planteada por el reclamante y concretada en la prueba pericial y testifical por los hechos constatados. De este modo, se ha de concluir que la prueba ha sido deficiente, en la medida que habría sido conveniente, a fin de conocer el rendimiento real de la finca, aportar los ingresos declarados a efectos fiscales en ejercicios anteriores, ya que se observa que las cifras que se manejan en el informe técnico están referidas a una “media” del sector y no están concretizadas, toda vez que la cuantificación de los gastos de producción de cítricos resulta baja en relación a los beneficios supuestamente obtenidos.

En definitiva, en atención a la prueba practicada y al resto de circunstancias concurrentes en el presente litigio, se estima que la indemnización procedente ha de modularse y cuantificar la misma en una cuarta parte de lo solicitado por el recurrente en la vía administrativa.

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La ampliación del plazo de inspección tributaria por actuaciones complejas

La regla general viene constituida por el establecimiento del plazo de doce meses de duración, y sólo en casos excepcionales, cuando concurran particulares circunstancias que impidan o dificulten que la culminación de las actuaciones de inspección tributaria se pueda realizar en el plazo previsto, una vez debidamente acreditadas y razonadas, podrá prolongarse el procedimiento mediante acuerdo motivado.

En la fórmula legal y, de una manera más clara en la reglamentaria, se deduce con claridad que no basta con la acreditación de que concurre alguna de las circunstancias que hacen posible acordar una prórroga, sino que es preciso poner tales circunstancias en relación con las concretas actuaciones inspectoras de que se trate. Es decir, la especial complejidad de las actuaciones, que es el concepto jurídico indeterminado sobre el que se abre la posibilidad de ampliar el plazo inicialmente previsto, puede ponerse de manifiesto ante la concurrencia de alguno de los datos reveladores de esa complejidad que, a título ejemplificativo, se enumeran en el precepto, pero ello no quiere decir que la presencia de alguna de tales circunstancias determine por sí misma la complejidad del procedimiento, como la que invoca la Administración como factor justificador que es el volumen de operaciones que implica la obligación de auditar las cuentas.

Quiere ello decir que la exigencia de motivación no se limita a la justificación material del factor habilitador de la ampliación -en este caso, el volumen de operaciones de la empresa como dato abstracto- sino que se requiere, en los propios términos literales del precepto “su necesaria apreciación a la vista de las circunstancias del caso concreto objeto de comprobación…”, lo que equivale a la necesaria evaluación de las razones en virtud de las cuales quepa inferir que el plazo inicial de 12 meses es insuficiente, en ese concreto caso, para completar la instrucción del procedimiento, pese a la diligencia desplegada por la Administración.

En síntesis, las circunstancias descritas en la Ley y su Reglamento de aplicación pueden ser o no, según los casos, un dato relevante en función de su influencia en las actuaciones mismas. De ahí que la motivación del acuerdo de ampliación deba ponderar la necesidad de sobrepasar el plazo legal a la vista de las circunstancias propias del procedimiento en el seno del cual se necesita su adopción, lo que impone al órgano decisor un deber de poner en conexión la complejidad de las actuaciones, que no cabe presumir automáticamente de la concurrencia de alguno de los factores legales, con la constatada insuficiencia del plazo de doce meses para terminarlas.

La motivación específica que prevé la Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente, en su artículo 29.3, en el acuerdo que autorice con carácter excepcional la ampliación del plazo de las actuaciones, no se queda en una mera exigencia formal de recoger en el acto administrativo, de modo formulario, la indicación de la causa legal en que se ampara dicha ampliación, sino que la norma requiere, además, que esté materialmente amparada la Administración para acordar la ampliación, agravando con ello la situación jurídica del sujeto pasivo, al que se le impone un plazo superior al inicialmente previsto en la ley, justificación que sólo se produce válidamente cuando se consignan y razonan fundadamente, aun cuando lo fuera de forma sucinta, los motivos que han impedido razonablemente completar el procedimiento en el plazo regularmente establecido para ello.

Obviamente, la justificación habrá de evaluar las actuaciones ya emprendidas, las dificultades o resistencias encontradas para su práctica, las diligencias pendientes, la imposibilidad de completar las actuaciones, la previsión del plazo preciso, puesto todo ello en conexión cronológica con el extenso plazo habilitado por la ley, de doce meses, pues bien podría ser que la dificultad para cumplirlo no procediera tanto de una complejidad real de la comprobación como de la deficiente organización administrativa o de una escasa diligencia en el impulso de la actividad de comprobación.

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La curatela como sistema de incapacitación

La asignación de la curatela se realiza en beneficio e interés de la persona que no puede gobernarse por sí mismo. El Tribunal Supremo ya declaró que la incapacitación es solo una forma de protección de los discapaces y que por ello mismo no es una medida discriminatoria, sino defensora y no vulnera la dignidad de la persona.

Lo que se adopta son medidas de apoyo que se inician cuando, como ocurre en este caso, se toma conocimiento de una situación necesitada de los mismos para permitir al incapaz ejercer su capacidad jurídica; apoyos que la Convención de Nueva York de 13 diciembre 2006, ratificada por España en 23 noviembre 2007 (BOE el 21 abril 2008), no enumera ni acota pero que se podrán tomar en todos los aspectos de la vida, tanto personales como económicos y sociales para, en definitiva, procurar una normalización de la vida de las personas con discapacidad, evitar una vulneración sistemática de sus derechos y procurar una participación efectiva en la sociedad, pasando de un régimen de sustitución en la adopción de decisiones a otro basado en el apoyo para tomarlas, que sigue reconociendo a estas personas iguales ante la ley, con personalidad y capacidad jurídica en todos los aspectos de la vida, y en igualdad de condiciones con los demás, como se ha dicho en el informe del Comité sobre los Derechos de las personas con discapacidad (11º período de sesiones. 31 de marzo a 11 de abril de 2014), sobre el contenido normativo del artículo 12 de la Convención.

La curatela de los discapacitados se concibe en términos más flexibles, desde el momento en que el art. 289 del Código Civil (CC) declara que “tendrá por objeto la asistencia del curador para aquellos actos que expresamente imponga la sentencia que la haya establecido”. Está pensando en personas parcialmente discapacitados, en las que la sentencia gradúa el alcance de la incapacidad, como sucede en este caso.

En el código civil no se circunscribe expresamente la curatela a la asistencia en la esfera patrimonial, por lo que al amparo de lo previsto en el art. 289 CC, podría atribuirse al curador funciones asistenciales en la esfera personal, como pudiera ser la supervisión del sometimiento del discapaz a un tratamiento médico, muy adecuado cuando carece de conciencia de enfermedad. Y a esta idea responde la jurisprudencia según la cual el curador no suple la voluntad del afectado, sino que la refuerza, controla y encauza, complementando su deficiente capacidad, por lo que su función no viene a ser de representación, sino más bien de asistencia y protección en el concurso que presta su apoyo e intervención para aquellos actos que haya de realizar el incapaz y estén especificados en la sentencia, los que no tienen que ser específicamente de naturaleza patrimonial.

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Las diferencias entre el Régimen General de la Seguridad Social y el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos

Un problema de diferenciación del régimen jurídico que a efectos de Seguridad Social existe entre los trabajadores por cuenta ajena y los trabajadores autónomos sólo podría discutirse, desde la perspectiva del principio de igualdad, poniendo en cuestión no los contenidos diversos de las normas que en uno y otro régimen -general y especial- se incardinan, sino el principio mismo de articulación de la materia entre un régimen general y diversos regímenes especiales [apartados a) y b) del artículo 9.1 del texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social ].

Tal controversia sobre uno de los principios estructurales a partir de los que hoy se organiza nuestro sistema de Seguridad Social no es, sin perjuicio de otras consideraciones, admisible teniendo en cuenta que la diversificación entre regímenes general y especiales de la Seguridad Social -se valore del modo que sea en términos de política legislativa- se ha introducido por el legislador sin proceder a diferenciar entre lo que antes de su acción estaba sujeto a un hipotético régimen común, sino ordenando de modo peculiar situaciones jurídicamente diversas y relativas, en este caso, al tipo de actividad laboral desarrollada por los afiliados al sistema (trabajo por cuenta ajena o autónomo).

La identidad en el nivel de protección de todos los ciudadanos puede ser un objetivo deseable desde el punto de vista social, pero cuando las prestaciones derivan de distintos sistemas o regímenes, cada uno con su propia normativa, no constituye un imperativo constitucional.

Aunque existe una tendencia en el plano legal a la equiparación de los distintos regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social, corresponde al propio legislador llevar a cabo la culminación de este proceso, en el que el Tribunal Constitucional no debe interferir con decisiones singularizadas susceptibles de alterar el equilibrio económico financiero del conjunto de la institución.

No concurriendo, por ende, parámetros homogéneos para verificar la pertinente comparación y correlativa aplicación por igual de la prestación discutida -a las razones esgrimidas en la antedicha resolución, de diferente configuración atendida la diversidad de las actividades laborales de uno y otro régimen, y la exigencia de diferente nivel de protección, se adiciona el propio encuadramiento, su sistema de cotización y los deberes de contribución, que sustentan en definitiva un tratamiento diverso en uno y otro régimen.

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