La oposición de los padres biológicos a la declaración de desamparo

Es procedente que el juez, al examinar la impugnación de la declaración de desamparo contemple el cambio de circunstancias producido con posterioridad al momento en que se produjo la declaración con el fin de determinar si los padres biológicos se encuentran en condiciones de asumir nuevamente la patria potestad.

Para acordar el retorno del menor desamparado a la familia biológica no basta con una evolución positiva de los padres biológicos, ni con su propósito de desempeñar adecuadamente el rol paterno y materno, sino que es menester que esta evolución, en el plano objetivo y con independencia de las deficiencias personales o de otro tipo que puedan haber determinado el desamparo, sea suficiente para restablecer la unidad familiar en condiciones que supongan la eliminación del riesgo de desamparo del menor y compensen su interés en que se mantenga la situación de acogimiento familiar en que se encuentre teniendo en cuenta, entre otras circunstancias, el tiempo transcurrido en la familia de acogida, si su integración en ella y en el entorno es satisfactoria, si se han desarrollado vínculos afectivos con ella, si obtiene en la familia de acogida los medios necesarios para su desarrollo físico y psíquico, si se mantienen las referencias parentales del menor con la familia biológica y si el retorno al entorno familiar biológico comporta riesgos relevantes de tipo psíquico.

Pues bien, en el caso que analizamos hoy, no se ha vulnerado esta doctrina, ya que no se ha desconocido la situación actual de la familia sino que ha considerado que los datos con que se cuenta ahora no son suficientes para considerar que ha existido una evolución favorable que permita a los padres biológicos asumir la guarda y custodia de la menor y -lo más importante- que ello resulte positivo para la misma (es insuficiente la aportación por los padres biológicos de unas fotografías y la simple mención de los medios económicos de la abuela paterna).

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El banco está obligado a devolver la cantidad pagada a un tercero desde el fallecimiento del titular de la cuenta

Los hechos que analizamos hoy son los siguientes:

La esposa de una persona fallecida titular de una cuenta bancaria, comunicó de forma fehaciente mediante burofax el día 3 de diciembre de 2013 al Banco el fallecimiento de su esposo ocurrido el día 29/11/2013, así como mediante escrito recibido por el banco el 16 de diciembre de 2013, en su condición de viuda y heredera forzosa, y que por lo tanto desde ese momento el mandato otorgado por el fallecido al Banco había terminado, si bien el Banco habría hecho caso omiso hasta el mes de agosto de 2014, disponiendo de los bienes del fallecido por importe de 5.429,22 € en función de la transferencia mensual que se venía realizando con cargo a la cuenta de la que era titular el fallecido entre los meses de diciembre 2013 hasta julio de 2014.

El banco se negaba a devolver el dinero pagado a un tercero pues considera que la viuda no estaba legitimada para revocar una orden de transferencia dada por el titular único de la cuenta, dado que no era cotitular, su condición de autorizada se había extinguido con el fallecimiento del titular de la cuenta corriente, no acreditaba ser heredera del causante, y de ser heredera forzosa lo sería a título de usufructuaria, por lo que no podía realizar disposiciones sin autorización del resto de herederos mientras no se hubiera adjudicado la cuenta objeto del pleito.

La Audiencia Provincial de Soria da la razón a la viuda con la siguiente justificación: La orden de transferencia mensual que venía atendiendo el Banco debe enmarcarse en el ámbito de aplicación del contrato de mandato que viene definido en el artículo 1.709 del Código Civil como aquél por el que una persona se obliga a prestar o hacer algún servicio por cuenta o encargo de otro, de tal modo que dicho contrato se extingue, conforme establece el art. 1732 CC, entre otros supuestos, por fallecimiento del mandante, lo que de ordinario lleva a las entidades bancarias al decretar bloqueo de las cuentas.

De ello se deriva,  que la viuda, dado que su propósito no era llevar a cabo un acto de disposición, sino tan solo poner en conocimiento del Banco el fallecimiento de su esposo, solicitando que cesase la orden de transferencia mensual, no tenía ninguna obligación de acreditar la condición de heredera como condición previa a la cancelación de dicha orden de pago mensual, sino que ésta debía haberse acordado motu propio por el Banco, de forma inmediata, tras la puesta en conocimiento del fallecimiento del titular de la cuenta, lo que extinguía el mandato que en su día le fue conferido.

Precisamente, el propio Banco, reconoce que la esposa había perdido su condición de autorizada, que afirma se había extinguido con el fallecimiento del titular de la cuenta corriente. En ese mismo argumento encuentra respuesta su alegación, dado que el propio Banco desde el momento del fallecimiento cesa como mandatario de la orden de transferencia mensual.

Por todo ello, consideramos que la demanda debe estimarse íntegramente, debiendo restituir el Banco a la viuda la cantidad de 5.429,22 euros, correspondientes a las mensualidades de diciembre de 2013, enero, febrero, marzo, abril y julio de 2014, dado que las mensualidades de mayo y junio se reconoce que fueron devueltas por la beneficiaria.

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La extinción de los contratos de interinidad por vacante en la Administración

a) Los contratos de interinidad por vacante están sujetos al cumplimiento del término pactado [la cobertura reglamentaria de la plaza] y que consiguientemente estamos ante una obligación a término y no ante una condición resolutoria, porque las obligaciones condicionales [arts. 1113 y sigs. del Código Civil] son aquellas cuya eficacia depende de la realización o no de un hecho futuro e incierto, en tanto que en las obligaciones a término se sabe que el plazo necesariamente llegará, en forma determinada [se conoce que llegará y cuando ello tendrá lugar] o indeterminada [se cumplirá, pero se desconoce el momento].

b) En la interinidad por vacante estamos en presencia de un contrato a término, siquiera indeterminado, que es el momento en que la vacante necesariamente se cubra tras finalizar el correspondiente proceso de selección;

c) La amortización de la plaza por nueva Relación de Puestos de Trabajo -permitida por el art. 74 Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP)-, no puede suponer la automática extinción del contrato de interinidad, pues no está prevista como tal, sino que requiere seguir previamente los trámites de los arts. 51 y 52 del Estatuto de los Trabajadores (ET), aplicables al personal laboral de las Administraciones Públicas
[arts. 7 y 11 EBEP ], y en los que la nueva RPT ha de tener indudable valor probatorio para acreditar la concurrencia de la correspondiente causa extintiva.

d) La doctrina es aplicable igualmente a los trabajadores indefinidos no fijos, cuya extinción contractual está igualmente sujeta a la cobertura de la plaza y -en su caso- a la amortización.

Por ello, tanto en los supuestos de interinidad por vacante, como en los de su transformación en indefinido no fijo por el transcurso del plazo máximo [ arts. 70.1 EBEP y art. 4.2 b) del RD 2720/1998 ]:

a) La amortización de la plaza desempeñada por modificación de la RPT no está legalmente prevista como causa extintiva de estos contratos, porque no está sujetos a condición resolutoria, sino a término; y

b) Para poder extinguir los contratos sin previamente haber cubierto reglamentariamente las plazas, la Administración Pública deberá acudir a la vía de extinción prevista en los arts. 51 y 52 ET [cauce ya previsto por la DA vigésima ET ].

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