El divorcio cuando existen menores en acogimiento familiar

El caso que analizamos hoy es el siguiente: una menor se encuentra conviviendo con sus abuelos maternos desde que tenía cinco meses y, a instancia de ellos, se les concedió el acogimiento familiar permanente. Cuando aún es menor de edad la nieta acogida se declara judicialmente la separación o el divorcio de los abuelos acogedores, y surge la interrogante de si la sentencia que hace tal declaración puede adoptar medidas respecto de la menor en orden a la guarda y alimentación de ésta.

Si se atiende al contenido del artículo 90 del Código Civil - “cuidado de los hijos sujetos a la patria potestad de ambos…”, “ejercicio de ésta y, en su caso el régimen de comunicación y estancia de los hijos con el progenitor…”; los acuerdos aprobados por el juez, salvo “si son dañosos para los hijos… “-; y de los artículos 92 , 93 , 94 , 96, todos ellos del mismo Código Civil, se constata que en las sentencias sobre nulidad, separación y divorcio las medidas que como efectos se prevén respecto a menores están referidas a hijos sujetos a patria potestad, y la única referencia a los abuelos es a efectos de régimen de visitas y comunicación.

Por tanto, en supuestos de nulidad, separación o divorcio de cónyuges acogedores no cabe adoptar en la sentencia que recaiga, declarando tales situaciones, medidas definitivas respecto de menores acogidos, sujetos a la tutela administrativa del ente público, con suspensión de la patria potestad.

Cuando existe un acogimiento familiar permanente convencional, cuál es el presente, no puede dejarse sin efecto, ni modificarse o regularse a través de un proceso matrimonial, sino que su cese o modificación debe solicitarse de la Entidad Pública que asumió la tutela administrativa y autorizó el acogimiento, ya que no existe laguna legal por la que se deba acudir a aquellos procesos para resolver las incidencias derivadas del acogimiento.

Dentro de un procedimiento de separación o divorcio no se pueden acordar las medidas relativas a la guarda y custodia, alimentos a favor del menor acogido, ni atribución del uso del hogar familiar, debería ser la entidad pública, quien a la vista de las nuevas circunstancias adoptase las medidas más beneficiosas para el menor.

Ahora bien, el interés superior del menor impide que se cree una desatención de éste en tanto en cuanto la Autoridad administrativa adopta la decisión a que hemos hecho mención, pues mientras ello no suceda ambos acogedores lo siguen siendo y tienen la común obligación de “velar por él, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una formación integral ” (artículo 173. 1 CC ). De ahí que la sentencia de la Sección 18ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, de fecha 26 marzo 2010 , afirme que en sentencia se establezca la cantidad en que deba contribuir el acogedor no custodio a los gastos y necesidades del menor, así como medidas de carácter personal para mantener la vinculación afectiva que hasta la fecha había existido, sin perjuicio de que se haya de estar a lo que más adelante decida el Ente público sobre el acogimiento a la vista de la ruptura de vida en común de los acogedores.

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¿Cuándo estamos ante suelo urbano consolidado?

Para determinar la consolidación del suelo, que es reglada, como lo es en general el suelo urbano, se hace necesario acudir, a las sentencias del Tribunal Supremo de fecha 28 de octubre de 2011, 27 de octubre de 2011, de 18 de octubre de 2011, 25 de marzo de 2011, 17 de diciembre de 2009 o a la de 23 de septiembre de 2008 (Casación 4731/2004).

En ellas el Tribunal Supremo ha subrayado la necesidad de que la distinción entre ambas clases de suelo, que hemos efectuado, se ejerza siempre “en los límites de la realidad” a la hora de establecer la diferencia entre suelo urbano consolidado y no consolidado, y, por tanto, sin que pueda ignorarse la realidad existente con una vocación de fijeza y estabilidad, armonizando en forma necesaria lo dispuesto en la legislación autonómica con lo que se dispone con carácter básico en la Ley reguladora del Suelo Urbano aplicable a este caso. Es en todo caso claro que el suelo urbano consolidado, una vez adquirida esa condición, no puede descategorizarse para someterlo al régimen del suelo urbano no consolidado y aplicar el régimen de cargas y cesiones propias de este suelo, sometiendo los mismos terrenos a procesos sucesivos de cesión y costeamiento de las obras de urbanización que lesionan el derecho a la equidistribución.

En el caso que analizamos hoy, el Centro Comercial se encuentra construido, con base en licencia municipal, y con todas las infraestructuras precisas para su entrada en funcionamiento. Podrán concurrir otras circunstancias, a las que luego nos referiremos, que, incluso, podrían tener incidencia en el desarrollo de la actuación urbanística, pero que no pueden, en modo alguno, incidir sobre la clasificación y categorización del suelo, en los ámbitos expresados, como urbano y consolidado.

Esto es, dicho de otra forma, los terrenos que integran ambos sectores, para consumar el destino urbanísticamente previsto de carácter comercial, mediante la edificación de un Centro Comercial, no requieren ni necesitan de una actuación de transformación urbanística. La transformación ya se ha producido, el cumplimiento de las obligaciones a tal efecto necesarias ya ha sido consumado, bien materialmente, bien monetariamente, sin que conste reclamación alguna al respecto por parte del Ayuntamiento.

Conviene, una vez más, insistir en que, en este ámbito de la clasificación y calificación de los terrenos, la dependencia de la realidad física resulta determinante, pues, el hecho físico de la urbanización y su efectiva integración en la malla urbana son las circunstancias que, concurriendo, hacen inviable cualquier tipo de alteración jurídica, por muy discrecional que sea considerada la potestad de planeamiento, ya que la misma, en este ámbito, no va allá de la comprobación de la concurrencia de los servicios públicos previstos en las diversas legislaciones; esto es, el poder normativo de lo fáctico.

 

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