Cese ilegal de funcionario interino

La relación del funcionario interino con la Administración es, por tanto, de naturaleza claramente temporal, no se le aplica el régimen estatutario de inamovilidad garantizado al funcionario de carrera, lejos de ello, se caracteriza por la transitoriedad en el desempeño de las funciones públicas, ahora bien, la norma de aplicación confiere al funcionario interino derechos de los que no puede ser privado sino por las causas legalmente establecidas. El cese no supone en modo alguno el ejercicio de una absoluta facultad discrecional de la Administración, está supeditado a que los motivos que lo justifiquen sean incardinables en los supuestos legales.

El caso que analizamos hoy es el siguiente:

Una persona es designada funcionaria interina, Técnico de Administración General, hasta la provisión en propiedad de la plaza vacante en plantilla. Posteriormente, se aprueban las Bases del proceso selectivo para la provisión de 7 plazas de Técnico/a de Administración General, por el sistema general de acceso libre mediante concurso-oposición, una de las cuales es ocupada por la funcionaria interina, y asimismo se convoca el proceso selectivo.

El plazo de presentación de instancias por parte de las personas interesadas en participar en dicho proceso finalizó y la funcionaria interina no presentó solicitud.

La Administración cesó a la funcionaria interina sin constar que la plaza vacante que ocupaba haya sido cubierta por funcionario de carrera, a resultas del concurso-oposición, ni siquiera se tenía constancia de la finalización de las pruebas selectivas.

La mera convocatoria de un proceso selectivo no es circunstancia subsumible en ninguna de las causas de cese normativamente previstas, la conclusión de la relación administrativa como funcionario interino de quienes ocupan transitoriamente plazas vacantes en la plantilla, viene determinada por su provisión por funcionarios de carrera; solo una vez provista la vacante de forma reglamentaria, se acaba su ocupación transitoria y se produce el cese del funcionario interino, que no es el caso; sin perjuicio de la posible concurrencia de causa resolutoria distinta siempre de las descritas en la norma de aplicación.

Menos aún se permite justificar la resolución de la relación jurídico-administrativa, con la falta de participación del funcionario interino en las pruebas selectivas.

Por lo razonado, la situación jurídica que debe reconocerse a la funcionaria interina habrá de corresponderse con el derecho a ser repuesta en la plaza que venía ocupando transitoriamente, siempre que no haya sido provista por funcionario de carrera y subsistan las razones de urgencia o necesidad que motivaron el nombramiento, y hasta tanto se produzca alguno de los supuestos de hecho determinantes del cese.

Disponiéndose como medida condenatoria de restablecimiento en la situación jurídica reconocida, el derecho a percibir de la Administración demandada indemnización por los daños y perjuicios causados, consistente en los salarios dejados de percibir desde el momento en que fue indebidamente cesada hasta que sea repuesta en la plaza, o, en su caso, hasta el momento en que hubiera debido cesar en la relación de servicios por haber sido provista la vacante por funcionario de carrera, o por haber desaparecido la necesidad de su cobertura, con deducción, en todo caso, de las percepciones económicas que, por cualquier concepto, hubiera devengado a su favor la recurrente en el mismo periodo, y el incremento de la cantidad debida con los correspondientes intereses legales.

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La revisión de la nota dada por los tribunales de oposiciones

La Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 2 de marzo de 2009 dice que la doctrina relativa a la llamada discrecionalidad técnica administrativa de los Tribunales Calificadores y a la imposibilidad de sustitución por la de los tribunales judiciales:

“ha sido ya matizada en numerosas sentencias de esta Sala, en el sentido de que no supone una exención de la fiscalización jurisdiccional, prohibida por el artículo 24.1 de la Constitución, estableciéndose en el artículo 106.1 de la misma la cláusula de revisión universal de todos los actos administrativos por jueces y tribunales. Otra cosa es que el control que realizan estos, es de legalidad, y por lo tanto, el parámetro para declarar la ilicitud de estos actos ha de ser el del ordenamiento jurídico, incluyendo desde luego, los principios constitucionales de mérito, igualdad y capacidad en el acceso a la función pública. Lo que no pueden hacer los órganos judiciales en dicho control es sustituir el criterio del Tribunal Calificador, que es libre respecto a la Administración que les ha nombrado, por el suyo propio; pero sí que pueden, como aquí ha ocurrido, basándose en las pruebas practicadas, especialmente la pericial, anular o sustituir las valoraciones del Tribunal Calificador, cuando se demuestra en el proceso que aquellas son incorrectas y contrarias a los principios antes citados, pudiendo valerse el recurrente de cuantas pruebas en derecho sean admisibles. En consecuencia, la presunción de legalidad, (propia por lo demás de todos los actos administrativos), queda desvirtuada por la prueba procesal correspondiente.”

En el caso que analizamos hoy, la diferencia de calificaciones tan acusada entre los tribunales de Huelva y de Almería demuestra, a priori, que no se han aplicado en absoluto los mismos criterios de valoración y de evaluación en ambos tribunales, lo que ha perjudicado gravemente a los opositores del tribunal de Huelva.

Sin embargo, respecto de la denunciada falta de criterios en uno y otro tribunal que por encima del correo electrónico que cuestiona la reclamante, las bases que no han sido impugnadas y que constituyen la ley del concurso, se han respetado respecto a la coordinación y homogenización y que en relación a la pericia aportada por la reclamante esta no ha desvirtuado la presunción de actuación de los tribunales de manera correcta y homogénea al amparo de la discrecionalidad técnica que necesariamente deben tener”.

Por otro lado el hecho de que existiera una diferencia en la valoración de los Tribunales calificadores de Huelva y Almería, no implicaría la irregularidad de la puntuación otorgada por el Tribunal de los reclamantes, por lo que cualquier elemento discriminatorio debería establecerse entre los opositores del mismo Tribunal Calificador.

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