Condena de 4 años de prisión por exceso de ruido al dueño de un pub

La Audiencia Provincial de Huesca condenó al titular de un pub como autor responsable de un delito contra el medio ambiente, asimismo definido, sin concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de cuatro años y un dia de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y como autor de dos delitos de lesiones imprudentes, también definidos, sin concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a las penas de tres meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, por cada uno de los dos delitos, así como al pago de tres cuartas partes de las costas. Decretamos la clausura definitiva del establecimiento conocido como pub.

En concepto de responsabilidad civil, el acusado indemnizará a Casiano en 7.220 euros por incapacidad temporal y a Aurora en 7.220 euros por incapacidad temporal y en 2.100 euros por secuelas, con aplicación en ambos casos del art. 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en cuanto a intereses.

El Sr. Casiano sufrió a consecuencia de estos hechos un trastorno psicológico generado por la exposición a contaminación auditiva durante los fines de semana en un lapso de cinco años y caracterizado por fatiga crónica, insomnio por estrés y ansiedad, habiendo precisado de tratamiento farmacológico para su curación y sin que se hayan apreciado secuelas.

Por su parte, Aurora, esposa del Sr. Casiano, también sufrió un trastorno psicológico derivado de la exposición al ruido durante cinco años y caracterizado por fatiga crónica, estrés nervioso, neurastenia y ansiedad, habiendo precisado de tratamiento consistente en ansiolíticos y tranquilizantes con modificaciones en sus dosis y pauta y restando como secuela un estado de ansiedad-insomnio compatible con estrés mantenido. En ambos casos se estimó el tiempo de estabilización lesional en 250 días no impeditivos.

De los hechos probados resulta que al dueño del pub le fueron notificadas las resoluciones administrativas dictadas por el Ayuntamiento así como las que desestimaban los recursos interpuestos contra las anteriores, sin que procediera a la corrección que se le imponía antes de continuar con su actividad.

De la lectura de la sentencia se desprende, de un lado, la ineficacia de la Administración en orden a proporcionar al denunciante una respuesta que evitara prontamente un eventual perjuicio para su salud, cuya probable existencia ya se establecía desde las primeras mediciones que demostraban la infracción de la normativa municipal sobre el ruido, y que fueron seguidas de los primeros requerimientos al recurrente, desatendidos por éste.

Pero, al mismo tiempo, los detalles del caso ponen igualmente de relieve la persistencia del recurrente en una conducta que, ya desde el primer momento, sabía que causaba molestias y probables perjuicios a unos ciudadanos al repercutir directamente y de forma muy negativa en el ejercicio de sus derechos a la salud, física y psíquica, y al descanso, dentro de su propio domicilio, sin acudir en ningún momento durante ese largo período a la adopción de medidas que hicieran compatibles aquellos derechos con el que él tenía al desarrollo de su actividad empresarial.

Alega que no desobedeció las órdenes de la Administración, sino que las interpretó. Pero en realidad se trata de un sofisma, ya que mediante su interpretación de lo que se le ordenaba lo que de hecho hacía era incumplirlo.

Finalmente, en relación a las lesiones, ya se ha señalado que su existencia y su relación directa con la conducta del recurrente ha quedado acreditada por la prueba pericial médica practicada. El recurrente plantea ahora unas cuestiones respecto a otros posibles orígenes o causas de los padecimientos acreditados que debió someter a consideración del Tribunal mediante el interrogatorio a los peritos o a través de otras pruebas periciales que estuvo a su alcance proponer, pues la acusación, con la prueba pericial médica mencionada, ya había acreditado la relación entre la conducta y el resultado, por lo que solo cabía ponerla en duda o demostrar el error, sin que sea exigible a quien acusa una prueba demostrativa de la inconcurrencia de cualquier posibilidad alternativa imaginable (Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 23 de octubre de 2012).

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¿Cuándo se consienten las obras realizadas en las comunidades de vecinos?

El Tribunal Supremo admite la voluntad tácita de los copropietarios manifestada por el transcurso pacífico de largo tiempo sin formular reclamación alguna, como determinante para producir el efecto de tener por renunciado el derecho a impugnar por un período de cuatro años.

Ahora bien, se trata de situaciones concretas desveladas a partir de los datos de prueba que el pleito ofrece en cada uno de los casos para convertir lo común en privativo a través de esa especie de atajo temporal que proporciona el consentimiento tácito de la Comunidad mucho más permisivo que el que se exige, concurriendo los requisitos pertinentes, que no son del caso, para convertir al simple poseedor en propietario mediante la usucapión, y que, de generalizarse, dotaría al sistema de una evidente dosis de inseguridad jurídica tanto con relación al tiempo que se debe computar para procurar esa conversión como a los actos que son necesarios para consolidarla.

El conocimiento, dice la sentencia del Tribunal Supremo de 6 de marzo de 2013, no equivale a consentimiento como exteriorización de una voluntad, ni el silencio supone una declaración genérica en la que se pueda encontrar justificación para no obtener los consentimientos legalmente exigidos.

En definitiva, con valor de doctrina jurisprudencial, se ha declarado por esta Sala que ha de estarse a los hechos concretos para decidir si el silencio cabe ser apreciado como consentimiento tácito o manifestación de una determinada voluntad. De este modo, la resolución del conflicto radica en determinar bajo qué condiciones debe interpretarse el silencio como una tácita manifestación de ese consentimiento. Por ello deben valorarse las relaciones preexistentes entre las partes, la conducta o comportamiento de estas y las circunstancias que preceden y acompañan al silencio susceptible de ser interpretado como asentimiento.

La doctrina de los actos propios tiene su último fundamento en la protección de la confianza y en el principio de la buena fe, que impone un deber de coherencia y limita la libertad de actuación cuando se han creado expectativas razonables.   (SSTS 9 de diciembre de 2010, 25 de febrero 2013 ).

El principio de que nadie puede ir contra sus propios actos solo tiene aplicación cuando lo realizado se oponga a los actos que previamente hubieren creado una situación o relación de derecho que no podía ser alterada unilateralmente por quien se hallaba obligado a respetarla (SSTS 9 de diciembre de 2010 , 7 de diciembre de 2010 , 25 de febrero 2013 ).

Significa, en definitiva, que quien crea en una persona una confianza en una determinada situación aparente y la induce por ello a obrar en un determinado sentido, sobre la base en la que ha confiado, no puede pretender que aquella situación era ficticia y que lo que debe prevalecer es la situación real, lo que referido al supuesto analizado, difícilmente puede haber existido consentimiento tácito a unas obras que la sentencia dice simplemente toleradas, esencialmente porque, además de que no son las mismas que existen en la actualidad, equivaldría a la utilización por su parte y en exclusiva de un elemento común sin derecho reconocido como tal por la comunidad de propietarios que es soberana para decidir en beneficio o interés general, y no meramente particular, el uso de tal elemento común, tal y como se ha materializado a partir de un acuerdo, en ningún caso viciado de nulidad absoluta o radical, que ya valoró esta ocupación, y que no fue impugnado judicialmente en plazo legal ni fuera de él, y,por tanto, ha sido convalidado, por lo que tiene eficacia y obliga a todos, debido a que, por el transcurso del tiempo, ha quedado subsanado (Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 4 de octubre de 2013).

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¿En qué consiste la cesión ilegal de trabajadores?

El artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores prohíbe la contratación de trabajadores para cederlos temporalmente a otra empresa, salvo cuando ello se realiza a través de empresas de trabajo temporal, debidamente autorizadas en los términos que legalmente se establezcan y, en su apartado 2 establece cuales son las circunstancias cuya concurrencia determina la existencia de una cesión ilegal de trabajadores, a saber:

a) Que el objeto de los contratos de servicios entre las empresas se limite a una mera puesta a disposición de los trabajadores de la empresa cedente a la empresa cesionaria;

b) Que la empresa cedente carezca de una actividad o de una organización propia y estable, o no cuente con los medios necesarios para el desarrollo de su actividad;

c) Que la empresa cedente no ejerza las funciones inherentes a su condición de empresario.

A su vez, la jurisprudencia del Tribunal Supremo se ha pronunciado con frecuencia para diferenciar los supuestos en los que válidamente el trabajador dependiente de una empresa puede prestar servicios en beneficio de otra- como consecuencia de los fenómenos de descentralización productiva que se llevan a cabo a través de las subcontratas de obras y servicios que regula el artículo 42 del ET - de los supuestos de cesión ilegal de mano de obra que se regulan en el artículo 43, siendo múltiples y variables los elementos indiciarios de la cesión prohibida, según el caso concreto (prestación de servicios en centro de trabajo de la empresa cesionaria, la utilización de maquinaria u herramientas propias de la misma o cualquier otro dato que revele la sumisión al ámbito de organización y de ejercicio del poder de dirección del empresario).

El fenómeno de la cesión ilegal en el ámbito de las Administraciones publicas, encubierto bajo distintas modalidades de contratación administrativa, ha sido también objeto de atención frecuente, siendo de destacar numerosas sentencias, dictadas todas ellas en relación a una contratación administrativa realizada por un Ayuntamiento con empresa real dedicada a la prestación de servicios, en la que el elemento definidor de la cesio ilegal se sitúa no tanto en el hecho de que el trabajador preste servicios en centro de trabajo de la empresa cesionaria o en la utilización de maquinaria u herramientas propias de la misma, o en el aparente ejercicio del poder empresarial, sino, fundamentalmente en que aunque la empresa que facilita personal a otra tiene una actividad y una organización propias, lo relevante a efectos de la cesión consiste en que esa organización «no se ha puesto en juego», limitándose su actividad al «suministro de la mano de obra o fuerza de trabajo”a la empresa arrendataria.

De ahí que, cuando se trata de empresas reales, con organización propia, la actuación empresarial en el marco de la contrata, o del negocio jurídico que da soporte a la cesión de trabajadores, sea un elemento esencial para la calificación, aunque excepcionalmente, el ejercicio formal del poder de dirección empresarial por el contratista no sea suficiente para eliminar la cesión si se llega a la conclusión que aquél no es más que un delegado de la empresa principal (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de fecha 23 de septiembre de 2013).

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¿Se puede aumentar el complemento específico de los funcionarios?

El Abogado del Estado impugna los acuerdos del Pleno de un Ayuntamiento de modificación de las relaciones de puestos de trabajo y de modificación del complemento especifico, por entender que no se ajustan a la legalidad, interesando que se anulen los actos recurridos.

Se argumenta en defensa de la pretensión deducida que en los referidos acuerdos se produjo un incremento anual del complemento especifico de determinados funcionarios, lo que estima que resulta contrario a las previsiones del art. 2 del Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.

A dicha pretensión se opone el Ayuntamiento, así como el Sindicato Independiente de Policía Local. Argumenta el primero que los acuerdos impugnados se hallan amparados por el Acuerdo Regulador de las condiciones laborales de los empleados públicos municipales para el periodo 2008-2011, en el que se contempla su prorroga hasta la entrada en vigor de uno nuevo, en base al cual tomó los acuerdos impugnados, dada la arbitrariedad del mismo que fue aprobado sobre las bases financieras y presupuestarias del Plan Económico Financiero 2008-2011, respetando el incremento del complemento específico llevado a cabo, los limites del Acuerdo Regulador así como la Ley de Presupuestos Generales para 2011, sin que se hayan experimentado en ningún incremento las cuantías de las retribuciones y de la masa salarial establecidas en la Ley 39/2010, de Presupuestos del Estado para 2011 y, en todo caso, dichas retribuciones se han llevado a cabo con carácter singular y excepcional, resultando imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo en atención a los procesos de reforma y modernización de la Administración.

En similares términos argumenta la representación de la Organización sindical personada en las actuaciones, añadiendo que las adecuaciones retributivas han resultado imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo que ha supuesto un pequeño añadido de la responsabilidad y dificultad técnica, así como de formación para adaptarse a los cambios tecnológicos, sin que ello haya supuesto una modificación de la masa salarial cumpliendo con lo establecido en el art. 2 del Real Decreto Ley 20/2011.

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de fecha 30 de septiembre de 2013 considera que las argumentaciones que se hacen por la Administración demandada, así como por la Organización Sindical personada en apoyo de la resolución recurrida, decaen al amparo de las previsiones que se contienen en el art. 2 del Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, normativa de rango de Ley, que viene a mantener las cuantías retributivas que venía percibiendo el personal al servicio del sector público, al disponer lo siguiente:

“en el año 2012, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2011, en términos de homogeneidad para los dos periodo de la comparación, tanto por lo que respecto a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo. En consecuencia, a partir del 1 de enero de 2012, no experimentarán ningún incremento las cuantías de las retribuciones y de la masa salarial, en su caso, establecidos en la Ley 39/2010, de 21 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011″.

La anterior normativa establece una obligación que no resulta negociable por las organizaciones sindicales, de tal forma que ni el convenio colectivo para el periodo 2008-2011, era aplicable para el ejercicio 2012, ni cabía su prórroga hasta la entrada en vigor de uno nuevo, al igual que sucede con la aplicación de la Ley de Presupuestos para 2011, dejada sin efecto, en cuanto resultaba contraria, a las previsiones del referido Real Decreto Ley.

Ni tiene amparo alguno la modificación de las retribuciones, en la mayor responsabilidad, formación y dificultades técnicas que exige la modernización y cambios tecnológicos en la Administración, pues ni consta tal exigencia en relación a los concretos puestos de trabajo que venían y vienen desempeñando. Se compute dicho incremento de retribuciones de forma individualizada o como masa salarial, pues no pueden experimentar ningún incremento las cuantías de las retribuciones y de la masa salarial, ambas, en términos de homogeneidad a los que venían establecidos al 31 de diciembre del año anterior.

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La obligación del inquilino de devolver el inmueble en buen estado

Hay que examinar las presunciones de los arts. 1562 y siguientes del Código Civil (CC) respecto a la carga de la prueba:

(a) Ha de estarse a los términos del contrato y, en defecto de pacto, se presume iuris tantum que el arrendatario recibió la vivienda en buen estado presunción lógica atendida la obligación del arrendador de entregar de tal modo, presunción, pues, de ese “estado”, de forma que al arrendatario corresponde la carga de la prueba en contrario, lo que puede hacer a través de cualquiera de los medios admisibles en Derecho (bien entendido que, recibir en “buen estado” no significa recibir “nueva” sino en condiciones de habitabilidad, art. 1562 CC ).

(b) Asimismo, se presume iuris tantum (art. 1563 CC ) que el deterioro o pérdida se produjo por culpa del arrendatario, correspondiendo a éste la prueba de su ausencia de culpa o negligencia al venir impuesta la carga (inversión de la carga de la prueba) por normativa legal específica a cada una de las partes en el proceso. Todo ello, sin perjuicio de los términos del contrato, en los que puede regularse tal obligación, pudiendo exigirse que la finca se devuelva, no precisamente en el estado en que se recibió sino en “mejor estado”; tanto por hechos jurídicos (ej., pacto expreso) como por actos negociales posteriores, puede alterarse el contenido real o jurídico.

(c) El art. 1561 sigue diciendo “al concluir el arriendo” como momento en que el arrendatario debe restituir la vivienda o local, restitución que - en determinadas condiciones - puede cumplirse con la entrega de llaves poniendo la vivienda a disposición del arrendador (art. 1462 en relación con el 438 CC), pero, en todo caso , ha de quedar a salvo el derecho de éste a la comprobación fehaciente, judicial o extrajudicial, de que se recibe lo arrendado tal como se entregó, sin otros menoscabos que los producidos por el uso ordinario o por causa inevitable (arts. 1561 y 1563 CC ) a efectos de su posible responsabilidad por pérdida o deterioro que le sea imputable, pudiendo en otro caso, dicho arrendador, rechazar dicha devolución, si no se ajusta a lo pactado o a la normativa antes expuesta.

En el caso resuelto por la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 23 de mayo de 2013, el perito (su informe, en relación con su declaración sujeta a contradicción) manifiesta que entró por primera vez en el local, con el demandante, haciendo uso de las llaves el día 1.6.2010 (precisamente el día en que recibió las llaves del Juzgado, por o que el local estaba previamente cerrado), en cuya fecha sacó las fotografías que obran en su informe, habiendo acudido, además el 22 de junio y en 8.2.201, para concluir su informe.

El perito constata que el local se halla notablemente deteriorado, el estado de las instalaciones es ruinoso, han sido arrancadas la totalidad de las luces de señalización de la escalera (encastadas y, como tales, formaban parte del local), los cables estaban a la vista, el sistema eléctrico estaba dañado porque se habían desconectado todos los puntos de luz, al desmontarse campana estractora, iluminación, secadores de manos, neveras y fregaderos han ocasionado daños en las paredes y parte interior de la barra, no funciona aire acondicionado ni sistema elevador, suciedad en suelos, paredes y techos…. todo lo cual tiene su reflejo en las 49 fotografías que acompaña al informe, ciertamente “elocuentes” como se afirma en la sentencia y se comparte, que abarcan el local prácticamente en toda su extensión (a diferencia de las presentadas por el demandado, fotos a los f. 107 y ss, que se refieren a exteriores del local - lo que “sirve”, entre otros datos, para excluir el lucro cesante - o zonas muy localizadas, así, salvo la obrante al folio 116, no constan fotografías sobre los huecos de las luces de la escalera, parte interior de la barra, sobre el estado de paredes tras desontarse campana extractora, iluminación y secadores de manos, puertas y ventanas,…), y que dan cuenta de tal estado en relación con las referidas cláusulas contractuales; estado que, en absoluto se ha desvirtuado por el arrendatario o inquilino demandado.

Por su parte, los testigos que depusieron a instancia del arrendatario, empleados de éste o trabajadores por encargo del mismo, manifestaron que el local estaba en perfecto estado de funcionamiento y conservación hasta el último momento en que se desarrolló la actividad en el local, 2 ó 3 días antes de que vinieran las mudanzas, lo que no es incomptible con el estado antes descrito, y es más que lógico que estuviera en buen estado mientras se desarrollaba la actividad de bar, y, en todo caso, se considera acreditado que montacargas y aire acondicionado no funcionaban.

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¿Se puede distribuir todo el patrimonio en legados?

En el Derecho común, el testamento es válido aunque no contenga institución de heredero o ésta no comprenda todos los bienes, admitiéndose en el Código Civil la distribución de toda la herencia en legados. Tal situación ha sido contemplada por múltiples sentencias del Tribunal Supremo y Resoluciones dela Dirección General de los Registros y del Notariado bajo el prisma de que el principal problema que plantea una sucesión sin herederos es la liquidación del patrimonio hereditario, y no tanto la determinación de un sucesor universal.

Por esa razón, ha llegado a afirmarse que la distribución de toda la herencia en legados permite la existencia de una sucesión sin herederos; esto es, sin herederos presentados como tales ni disfrazados de legatarios, toda vez que en el sistema del Código Civil el llamamiento «ab intestato» no se produce para asegurar en toda sucesión un heredero, sino para evitar la vacancia de bienes cuando el testador, con independencia del título en que lo haga, no dispone de todos los bienes relictos.

Diversas Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado expresaron que en el caso del artículo 891 del Código Civil los legatarios ocupan el lugar de los herederos, transformándose las cuestiones de representación del causante en problemas de liquidación del patrimonio, que hacen innecesaria la intervención de sucesores a título universal y absurda la exigencia de una declaración de herederos para el limitado fin de entregar los bienes relictos.

De entender que en todo caso en el cual los legados no agoten el total caudal relicto no cabe aplicar la norma del artículo 891, o si se exige una voluntad expresa del testador sobre la distribución de todo su patrimonio en legados, nunca podrá tenerse la certeza absoluta de que los legados ordenados abarquen efectivamente todos los bienes de la herencia, por lo que ante la incertidumbre sobre la posibilidad de que exista algún elemento patrimonial que no ha sido objeto de disposición sería imprescindible siempre abrir la sucesión intestada para que una vez llamados los herederos abintestato pueda realizarse la liquidación del patrimonio hereditario.

Por ello debe admitirse la interpretación del artículo 891 del Código Civil según la cual en los casos en que el testador no hubiera dispuesto de algún bien de escaso valor en relación con el resto del caudal relicto debe también aplicarse dicha norma legal si –como ha apreciado la albacea en este caso– existe una voluntad del testador de que se distribuya su herencia de esa forma, sin necesidad de la apertura de la sucesión intestada.

Examinada las disposiciones de la testadora y especialmente aquella por la cual realiza el encargo a la albacea, no es difícil extraer la conclusión de que la causante ha deseado distribuir el caudal relicto mediante las concretas atribuciones singulares que detalla sin institución de heredero (Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de fecha 11 de septiembre de 2013).

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Las participaciones preferentes: distintos supuestos.

Es necesario tener en cuenta que dicha doctrina hay que relacionarla con el supuesto concreto que allí se analiza, que es una compra de participaciones preferentes entre un cliente y el propio Banco que emite las participaciones, supuesto completamente distinto del que aquí nos ocupa, en que el Banco demandado no es el emisor de las participaciones, y actúa como comisionista (no como vendedor), pues se limita a adquirir las acciones al Banco emisor por cuenta de los compradores.

En aquel supuesto sí puede hablarse de un contrato de tracto sucesivo, pues la relación contractual entre el Banco y el adquirente de las participaciones no se agota con la compraventa de éstas, sino que se perpetúa en el tiempo mientras el vendedor sigue realizando liquidaciones periódicas del producto.

Sin embargo, en el supuesto que nos ocupa, no podemos hablar de un contrato de tracto sucesivo, sino de un contrato de tracto único, en el que el Banco recibe la orden de compra del cliente, y se limita a adquirir para el cliente las participaciones que emite un tercero (en éste caso, un Banco islandés), contrato que, como muy bien se expresa en la Sentencia apelada, se consuma en el mismo momento en que el cliente entrega el dinero al comisionista para la compra de las acciones y le paga la comisión pactada, y éste adquiere las participaciones, pues no puede considerarse que el depósito (meramente contable) de las participaciones y la apertura o conservación de la cuenta en que se ingresaban las liquidaciones periódicas que realizaba el banco emisor, constituyesen prestaciones derivadas del contrato de comisión, sino que se trataba de prestaciones derivadas de los servicios bancarios que prestaba la entidad al cliente para la administración de sus activos, máxime cuando ni siquiera se ha alegado la existencia de un contrato de gestión de cartera de valores, en que pudieran verse englobados todos estos servicios.

En este caso, el banco mediador, una vez efectuada la compra de las participaciones para los demandantes y cobrada su comisión, ya no tenía otra obligación que mantener abierta la cuenta en que se ingresaban trimestralmente los beneficios que periódicamente generaban las participaciones adquiridas, hasta que el Banco emisor quebró en el año 2.008, pues era el Banco emisor el que realizaba dichas liquidaciones y el que mantenía obligaciones con los suscriptores de sus participaciones.

Siendo esto así, poco importa que el contrato tuviese una fecha de vencimiento de 24 de febrero de 2.050, ni que el Banco emisor se hubiese reservado el derecho de amortización anticipada a ejercitar a los cinco años, pues se trata de obligaciones que surten sus efectos entre el cliente y la entidad emisora del producto, no entre el cliente y la entidad que medió en su adquisición, ni puede entenderse tampoco que el plazo de cuatro años deba empezar a contarse desde que los demandantes tuvieron conocimiento del error, como se pretende en el recurso, pues en primer lugar, ello exigiría analizar en primer lugar si hubo o no error, y en segundo lugar, dicha interpretación no se compadece con los términos del propio artículo 1.301 del Código Civil.

Procede, por tanto, concluir que, bien se trate de plazo de prescripción, bien de caducidad, ha transcurrido el plazo de cuatro años establecido en el referido precepto para su ejercicio, por lo que, sin necesidad de entrar en el análisis de otras cuestiones, procede desestimar el recurso interpuesto y confirmar la Sentencia apelada (Sentencia de la Audiencia Provincial de Gijón de fecha 29 de julio de 2013).

vivial,de

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¿La anulación de una liquidación tributaria interrumpe la prescripción?

La respuesta es afirmativa. La doctrina del Tribunal Supremo se refleja en la Sentencia de 19 de abril de 2006 (rec. cas. en interés de Ley núm. 58/2004 ) -cuyos términos reiteramos en la reciente Sentencia de 22 de octubre de 2009 (rec. cas. núm. 6766/2003 ), FD Quinto-, en la que establecimos como doctrina legal que «la anulación de una liquidación tributaria por causa de anulabilidad no deja sin efecto la interrupción del plazo de prescripción producida anteriormente por consecuencia de las actuaciones realizadas ante los Tribunales Económicos Administrativos, manteniéndose dicha interrupción con plenitud de efectos», con fundamento, en esencia, en los siguientes razonamientos:

«La doctrina afirmada en la sentencia de instancia, en el sentido de que es irrelevante el que la anulación de los actos de la Administración sea por causa de anulabilidad, o, por razón de nulidad, es claramente inasumible. En primer término, porque contradice la doctrina de esta Sala sentada, entre otras, en su sentencia de 19 de junio de 2004 , sentencia en la que claramente se distinguen los actos anulables y los nulos a efectos de apreciar la interrupción de prescripción que de ellos pueda derivarse; en segundo lugar, porque tal distinción no es irrelevante para el ordenamiento jurídico que considera no convalidables los actos nulos, siendo imprescriptible (en principio) la acción para exigir su anulación. Por el contrario, los actos anulables son convalidables y son susceptibles de impugnación en los plazos (breves) legalmente establecidos.

Pudiera arguirse que aunque sean ciertas esas diferencias las mismas se vuelven irrelevantes cuando de la prescripción se trata. Pero esta tesis carece de fundamento legal si se tiene presente que el artículo 66.1 a) de la Ley General Tributaria al regular la interrupción de la prescripción se refiere a “cualquier acción administrativa” expresión que pone de relieve que lo trascendente, a efectos de interrumpir la prescripción, es el silencio de la relación jurídica, lo que no se puede afirmar cuando el acto de la Administración es meramente anulable, como es el caso.

La jurisprudencia puede resumirse en los siguientes términos:

1) La anulación de una comprobación de valores (como la de una liquidación) no deja sin efecto la interrupción del plazo de prescripción producida anteriormente por consecuencia de las actuaciones realizadas ante los Tribunales Económicos Administrativos, manteniéndose dicha interrupción con plenitud de efectos (Cfr. STS de 19 de abril de 2006 ).

2) La anulación de un acto administrativo no significa en absoluto que decaiga o se extinga el derecho de la Administración Tributaria a retrotraer actuaciones, y volver a actuar, pero ahora respetando las formas y garantías de los interesados. (Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 19 de septiembre de 2013).

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¿Cuándo prescriben las faltas penales?

La prescripción, como dice la Sentencia del Tribunal Supremo nº 1146/2006 de 22 noviembre, significa la expresa renuncia por parte del Estado del derecho a juzgar, en razón a que el tiempo transcurrido borra de alguna manera los efectos de la infracción, institución de carácter puramente material o de derecho sustantivo, ajena por tanto a las exigencias procesales de la acción persecutoria.

Transcurrido un plazo razonable fijado por la norma, desde la comisión del delito, la pena ya no es precisa para la pervivencia del orden jurídico, ya no cumple sus finalidades de prevención social.

Quiere ello decir que el ius puniendi viene condicionado por razones de orden Público, de interés general o de política criminal, de la mano de la ya innecesariedad de una pena y de cuanto a principio de intervención mínima representa, pues resultaría altamente contradictorio imponer un castigo cuando los fines humanitarios, reparadores y socializadores, de la más alta significación, son ya incompatibles, dado el tiempo transcurrido.

Siendo reiterada, por otro lado, la doctrina jurisprudencial que declara que la prescripción debe ser estimada, concurrentes los presupuestos sobre que se asienta -paralización del procedimiento y lapso de tiempo correspondiente-, aunque la solicitud no se inserte en el cauce procesal adecuado y dejen de observarse las exigencias procesales formales concebidas al efecto, en aras de evitar que resulte condenada una persona que, por especial previsión y expresa voluntad de la Ley, tiene extinguida la posible responsabilidad penal contraída pudiendo ser proclamada de oficio en cualquier estado del procedimiento en que se manifieste con claridad la concurrencia de los requisitos que la definen y condicionan.

No ofrece duda que la prescripción del delito puede concurrir y ser estimada después de pronunciada una sentencia carente aún de firmeza. El propio concepto de procedimiento apunta, como límite final, a la firmeza de la sentencia, momento en que la prescripción del delito cede el paso a la prescripción de la pena.

En el caso resuelto por la Audiencia Provincial de Guadalajara de fecha 25 de julio de 2013, no es objeto de discusión que los hechos acaecen el día 23 de agosto de 2008. Con fecha de 18 de noviembre de 2008 se dicta Auto acordando el Sobreseimiento y Archivo. Ante ello, se presenta denuncia el día 3 de febrero de 2009 y no es hasta el 29 de octubre de 2009 cuando se acuerda incoar juicio de faltas.

Por tanto, se puede decir que no se ha practicado actuación judicial alguna en más de seis meses contados desde la presentación de la denuncia rebasando el plazo que establece el artículo 131.1 del Código Penal, pues el cómputo del plazo comienza a contar desde el día que se comete la infracción punible, así lo dice el artículo 132 del Código Penal y se interrumpe en la forma y manera que establece el artículo 132.2 del Código Penal.

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El despido por causas técnicas, organizativas o de producción

La necesidad de tratar de distinta manera unas y otras causas de extinción del contrato la ha puesto de relieve el propio legislador, en cuanto que ha introducido un factor diferencial para las causas económicas, por un lado, y para las técnicas, organizativas o de producción, por otro, en relación con la finalidad perseguida con la puesta en práctica de una u otras causas; las económicas tienen como finalidad contribuir a la superación de situaciones económicas negativas que afectan a una empresa o unidad productiva en su conjunto.

Cuando lo que produce es una situación de desajuste entre la fuerza del trabajo y las necesidades de la producción o de la posición en el mercado, que afectan y se localizan en puntos concretos de la vida empresarial, pero que no alcanzan a la entidad globalmente considerada, sino exclusivamente en el espacio en que la patología se manifiesta, el remedio a esa situación anormal debe aplicarse allí donde se aprecia el desfase de los elementos concurrentes, de manera que si lo que sobra es mano de obra y así se ha constatado como causa para la extinción de los contratos, la amortización de los puestos de trabajo es la consecuencia de tal medida y no impone la legalidad vigente la obligación del empresario de reforzar con el excedente de mano de obra en esa unidad otra unidad que se encuentre en situación de equilibrio, salvo que se prefiera desplazar el problema de un centro de trabajo a otro, pero sin solucionarlo.

En definitiva, podría afirmarse que las causas tecnológicas, organizativas y de producción afectan al funcionamiento de una unidad, pero no colocan a la empresa en una situación económica negativa, todo ello sin descartar la posibilidad de concurrencia de unas y otras.

Cuando la causa alegada es técnica, organizativa o de producción, el ámbito de apreciación de la concurrencia de estas causas es el espacio o sector concreto de actividad empresarial en que ha surgido la dificultad que impide su buen funcionamiento.

En el supuesto resuelto por la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de fecha 25 de julio de 2013, ha quedado acreditado que la empresa demandada, entidad que gestiona un servicio público, con participación municipal, se encuentra sometida a las medidas de contención del gasto público en materia de gestión del agua, sistemas tarifarios y facturación. Se halla integrada junto con otras empresas en la gestión de servicios públicos del Ayuntamiento de Sevilla.

La actual situación ha impuesto la supresión y reducción de distintas actividades en las áreas de Comunicación y Relaciones Institucionales, agrupándose diversos departamentos de las cuatro empresas públicas a fin de mantener la actividad en esas áreas desde una misma dirección, racionalizando los recursos y ajustando las necesidades.

En este contexto, el despido del trabajador se encuentra justificado como medida razonable para ajustar los recursos existentes a la situación actual de la empresa, sin que se haya podido constatar la posibilidad o conveniencia de reubicar al demandante en otro servicio.

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