Las antenas de telefonía móvil: competencias administrativas

El ejercicio por el Estado de sus competencias en relación con la adopción de las pertinentes medidas sanitarias frente a los riesgos derivados de la exposición de la población a emisiones radioeléctricas emitidas por las antenas de telefonía móvil representa para los Ayuntamientos un límite al ejercicio de las que a ellos, en este campo, podrían corresponder en virtud de lo dispuesto en los artículos 25.2 h y 28 LRBRL».

A ello añadíamos que «Ni el principio de autonomía municipal que garantiza el artículo 140 de la Constitución ni el principio de subsidiariedad de la acción de los entes locales que reconoce el artículo 28 LRBRL entre otros campos en el de la sanidad, puede invocarse cuando el Estado en el ejercicio de sus competencias y velando por los intereses generales que a él le corresponden, ha establecido una regulación sobre la misma materia a la que sin duda alguna puede atribuirse una vocación de exclusividad, como sucede con el R.D. 1066/2001, de 28 de septiembre, en el que no solo se establecen más límites de exposición al público en general a los campos electromagnéticos procedentes de emisiones radioléctricas sino que se contienen específicas previsiones sobre la afectación de la población en esos espacios calificados como “sensibles“, que agotan las medidas que en este campo puedan adoptarse basadas en el principio de precaución e impiden cualquier actuación municipal adoptada con base en el mismo título habilitante».

Con este criterio queda claro que las Corporaciones Locales no pueden regular y exigir, en este caso mediante un Plan Especial, normas adicionales de protección de la salud pública más estrictas que las fijadas por la normativa estatal básica - RD 1066/2001, de 28 de septiembre, en relación con las prohibiciones de ubicación, distancias a los espacios sensibles, y emplazamiento de las instalaciones.

En el caso que comentamos hoy, las normas del Plan no prevén límites de emisiones radioeléctricas distintos de los contenidos en el Reglamento, pero, como las medidas impugnadas contempladas en los preceptos que ahora examinamos obedecen a razones de salud, se produce una invasión por extralimitación de la competencia ex clusiva estatal -ex artículo 149.1.16ª de la Constitución - por más que se considere que las previsiones son totalmente compatibles con las del Real Decreto.

A decir verdad, en algunos extremos la compatibilidad sería más que dudosa, como es el caso de la prohibición de instalación de elementos en el interior de parcelas que alberguen equipamientos considerados sensibles, cuando el Real Decreto lo que establece es una directriz de minimizar en los espacios sensibles los niveles de exposición del público a las emisiones radioeléctricas, sin olvidar que, según el artículo tercero de la Orden CTE /23/2002, se obliga a presentar un Estudio de niveles de exposición con las solicitudes de autorización de estaciones radioeléctricas cuando en un entorno de 100 metros existan espacios considerados sensibles.

Tampoco es atendible que algún precepto (como ocurriría con el artículo 4.1.1) se ha limitado a clarificar y a traducir a lenguaje jurídico-urbanístico la relación de “espacios sensibles” que establece el artículo 8-7 d) del Real Decreto 1066/2001, pues el Ayuntamiento no puede arrogarse competencias de desarrollo o clarificación en una materia que compete en exclusiva al Estado.

En definitiva el Estado ha ejercitado sus competencias en relación con la fijación y determinación de los límites tolerables y lo ha hecho para todo el ámbito nacional, sin perjuicio de que en atención a nuevos hallazgos científicos se introduzcan nuevas previsiones de protección sanitaria que integren el principio de precaución a la vista de los riesgos que se concreten.

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)

Incumplimiento del contrato de compraventa por falta de la licencia de primera ocupación

En relación con el contenido de la obligación de entrega de la cosa vendida cuando se trata de contratos de venta de inmuebles destinados a vivienda, ha declarado también el Tribunal Supremo que la denominada licencia de primera ocupación o de primera utilización no tiene más finalidad que la de contrastar que se ha respetado en la realidad la licencia de construcción, de tal modo que supone comprobar si se han cumplido o no las condiciones establecidas en esta licencia de construcción y si el edificio reúne las condiciones idóneas de seguridad y salubridad y puede habilitarse para el uso a que se le destina.

Se trata por tanto, de un compromiso asumido por el constructor-vendedor con la Administración, del que solo se libera mediante la ejecución fiel y cumplida de la obra, caso en que la Administración está obligada a expedir la licencia de primera ocupación, que no es por lo tanto de concesión discrecional, sino una actividad reglada, que no se suple por el transcurso del tiempo

Puesto que quien construye para vender no puede desconocer este deber, a él incumbe cumplir el deber administrativo -ajeno en principio a la parte compradora- de gestionar la licencia de primera ocupación y de cumplir así la obligación nacida del contrato de compraventa de entregar la cosa en condiciones de ser utilizada para el uso o destino previsto.

En consecuencia, cabe atribuir eficacia o valor resolutorio a todo incumplimiento del vendedor que prive sustancialmente al comprador del derecho a disfrutar la cosa, por cuanto que su entrega en tiempo, lugar y forma y en condiciones para ser usada con arreglo a su naturaleza constituye la obligación esencial y más característica del vendedor, y que, incumbiendo a la promotora vendedora gestionar y obtener la licencia de primera ocupación (artículo 1258 del Código Civil), la falta de cumplimiento de ese deber solo se valorará como esencial de haberse pactado como tal en el contrato, o, en su defecto, «en aquellos casos en que las circunstancias concurrentes conduzcan a estimar que su concesión no va a ser posible en un plazo razonable por ser presumible contravención de la legislación y/o planificación urbanística, ya que en ese caso se estaría haciendo imposible o poniendo en riesgo la efectiva incorporación del inmueble al patrimonio del adquirente», correspondiendo a la vendedora probar el carácter accesorio y no esencial de la falta de dicha licencia mediante la prueba de que la falta de obtención no responde a motivos relacionados con la imposibilidad de dar al inmueble el uso adecuado.

En definitiva, la licencia de primera ocupación forma parte de la obligación de entrega, aunque en el contrato se hubiera expresado solamente que la obra terminaría en fecha determinada. No se trata sólo de terminar, sino de entregar, obligación esencial del vendedor y para tal entrega útil, es preciso haber obtenido la licencia de primera ocupación. De no obtenerla en el plazo pactado se incumple la obligación de entrega y se da lugar, en principio, a la resolución (Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 21 de julio de 2014).

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)

La valoración de la aptitud para obtener el permiso de armas

Debemos empezar recordando que el artículo 98 del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas señala en su apartado 1 que en ningún caso podrán tener ni usar armas, ni ser titulares de las licencias o autorizaciones correspondientes, las personas cuyas condiciones psíquicas o físicas les impidan su utilización, y especialmente aquellas personas para las que la posesión y el uso de armas representen un riesgo propio o ajeno, siendo requisito para la solicitud de las licencias y autorizaciones especiales de armas, entre otros, y según se dice en el apartado 2 de ese mismo artículo, acreditar la posesión de las aptitudes psíquicas y físicas adecuadas y los conocimientos necesarios sobre conservación, mantenimiento y manejo de las armas, en la forma prevenida.

En relación con la concesión, denegación y revocación de la licencia de armas la jurisprudencia ha señalado el Tribunal Supremo que la amplia facultad discrecional que tiene la autoridad gubernativa en orden a la valoración de las circunstancias concurrentes en razón del interés general, si bien ello no supone quedar inmune al control judicial y convertirse en arbitrariedad, por lo que, en definitiva, corresponde a la jurisdicción ponderar y valorar las circunstancias concurrentes y obrantes en las actuaciones que justifiquen en su caso tanto la concesión o denegación del permiso de armas como su revocación, ya que tratándose de revocación de la licencia de armas es necesario partir del carácter restrictivo de las autorizaciones administrativas, según se infiere de la exposición de motivos y del artículo 7.1.c) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana.

La revocación de la licencia de armas no constituye una manifestación del derecho punitivo del Estado, sino el imprescindible control administrativo de la subsistencia de las circunstancias, aptitudes o condiciones exigibles para ser titular del permiso o licencia concedida, por lo que, si la autoridad competente recibe informes razonados de los órganos competentes para emitirlos, queda en el ámbito de su potestad discrecional decidir en consecuencia, siempre que valore correctamente los informes y motive suficientemente su acuerdo.

La valoración de la aptitud para el uso de las armas, a que se refiere el artículo 98.1 del Reglamento citado, debe basarse en una apreciación global de todos los datos disponibles de la conducta del solicitante, que no resultan ajenos a la concurrencia, o no, de antecedentes penales, o a la cancelación, o no, de los mismos».

En este sentido, la mera carencia de antecedentes penales, o la cancelación de los existentes, no constituyen por si solas razones suficientes para la concesión o el mantenimiento de la licencia de armas, ni puede decirse que solo por no tener antecedentes penales, o por tener cancelados los existentes, se tenga ya derecho a la concesión o al mantenimiento de dicha licencia.

Al contrario, por encima de ese dato formal, es preciso apreciar de forma singularizada unas cualidades personales en el interesado que permitan concluir que de la concesión y mantenimiento de la licencia no se seguirá riesgo alguno ni para el propio interesado ni para terceros (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de fecha 30 de abril de 2014).

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)

Humos y olores producidos por un bar

Hoy vamos a analizar la Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, de fecha 8 de octubre de 2013, en la que se condena al dueño de un bar a adoptar las medidas correctoras necesarias para eliminar las molestias por humos y olores causados a los vecinos del edificio. Los razonamientos de la Sentencia fueron los siguientes:

a) la realidad de las inmisiones y molestias originadas como consecuencia de un deficiente sistema de evacuación de humos del local, se pone de manifiesto con los documentos que se aportan con el escrito de demanda de los vecinos: se trata de un escrito presentado por la Comunidad de Propietarios al Ayuntamiento en el que se hace referencia a las Quejas por no tener un sistema de extracción de humos el bar, incumpliendo las condiciones mínimas de ventilación y seguridad, aludiendo el referido escrito, a que ya en el verano anterior se había presentado otro escrito con las mismas quejas.

Así, se acredita que las mismas quejas, y por idéntico motivo, son tratadas en la Junta Ordinaria de la Comunidad de Propietarios celebrada en fecha 4 de agosto de 2.008, en la que se adopta el acuerdo de ponerlo en conocimiento del Ayuntamiento y de conceder poderes al presidente de la Comunidad para el ejercicio de las acciones legales que pudieran corresponder a la Comunidad.

El documento  acredita el requerimiento practicado por la Comunidad de Propietarios al titular del bar, y se le concede el plazo de 20 días para que pudiera solucionar los problemas originados por la salida de humos directamente al patio de la Comunidad.

b) Por lo que respecta a los documentos que se presentan por la parte del dueño del bar, ninguna relevancia presentan respecto a las cuestiones que se dilucidan en las presentes actuaciones, salvo el documento aportado como número 7, consistente en copia del Acta de la Junta Ordinaria de la Comunidad de Propietarios ahora demandante, celebrada en fecha 7 de agosto de 2.009, en la que se pone de manifiesto la subsistencia del problema que representaba la evacuación de humos y olores del local en cuestión, adoptando el acuerdo de retirar la demanda “en el momento en el que se haya solucionado el problema por los tubos interiores del edificio sin que haya emisiones al patio y sin perjudicar a ningún propietario”.

c) En cuanto al expediente administrativo que mediante copia consta unido a las actuaciones, para la obtención de licencia medioambiental, para una actividad de bar-restaurante, debe resaltarse que no consta que en la actualidad se haya obtenido la correspondiente licencia, permaneciendo además las quejas y denuncias vecinales por la existencia de olores procedentes de dicho local, destacando los técnicos municipales, que las medidas adoptadas son totalmente ineficaces, ya que la emanación de olores es fácilmente perceptible, llegando a ser en la zona de patio comunitario severamente molestas, con su correspondiente filtración a las viviendas comunitarias, lo que de forma evidente, y a falta de una pericia realizada en las presentes actuaciones, acredita la realidad de las molestias que se ponen de manifiesto en el escrito de la demanda inicial de las presentes actuaciones.

c) En cuanto a la valoración de la prueba de interrogatorio de preguntas de las partes, por la Presidenta de la Comunidad de Propietarios se pone de manifiesto la existencia de los problemas que han venido generando los olores y demás inmisiones provocadas por la instalación en el local comercial donde se encuentra el bar, de una cocina, insistiendo que tales problemas se inician cuando se inicia la explotación del bar con cocina, ya que el resto de los bares existentes en el edificio no disponen de cocina.

d) Por su parte, el dueño del bar reconoce, como no puede ser de otra forma a la vista de la documentación aportada, que explota el bar con cocina, así como haber procedido a la instalación  del tubo de evacuación de humos que vierte sobre la terraza comunitaria, reconociendo además que el Ayuntamiento  ha llegado a cerrar el local en dos ocasiones, así como la presencia de un técnico del Ayuntamiento con la finalidad de examinar las instalaciones del bar.

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)