Anulación de multa por consumo de alcohol en la calle (botellón)

Los hechos fueron los siguientes: sobre las 23,46 horas del día 21 de septiembre, se levanta por agentes de la Policía Local del Ayuntamiento acta denunciando el consumo de alcohol en la vía pública, reseñando una serie de nombres de personas que allí se encontraban, y entre las que figura el reclamante. Iniciado el procedimiento sancionador y tras los trámites correspondientes se impuso una multa de 600 euros.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 19 de Madrid dicta una Sentencia anulando la sanción con los siguientes razonamientos.

Lo primero es determinar la vulneración del principio de presunción de inocencia en cuanto el reclamante entiende que los hechos por los que se sanciona –consumo de bebidas alcohólicas en la vía publica–, no tiene prueba suficiente. No cabe duda que el acta levantada por los agentes actuantes es cuando menos escueta, pues en la misma sólo aparece en el anverso la fecha y el lugar de la actuación, así como una referencia que dice: «ver dorso en apartado observación».

Por otra parte, en el dorso del acta sólo aparecen una serie de nombres de personas con sus números de DNI y domicilio, sin ninguna otra referencia a los hechos que se suponen estaban ocurriendo y que denuncian los agentes. Al final de las observaciones, consta recogida una manifestación vertida por los reseñados en la que se dice que «hay gente que estaba bebiendo alcohol y gente que no, que bebía zumo».

Es cierto que el artículo 137, 3 de la LRJ-PAC, señala que los hechos constatados por funcionario público a los que se reconoce la condición de autoridad y que se formulen en documento público tendrán valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que puedan aportar o señalar los administrados, y en base a ello, el acto goza por tanto de presunción de veracidad, pero para que ello sea así, es evidente que el acta debe recoger unos hechos claros, es decir, al menos unos hechos que los agentes hayan presenciado y que se reflejen en el acta, pues de otra forma no existiría el hecho al que se otorga esa presunción.

Pues, bien, el acta nada dice en relación con los hechos, pues únicamente reseña unos nombres de personas, debiendo en consecuencia suponer, –ya que tampoco lo dice–, que todas ellas estaban bebiendo alcohol, pero la redacción de un acta de denuncia, para que goce de presunción de veracidad, ha de reseñar al menos mínimamente cuáles eran esos hechos, y eso no se produce.

Nada contiene el acta en orden a establecer a qué persona vieron los agentes en actitud de beber, ni qué tipo de bebida se tragaba, al menos en una mínima descripción, ni qué color tenía, ni si olía o no a alcohol; es decir, el acta se encuentra falta de unas circunstancias que se consideran de especial necesidad para que de la misma pueda extraerse esa presunción, ya que mal se puede presumir que unos hechos se produjeron si ni siquiera se dice cuáles fueron.

Partiendo de lo anterior, el expediente administrativo y la sanción que se impone sólo tiene apoyo probatorio en el contenido del acta, pues no existe ninguna otra prueba adicional en el expediente, salvo la ratificación de los agentes, donde nada se dice ni se añade salvo ratificar los hechos, pero ciertamente se ratifican unos hechos que no constan debidamente reseñados en el acta, por lo que es claro que en consecuencia la resolución sancionadora se ha dictado sin la existencia de prueba de cargo suficiente, lo que significa la vulneración del principio de presunción de inocencia, y por tanto, sin necesidad de entrar en otras consideraciones, debe a llevarnos a la anulación de la multa.

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Anulación de multa por no respetar las señales en una vía de circulación restringida

Un juez de Madrid anula una multa de tráfico impuesta por haber accedido a un aparcamiento en una zona restringida a la circulación únicamente para los residentes.

Los hechos son los siguientes: constituye el objeto del presente recurso contencioso-administrativo la desestimación del recurso de reposición por el Director General de Movilidad de fecha 7 de junio de 2011 interpuesto por el actor mediante escrito de fecha 8 de junio de 2010 frente a la resolución dictada por la misma autoridad con fecha 26 de abril de 2010 por no respetar las señales en una vía de circulación restringida o reservada el día 2 de febrero de 2010 a las 17:20 horas en la calle Prado nº 28 al circular con el vehículo, sancionando a la conductora por una infracción leve con una multa de 90 euros por infringir el artículo 6 de la Ordenanza de Movilidad.

La sancionada alega vulneración del principio de responsabilidad por inexistencia de culpa e inexistencia de hecho típico, antijurídico y sancionable. La sancionada entiende se encuentra autorizada para la circulación en zona restringida en cuanto demuestra el uso del parking de la Plaza de Santa Ana.

La letrada Consistorial se remite a la resolución administrativa defendiendo su adecuación a derecho ante la insuficiente identificación del vehículo.

Entrando a resolver sobre el fondo queda acreditado que la actora hizo uso del parking de la Plaza de Santa Ana por lo que la circulación por la zona obedece no a un uso contingente sino para acceder restringidamente a un aparcamiento de la zona y aunque no conste comunicado al Ayuntamiento dicho extremo, ha quedado constatado en autos que tiene la actora justificación del acceso a dicho parking el día 2 de febrero de 2010, a las 17:25:33, el vehículo matricula ….-XXX con número de ticket 09167190 (Documento nº 1 acompañado con la demanda y folio 16 del expediente administrativo) en el cual se aprecia perfectamente la matrícula del vehículo que accede al parking y que ha resultado sancionado y es menester estimar el recurso y anular la resolución sancionadora por no ser la misma ajustada y conforme a derecho (Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 12 de Madrid de fecha 17 de julio de 2013).

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Anulación de multa de tráfico por defectuosa notificación

Una persona impugna la resolución de fecha 30 de septiembre de 2011 que desestima el recurso de reposición interpuesto contra la resolución de 2 de junio de 2011, que impone a la recurrente una sanción de multa de 300 Euros por la infracción del art. 65.5.j) del R.D. Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, que aprueba el Texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos de motor y seguridad vial, infracción consistente en no identificar el titular del vehículo, debidamente requerido para ello, al conductor responsable de la infracción en el plazo establecido.

La recurrente solicita en su escrito de demanda la estimación del recurso, la anulación de sanción impuesta y la devolución de la cantidad abonada en tal concepto, con los intereses correspondientes y solicitando la condena en costas de la Administración demandada.

La parte demandada se opone a las pretensiones de la actora.

Alega la actora la defectuosa notificación de los diferentes trámites del expediente administrativo, hasta llegar a la resolución sancionadora, por cuanto aquélla se practicó en un domicilio distinto al de la mercantil actora.

Así, tal como consta a los folios 5 y 14 las notificaciones del requerimiento de identificación del conductor del vehículo propiedad de la recurrente y de incoación del expediente sancionador fueron dirigidas al núm. 9 de la Avda. Can Trabal de Sant Cugat del Vallés, cuando, como acredita el permiso de circulación del vehículo y la documental aportada en fase de prueba por la actora, en ese término municipal y Avenida, el número en el que había tenido domicilio la actora es el 7, no el 9.

Tal conclusión no queda desvirtuada por el hecho de que en el Registro de conductores constara -como acredita la demandada en fase probatoria- como domicilio el número 9 de la citada Avenida del también citado término municipal, pues obviamente ello responde a un error numérico, toda vez que no se ha probado vinculación alguna -salvo la citada certificación- entre la actora y el domicilio de Avda. Can Trabal núm. 9 de Sant Cugat del Vallés.

La propia escritura de poderes acompañada al presente recurso refiere el domicilio de Avda. Can Trabal núm. 7 y aun cuando resulte que en julio de 2011 (documento 3 acompañado al escrito de demanda) la actora se había trasladado a Barcelona, ello no es óbice para considerar que el domicilio donde se practicó la notificación era erróneo, aun cuando dicho error no fuera atribuible a la Administración quien, una vez puesto de manifiesto el entuerto no ha efectuado actuación comprobatoria alguna ni lo ha subsanado.

Procede por ello estimar el recurso contencioso administrativo, atendido que las resoluciones recurridas son nulas de pleno derecho a tenor del art. 62.1.e) dela Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones públicas y del Procedimiento administrativo común, al haberse efectuado el requerimiento de identificación del conductor del vehículo y las sucesivas notificaciones del expediente sancionador en domicilio distinto al de la recurrente y causándole indefensión al no permitirle identificar a aquel conductor y, por ello, evitar la sanción que le fue impuesta (Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Barcelona de fecha 3 de julio de 2013).

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Multa de 50.000 euros por incluir deudas pagadas en un fichero de morosos

La Agencia Española de Protección de Datos impone a una compañía telefónica una multa de 50.000 euros por haber incluido unas deudas pagadas en un fichero de morosos.

El Tribunal Supremo en su Sentencia de fecha 11 de marzo de 2013 declara la legalidad de la multa impuesta por la Agencia Española de Protección de Datos.

Los hechos fueron los siguientes: los datos personales de la denunciante figuraron en un fichero de morosos, informados por una compañía telefónica, desde el 26/05/2010 y hasta el 09/06/2010, por un saldo impagado de 60,49 euros correspondiente a una factura de abril de 2010 y, desde el 27/06/2010 al 07/07/2010, por un saldo impagado de 59,06 euros, correspondiente a una factura de mayo de 2010,y ello a pesar de que ninguna de las deudas informadas eran ciertas, vencidas y exigibles.

Lo anterior, tal y como razona la resolución recurrida, no solo porque consta acreditado que el importe de la factura de abril de 2010 había sido ingresado por trasferencia, según el comprobante justificativo del pago emitido por el banco, de fecha 31/05/2010 y dentro del plazo concedido para su abono en el Aviso de Pago de 19/05/2010 (hecho probado cuarto), sino también de conformidad con las propias manifestaciones de la compañía telefónica al indicar que ambos importes fueron abonadas por transferencia bancaria de fechas 31/05/2010 y 28/06/2010 respectivamente. En los ficheros de dicha compañía, asimismo, consta que ambas facturas habían sido compensadas en fechas 01/06/2010 y 31/06/2010 (hecho probado séptimo).

Hay que recordar que sólo será posible la inclusión en estos ficheros de datos de carácter personal que sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica del afectado, siempre que concurran los siguientes requisitos:

a) Existencia previa de una deuda cierta, vencida, exigible, que haya resultado impagada.

b) Que no hayan transcurrido seis años desde la fecha en que hubo de procederse al pago de la deuda o del vencimiento de la obligación o del plazo concreto si aquella fuera de vencimiento periódico.

En este sentido, y como el Tribunal Supremo ha reiterado en numerosísimas ocasiones, resulta que aquél que utiliza un medio extraordinario de cobro, como es el de la anotación de la deuda en un registro de morosos, debe garantizar el cumplimiento de todos los requisitos materiales (exactitud del dato) y formales (requerimiento previo) que permitan el empleo de este modo accesorio para conseguir el cobro de la deuda. Y ello dado que el no aplicar esta exigencia supondría utilizar este medio de presión al recurrente sin el suficiente aseguramiento de las mínimas garantías para los titulares de los datos que son anotados en tales registros de solvencia patrimonial y crédito.

Se trata, en definitiva, de que los datos personales de la afectada incluidos en el fichero de morosos por la compañía telefónica no respondían a la situación actual de la misma, pues aquella incluyó sus datos de carácter personal en tal fichero con anterioridad a que venciera el plazo concedido para el pago de las facturas, según la carta de aviso remitida a tal afectada por la propia operadora de telefonia.

El Tribunal Supremo considera que los hechos relatados son contrarios al principio de calidad de dato consagrado en el artículo 4.3 en relación con el 29.4 de la Ley Orgánica de Protección de Datos.

Infracción del principio de calidad del dato que, por otra parte, es conforme con el principio de culpabilidad, por cuanto una actuación diligente de la compañia telefónica habría exigido el tomar en consideración el abono de las facturas llevado a cabo por la denunciante, con anterioridad incluir sus datos personales en tal fichero de moroso.

Comprobación no exhaustiva que supone una actuación incompatible con el mínimo de prudencia que se debe exigir a estas empresas antes de anotar en los registros de morosidad incidencias que, finalmente, resulta que no responden a la realidad de lo adeudado.

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La suspensión del pago de las sanciones tributarias

La suspensión del cobro de las sanciones tributarias en la jurisdicción contencioso-administrativa exige la prestación de fianza o caución para garantizar el pago de la misma. Así lo declara el Tribunal Supremo en su Sentencia de fecha 27 de febrero de 2013. El caso resuelto por el Alto Tribunal fue el siguiente:

Conforme a lo dispuesto en los artículos 233.1 de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria , y 29 del Real Decreto 2063/2004, de 15 de Octubre , por el que se aprueba el Reglamento General del Régimen Sancionador Tributario, por tratarse de un expediente sancionador, la ejecución de la sanción fue automáticamente suspendida como consecuencia de la presentación de la reclamación económico-administrativa en tiempo y firma.

Entendiendo esta parte que la suspensión de la ejecución de la sanción impugnada no conllevaría perturbación grave de los intereses generales ni de terceros, y que la denegación de dicha suspensión, y por lo tanto, su ejecución anticipada, sin adquirir firmeza, podría hacer perder la finalidad legitima del recurso, además de suponer un quebranto de los principios constitucionales de inocencia, igualdad y tutela judicial efectiva es por lo que se solicita su suspensión mediante la aportación de garantía suficiente para cubrir el importe de las sanciones impugnadas, además de los intereses que se devenguen y demás cantidades que fueran procedentes para asegurar la responsabilidad económica en que pudiera incurrir.

A continuación, ofrecía la posibilidad de constituir garantía hipotecaria sobre una finca que aparecía ya hipotecada para garantizar la suspensión de otros actos administrativos, por haber entendido la propia Agencia Tributaria que no disponía de los medios necesarios para hacer frente al pago, afirmando que “en cualquier caso, el elevado importe de la sanción conllevaría perjuicios irreparables para el funcionamiento de la sociedad y un agravamiento de la penalidad por el devengo del recargo de apremio“.

Finalmente, a efectos de acreditar las dificultades para el pago, aportaba cuentas anuales del ejercicio 2009, últimas lecturas con balance aprobado y estado de tesorería a 30 de Abril de 2011.

Ante las circunstancias del caso, hay que reconocer que, habiéndose ofrecido por la entidad, si la Sala lo estimaba oportuno, la constitución ante la Agencia Tributaria de garantía en forma de hipoteca inmobiliaria sobre la finca 13.324 del Registro de la Propiedad de Orense, por no disponer de los medios necesarios para hacer frente al pago y ante la imposibilidad de obtener garantía en forma de aval bancario, que dicho ofrecimiento debió ser aceptado por el Tribunal, toda vez que de la medida cautelar acordada podían derivarse perjuicios para los intereses públicos, que también debían tutelarse, sin que concurrieran suficientes motivos privados en este caso para exonerar de la prestación de la garantía a la parte.

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La mera falta de ingreso no constituye sanción tributaria

El principio de presunción de inocencia garantizado en el art. 24.2 de la Constitución Española no permite que la Administración tributaria razone la existencia de culpabilidad por exclusión o, dicho de manera más precisa, mediante la afirmación de que la actuación del obligado tributario es culpable porque no se aprecia la existencia de una discrepancia interpretativa razonable -como ha sucedido en el caso enjuiciado- o la concurrencia de cualquiera de las otras causas excluyentes de la responsabilidad de las recogidas en el art. 179.2 de la Ley General Tributaria, entre otras razones, porque dicho precepto no agota todas las hipótesis posibles de ausencia de culpabilidad.

En la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 18 de febrero de 2013  también se insiste en que no es identificable falta de ingreso con sanción y que se exige una motivación detallada: “la mera constatación de la falta de ingreso derivada de la aplicación de gastos no deducibles no permite fundar la imposición de sanciones tributarias. No pueden ser el resultado, poco menos que obligado, de cualquier incumplimiento de las obligaciones tributarias a cargo de los contribuyentes. No puede fundarse la existencia de infracción en la mera referencia al resultado de la regularización practicada por la Administración tributaria o, como en el caso enjuiciado, en la simple constatación de la falta de un ingreso de la deuda tributaria, porque el mero dejar de ingresar no constituía en la LGT de 1963 -ni constituye ahora- infracción tributaria, y porque no es posible sancionar por la mera referencia al resultado, sin motivar específicamente de donde se colige la existencia de culpabilidad.

Así lo ha puesto de manifiesto también, en términos que no dejan lugar a dudas, el Tribunal Constitucional en la citada STC 164/2005, al señalar que se vulnera el derecho a la presunción de inocencia cuando “se impone la sanción por el mero hecho de no ingresar, pero sin acreditar la existencia de un mínimo de culpabilidad y de ánimo defraudatorio, extremo del que en la resolución judicial viene a prescindirse”, y que “no se puede por el mero resultado y mediante razonamientos apodícticos sancionar, siendo imprescindible una motivación específica en torno a la culpabilidad o negligencia y las pruebas de las que ésta se infiere”.

Sin embargo, en el caso que nos ocupa sí que ha quedado demostrada la culpabilidad del sujeto pasivo por las siguientes circunstancias:

- Se da de alta en un epígrafe claramente inadecuado.

- Las dimensiones de su actividad exceden notoriamente de los limites del epígrafe.

- Se acoge a un régimen simplificado del IVA claramente inaplicable a contribuyentes como el recurrente.

- No se puede admitir que se actué al amparo de una interpretación razonable de la norma.

- Se declaran una serie de encargos sucesivos integrantes de una misma obra.

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El denunciante no puede recurrir las decisiones de la Agencia de Protección de Datos

El asunto que examinamos hoy consiste en aclarar si los denunciantes pueden recurrir frente a la resolución de la Agencia Española de Protección de Datos que pone fin al expediente sancionador iniciado a raíz de la denuncia. En el caso real que analizamos, el denunciante pretendía que se incrementara el importe de la sanción impuesta.

La Audiencia Nacional, en su Sentencia de fecha 17 de enero de 2013 declara que los denunciantes no pueden recurrir la decisión de la Agencia Española de Protección de Datos. Los argumentos son los siguientes:

a) Quien denuncia hechos que considera constitutivos de infracción de la legislación de protección de datos carece de legitimación activa para impugnar en vía jurisdiccional lo que resuelva la Agencia. Así se desprende de las sentencias de la Audiencia Nacional de 6 de noviembre de 2007 y, con mayor nitidez aún, de 10 de diciembre de 2008.

b) La razón es, en sustancia, que el denunciante carece de la condición de interesado en el procedimiento sancionador que se puede incoar a resultas de su denuncia. Ni la Ley Orgánica de Protección de Datos ni su reglamento de desarrollo le reconocen esa condición.

c) Y por lo que se refiere a los principios generales del derecho administrativo sancionador, aunque en algunas ocasiones esta Sala ha dicho que el denunciante puede impugnar el archivo de la denuncia por la Administración, no se admite que el denunciante pueda impugnar la resolución administrativa final.

d) El argumento crucial en esta materia es que el denunciante, incluso cuando se considere a sí mismo “víctima” de la infracción denunciada, no tiene un derecho subjetivo ni un interés legítimo a que el denunciado sea sancionado. El poder punitivo pertenece únicamente a la Administración que tiene encomendada la correspondiente potestad sancionadora-en este caso, la Agencia Española de Protección de Datos- y, por consiguiente, sólo la Administración tiene un interés tutelado por el ordenamiento jurídico en que el infractor sea sancionado.

e) Es verdad que las cosas no son así en el derecho penal propiamente dicho, donde existe incluso la acción popular; pero ello es debido a que hay normas que expresamente establecen excepciones al monopolio público sobre el ejercicio del ius puniendi; excepciones que no aparecen en el derecho administrativo sancionador y, por lo que ahora específicamente interesa, en la legislación sobre protección de datos.

f) Es más: aceptar la legitimación activa del denunciante no sólo conduciría a sostener que ostenta un interés que el ordenamiento jurídico no le reconoce ni protege, sino que llevaría también a transformar a los tribunales contencioso-administrativos en una especie de órganos de apelación en materia sancionadora. Esto último supondría dar por bueno que pueden imponer las sanciones administrativas que no impuso la Administración, lo que chocaría con el llamado “carácter revisor” de la jurisdicción contencioso-administrativo.

g) En otras palabras, los tribunales contencioso-administrativos pueden y deben controlar la legalidad de los actos administrativos en materia sancionadora; pero no pueden sustituirse a la Administración en el ejercicio de las potestades sancionadoras que la ley encomienda a aquélla.

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Anulación de multa por hacer “botellón”

El consumo de alcohol en la vía pública constituye una infracción administrativa que es frecuentemente denunciada por los agentes de la policía local. Los procedimientos sancionadores suelen terminar con la imposición de una multa en función de la mayor o menor gravedad de la infracción.

Las denuncias formuladas por los agentes de la policía local gozan de la presunción de veracidad. Es decir, que frente a la versión de los hechos ofrecida por el policía local y la ofrecida por el presunto culpable, vale más la versión del policía, salvo que se nieguen los hechos imputados y el policía no ratifique la denuncia o se aporten testigos que desmonten la versión de los hechos sostenida por la policía.

El artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dispone lo siguiente: “Los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad, y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes, tendrán valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios administrados”.

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 7 de junio de 2012, anula la multa impuesta con el siguiente razonamiento:

a) Aun teniendo la denuncia policial, y su posterior ratificación, valor probatorio y presunción de veracidad, no es menos cierto que ha de ser valorada racionalmente en conjunto con cualesquiera otros elementos probatorios.

b) A la vista de la prueba practicada, hay que concluir que no se intervino bebida alguna a los cinco identificados en el expediente administrativo, ni se ha aportado análisis alguno de dichas bebidas, es obvio que la denuncia de los Policías Locales, y el informe ampliatorio de la misma, con identificación de cinco personas y de las supuestas bebidas alcohólicas que se consumían en vasos de plástico y que habían sido adquiridas en el local en cuestion, no suponen prueba suficiente de que se tratara de bebidas alcohólicas, por cuanto ni se intervinieron dichas bebidas ni se practicó análisis alguno de su contenido alcohólico, por cuanto podía consumirse cerveza sin alcohol y otras bebidas no alcohólicas, no resultando por ello prueba mínimamente suficiente el que en el informe policial se diga que se trataba de cervezas y de combinados de alcohol con refresco, con lo que no se acredita fehacientemente la infracción cometida.

En consecuencia, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anula la sanción impuesta por el consumo de alcohol en la vía pública, también conocido con el nombre de “botellón”.

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