El nacimiento de un nuevo hijo no rebaja automáticamente la pensión de alimentos

Sin duda, el nacimiento de nuevos hijos, tanto en sede matrimonial normalizada como en otra posterior tras la ruptura, determina una redistribución económica de los recursos económicos de quienes están obligados a alimentarlos (pensión de alimentos) para hacer frente a sus necesidades.

No es lo mismo alimentar a uno que a más hijos, pero si es la misma la obligación que se impone en beneficio de todos ellos. El hecho de que el nacimiento se produzca por decisión voluntaria o involuntaria del deudor de una prestación de esta clase, no implica que la obligación no pueda modificarse en beneficio de todos, a partir de una distinción que no tiene ningún sustento entre unos y otros, por más que se produzca por la libre voluntad del obligado.

El tratamiento jurídico es el mismo pues deriva de la relación paterno filial. Todos ellos son iguales ante la Ley y todos tienen el mismo derecho a percibir alimentos de sus progenitores, conforme al artículo 39 de la Constitución Española, sin que exista un crédito preferente a favor de los nacidos en la primitiva unión respecto de los habidos de otra posterior fruto de una nueva relación de matrimonio o de una unión de hecho del alimentante.

Es decir, el nacimiento de un nuevo hijo sí que puede suponer una modificación sustancial de las circunstancias que se tuvieron en cuenta en el momento de fijarlos a favor de los anteriores. Ahora bien, si el sustento del hijo es una carga del matrimonio, lo importante será conocer el caudal o medios con los que cuenta la nueva unidad familiar, para lo que se hace preciso probar si la esposa contribuía económicamente al sostenimiento de dicha carga o por el contrario el sustento del hijo quedaba a expensas exclusivamente del marido, -situación ésta que sí redundaría en una disminución de su fortuna-.

En el caso que comentamos hoy, se accede a una rebaja de la pensión de alimentos por el nacimiento de un hijo fruto de su nueva relación, al entender que el padre se encontraba en situación de desempleo (por la que percibe prestación de 426 euros), siendo preciso reducir la pensión de alimentos a la hija, de 200 euros a 170 euros.

En la misma sentencia se declara que el nacimiento de una nueva hija del padre, con su nueva pareja, “no puede fundamentar por si la reducción de la pensión de alimentos, al ser voluntaria la relación de la que es fruto, a la vista de las circunstancias anteriores es un dato que no es posible ignorar de manera absoluta, pues también es carga del padre prestarle alimentos, siendo que en este caso su actual pareja se halla en situación de desempleo y sin percibir prestación alguna”.

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¿Se mantiene la pensión de alimentos si los hijos son discapacitados?

La respuesta a la pregunta es la siguiente: la situación de discapacidad de un hijo mayor de edad no determina por sí misma la extinción o la modificación de los alimentos que los padres deben prestarle en juicio matrimonial y deberán equipararse a los que se entregan a los menores mientras se mantenga la convivencia del hijo en el domicilio familiar y se carezca de recursos.

Se reconoce el derecho de las personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado para ellas y sus familias, lo cual incluye alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a la mejora continua de sus condiciones de vida. Y es evidente que aún cuando el hijo puede recibir ayudas de la administración, en estos momentos no las recibe ni tampoco parece que pueda obtener ingresos por su trabajo, dado la dificultad para acceder al mundo laboral. Y lo que no es posible en estas circunstancias es desplazar la responsabilidad de mantenimiento hacia los poderes públicos, en beneficio del progenitor.

Los alimentos a los hijos no se extinguen por la mayoría de edad, sino que la obligación se extiende hasta que estos alcancen la suficiencia económica, siempre y cuando la necesidad no haya sido creada por la conducta del propio hijo, lo que no es del caso.

El contenido ético del Derecho está presente en las normas del Código Civil, como son las alimenticias, alcanzando rango constitucional, como taxativamente establece el artículo 39 de la Constitución Española. Esta obligación se prolonga más allá de la mayoría de edad de los hijos en aquellos casos como el presente en que un hijo discapacitado sigue conviviendo en el domicilio familiar y carece de recursos propios, al margen de que no se haya producido la rehabilitación de la potestad. Será la sentencia de incapacitación la que en su caso acordará esta rehabilitación de la potestad de ambos progenitores o de uno de ellos, pero hasta que dicha resolución no se dicte, continúa existiendo la obligación de prestar alimentos por parte de sus progenitores, al continuar residiendo con la madre y carecer de ingresos suficientes para hacer una vida independiente.

El problema existe al margen de que se haya iniciado o no un procedimiento de incapacitación o no se haya prorrogado la patria potestad a favor de la madre. La discapacidad existe, y lo que no es posible es resolverlo bajo pautas meramente formales que supongan una merma de los derechos del discapacitado que en estos momentos son iguales o más necesitados si cabe de protección que los que resultan a favor de los hijos menores, para reconducirlo al régimen alimenticio propio de los artículos 142 y siguientes del Código Civil , como deber alimenticio de los padres hacia sus hijos en situación de ruptura matrimonial, conforme a lo dispuesto en el artículo 93 CC, pues no estamos ciertamente ante una situación normalizada de un hijo mayor de edad o emancipado, sino ante un hijo afectado por deficiencias, mentales, intelectuales o sensoriales, con o sin expediente formalizado, que requiere unos cuidados, personales y económicos, y una dedicación extrema y exclusiva que subsiste mientras subsista la discapacidad y carezca de recursos económicos para su propia manutención, sin que ello suponga ninguna discriminación, (que trata de evitar la Convención), antes al contrario, lo que se pretende es complementar la situación personal por la que atraviesa en estos momentos para integrarle, si es posible, en el mundo laboral, social y económico mediante estas medidas de apoyo económico.

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¿Cómo se fija la pensión de alimentos en caso de divorcio?

Para la fijación de la pensión de alimentos a favor de los hijos en supuestos de crisis matrimoniales (separación y divorcio) deben tenerse en cuenta los ingresos de cada uno de los litigantes, los cuales permitirán fijar la proporcionalidad.

En atención a lo dispuesto en los artículos 142 , 144 , 146 y 147 del Código Civil, la cuantía de los alimentos tiene que ser proporcionada al caudal y medios de quién los da y a las necesidades de quién los recibe; normativa que no suscita ningún problema teórico de interpretación y alcance, sino que implica solamente una cuestión de hecho consistente en determinar de una manera efectiva y real esa proporcionalidad con los medios de uno y las necesidades del otro.

La cuantía de la deuda alimenticia será fijada según el prudente arbitrio del Juzgado y cuyo criterio solo puede evitarse cuando se demuestre que se desconocieron notoriamente las bases de proporcionalidad indicadas.

En efecto, por lo que a las necesidades de los hijos comunes respecta, hemos de entender estas en los términos del artículo 142 del Código Civil , a cuyo tenor:

“Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica. Los alimentos comprenden también la educación e instrucción del alimentista mientras sea menor de edad y aún después, cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea imputable. Entre los alimentos se incluirán los gastos de embarazo y parto, en cuanto no estén cubiertos de otro modo.”

Dentro de la formación se han de considerar una serie de desembolsos, no solo escolaridad, sino otros tales como uniforme y ropas deportivas, matriculas, libros, material escolar, transporte escolar o ruta, en su caso, excursiones, salidas y otras actividades culturales programadas por el centro, etc.; sin olvidar los de alimentación en el aspecto meramente nutricional, vestido, calzado, higiene, ocio, alojamiento, médico y medicinas en lo que no constituya un extraordinario y no venga cubierto por el sistema sanitario público de la Seguridad Social, o suministros, consumos y demás de mantenimiento de la vivienda que se ocupe, si bien estos a prorrata y en promedio del número de moradores.

En todo caso, a la hora de cuantificar las pensiones de alimentos, ha de tenerse presente el nivel de vida concreto de la familia de que se trate, haciendo del mismo a los hijos participes, sin que sea dable contraer la aportación del obligado a lo perentorio para el sustento y al mantenimiento de los mínimos vitales, si bien en situación de patología de la familia en que nos encontramos, en que de ordinario, desciende la disponibilidad económica final para cada miembro de la misma por la escisión, a diferencia de lo que acontecía constante la convivencia pacífica (Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de fecha 31 de enero de 2014).

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Delito por impago pensión alimenticia

El delito del artículo 227.1 del Código Penal  se configura como un delito de omisión que  exige elementos objetivos, como son la existencia de una resolución judicial firme o convenio aprobado por la autoridad judicial competente que establezca cualquier tipo de prestación económica a favor de un cónyuge o de los hijos del matrimonio, y una conducta omisiva por parte del obligado al pago consistente en el impago reiterado de la prestación económica fijada durante los plazos establecidos en el precepto, que actualmente son dos meses consecutivos o cuatro no consecutivos; y exige un elemento subjetivo configurado por el conocimiento de la resolución judicial y la voluntad de incumplir la obligación de prestación que aquélla impone.

En el caso resuelto por la Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia de fecha 8 de octubre de 2013 concurre el elemento objetivo indiscutido, consistente en las resoluciones judiciales que obligaban al acusado al abono de la pensión alimenticia, de la cual tenía conocimiento, así como el elemento subjetivo por cuanto se establece en la sentencia que según consta al folio 50 el acusado percibió una cantidad superior a 13.000 euros.

El recurso no puede ser estimado en sus alegaciones consistentes en la pretendida insolvencia total en 2007, ni en que la prestación por desempleo fue inmediatamente embargada para el pago de las deudas. A estos efectos basta con advertir los ingresos provenientes del subsidio, que se hacen constar en la libreta de Cajamar obrante al folio 119 -igualmente al folio 55 la prestación por desempleo durante dicho periodo-, para advertir tanto que los ingresos correspondientes a dicho periodo de impago, no justificaban la ausencia total de impago, como que los mismos no fueron en absoluto objeto de embargo.

Por lo tanto ningún esfuerzo, ni siquiera parcial ha efectuado el acusado, lo cual es acreditativo de la pasividad o voluntad renuente al abono de la prestación a que judicial estaba obligado, siendo conocedor de la misma, por lo que ninguna causa de inexigibilidad, o ausencia de reprochabilidad puede válidamente argumentarse por parte de quien en tan largo periodo de tiempo se desentiende totalmente del cumplimiento absoluto de dicha obligación, pudiendo haber sido satisfecha, al menos de forma parcial, dado el cobro de la prestación de desempleo, y su capacidad para el cumplimiento de dicho deber; todo lo cual determina la concurrencia del elemento subjetivo.

Asimismo resulta indiferente, para la tipicidad de la conducta, en alusión a la alegación contenida en el escrito de recurso referida a los medios económicos de la denunciante, tal y como recientemente declaró esta Sección en sentencia de fecha 31 de octubre de 2011 que estamos ante un delito de mera actividad y no de resultado, que se consuma formalmente por el simple incumplimiento de la obligación, sin exigir que se produzca una efectiva situación de necesidad o de falta de medios para el sustento en el beneficiario de la prestación como consecuencia de la conducta típica, con lesión o puesta en peligro real de la seguridad de la víctima.

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Suspensión de la pensión de alimentos a los hijos por no tener trabajo

Una madre divorciada entiende que la obligación de pago de alimentos a sus hijos de 15 y 12 años de edad, debe ser suspendida, puesto que sus ingresos se han visto reducidos a tan solo 230 euros mensuales, porque no encuentra trabajo.

Ell código civil establece en el artículo 93 la obligación del progenitor de pagar la correspondiente prestación alimenticia a favor de sus hijos, “en todo caso”, siendo lógico, al tratarse de una obligación derivada de derecho natural, como de derecho positivo, que tiene su fundamento en el artículo 39 de la Constitución Española. C

La determinación de su cuantía será proporcionada al caudal o medios de quien los da y las necesidades de quien los recibe (146 del Código Civil, CC), y a efectos de la fijación de alimentos, el artículo 146 del CC, no atiende rigurosamente al caudal de bienes de los que pueda disponer el alimentante, sino simplemente, a la necesidad del alimentista, puesta en relación, con el patrimonio de quien haya de darlos, cuya apreciación será de adecuada proporcionalidad. Que en todo caso queda difuminada en el margen de cobertura de las necesidades del alimentista integrantes del llamado mínimo vital o mínimo imprescindible para el desarrollo de la existencia del mismo en condiciones de suficiencia y dignidad.

En este sentido, la doctrina jurisprudencial consolidada preceptúa que el tratamiento jurídico de la obligación de prestar alimentos a los hijos menores de edad, dimanante de los artículos 39 de la CE , y 110 y 154.1 del CC , presenta una marcada preferencia, como se desprende del artículo 145.3 del CC y, por incardinarse en la patria potestad derivando, básicamente, de la relación paterno filial, (artículo 110 CC ), no ha de verse afectado por las limitaciones propias del régimen legal de los alimentos entre parientes, de modo y manera que, como se infiere del artículo 152.2 del CC , la satisfacción de las necesidades de los hijos menores han de primar sobre la satisfacción de las propias necesidades de los progenitores que han de sacrificarlas a favor de la satisfacción de las de aquéllos (STS de 16 de julio del 2002, entre otras).

En nuestro caso, lo que se pretende es la suspensión, dado que según la madre carece de capacidad real, y no meramente hipotética o teórica de obtener ingresos para pagar la pensión alimenticia. Debiendo de concurrir una proporcionalidad entre el deber de prestar alimentos, y la capacidad de quien resulta obligado a ello, siendo la causa de suspensión de la prestación alimenticia la disminución de la fortuna del obligado.

Conviene recordar que en fecha de 19 de septiembre del 2012, es decir, poco tiempo antes de dictarse esta sentencia, y menos aún, desde la fecha en que se dictó sentencia en el Juzgado de Primera Instancia (9 de mayo del 2013), el Juez acordó la fijación de 200 euros de pensión alimenticia a favor de cada uno de los dos hijos, a cargo del padre de ambos, que entonces no tenía la guarda y custodia de los menores.

En la actualidad, y tras la modificación de las medidas, se acordó el pago de esta pensión, pero en este supuesto a cargo de la madre, pues ésta no tenía atribuida a partir de la sentencia del órgano judicial de Instancia, la custodia de los hijos, si bien disminuyendo la cuantía de la pensión de alimentos a 300 euros (150 por cada uno de los dos hijos). No siendo discutida, repetimos, que la guarda y custodia de los dos hijos menores queden en poder del padre.

Siendo esto así, si antes cuando la recurrente tenía la custodia de los dos menores se fijó una pensión alimenticia a cargo del padre de 400 euros, parecería lógico entender que 300 euros a cargo de la madre que ahora no tiene la custodia, sería una decisión razonable teniendo en cuenta las necesidades de los hijos. Puesto que si antes se satisfacían con 400 euros, ahora, lógicamente, deberíamos entender que se siguen satisfaciendo con 300, es decir, incluso una cantidad inferior.

En la sentencia dictada en su día, en fecha de 19 de septiembre del 2012, de modificación de medidas, se estableció en el fundamento cuarto que “la madre percibía la prestación por desempleo durante 4 meses, y en la actualidad, es decir, en septiembre del 2012, ha vuelto a trabajar con un contrato de tiempo parcial”. Siendo la cantidad que percibía entonces, de resultas de dicho contrato, similar a la que percibe ahora, por razón de subsidio.

En cualquier caso, según sus propias manifestaciones, “el hecho que haya estado cuidando a un anciano obteniendo determinados ingresos con los que ha podido adquirir un vehículo”, determinan, de forma inequívoca, unos medios de fortuna superiores a los que expone. Puesto que le han permitido adquirir un vehículo.

Y si efectivamente tiene medios de fortuna suficientes para poder adquirir un vehículo, también los tendrá para pagar la cantidad de 300 euros a favor de sus dos hijos menores. Siendo las necesidades de estos últimos preferentes a cualquier otro tipo de adquisición de bienes (Sentencia de la Audiencia Provincial de Soria de fecha 31 de julio ide 2013).

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¿Qué se entiende por gastos extraordinarios en caso de divorcio?

Debe tenerse en consideración en caso de divorcio, que el alcance de la obligación alimenticia, especialmente en lo que se refiere a los hijos, no tiene en todo caso la misma dimensión, ni cualitativa y cuantitativa, dado que se encuentra condicionada necesariamente, no sólo por los recursos del alimentante, sino también por el entorno social, cultural, etcétera, en que se desenvuelve la vida cotidiana familiar que, en ocasiones, viene a crear una serie de necesidades que han de calificarse de normales u ordinarias, pero que valoradas en otro ámbito podrían, por el contrario, alcanzar el rango de excepcionales o extraordinarias.

El Diccionario de la Real Academia define como extraordinario lo que se sitúa “fuera del orden o regla natural o común” añadiendo, específicamente, que es gasto extraordinario el “añadido al presupuesto normal de una persona, una familia, etcétera”.

En consecuencia, y de modo general, habremos de considerar, en relación con la cuestión hoy controvertida, que los gastos extraordinarios en la vida de los hijos son aquellos que no tienen periodicidad prefijada, en cuanto dimanantes de sucesos de difícil o imposible previsión apriorística, de tal modo que los mismos pueden surgir o no, habiendo además de ser vinculados a necesidades que han de cubrirse económicamente de modo ineludible, en orden al cuidado, desarrollo y formación, en todos los órdenes, del alimentista.

Conforme a ello, en ningún caso se podrán calificar de gastos extraordinarios los debidos a estudios o formación, como matriculas, libros escolares o ropas de colegio, pues son desde luego previsibles, comunes y dotados de periodicidad prefijada, aunque sea superior esta a la mensualidad, así, los libros y material escolar cada curso, de no repetirse por el alumno, habrán de ser renovados. Todos estos se tienen en consideración a la hora de fijar la cuantía de la pensión alimenticia mensual ordinaria, quedando comprendidos en la misma.

Otros, como puedan ser clases extraescolares, ayudas o apoyos de formación, habrán de acreditarse imprescindibles para la instrucción y educación, y surgidos sin haberlos previsto, pues de no probarse estos presupuestos, habrá de correr con el gasto la parte que lo decida de no contar para ello con la anuencia del otro progenitor, y lo mismo ha de decirse de las actividades extraescolares.

Así las cosas, no procede sino mantener el párrafo final de la estipulación sexta del convenio regulador que vincula por igual, o al 50 %, a uno y otro progenitor, a sufragar los desembolsos de esta naturaleza que se generen en la vida de Marcos en tanto subsista su derecho a los alimentos en el seno de un proceso de familia, sin que proceda a priori enumeración exhaustiva, habida cuenta la excepcionalidad con la que repetidos gastos se presentan, y la suficiencia en la capacidad de pago que se advierte en el recurrente para afrontarlos, lo que conduce a la anunciada desestimación de este final motivo de recurso, con íntegra confirmación de la disentida, lo que se verificara en la parte dispositiva de la presente resolución (Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de fecha 14 de junio de 2013).

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La pensión de alimentos a favor de los hijos en procesos de divorcio

Para la fijación de la pensión de alimentos a favor de los hijos en supuestos de crisis matrimoniales deben tenerse en cuenta los ingresos de cada uno de los cónyuges, los cuales permitirán fijar la proporcionalidad; y en atención a lo dispuesto en los artículos 142, 144, 146 y 147 del Código Civil.

La cuantía de los alimentos tiene que ser proporcionada al caudal y medios de quién los da y a las necesidades de quién los recibe; normativa que no suscita ningún problema teórico de interpretación y alcance, sino que implica solamente una cuestión de hecho consistente en determinar de una manera efectiva y real esa proporcionalidad con los medios de uno y las necesidades del otro.

El artículo 142 del Código Civil dispone lo siguiente:

“Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica. Los alimentos comprenden también la educación e instrucción del alimentista mientras sea menor de edad y aún después, cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea imputable. Entre los alimentos se incluirán los gastos de embarazo y parto, en cuanto no estén cubiertos de otro modo.”

Ha de indicarse que la mera evolución o crecimiento de los hijos, en ningún caso determina aumento o disminución de las necesidades, techo último de las pensiones de alimentos, sino una mera transformación, en la que unas que desaparecen, abren paso a otras que van surgiendo.

En el caso resuelto por la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de fecha 8 de marzo de 2013 se declaró que los gastos de instrucción y educación, a devengar en tan solo 10 mensualidades al año, son en este caso a todas luces módicos, en cuanto los estudios se cursan por los 3 menores en centro de enseñanza público, si bien realizan actividades extraescolares, más en costes no excesivos, cifrados en unos 72 € mensuales totales.

Por ello, los gastos de formación y enseñanza, quedan íntegramente absorbidos en la contribución que ahora fijamos al padre, incluidos los costes de libros, matrícula, material escolar, uniformes y demás prorrateados, como se comprenden la totalidad de las restantes necesidades, entendidas conforme definición legal que de las mismas nos ofrece el Código en su debida proporción, teniendo en consideración que en educación no se agotan los alimentos, cuyo concepto es más amplio, sino que contemplamos también lo preciso en el aspecto meramente nutricional, calzado, vestido, ocio, médico y medicinas en lo no cubierto por el sistema sanitario público de la Seguridad Social, o por Seguro Médico privado concertado para los niños, que no constituya un extraordinario, ya en los desembolsos por alojamiento y mantenimiento del hogar en su promedio y a prorrata, en función del número de moradores de la vivienda en la que se da cobertura a esta básica, que no son en exclusiva los hijos, puesto que participa en ellos también la madre.

Adviértase que en este caso el uso de la vivienda familiar, de exclusiva titularidad del padre, como se dijo, ha sido atribuida a los menores en méritos al artículo 96 del Código Civil, lo que no deja de ser una forma más de contribución paterna a los alimentos, no limitada a lo meramente económico.

Se dispone en esta familia de los servicios de empleada de hogar, a la que se abonan 600 € al mes, más dos medias pagas, ingresándose las correspondientes cotizaciones a la Seguridad Social. También dicho coste ha sido considerado a la hora de fijar la contribución alimenticia a cargo del padre, al ser un gasto necesario en este caso, que se venía realizando constante la convivencia pacífica al prestar sus servicios retribuidos por cuenta ajena los dos progenitores, sin que se considere razonable la postulada supresión del gasto, habida cuenta las posibilidades económicas de los litigantes.

Téngase en consideración que para fijar las pensiones alimenticias ha de atenderse al nivel de vida concreto de la familia de que se trate, debiendo procurarse no descienda notoriamente para los niños tras la ruptura, si bien en situación de patología del matrimonio en que nos encontramos, y en la que de ordinario, esta no es una excepción, desciende la disponibilidad de metálico final para cada miembro de la misma por la escisión, a diferencia de lo que acontecía constante la convivencia pacífica, cuando confluían dos fuentes de ingresos a la atención y pago de gastos comunes.

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¿Tengo derecho a una pensión en favor de familiares?

El caso real que comentamos hoy se refiere a la solicitud que presenta el hijo que se encargaba del cuidado de su madre fallecida y que vivía de la pensión que cobraba ésta. Al fallecer su madre, solicitó la pensión en favor de familiares que le fue denegada. La madre cobraba una pensión de gran invalidez.

La solicitud le fue denegada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social porque consideraba que el solicitante, para ser beneficiario de la pensión a favor de familiares, debe haberse dedicado al cuidado de la madre de tal forma que le haya impedido el acceso al mercado laboral o al menos determine una modificación de las condiciones laborales por esa dedicación prolongada. No es prueba suficiente la edad del causante y su cuadro y en este caso debe presumirse la inexistencia de dedicación prolongada al cuidado del causante dada la actividad laboral y alta en el régimen especial agrario por cuenta propia del beneficiario, situación iniciada por lo menos seis años antes de su fallecimiento y que según el informe de vida laboral continúa en el momento actual.

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias en su Sentencia de fecha 28 de septiembre de 2007 declara el derecho del solicitante al cobro de la pensión en favor de familiares por las siguientes razones:

a) Es cierto que una dedicación laboral o productiva fuera del hogar convierte en más gravosa la atención de los cuidados y tareas domésticas, pero no puede presumirse, ni mucho menos, que exista una incompatibilidad lógica, como pretende el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Por otro lado ha de recalcarse que en este caso lo magro de los ingresos demuestra que la intensidad de la dedicación laboral del solicitante ha sido muy escasa.

b) Tampoco puede lógicamente llegarse a considerar seriamente que el sexo masculino del actor presuponga que no se haya dedicado a la realización de trabajo doméstico. Lo cierto en definitiva es que ha estado conviviendo con la causante y a sus expensas, llegando a una edad madura en la que el legislador ha llegado a entender que no iba a acceder ya al mercado de trabajo ni a una actividad productiva, idea que surgió al considerar en el momento histórico en que se creó la prestación la situación de la mujer que había llegado a la edad de 45 años sin abandonar el hogar familiar, pero que después se extendió también a los varones y no ha sido revisada por el legislador.

c) El requisito de actividad (cuidados domésticos del causante) queda hoy por tanto muy limitado en su eficacia práctica, por cuanto incluso desde una perspectiva constitucional de respeto a la intimidad personal y familiar la posibilidad de indagar sobre la realización efectiva de trabajos domésticos está severamente limitada.

d) En definitiva hoy la prestación discutida está asociada a la convivencia prolongada y dependencia económica del mayor de cuarenta y cinco años, más que a una efectiva exigencia de actividad o trabajo doméstico. Si existen o no motivos para reconsiderar esta prestación, tal y como está configurada legalmente, es algo que tendrá en su caso que valorar el legislador, puesto que a los órganos judiciales únicamente corresponde aplicar las normas, interpretando el alcance de las mismas con arreglo a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas (artículo 3.1 del Código Civil) y por ello precisamente ni puede considerarse, como pretende la Entidad Gestora, que la existencia de una dedicación de cualquier índole fuera del hogar (estudios, trabajo, etc.) sea incompatible con la realización de las tareas domésticas, ni pueden inmiscuirse los poderes públicos en la intimidad personal y familiar para averiguar la intensidad de la dedicación del beneficiario a las tareas del hogar, ni, finalmente, cabe constitucionalmente partir de prejuicios discriminatorios basados en el sexo para la valoración de los hechos.

e) El solicitante de la pensión es hijo único y convive con su madre en una aldea del hábitat de nuestra comunidad sin que conste acreditada la asistencia de los servicios sociales para atención a la causante que se encontraba en situación de gran invalidez y que pese a estar afiliado al REA no atendía sus tierras, concluye que ha de tenerse por cumplido el requisito que nos ocupa y siendo esta conclusión ajustada a derecho dadas las circunstancias que se dejan descritas no cabe sino confirmar la sentencia que declara el derecho del solicitante a la pensión en favor de familiares.

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Pensión de alimentos. El padre registral no debe pagarlos.

El Tribunal Supremo ampara al demandante que ha pedido que se le eximiera del pago de una pensión de alimentos a dos personas, en la actualidad mayores de edad, que no son sus hijas biológicas, aunque siguen siéndolo registralmente porque se ha declarado caducada la acción de impugnación de la paternidad (Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 12 de junio de 2012).

El padre que figura inscrito como tal en el Registro Civil no debe pagar la pensión de alimentos si no es el padre biológico.

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