La prescripción de los delitos y las faltas concurrentes

En el Acuerdo de 26 de octubre del 2010, de la Sala II del Tribunal Supremo, estableció dos órdenes de consideraciones variando la doctrina anterior. Estableciendo interpretaciones sobre la nueva redacción del artículo 131 del Código Penal, tras la entrada en vigor de la LO 5/2010.

La primera, en cuanto al plazo para prescripción de delitos agravados o de degradación de delito a falta, se tendrá en cuenta el plazo correspondiente al delito cometido, entendiendo éste como el declarado como tal, en la resolución judicial en que así lo pronuncie. En consecuencia, no se tomarán en consideración para determinar dicho plazo aquellas calificaciones jurídicas agravadas que hayan sido rechazadas por el órgano sentenciador.

Este mismo criterio, se aplicará cuando los hechos enjuiciados se degraden de delito a falta, de manera que el plazo de prescripción será el correspondiente a la calificación definitiva de los mismos, como delito o falta, en sentencia dictada por el órgano judicial.

En los supuestos de conexidad, en los delitos conexos o concurso de infracciones, se tomará en consideración, el delito más grave declarado por el órgano sentenciador, para fijar el plazo de prescripción del conjunto punitivo enjuiciado.

En el panorama expuesto cabe subrayar que cuando la integración de diversas infracciones en un mismo proceso obedece a razones materiales (concurso de delitos), la atención debe fijarse en el plazo de la infracción más grave.

La misma solución, sin embargo, no debe entenderse procedente cuando la integración se fundamenta exclusivamente en razones procesales (esto es, cuando la finalidad de mantener la continencia de la causa o de evitar resoluciones procesales contradictorias), determinen que varias infracciones de distinta entidad, imputadas a diferentes personas, se acumulen en un mismo procedimiento.

Rompiendo con el contenido del artículo 300 de la Ley de Enjucimiento Criminal (LECRIM), y dando lugar a que se sustancien todas ellas en un mismo proceso, a través del mecanismo, de la acumulación de autos.

Es decir, que cuando en un mismo proceso existe una acumulación de conductas, unas calificadas como delito y otras como faltas, y esta integración es debida a razones materiales (concurso de delitos), la atención debería fijarse en el plazo de la infracción más grave.

Pero no cuando la acumulación de distintas conductas, atribuibles a varios imputados, unas constitutivas de delito y otras como faltas, sea derivada de razones procesales. En cuyo caso, si la conducta de uno de los imputados es calificada como falta, habría de estarse al plazo prescriptivo previsto para este tipo de conductas penales. (Sentencia de la Audiencia Provincial de Soria de fecha 5 de noviembre de 2013).

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¿La anulación de una liquidación tributaria interrumpe la prescripción?

La respuesta es afirmativa. La doctrina del Tribunal Supremo se refleja en la Sentencia de 19 de abril de 2006 (rec. cas. en interés de Ley núm. 58/2004 ) -cuyos términos reiteramos en la reciente Sentencia de 22 de octubre de 2009 (rec. cas. núm. 6766/2003 ), FD Quinto-, en la que establecimos como doctrina legal que «la anulación de una liquidación tributaria por causa de anulabilidad no deja sin efecto la interrupción del plazo de prescripción producida anteriormente por consecuencia de las actuaciones realizadas ante los Tribunales Económicos Administrativos, manteniéndose dicha interrupción con plenitud de efectos», con fundamento, en esencia, en los siguientes razonamientos:

«La doctrina afirmada en la sentencia de instancia, en el sentido de que es irrelevante el que la anulación de los actos de la Administración sea por causa de anulabilidad, o, por razón de nulidad, es claramente inasumible. En primer término, porque contradice la doctrina de esta Sala sentada, entre otras, en su sentencia de 19 de junio de 2004 , sentencia en la que claramente se distinguen los actos anulables y los nulos a efectos de apreciar la interrupción de prescripción que de ellos pueda derivarse; en segundo lugar, porque tal distinción no es irrelevante para el ordenamiento jurídico que considera no convalidables los actos nulos, siendo imprescriptible (en principio) la acción para exigir su anulación. Por el contrario, los actos anulables son convalidables y son susceptibles de impugnación en los plazos (breves) legalmente establecidos.

Pudiera arguirse que aunque sean ciertas esas diferencias las mismas se vuelven irrelevantes cuando de la prescripción se trata. Pero esta tesis carece de fundamento legal si se tiene presente que el artículo 66.1 a) de la Ley General Tributaria al regular la interrupción de la prescripción se refiere a “cualquier acción administrativa” expresión que pone de relieve que lo trascendente, a efectos de interrumpir la prescripción, es el silencio de la relación jurídica, lo que no se puede afirmar cuando el acto de la Administración es meramente anulable, como es el caso.

La jurisprudencia puede resumirse en los siguientes términos:

1) La anulación de una comprobación de valores (como la de una liquidación) no deja sin efecto la interrupción del plazo de prescripción producida anteriormente por consecuencia de las actuaciones realizadas ante los Tribunales Económicos Administrativos, manteniéndose dicha interrupción con plenitud de efectos (Cfr. STS de 19 de abril de 2006 ).

2) La anulación de un acto administrativo no significa en absoluto que decaiga o se extinga el derecho de la Administración Tributaria a retrotraer actuaciones, y volver a actuar, pero ahora respetando las formas y garantías de los interesados. (Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 19 de septiembre de 2013).

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¿Cuándo prescriben las faltas penales?

La prescripción, como dice la Sentencia del Tribunal Supremo nº 1146/2006 de 22 noviembre, significa la expresa renuncia por parte del Estado del derecho a juzgar, en razón a que el tiempo transcurrido borra de alguna manera los efectos de la infracción, institución de carácter puramente material o de derecho sustantivo, ajena por tanto a las exigencias procesales de la acción persecutoria.

Transcurrido un plazo razonable fijado por la norma, desde la comisión del delito, la pena ya no es precisa para la pervivencia del orden jurídico, ya no cumple sus finalidades de prevención social.

Quiere ello decir que el ius puniendi viene condicionado por razones de orden Público, de interés general o de política criminal, de la mano de la ya innecesariedad de una pena y de cuanto a principio de intervención mínima representa, pues resultaría altamente contradictorio imponer un castigo cuando los fines humanitarios, reparadores y socializadores, de la más alta significación, son ya incompatibles, dado el tiempo transcurrido.

Siendo reiterada, por otro lado, la doctrina jurisprudencial que declara que la prescripción debe ser estimada, concurrentes los presupuestos sobre que se asienta -paralización del procedimiento y lapso de tiempo correspondiente-, aunque la solicitud no se inserte en el cauce procesal adecuado y dejen de observarse las exigencias procesales formales concebidas al efecto, en aras de evitar que resulte condenada una persona que, por especial previsión y expresa voluntad de la Ley, tiene extinguida la posible responsabilidad penal contraída pudiendo ser proclamada de oficio en cualquier estado del procedimiento en que se manifieste con claridad la concurrencia de los requisitos que la definen y condicionan.

No ofrece duda que la prescripción del delito puede concurrir y ser estimada después de pronunciada una sentencia carente aún de firmeza. El propio concepto de procedimiento apunta, como límite final, a la firmeza de la sentencia, momento en que la prescripción del delito cede el paso a la prescripción de la pena.

En el caso resuelto por la Audiencia Provincial de Guadalajara de fecha 25 de julio de 2013, no es objeto de discusión que los hechos acaecen el día 23 de agosto de 2008. Con fecha de 18 de noviembre de 2008 se dicta Auto acordando el Sobreseimiento y Archivo. Ante ello, se presenta denuncia el día 3 de febrero de 2009 y no es hasta el 29 de octubre de 2009 cuando se acuerda incoar juicio de faltas.

Por tanto, se puede decir que no se ha practicado actuación judicial alguna en más de seis meses contados desde la presentación de la denuncia rebasando el plazo que establece el artículo 131.1 del Código Penal, pues el cómputo del plazo comienza a contar desde el día que se comete la infracción punible, así lo dice el artículo 132 del Código Penal y se interrumpe en la forma y manera que establece el artículo 132.2 del Código Penal.

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Anulación de sanción al rebajarse posteriormente por Ley el plazo de prescripción

Los hechos que vamos a analizar son los siguientes:

1º.- Un velero de 14’92 metros de eslora naufragó en la zona del parque natural de Ses Salines en Formentera como consecuencia de un fuerte temporal, quedando embarrancado en zona rocosa e incrustado contra las rocas por su costado de babor.

2º.- Con posterioridad, el celador extiende boletín de denuncia al estar esa embarcación embarrancada en esa zona del parque natural de Ses Salines.

Encontrándose todavía el barco en ese lugar y sin haber sido enteramente retirado, la Demarcación de Costas insta un procedimiento sancionador contra la propiedad del barco al considera que esa ocupación era constitutiva de una falta prevista en el artículo 90 a) de la Ley de Costas. Esa resolución se notifica a la parte el 8 de agosto de 2007.

Con anterioridad, la Administración, en fecha 30 de mayo de 2007 había iniciado expediente sancionador contra la compañía aseguradora del velero, sin que conste la fecha de la notificación. Esa Compañía puso de manifiesto en escrito presentado el 27 de julio de 2007 que sólo era la aseguradora y que el tomador de la póliza de seguros era una tercera persona.

3º.- Ya iniciado el expediente contra la propietaria del velero el 27 de agosto de 2007, se presentó escrito de alegaciones en el que argumentaba falta de tipicidad de los hechos y falta de dolo o culpa con supuesto de fuerza mayor que excluía la responsabilidad de la armadora.

4º-. El 16 de abril de 2008 la Administración dicta propuesta de resolución sancionadora en la que propone sanción de multa de 3.586’84 euros para la hoy recurrente, como autora de una infracción leve del artículo 90 a) de la Ley de Costas y notificada a la parte se opone en escrito presentado el 15 de mayo de 2008 que alega caducidad del expediente y los mismos argumentos expuestos en el escrito inicial tras lo cual la Demarcación de Costas sanciona a la actora en Resolución de 18 de junio de 2008 notificada a la parte el 11 de julio de 2008.

 En la Resolución de la propuesta de Resolución se dice por la Administración al folio 40 vuelto del expediente “(…) a efectos de contabilizar los plazos de prescripción de la misma, decae por si sola tal alegación pro cuanto dicha infracción es una infracción tipificada como leve, como se ha expuesto anteriormente, siendo su plazo de prescripción de un año (artículo 92 de la Ley de Costas , debiéndose comenzar a contabilizar el plazo desde la fecha en que se acordó iniciar el procedimiento de sanción).”

En este caso el artículo 92 ha sido modificado por la Ley 2/2013, de 29 de mayo , que establece un plazo de seis meses para perseguir la infracción en caso de tratarse de una infracción leve, de forma que levantada Acta por el celador el 21 de septiembre de 2006, no es hasta el 30 de mayo de 2007 que la Administración inicia por vez primera expediente sancionador, no contra la recurrente, sino contra la compañía aseguradora sin que conste fehacientemente la notificación a esa parte de la iniciación del expediente, motivo por el cual debemos tener por cierta como notificación la fecha de presentación del escrito presentado por esa entidad aseguradora, que lo fue el 27 de julio de 2007.

Por lo tanto desde el 21 de septiembre de 2006 hasta el 27 de julio de 2007, e inclusive, hasta el 30 de mayo de 2007 que es cuando se dicta la Resolución iniciadora del expediente sancionador ya habían pasado más de seis meses desde que se tuvo cabal conocimiento de la infracción denunciada.

Siendo cierto que el plazo de prescripción era de un año según el antiguo artículo 92 de la Ley de Costas lo que permitía a la Administración la tramitación de ese expediente en esas fechas, el hecho de haber rebajado la ley el plazo de prescripción de las infracciones leves de un año a seis meses, hace que esa rebaja pueda y deba ser ahora aplicada de oficio, y ha de favorecer a la parte sancionada al tratarse de una modificación que le es claramente favorable (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares de fecha 30 de julio de 2013).

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¿Los requerimientos de información tributaria interrumpen siempre la prescripción ?

La respuesta es negativa. En algunos casos, los requerimientos de información tributaria sí que sirven para interrumpir la prescripción porque van encaminados a liquidar la obligación tributaria. En otros casos, los requerimientos de información no tienen relación con el impuesto investigado a liquidar o sólo se emiten para ganar tiempo y dilatar las actuaciones inspectoras.

En el caso que analizamos hoy, la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 12 de abril de 2013 sí que consideró que el requerimiento de información efecutado al obligado tributario servía para interrumpir la prescripción.

Los hechos fueron los siguientes: desde la presentación de la declaración de autoliquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones al 24 de noviembre de 2004, fecha de la notificación de la liquidación provisional, a la recurrente únicamente se le practica requerimiento individual de fecha 25 de septiembre de 2002, y con fecha 26 de febrero de 2004, a la madre de dicho causante (incapacitada judicialmente) a través del mandatario del tutor legal, que no puede interrumpir la prescripción ganada por la recurrente por cuanto, sin obviar que se realiza dos meses antes de la fecha limite de prescripción:

-Se practica al mandatario del tutor legal de la madre del causante, por lo que carece de efecto interruptivo alguno, al no tener el mismo carácter de representante del contribuyente.

-Se limita a solicitar de forma general, dos meses antes del plazo para consolidar la prescripción, que se acredite la concurrencia de los requisitos para la aplicación de la reducción prevista en el artículo 20.1.c) de la Ley del Impuesto sobre sucesiones y donaciones, sin precisar a cuales de ellos se refiere.

Sin embargo, el Tribunal Supremo considera que el requerimiento de información sí que sirvió para interrumpir la prescripción por las siguientes razones:

a) El artículo 66.1 de la LGT establece que el plazo de prescripción se interrumpe: a) por cualquier acción administrativa, realizada con conocimiento formal del sujeto pasivo, conducente al reconocimiento, regularización, inspección, aseguramiento, comprobación, liquidación y recaudación del impuesto devengado por cada hecho imponible.

En el presente caso se practicó un requerimiento por parte de la Administración el día 25 de septiembre de 2002, cuando la Delegación Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía solicitó las declaraciones por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, siempre con la finalidad de comprobar las valoraciones a efectos de practicar la correspondiente liquidación.

La Administración competente tenía facultades para solicitar las declaraciones por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y este requerimiento tiene virtualidad suficiente a efectos de la comprobación y de la consiguiente interrupción de la prescripción.

El requerimiento se hizo dentro del plazo establecido, antes de haber concluido el período señalado para la existencia de prescripción. Y el requerimiento tenía como finalidad concreta precisamente efectuar una comprobación administrativa y así poder girar la posterior liquidación provisional, cosa que efectivamente se llevó a cabo. Por tanto la interrupción de la prescripción tuvo lugar.

b) Por otro lado, el artículo 68.1.c) de la propia LGT señala también que la prescripción se interrumpe “por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario conducente a la liquidación o autoliquidación de la deuda tributaria”.

En el presente supuesto se aportó la documentación solicitada el día 25 de octubre de 2002, tratándose de una actuación del sujeto pasivo conducente a la comprobación administrativa, por lo que se interrumpe la prescripción también por este motivo.

c) Por otra parte, el apartado 7 del artículo 68 de la LGT establece que: “interrumpido el plazo de prescripción para un obligado tributario, dicho efecto se extiende a todos los demás obligados”. Es decir, aunque el requerimiento se dirija a un solo de los sujetos pasivos, la interrupción se produce respecto a todos los obligados tributarios, ya que se trata de un único hecho imponible (la apertura de una sucesión hereditaria), respecto del cual existen distintos sujetos pasivos. Por tanto la interrupción se refiere en todo caso a todos ellos.

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