¿Se puede consultar los libros del Registro de la Propiedad?

Hoy vamos a analizar dos problemas relacionados con la publicidad del Registro de la Propiedad: a) en qué consiste el interés legítimo a la hora de tener acceso a la publicidad registral; y, b) cuál debe ser la forma de la publicidad teniendo en cuenta la legislación hipotecaria y la de protección de datos.

Aun partiendo del principio general de publicidad, el contenido del Registro sólo se ha de poner de manifiesto a quienes tengan interés en conocer el estado de los bienes o derechos inscritos, y que dicho interés se ha de justificar ante el registrador, que es a quien corresponde apreciar la legitimación del solicitante de la información.

Se consideran, pues, finalidades de la institución registral la investigación, jurídica, en sentido amplio, patrimonial y económica (crédito, solvencia y responsabilidad), así como la investigación estrictamente jurídica encaminada a la contratación o a la interposición de acciones judiciales (objeto, titularidad, limitaciones, representación,…), pero no la investigación privada de datos no patrimoniales contenidos en el Registro, de manera que el registrador solo podrá dar publicidad de los mismos si se cumplen las normas sobre protección de datos.

En el caso decidido por la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de fecha 1 de abril de 2013, se permite el acceso a los libros del Registro. La solicitante afirmaba que la finca de la que se solicita información la adquirió por herencia de su padre y, sustentada la negativa del registrador en que las personas de quienes dice tener causa la solicitante ya se desprendieron de dichos bienes, admite el calificador que los anteriores propietarios fueron causantes de la repetida solicitante, por lo que está admitiendo el interés necesario, pues es evidente que dicha solicitante puede impugnar las transmisiones posteriores a aquéllas de las que fueron titulares sus ascendientes.

En cuanto a la forma de la publicidad, la solicitante había pedido que se señalara día y hora a la compareciente a fin de examinar en dichas dependencias los datos relativos al Historial de dicha finca, así como de la finca matriz de la que proviene, con todas sus incidencias es decir, todo el tracto sucesivo de la finca matriz hasta llegar a la solicitada y las incidencias registrales, ya sea folio, número, cierre registral, etc.

La decisión de la Dirección General de los Registros y del Notariado fue la siguiente: la exhibición no puede ser del libro físico sino de su reproducción, y no de todo, sino sólo en la parte necesaria para satisfacer el interés legítimo de la solicitante.

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Multa de 50.000 euros por incluir deudas pagadas en un fichero de morosos

La Agencia Española de Protección de Datos impone a una compañía telefónica una multa de 50.000 euros por haber incluido unas deudas pagadas en un fichero de morosos.

El Tribunal Supremo en su Sentencia de fecha 11 de marzo de 2013 declara la legalidad de la multa impuesta por la Agencia Española de Protección de Datos.

Los hechos fueron los siguientes: los datos personales de la denunciante figuraron en un fichero de morosos, informados por una compañía telefónica, desde el 26/05/2010 y hasta el 09/06/2010, por un saldo impagado de 60,49 euros correspondiente a una factura de abril de 2010 y, desde el 27/06/2010 al 07/07/2010, por un saldo impagado de 59,06 euros, correspondiente a una factura de mayo de 2010,y ello a pesar de que ninguna de las deudas informadas eran ciertas, vencidas y exigibles.

Lo anterior, tal y como razona la resolución recurrida, no solo porque consta acreditado que el importe de la factura de abril de 2010 había sido ingresado por trasferencia, según el comprobante justificativo del pago emitido por el banco, de fecha 31/05/2010 y dentro del plazo concedido para su abono en el Aviso de Pago de 19/05/2010 (hecho probado cuarto), sino también de conformidad con las propias manifestaciones de la compañía telefónica al indicar que ambos importes fueron abonadas por transferencia bancaria de fechas 31/05/2010 y 28/06/2010 respectivamente. En los ficheros de dicha compañía, asimismo, consta que ambas facturas habían sido compensadas en fechas 01/06/2010 y 31/06/2010 (hecho probado séptimo).

Hay que recordar que sólo será posible la inclusión en estos ficheros de datos de carácter personal que sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica del afectado, siempre que concurran los siguientes requisitos:

a) Existencia previa de una deuda cierta, vencida, exigible, que haya resultado impagada.

b) Que no hayan transcurrido seis años desde la fecha en que hubo de procederse al pago de la deuda o del vencimiento de la obligación o del plazo concreto si aquella fuera de vencimiento periódico.

En este sentido, y como el Tribunal Supremo ha reiterado en numerosísimas ocasiones, resulta que aquél que utiliza un medio extraordinario de cobro, como es el de la anotación de la deuda en un registro de morosos, debe garantizar el cumplimiento de todos los requisitos materiales (exactitud del dato) y formales (requerimiento previo) que permitan el empleo de este modo accesorio para conseguir el cobro de la deuda. Y ello dado que el no aplicar esta exigencia supondría utilizar este medio de presión al recurrente sin el suficiente aseguramiento de las mínimas garantías para los titulares de los datos que son anotados en tales registros de solvencia patrimonial y crédito.

Se trata, en definitiva, de que los datos personales de la afectada incluidos en el fichero de morosos por la compañía telefónica no respondían a la situación actual de la misma, pues aquella incluyó sus datos de carácter personal en tal fichero con anterioridad a que venciera el plazo concedido para el pago de las facturas, según la carta de aviso remitida a tal afectada por la propia operadora de telefonia.

El Tribunal Supremo considera que los hechos relatados son contrarios al principio de calidad de dato consagrado en el artículo 4.3 en relación con el 29.4 de la Ley Orgánica de Protección de Datos.

Infracción del principio de calidad del dato que, por otra parte, es conforme con el principio de culpabilidad, por cuanto una actuación diligente de la compañia telefónica habría exigido el tomar en consideración el abono de las facturas llevado a cabo por la denunciante, con anterioridad incluir sus datos personales en tal fichero de moroso.

Comprobación no exhaustiva que supone una actuación incompatible con el mínimo de prudencia que se debe exigir a estas empresas antes de anotar en los registros de morosidad incidencias que, finalmente, resulta que no responden a la realidad de lo adeudado.

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Reclamación de daños sufridos por inclusión en fichero de morosos

El caso real que comentamos hoy es el siguiente. Una persona presentó una demanda por intromisión ilegítima en su derecho al honor por haber incluido  en una base de morosos tras una suplantación de personalidad y dicha inclusión afectó a su reputación y buen nombre, y por ello no pudo acceder a un crédito para comprarse un coche. Solicitó la condena a que se cancelen de forma inmediata los datos de la base correspondiente por no ser ciertos y que la indemnicen en la cantidad de 12.000 € y, en todo caso, al abono del importe del vehículo que adquirió.

El Tribunal Supremo, en su Sentencia de fecha 9 de abril de 2012, estima la demanda y reconoce el derecho a cobrar una indemnización de 12.000 euros. Los razonamientos fueron los siguientes:

a) La inclusión indebida de datos de personas físicas en un fichero de solvencia patrimonial constituye una intromisión en el honor- no en la intimidad- de estas, no en vano la publicación de la morosidad de una persona incide negativamente en su buen nombre, prestigio o reputación, en su dignidad personal en suma. Así se desprende del artículo 7.7 LPDH y en este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de julio de 2004, según la cual el ataque al honor del demandante, lo conforma el hecho probado de la inclusión indebida en el registro de morosos, por deuda inexistente, lo que indudablemente, sobre todo tratándose de una persona no comerciante, supone desmerecimiento y descrédito en la consideración ajena, pues esta clase de registros suele incluir a personas valoradas socialmente en forma negativa o al menos con recelos y reparos, sobre todo cuando se trata de llevar a cabo relaciones contractuales con las mismas.

b) Más recientemente, la sentencia del Pleno del Tribunal Supremo de 24 de abril de 2009, según la cual, cuando un ciudadano particular o profesionalmente comerciante, se ve incluido en dicho registro, lo cual le afecta directamente a su dignidad, interna o subjetivamente e igualmente le alcanza, externa u objetivamente en la consideración de los demás, ya que se trata de un imputación de un hecho consistente en ser incumplidor de su obligación pecuniaria que, como se ha dicho, lesiona su dignidad y atenta a su propia estimación, como aspecto interno y menoscaba su fama, como aspecto externo.

c) Y es intrascendente el que el registro haya sido o no consultado por terceras personas, ya que basta la posibilidad de conocimiento por un público, sea o no restringido y que esta falsa morosidad haya salido de la esfera interna del conocimiento de los supuestos acreedor y deudor, para pasar a ser de una proyección pública.

d) Sí, además, es conocido por terceros y ello provoca unas consecuencias económicas (como la negación de un préstamo hipotecario) o un grave perjuicio a un comerciante (como el rechazo de la línea de crédito) sería indemnizable, además del daño moral que supone la intromisión en el derecho al honor y que impone el artículo 9.3 LPDH.

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El denunciante no puede recurrir las decisiones de la Agencia de Protección de Datos

El asunto que examinamos hoy consiste en aclarar si los denunciantes pueden recurrir frente a la resolución de la Agencia Española de Protección de Datos que pone fin al expediente sancionador iniciado a raíz de la denuncia. En el caso real que analizamos, el denunciante pretendía que se incrementara el importe de la sanción impuesta.

La Audiencia Nacional, en su Sentencia de fecha 17 de enero de 2013 declara que los denunciantes no pueden recurrir la decisión de la Agencia Española de Protección de Datos. Los argumentos son los siguientes:

a) Quien denuncia hechos que considera constitutivos de infracción de la legislación de protección de datos carece de legitimación activa para impugnar en vía jurisdiccional lo que resuelva la Agencia. Así se desprende de las sentencias de la Audiencia Nacional de 6 de noviembre de 2007 y, con mayor nitidez aún, de 10 de diciembre de 2008.

b) La razón es, en sustancia, que el denunciante carece de la condición de interesado en el procedimiento sancionador que se puede incoar a resultas de su denuncia. Ni la Ley Orgánica de Protección de Datos ni su reglamento de desarrollo le reconocen esa condición.

c) Y por lo que se refiere a los principios generales del derecho administrativo sancionador, aunque en algunas ocasiones esta Sala ha dicho que el denunciante puede impugnar el archivo de la denuncia por la Administración, no se admite que el denunciante pueda impugnar la resolución administrativa final.

d) El argumento crucial en esta materia es que el denunciante, incluso cuando se considere a sí mismo “víctima” de la infracción denunciada, no tiene un derecho subjetivo ni un interés legítimo a que el denunciado sea sancionado. El poder punitivo pertenece únicamente a la Administración que tiene encomendada la correspondiente potestad sancionadora-en este caso, la Agencia Española de Protección de Datos- y, por consiguiente, sólo la Administración tiene un interés tutelado por el ordenamiento jurídico en que el infractor sea sancionado.

e) Es verdad que las cosas no son así en el derecho penal propiamente dicho, donde existe incluso la acción popular; pero ello es debido a que hay normas que expresamente establecen excepciones al monopolio público sobre el ejercicio del ius puniendi; excepciones que no aparecen en el derecho administrativo sancionador y, por lo que ahora específicamente interesa, en la legislación sobre protección de datos.

f) Es más: aceptar la legitimación activa del denunciante no sólo conduciría a sostener que ostenta un interés que el ordenamiento jurídico no le reconoce ni protege, sino que llevaría también a transformar a los tribunales contencioso-administrativos en una especie de órganos de apelación en materia sancionadora. Esto último supondría dar por bueno que pueden imponer las sanciones administrativas que no impuso la Administración, lo que chocaría con el llamado “carácter revisor” de la jurisdicción contencioso-administrativo.

g) En otras palabras, los tribunales contencioso-administrativos pueden y deben controlar la legalidad de los actos administrativos en materia sancionadora; pero no pueden sustituirse a la Administración en el ejercicio de las potestades sancionadoras que la ley encomienda a aquélla.

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El acceso a cuentas de correo electrónico es un delito de revelación de secretos

El trabajador titular de unas cuentas de correo electrónico interpone una querella contra los titulares de la empresa por haber tenido acceso a datos de carácter personal y confidencial contenidos en el ordenador, excediendo su actuación de los límites permitidos por el art. 20.3 del Estatuto de los Trabajadores.

El trabajador considera que los hechos objeto de querella son constitutivos del delito de descubrimiento y revelación de secretos contemplado en el art. 197 del Código Penal.

El tipo penal contemplado en el artículo 197 del Código Penal tutela dos bienes distintos que son objeto de la protección jurídico penal:

a) la salvaguarda de los secretos propiamente dichos y, aparte,

b) la intimidad de las personas, viniendo a representar este tipo penal una especie de desarrollo sancionador a las conductas que vulneren el derecho fundamental a la inviolabilidad de las comunicaciones consagrado en el artículo 18 de la Constitución Española, como parte integrante del derecho a la intimidad personal del individuo.

La Audiencia Provincial de Madrid, mediante Auto de fecha 4 de octubre de 2012, acuerda revocar el archivo de la querella y ordena al Juzgado que siga practicando diligencias de investigación. Los fundamentos fueron los siguientes:

a) La resolución recurrida fundamenta la decisión de sobreseimiento al no haberse concretado ni acreditado la existencia de datos de carácter personal en el ordenador y blackberry utilizados por el querellante y propiedad de la empresa, ni que se haya producido apropiación de datos que no sean estrictamente laborales y pertenecientes a la empresa, cuya actividad encuentra amparada por el art. 20.3 del Estatuto de los Trabajadores.

b) El contenido de la querella y documentos con ella aportados podía llevar en principio a la adopción de tal decisión. Ahora bien, el documento aportado por el querellante con su escrito formulando recurso, documento que fue presentado por la empresa contra la que se dirige la querella en el procedimiento laboral y del que nada se dice en el Auto resolviendo la reforma previa a la presente Apelación, pone de manifiesto el acceso a cuentas de correo electrónico personal que no se encuentran almacenadas en el disco duro de un ordenador sino en un servidor de internet al que se puede acceder con independencia del terminal desde el que se ejecute.

c) Tal es el caso de los denominados documentos soportes nº 1, 2 y 4 del informe, y las fotocopias de dos correos remitidos por el querellante desde una cuenta privada gmail, lo cual supone una intromisión ilegítima en el ámbito privado del trabajador, y por tanto íntimo, que puede suponer, sin necesidad de descubrir ni revelar ningún secreto, una vulneración del derecho fundamental a su intimidad que puede exceder de las facultades y cauces ofrece al empresario el art.20.3 del Estatuto de los Trabajadores , antes referido, para controlar la debida utilización de los ordenadores de empresa, y que le faculta para el examen del contenido de éstos.

d) En consecuencia y sin perjuicio de lo que pueda resultar de la ulterior investigación, en principio, parece precipitada la resolución de sobreseimiento, debiendo el Juzgado continuar la instrucción practicando aquellas diligencias que estime de interés, bien de oficio, bien a instancia del Ministerio Fiscal y de las partes personadas.

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Multa de 120.000 euros por indebida inclusión en un fichero de morosos

Una ciudadana presentó una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos al haber sido incluida en una lista de morosos por parte de una compañía telefónica, de lo cual no ha recibido aviso alguno, al margen de no tener ningún impago con la compañía telefónica.

La denunciante niega ser cliente de la compañía telefónica, ni tener deuda alguna con dicha operadora para haber sido incluida en ficheros de morosidad.

Por su parte, la companía telefónica afirma que tiene contrato particular de la denunciante de la línea. El alta del del contrato fue gestionada telefónicamente por un distribuidor. La compañía telefónica tiene copia de un contrato de telefonía móvil a nombre de la denunciante que aparece firmado y en el que no se distingue el número de la línea contratada.

La compañía telefónica emitió a la denunciante varias facturas, cuyo impago dio lugar a la inclusión en el fichero de morosos.

Los datos de la denunciante fueron incluidos por la compañía telefónica en el fichero Asnef por una deuda de 267,28 €.

La Audiencia Nacional, en su Sentencia de fecha 28 de septiembre de 2012, desestima el recurso presentado por la compañía de telefonía contra la sanción de 120.000 € impuesta por la Agencia Española de Protección de Datos. Los argumentos fueron los siguientes:

a) Aún admitiendo que en la contratación de la línea telefónica un tercero utilizase fraudulentamente el DNI de la denunciante con la clara intención de defraudar a la compañía telefónica, lo cierto es que esta última al contratar la línea no se cercioró de la identidad del contratante ni de la veracidad de los datos que proporcionaba, y se limitó a dar por buenos los datos para darle de alta en la línea, y aunque figura un contrato firmado, dicha firma no coincide a simple vista con la existente en su documento de identidad y la compañía telefónica no acredita que se le solicitase la exhibición del DNI ni se le pidiese fotocopia del mismo al tiempo de darle de alta como cliente.

b) La empresa, consideró suficiente que una persona le proporcionara, un nombre, un DNI y una dirección (que no coincidía con la existente en el DNI) sin realizar ningún tipo de comprobación ni exigió documentación suplementaria a su mera manifestación verbal. Fue esta actuación, motivada sin duda por su interés comercial y ante la expectativa de captar un nuevo cliente, la que determinó que no exigiese unas comprobaciones mínimas sobre la identidad y los datos con quien contrataba; y ante el impago de determinadas facturas incluyó sus datos en el fichero de morosos, sin tener constancia tampoco de que la afectada había sido requerida previamente de pago.

c) La compañía telefónica no solo trató los datos de la denunciante sin consentimiento de la misma sino que además los asoció a una deuda inexistente, por falta de una relación contractual en que sustentarla, y ante el impago de determinadas facturas remitió sus datos, sin que conste que le realizase un requerimiento previo de pago a la afectada, a dos ficheros de solvencia patrimonial.

d) Aquel que utiliza un medio extraordinario de cobro como es el de la anotación de la deuda en un registro de morosos, debe garantizar el cumplimiento de todos los requisitos materiales (exactitud el dato) y formales (requerimiento previo) que permitan el empleo de este modo accesorio para conseguir el cobro de la deuda. No aplicar esta exigencia supondría, por lo contrario, utilizar este medio de presión al recurrente sin el suficiente aseguramiento de las mínimas garantías para los titulares de los datos que son anotados en los registros de morosos.

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Indebida inclusión en un fichero de morosos de un cliente de telefonía móvil

La Agencia Estatal de Protección de Datos impone una multa a una compañía de telefonía móvil por incluir en un fichero de morosos a un cliente que había presentado una reclamación contra la deuda.

Con independencia de que el momento de dar de alta la deuda en el fichero de morosos, la compañía de telefonía móvil no tuviese constancia de la existencia de una reclamación administrativa en la que se cuestionaba la existencia de la deuda que tuvo acceso al fichero de solvencia patrimonial, sí tuvo conocimiento  posteriormente de esta circunstancia, y pese a ello, mantuvo la inscripción en el fichero de morosos.

Tampoco resulta relevante el hecho de que el denunciante inicialmente dirigiese su reclamación contra la tienda en la que compró el teléfono, pues pronto se detectó que el motivo de su queja, referido al mal servicio y el mal funcionamiento de las terminales, afectaba a la compañía suministradora del servicio de telefonía, pues se cuestionaba la existencia misma de la deuda (en la que se le reclamaba por consumo mínimo y baja anticipada en la compañía), y la entidad sancionada fue la que introdujo los datos del denunciante en el fichero de solvencia patrimonial como consecuencia del impago de determinadas facturas, cuya obligación de pago se estaba cuestionado ante los servicios de consumo.

La compañía de telefonía móvil tuvo conocimiento de la existencia de dicha reclamación y  mantuvo los datos del denunciante en el fichero de morosos antes de que se resolviese la reclamación administrativa planteada ante los servicios de consumo, momento en el que la deuda no podía considerarse cierta.

La acción típica por la que se sanciona es el mantenimiento de los datos del denunciante en el repetido fichero de morosidad, cuando dicha deuda había sido cuestionada y la entidad suministradora era consciente de la reclamación administrativa entablada que ponía en duda la obligación de pago de la deuda que motivó la incorporación de sus datos a dicho fichero, ello supone la inclusión o el mantenimiento de un dato inexacto y desactualizado (Sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 13 de julio de 2012).

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