Prescripción de la acción para reclamar una indemnización por accidente de tráfico

Los hijos de un fallecido en accidente de circulación formularon reclamación indemnizatoria por culpa extracontractual contra la aseguradora del vehículo siniestrado en el que aquel viajaba como ocupante.

La controversia jurídica se circunscribió al examen de si la acción ventilada se encontraba o no prescrita. En este sentido, en la demanda se adujo, en síntesis, lo siguiente: 1) Que como consecuencia del accidente de tráfico se siguieron actuaciones penales ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1  (juicio de faltas nº 363/2001), las cuales culminaron con la libre absolución de los conductores de los dos vehículos implicados (sentencia de 27 de enero de 2006 , confirmada por la Audiencia Provincial de La Rioja por sentencia de apelación de fecha 28 de marzo de 2006); 2) que durante la tramitación del proceso penal la aseguradora abonó diferentes cantidades en concepto de indemnización tanto a los ahora demandantes (con exclusión del conductor del vehículo y asegurado) como a su madre y esposa del fallecido, 3) que la razón para reclamar en vía civil era que la compañía aseguradora no había indemnizado la totalidad de los daños y perjuicios a los que los demandantes creían y creen tener derecho, pues además de no haberse indemnizado al conductor -por imputársele la causa del accidente-, las sumas satisfechas a los demás familiares del fallecido eran inferiores a las que les corresponderían según el baremo aplicable; 4) que tras notificárseles la firmeza de la absolución penal, el letrado de los perjudicados había enviado un primer burofax a la compañía aseguradora (4 de agosto de 2006) reclamando las cantidades pendientes de pago, al que siguió un segundo burofax (13 de diciembre de 2006) y una demanda de conciliación (23 de abril de 2008), intentada sin efecto ante la incomparecencia de la aseguradora (8 de julio de 2008).

Este hecho de que transcurriera más de un año entre el segundo burofax y la demanda de conciliación fue precisamente el argumento de la aseguradora demandada como fundamento de la prescripción alegada en su contestación.

El Tribunal Supremo, en su Sentencia de fecha 2 de abril de 2014, ha declarado que, una vez concluido el proceso penal sin condena, el plazo de prescripción de las acciones civiles, cuando las partes estén personadas en el procedimiento penal, empezará a contarse desde el día en que aquellas pudieron ejercitarse a tenor de lo establecido en el artículo 1969 del Código Civil, precepto este que, puesto en relación con los artículos 111 y 114 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 24.1 de la Constitución, lleva a situar ese día en el momento en que la sentencia penal absolutoria o el auto de sobreseimiento, notificados correctamente, hayan adquirido firmeza, puesto que en ese momento se conoce el punto final de la paralización operada por la tramitación de la vía penal preferente y la correlativa posibilidad de actuar en vía civil.

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Daños causados por una fuga de agua del piso de arriba

El caso real que vamos a analizar hoy es el siguiente: el local de un inmueble sufrió daños por el agua proveniente del piso de arriba, donde se produjo una fuga de agua, y esta fuga de agua constituyó la causa de que el local de abajo sufriera daños cuya reparación costó la cantidad reclamada de 60.000 euros.

El verdadero núcleo de la controversia se ciñe a la cuestión de si se puede hacer, o no, responsable de esa fuga de agua a la propietaria del piso de arriba.

El dueño del local no tiene por qué conocer qué es lo que ocurre o sucede en el interior de un piso ajeno. Solo puede ver lo que sale hacia fuera; en este caso, el agua desbordada. Él es el verdadero perjudicado en este asunto. Y, a primera vista, no tiene otro responsable que aquel del que parece provenir la acción culposa o negligente.

El artículo 1.910 del Código Civil (que dispone que ” el cabeza de familia que habita una casa o parte de ella, es responsable de los daños causados por las cosas que se arrojaren o cayeren de la misma “) no deja de ser una especificación de la responsabilidad extracontractual general recogida en el artículo 1.902 del Código Civil, que conecta -en cuanto a la concepción de la diligencia debida se refiere- con los artículos 1.104 y 1.105 del Código Civil (CC) , que constituyen normas generales aplicables a todo tipo de obligaciones.

En el artículo 1.104 CC se trata de definir la culpa diciendo que “la culpa o negligencia del deudor consiste en la omisión de aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación y corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar” . Y “cuando la obligación no exprese la diligencia que debe prestarse en su cumplimiento, se exigirá la que correspondería a un buen padre de familia” .

En el presente caso, el piso de arriba estaba vacío y en disposición de ser alquilado. No es necesario hacer un análisis excesivamente profundo de la realidad y de la experiencia para poder afirmar que entre las cautelas esenciales que debe adoptar un propietario de un piso, cuando éste va a quedar deshabitado, están las de cerrar ventanas y puertas, apagar luces, cortar llaves de suministros (agua, gas) en evitación de posibles hechos dañosos (fugas de agua, fugas de gas, cortocircuitos, ráfagas de viento, golpes, intrusiones…). En este sentido, la propietaria del piso superior no adoptó todas las cautelas debidas ni ejercitó la debida diligencia.

De otra parte, es cierto que el artículo 1.105 CC recoge los supuestos de fuerza mayor y caso fortuito como factores de exclusión de la responsabilidad, cuando dispone que “fuera de los casos expresamente mencionados en la ley, y de los en que así lo declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran inevitables”.

En el caso resuelto por la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de fecha 23 de enero de 2014, no se puede extraer base suficiente para considerar que la propietaria del piso de arriba no pudo prever la posibilidad de que en el piso se pudiera producir algún incidente que repercutiese en los convecinos de modo perjudicial. Cabe afirmar, incluso, que el mismo hecho de tener suscrito un seguro, permite inferir que en la mente de la propietaria se representó en algún momento la posibilidad de que se produjera algún evento perjudicial que comprometiese su patrimonio por efectos daños producidos a un tercero. De ahí que no sea posible aplicar al presente caso la exención de responsabilidad prevista en la ley por fuerza mayor o por caso fortuito.

Estamos ante una responsabilidad casi objetiva por las cosas que caen de la casa, en este caso el agua que produjo los daños en el local inferior (artículo 1910 del Código Civil).

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Falta de responsabilidad del colegio por la caída de una niña en el patio

La menor Flor sufrió una lesión, fundamentalmente cifrada en fractura de húmero y cúbito de su brazo izquierdo, y que esa lesión se produjo en las instalaciones del Colegio Público en el que cursaba estudios.

Nos hallamos en presencia de un accidente producido en el patio del colegio, sin participación de educadores ni responsables directivos del centro, ni por falta acreditada de vigilancia sobre parámetros distintos de los usuales en una actividad normal y programada en el centro, en el que se acababa de celebrar un festival navideño.

Ni hubo, en ese sentido, acontecimiento extraordinario que hubiera obligado a intervenir y cuya omisión propiciase la responsabilidad del centro. Porque una cosa es que la responsabilidad patrimonial de la Administración se haya objetivado en considerables proporciones, y otra muy distinta que por el mero hecho de haberse producido una lesión en el interior de un colegio público, en el curso de juegos infantiles más o menos normales y habituales y aparentemente desprovistos de una evidente y palmaria peligrosidad, tenga que responder la Administración Pública. De igual manera, no se puede anudar, así, el daño a la gestión pública, al tratarse de una actividad ordinaria.

De hecho, habrá que remarcar que la objetividad en la responsabilidad patrimonial habría de ligarse necesariamente a una hipotética falta de vigilancia de los menores, algo que no se ha probado, y porque no puede ser exigible un control absoluto, hasta el más mínimo detalle, del comportamiento de cada alumno en cada instante, sobre todo cuando no existía objeto peligroso alguno en las inmediaciones de la menor desgraciadamente lesionada, ni podía ser calificado como tal la zona de arenero.

Destáquese, en este sentido, que no puede asumirse sin más la versión que proporciona la menor lesionada, aunque se vea corroborada por testimonios de padres o madres de otros niños de la clase, en todo caso indirectos puesto que no presenciaron los hechos sino que tuvieron conocimiento de los mismos por terceras personas, siendo así que firmaron todos un documento redactado por los padres de la menor Flor, idéntico para cada uno.

Sin embargo, consta por escrito un informe - más allá de que no hayan declarado como testigos- de algunos profesores que sí estaban presentes aquel día, articulado indebidamente como informe de parte al constituir un híbrido entre dicho informe y manifestación de conocimiento de testigos. Obsérvese, por otro lado, que la atención a la menor fue inmediata, ya la recogiera del suelo una profesora o recibiera ésta a Flor de manos de otra compañera a los pocos instantes de la caída.

Contribuye a la confusión acerca de la realidad de los hechos, y por ende de la aducida pero no probada -según entendemos- relación de causalidad, el que las circunstancias meteorológicas del día del accidente disten de arrojar la claridad que pretenden los actores. En efecto, se insiste con reiteración por la demanda en que en días previos al día citado, veintidós de diciembre, nevó copiosamente en la localidad, y que en el patio había placas de hielo.

Sin embargo, sin tener que acudir siquiera a documentos emitidos o requeridos por la Administración demandada, de la propia documentación aportada por la parte recurrente, consistente en certificado de la Agencia Estatal de Meteorología, resulta que en la estación metereológica más cercana a la localidad donde se encuentra el colegio, no se registró precipitación alguna desde dos días antes al de la caída, que se produjo además en horas de mediodía, aunque ciertamente se registraron temperaturas mínimas de entre cinco y ocho grados bajo cero, suponemos que en horas nocturnas.

Como quiera que el dato del hielo queda en total nebulosa; que se niega en documentación fiable la existencia de nieve en días previos; que resulta significativo que la reclamación inicial de los padres de la menor no mencionara condiciones climatológicas adversas, sino únicamente la predicada negligencia en el cuidado y vigilancia de la menor; y que, en fin, no intervino en los hechos persona distinta de la propia menor lesionada, podrá denominarse “mala suerte” en expresión coloquial y tradicional para estos casos, o jurídicamente decirse que no existe relación de causalidad probada entre el funcionamiento de un servicio público y la lesión sufrida por la menor Flor, pero la consecuencia, al final, debe ser la desestimación de la acción entablada (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de fecha 4 de noviembre de 2013).

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La indemnización de daños y perjuicios derivada de un accidente de trabajo

Se exige de forma inexcusable la concurrencia de una conducta empresarial, de un ilícito o incumplimiento laboral, relacionado directamente, por tanto, con el haz de derechos y obligaciones que derivan del contrato de trabajo que une a las partes. La producción de un daño y, finalmente, el enlace causal entre éste y el actuar empresarial contraventor de una obligación. Relación que jurisprudencialmente se construye bajo el principio de la “causa adecuada”, por la que se impone la exigencia de valorar, en cada caso concreto, si el antecedente se presenta como causa necesaria del efecto lesivo producido, de tal manera que “el cómo y el por qué” se produjo éste “constituyen elementos definitorios del contenido de aquella relación causal”.

Para la concesión de la indemnización de daños y perjuicios, derivada de un accidente de trabajo, debe quedar acreditada una culpabilidad grave por parte de la empresa, de mayor entidad que de la que pueda derivar un recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad, pues si no, en todo accidente de trabajo que proceda un recargo por falta de medidas de seguridad, procedería asimismo la indemnización de daños y perjuicios, y ya la estimación del recargo de prestaciones conllevaría automáticamente la indemnización de daños y perjuicios, lo cual, evidentemente no tiene por qué concurrir en todos los supuestos de accidente de trabajo, siendo por ello necesario, conforme quedó expuesto, que quede acreditada una mayor culpabilidad en el empresario, en la producción del accidente.

Por ello debe de valorarse la no existencia o no de sanción por incumplimiento de medidas de seguridad por parte de la empresa, o, al menos, la existencia o no de una actuación inspectora en materia de averiguación del siniestro que ocasionó a la trabajadora las lesiones definitivas que presenta, constando en los hechos probados -cuarto- la existencia de actuación inspectora y su conclusión, con propuesta de sanción por la comisión de falta muy grave, sanción que ha sido impuesta, si bien no consta que sea firme.

En el caso concreto que analizamos hoy, consta que el Instituto Nacional de la Seguridad Social impuso a la UTE, a instancias de la Inspección de Trabajo, recargo por falta de medidas de seguridad, en un porcentaje del 50%.

Igualmente debe valorarse si la empresa adoptó algún tipo de medida preventiva o de seguridad a fin de eliminar, o, al menos, disminuir los riesgos que para el trabajador pudieran resultar de la realización de su trabajo, constando en el hecho probado séptimo que la UTE tenía un plan de evaluación de riesgos en el que se preveía el riesgo de atropello y se fijaban como medidas preventivas: señalar que se están realizando trabajos en la vía con distancia suficiente, emplear chalecos reflectantes y avisar a la Guardia Civil si fuese preciso cortar la vía, habiéndose adoptado las dos primeras medidas, en el carril en el que estaban trabajando, sentido Porriño -hecho probado sexto-, además de establecer patrullas formadas por dos empleados y una encargado un supervisor de las obras, que van inspeccionando las patrullas y que el día del siniestro y antes de acaecer el mismo habían pasado por el lugar -hechos probados quinto y sexto-. (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de fecha 26 de julio de 2013).

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¿Quién responde de los perjuicios causados a terceros en la ejecución de las obras?

En los casos en los que la realización de la obra se encarga a un contratista, la responsabilidad corresponde exclusivamente a éste, como contratista independiente, siempre que dicho contrato no sea determinante de una relación de subordinación o dependencia entre la empresa promotora y la contratista.

La extensión de la responsabilidad al comitente solo se puede justificar cuando la propiedad o promotora de la obra tiene el control de la misma y el ejecutor “se encuentra incardinado en su organización, correspondiéndole al promotor el control, vigilancia y dirección de las labores encargadas”, y extiende también la responsabilidad por los daños a terceros cuando el comitente encarga la obra a personal no “cualificado profesionalmente con suficientes conocimientos para un ejercicio normalmente correcto de la lex artis,… pues ello es determinante de la responsabilidad por hecho de otro, según la interpretación jurisprudencial del artículo 1903 del Código Civil.

En la ejecución de una obra encargada a una empresa o profesional respecto del cual no existe relación de subordinación con el comitente o dueño de la obra, falta toda razón esencial para aplicar el art. 1903 del Código Civil, puesto que el ejecutor tiene autonomía en su organización y medios, y es él quien debe asumir los riesgos inherentes al cometido que desempeña. Y la responsabilidad del comitente se limita a los supuestos en que se hubiera reservado participación en los trabajos sometiéndolos a su vigilancia o dirección, o de que se trate de una promoción inmobiliaria con ánimo de lucro, en el que cabe imponer la asunción de los riesgos por la obtención de provechos mercantiles de la obra, y porque cabe inferir dependencia en su ejecutor material.

También puede incorporarse al vínculo de responsabilidad extracontractual al comitente en aquellos supuestos en los cuales se demuestre la existencia de culpa “in eligendo” en la selección del contratista, cuya concurrencia depende de que las características de la empresa contratada para la realización de la obra no sean las adecuadas para las debidas garantías de seguridad, caso en el que podrá apreciarse la existencia de responsabilidad, que las más moderna doctrina y jurisprudencia no consideran como una responsabilidad por hecho de otro amparada en el artículo 1903 del Código Civil , sino como una responsabilidad derivada del artículo 1902 del Código Civil por incumplimiento del deber de diligencia en la selección del contratista.

El propietario de la obra se limitó a contratar la ejecución de la edificación con personas que se suponían capacitadas y, con la titulación profesional adecuada al efecto, -como fueron un arquitecto, un aparejador y diversos encargados parciales de la obra- sin que aquélla tuviera ningún tipo de intervención en la dirección y ejecución de los trabajos, ni consta tuviese conocimiento de la situación de riesgo que, en definitiva, provocó el siniestro (Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de fecha 12 de julio de 2013).

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Responsabilidad por parto vaginal habiendo sufrido una cesárea anterior

El médico, en su ejercicio profesional, es libre para escoger la solución más beneficiosa para el bienestar del paciente poniendo a su alcance los recursos que le parezcan más eficaces en todo acto o tratamiento que decide llevar a cabo, siempre y cuando sean generalmente aceptados por la Ciencia médica, o susceptibles de discusión científica, de acuerdo con los riesgos inherentes al acto médico que practica, en cuanto está comprometido por una obligación de medios en la consecución de un diagnóstico o en una terapéutica determinada, que tiene como destinatario la vida, la integridad humana y la preservación de la salud del paciente.

Esta alternativa se plantea en los casos de partos que culminan el embarazo: el vaginal y la cesárea, y en ambos la diligencia del buen médico comporta no sólo la elección adecuada, sino el cumplimiento formal y protocolar de las técnicas previstas para cada uno conforme a una buena praxis médica y con el cuidado y precisión exigible de acuerdo con las circunstancias y los riesgos inherentes a la intervención según su naturaleza y circunstancias.

Lo que ocurrió en este caso es que se intentó el parto vaginal tras uno anterior culminado con cesárea, lo que le convertía en un parto de riesgo que los ginecólogos deben conocer e identificar para evitar los problemas que pudieran derivarse, pues ello forma parte de su actividad.

La complicación mas grave es la que se materializó en este caso, de rotura uterina, y los factores de su incremento, la no existencia de otro parto vaginal previo, la inducción al mismo y los intervalos entre partos inferiores a 18 meses. Sin duda es posible intentar esta forma de parto, pero siempre que exista una monitorización bien controlada, con vigilancia fetal continua, y lo cierto es que, no solo no obra en autos registro cardiotocográfico para la evaluación fetal ni que tuviera lugar fuera del partograma si aportado entre las 13 y las 15 horas, siendo en la última grafica que este describe cuando tuvo lugar la advertencia de que existía bradicardia y una hepertonía uterina, sino que la decisión se adoptó se hizo sin informar a la actora de todos los riesgos descritos, como declara probado la sentencia.

No se ignora que la actividad médica no está desprovista de riesgo y los criterios de objetivación de la responsabilidad profesional sanitaria están vedados por la jurisprudencia, pero lo que no puede el médico es incrementar de forma innecesaria e inadecuada los riesgos que ya en si mismo tiene el acto médico y hacer participe de los mismos a la paciente sin una previa y detallada información y consentimiento expreso de esta, cuando era posible hacerlo (Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 18 de junio de 2013).

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Los errores en las transferencias bancarias

Existe una instrucción del Banco de España se refiere al tema de la responsabilidad en las transferencias bancarias. La instrucción vigésima determina que, sin perjuicio de lo fijado en el punto 5 de la norma séptima de la circular del Banco de España 5/1991, la entidad destinataria o beneficiaria de una transferencia será responsable de las posibles incidencias si efectúa el abono en una cuenta distinta de aquella a la que corresponda el código cuenta cliente recibido.

En el caso resuelto por la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de fecha 28 de marzo de 2007, el banco se apoya en esta disposición para entender que no le incumbe responsabilidad alguna, puesto que ella abonó los importes transferidos a la cuenta indicada por el código cuenta cliente facilitado por la entidad transferente.

A su vez, el cliente invoca esa circular 5/1991, cuyo norma séptima punto 5 establece que las entidades adheridas al sistema serán responsables, como entidades receptoras, de abonar correctamente cada transferencia al beneficiario, de acuerdo con la información recibida en la transmisión. El banco recibió información sobre la beneficiaria de las transferencias y, sin embargo, las abonó en una cuenta de la que no era titular dicha beneficiaria, de lo que nacería la responsabilidad.

Si se consideran las cosas desde la perspectiva de la instrucción, puede pensarse que, en efecto, para el banco no nacería responsabilidad del hecho de no haber comprobado la titularidad de la cuenta en que abonó el dinero. Pero a dicho banco se le facilitó la identidad de la beneficiaria de las transferencias. Por tanto, la identidad de la beneficiaria consta en la información transmitida y lo cierto es que el banco no abonó las transferencias de acuerdo con esa información.

Si aplicamos lo dispuesto en la circular 5/1991del Banco de España,  no hay más remedio que afirmar que existe responsabilidad del banco, porque no abonó el dinero de acuerdo con la información recibida: lo puso en cuenta titularidad de persona distinta.

No obstante, también hubo una incorrecta actuación del cliente a la hora de facilitar el número de la cuenta en que debía producirse el abono. El mismo admite que sufrió un error. Por lo tanto, no resulta posible eludir las consecuencias de esa equivocación del cliente, porque el banco no tuvo en cuenta la identidad de la beneficiaria, pero el cliente facilitó mal el número de la cuenta.

Fue la conjunción de esos dos factores lo que produjo la pérdida económica que sufrió el cliente. Hubo, por tanto, dos concausas en esa pérdida y no resulta posible imputar sus consecuencias, exclusivamente, a la autora de una sola de ellas. Así se procede en los casos en que se aprecia concurrencia de culpas en la causación de perjuicios, en el ámbito de la contratación o fuera de él. En consecuencia, se disminuirá la indemnización en un cincuenta por ciento.

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La responsabilidad de los promotores por vicios en la construcción

El promotor ni diseña ni ejecuta o vigila la obra, al ser funciones propias de los demás agentes que intervienen en el proceso constructivo, si bien lo idea, lo controla, administra y dirige a fin de incorporar al mercado la obra hecha.

La responsabilida del promotor no es por culpa extracontractual, ya que  en ningún caso resultaría condenada solidariamente en un proceso por vicios constructivos pues, como tal, nunca construye, ni puede por tanto causar el daño propio de los demás agentes.

La responsabilidad de los promotores no es por tanto por culpa extracontractual, sino que opera dentro del ámbito jurídico del artículo 1591 del Código Civil, en relación al 1596, como responsabilidad profesional, por tratarse de supuesto de ruina, y darse las razones que recoge la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 24 de mayo de 2013:

a) Que la obra se realiza en beneficio del promotor.

b) Que se destina al tráfico mediante la venta a terceros.

c) Que los adquirentes confían en su prestigio profesional.

d) Que es el promotor quien elige y contrata a los técnicos y al constructor.

e) Que al adoptar criterio contrario produce desamparo o limita a los futuros compradores, frente a la mayor o menor solvencia del resto de los intervinientes en la construcción.

Estos criterios de jurisprudencia, han sido incorporados a la Ley de Ordenación de la Edificación en la que el promotor figura como uno más de los Agentes que la misma refiere, bien es cierto que con una ampliación del concepto al no venir ya caracterizado como el mero beneficiario del negocio constructivo.

Y si no fuera por la declaración inicial contenida en el artículo 17, relativo a que “las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de edificación responderán frente a los propietarios y adquirentes de los edificios…”, se podría decir que la Ley constituye al Promotor en responsable exclusivo de los defectos constructivos, o lo que es igual, en garante de la calidad del producto final elaborado (viviendas).

El promotor, dice el artículo 17.3, responde solidariamente, “en todo caso” con los demás agentes intervinientes ante los posibles adquirentes de los daños materiales en el edificio ocasionado por vicios o defectos de construcción. Significa que responde aun cuando estén perfectamente delimitadas las responsabilidades y la causa de los daños sea imputable a otro de los agentes del proceso constructivo, pues otra interpretación no resulta de esas palabras “en todo caso” con la que se pretende unir a responsables contractuales con extracontractuales o legales y con la que se establece la irrenunciabilidad de la misma.

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Reclamación por los daños sufridos en una pista de karting

El caso real que analizamos hoy es el siguiente: el Sr Felix se salió de la calzada del circuito de Karting debido a una negligente actuación por su parte, ya por su impericia en la conducción del kart en el que circulaba, ya por conducir el mismo a una velocidad excesiva.

No obstante, lo que debemos realmente decidir es, en primer lugar, si las lesiones sufridas por el Sr Felix y secuelas de las mismas derivadas, con causa en el impacto contra la pared o muro del circuito de Karting, no protegido con barrera alguna, son única y exclusivamente imputables a su actuación negligente, o si cabe imputar algún tipo de responsabilidad en el resultado dañoso referido a la empresa propietaria del circuito de Karting.

En segundo lugar, y en su caso, el cuantum de responsabilidad de esta última entidad en el resultado dañoso referido, en tanto que debemos recordar que la responsabilidad no puede ser calificada por el resultado, sino por la concurrencia de los elementos sobre culpabilidad y relación de causalidad.

La Audiencia Provincial de Madrid, en su Sentencia de fecha 7 de marzo de 2013, declara que la responsabilidad debe ser repartida entre el cliente y la empresa propietaria del circuito de Karting al 50%, condenando a ésta al pago de 30.000 euros al cliente. Los argumentos fueron los siguientes:

a) Si bien es cierto que no toda infracción reglamentaria puede ser calificada, en su caso, como causa eficiente de un daño, el hecho de que la empresa de Karting hubiera seguido las recomendaciones en materia de seguridad respecto del circuito que explotaba, o el hecho de que éste se encontrara homologado para la práctica de determinadas competiciones deportivas, no excluye tampoco por sí mismo la responsabilidad de aquélla, en su caso, en cualquier resultado dañoso ocurrido en sus instalaciones.

b) El efectuar un recorrido con kart en una pista trazada al efecto supone una actividad deportiva que conlleva cierto grado de riesgo, como ya hemos indicado, sin que ello comporte que este riesgo por sí solo y al margen de otro factor sea fuente de la responsabilidad de quien explota estas pistas de karts; ahora bien, lo que es igualmente cierto es que quien explota un negocio para la práctica de una actividad de riesgo, como la que hemos señalado, debe adoptar las medidas necesarias para evitar no sólo los riesgos propios de la práctica de tal actividad, sino las consecuencias lesivas o derivadas de aquéllos.

c) D. Felix no era un profesional dedicado al mundo de las carreras de karts, sino simplemente un aficionado a circular en coches de karts por un circuito al efecto, y cuando acudió al circuito de Karting, aún asumiendo que una actividad como la que iba a realizar, de circular en un kart por un circuito especial, comportaba un riesgo, no obstante debemos suponer que lo hizo confiado precisamente en que más allá del riesgo de la conducción del kart que debía asumir, los encargados del circuito en cuestión habrían tomado las medidas de prudencia y atención necesarias para evitar, disminuir o reducir las consecuencias que una incorrecta conducción de dichos vehículos pudiera conllevar.

d) Entendemos que quien explota como negocio la práctica de una actividad de riesgo, asume que debe adoptar las medidas, prevenciones o cuidados no solo exigidos reglamentariamente, sino también el de todas aquellas medidas que la prudencia le impone para prevenir el daño.

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Responsabilidad por el ahogamiento en una piscina

La jurisprudencia del Tribunal Supremo viene declarando que para apreciar responsabilidad en los casos de daños personales con ocasión de bañarse en una piscina es preciso o bien que los vigilantes no se hallen en el lugar del accidente  o que no exista personal adecuado de vigilancia o que el propietario de la piscina no haya cumplido las exigencias administrativas que determinan la autorización de la apertura o que se creen riesgos que agraven los inherentes al uso de una piscina  o cualquier otro análogo que permita fundar el reproche culpabilístico.

Sin embargo, la presencia de alguno de esos factores tendrá que ponerse en relación con todas las demás circunstancias concurrentes (capacidad de discernimiento de la víctima, conocimiento de las condiciones de la piscina, actuación de la propia víctima).

El puesto de vigilante desde un punto obligado es el propio de las playas, donde las distancias son difícilmente controlables, pero por el contrario, es insólita y fuera de todo uso en las piscinas por razón de lo reducido de superficie de agua en la que una vigilancia posicional como en el caso presente, no consigue con la rapidez deseable prestar el auxilio necesario”; y finalmente, el juicio de imputación requiere decidir si cabe poner el daño a cargo, en este caso, de la comunidad de propietarios propietaria de la piscina.

Pues bien, en función de todo lo anteriormente razonado debe concluirse que el motivo ha de ser desestimado, porque pese a la momentánea falta de presencia de ninguno de los dos socorristas en el puesto elevado de vigilancia de la piscina, también se declara probado, por una parte, que el socorrista que en ese momento atendía a un lesionado en una dependencia aneja y próxima a la piscina acudió de forma inmediata a prestar ayuda a la víctima y, por otra, que ésta, un hombre de 40 años de edad según la propia demanda, había sido usuario habitual de la piscina a lo largo del año y conocedor de sus características, de sus diversas zonas y del concreto punto en que se iniciaba el desnivel; que la señalización de este desnivel era más que suficiente y, en fin, que la víctima no sabía nadar, a lo que se une que, según los hechos de la demanda, se encontraba en compañía de dos amigos, todo lo cual conduce a considerar que el hecho dañoso se produjo dentro del ámbito de competencia de la víctima, por una conducta ciertamente poco explicable pero cuyas consecuencias no cabe poner a cargo de la comunidad de propietarios demandada (Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 6 de junio de 2007).

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