Anulación de multa de tráfico por defectuosa notificación

Una persona impugna la resolución de fecha 30 de septiembre de 2011 que desestima el recurso de reposición interpuesto contra la resolución de 2 de junio de 2011, que impone a la recurrente una sanción de multa de 300 Euros por la infracción del art. 65.5.j) del R.D. Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, que aprueba el Texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos de motor y seguridad vial, infracción consistente en no identificar el titular del vehículo, debidamente requerido para ello, al conductor responsable de la infracción en el plazo establecido.

La recurrente solicita en su escrito de demanda la estimación del recurso, la anulación de sanción impuesta y la devolución de la cantidad abonada en tal concepto, con los intereses correspondientes y solicitando la condena en costas de la Administración demandada.

La parte demandada se opone a las pretensiones de la actora.

Alega la actora la defectuosa notificación de los diferentes trámites del expediente administrativo, hasta llegar a la resolución sancionadora, por cuanto aquélla se practicó en un domicilio distinto al de la mercantil actora.

Así, tal como consta a los folios 5 y 14 las notificaciones del requerimiento de identificación del conductor del vehículo propiedad de la recurrente y de incoación del expediente sancionador fueron dirigidas al núm. 9 de la Avda. Can Trabal de Sant Cugat del Vallés, cuando, como acredita el permiso de circulación del vehículo y la documental aportada en fase de prueba por la actora, en ese término municipal y Avenida, el número en el que había tenido domicilio la actora es el 7, no el 9.

Tal conclusión no queda desvirtuada por el hecho de que en el Registro de conductores constara -como acredita la demandada en fase probatoria- como domicilio el número 9 de la citada Avenida del también citado término municipal, pues obviamente ello responde a un error numérico, toda vez que no se ha probado vinculación alguna -salvo la citada certificación- entre la actora y el domicilio de Avda. Can Trabal núm. 9 de Sant Cugat del Vallés.

La propia escritura de poderes acompañada al presente recurso refiere el domicilio de Avda. Can Trabal núm. 7 y aun cuando resulte que en julio de 2011 (documento 3 acompañado al escrito de demanda) la actora se había trasladado a Barcelona, ello no es óbice para considerar que el domicilio donde se practicó la notificación era erróneo, aun cuando dicho error no fuera atribuible a la Administración quien, una vez puesto de manifiesto el entuerto no ha efectuado actuación comprobatoria alguna ni lo ha subsanado.

Procede por ello estimar el recurso contencioso administrativo, atendido que las resoluciones recurridas son nulas de pleno derecho a tenor del art. 62.1.e) dela Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones públicas y del Procedimiento administrativo común, al haberse efectuado el requerimiento de identificación del conductor del vehículo y las sucesivas notificaciones del expediente sancionador en domicilio distinto al de la recurrente y causándole indefensión al no permitirle identificar a aquel conductor y, por ello, evitar la sanción que le fue impuesta (Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Barcelona de fecha 3 de julio de 2013).

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Multa de tráfico anulada por falta de motivación

Vamos a analizar la anulación de una multa de tráfico impuesta por no identificar al conductor del vehículo. Se puso una sanción de 1.500 euros, sin explicación alguna. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Salamanca, a través de la Sentencia de fecha 28 de enero de 2008, anuló la sanción y rebajó la cuantía de la multa a 300 euros.

Teniendo en cuenta que no aparece en la resolución impugnada ninguna motivación o fundamentación que exprese la razón que ha llevado a la autoridad administrativa a imponer a la recurrente la sanción en su grado máximo de 1.500 €, no expresándose en la resolución cuáles sean las circunstancias que han motivado aplicar ese grado máximo, pues ha de partirse de que el tramo para la sanción de multa de la infracción muy grave por la que ha sido sancionada la recurrente, comprende desde 301 a 1.500 € de acuerdo con el art. 67.2 en relación con el art. 65.5 i) del Texto Articulado de la Ley Tráfico, circulación de vehículos de motor y seguridad vial, se entiende que tal falta de motivación en cuanto a la graduación de la sanción origina indefensión a la recurrente, que se le ha impedido combatir los criterios en que se basa la Administración para imponer aquella sanción por desconocer los mismos, lo cual impide también el control judicial, no pudiendo valorar si está justificada la aplicación de aquella sanción en referido grado máximo al no existir motivación alguna en este sentido, resultando preciso en estos casos que la Administración exprese las concretas razones por las que decide imponer el referido grado máximo ponderando las circunstancias concurrentes, siendo que esta falta de motivación en cuanto a la graduación de la sanción, constituye motivo suficiente para estimar en parte este recurso y anular en consecuencia parcialmente la resolución impugnada en el sentido de reducir la sanción impuesta al mínimo legal de 301 € como consecuencia de la comisión de aquella infracción muy grave.

Ha de advertirse, además que se aprecia en este caso vulneración del principio de proporcionalidad en la graduación de la sanción, que también se alegaba en la demanda como motivo de nulidad, ya que el artículo 131.3 de la Ley 30/1.992 establece que, en la imposición de sanciones por las Administraciones Públicas, se deberá guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, indicándose a continuación una serie de criterios para la graduación de la sanción a aplicar, concretamente la intencionalidad o reiteración, la naturaleza de los perjuicios causados y la reincidencia.

A su vez el artículo 69.1 del Texto Articulado aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 10 Marzo, aclara que las sanciones previstas en esta Ley se graduarán en atención a la gravedad y trascendencia del hecho, a los antecedentes del infractor y al peligro potencial creado.

El Tribunal Supremo viene manteniendo que el principio de proporcionalidad de las sanciones no puede sustraerse al control jurisdiccional y que la discrecionalidad que se otorga a la Administración debe ser desarrollada ponderando en todo caso las circunstancias concurrentes al objeto de alcanzar la necesaria y debida proporcionalidad entre los hechos imputados y la responsabilidad exigida.

Teniendo en cuenta esos preceptos legales y criterios jurisprudenciales, debe entenderse a todas luces riguroso y desproporcionado sancionar los hechos en su grado máximo, sin dejarse constancia ni colegirse por dato alguno de cualquier circunstancia relativa a personas, tiempo o lugar, o a antecedentes infractores, que revelen una agravación de la conducta infractora.

En consecuencia, estimándose vulnerado también referido principio de proporcionalidad procede anular parcialmente la resolución recurrida, rebajando la sanción impuesta a la mínima legal de 301 €.

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¿Qué sucede si no se paga un impuesto o una multa y no se tienen bienes embargables?

Se considerarán fallidos aquellos obligados al pago de algún impuesto o sanción respecto de los cuales se ignore la existencia de bienes o derechos embargables o realizables para el cobro del débito.

En particular, se estimará que no existen bienes o derechos embargables cuando los poseídos por el obligado al pago no hubiesen sido adjudicados a la Hacienda pública de conformidad con lo que se establece en el artículo 109 de la Ley General Tributaria.

Asimismo, se considerará fallido por insolvencia parcial el deudor cuyo patrimonio embargable o realizable conocido tan sólo alcance a cubrir una parte de la deuda.

La declaración de fallido podrá referirse a la insolvencia total o parcial del deudor.

Son créditos incobrables aquellos que no han podido hacerse efectivos en el procedimiento de apremio por resultar fallidos los obligados al pago.

El concepto de incobrable se aplicará a los créditos y el de fallido a los obligados al pago.

Una vez declarados fallidos los deudores principales y los responsables solidarios, la acción de cobro se dirigirá frente al responsable subsidiario.

Si no existieran responsables subsidiarios o, si existiendo, éstos resultan fallidos, el crédito será declarado incobrable por el órgano de recaudación.

La declaración total o parcial de crédito incobrable determinará la baja en cuentas del crédito en la cuantía a que se refiera dicha declaración. Dicha declaración no impide el ejercicio por la Hacienda pública contra quien proceda de las acciones que puedan ejercitarse con arreglo a las leyes, en tanto no se haya producido la prescripción del derecho de la Administración para exigir el pago.

La declaración de fallido correspondiente a personas o entidades inscritas en el Registro Mercantil será anotada en éste en virtud de mandamiento expedido por el órgano de recaudación competente. Con posterioridad a la anotación el registro comunicará a dicho órgano de recaudación cualquier acto relativo a dichas personas o entidades que se presente a inscripción o anotación.

Declarado fallido un obligado al pago, las deudas de vencimiento posterior a la declaración se considerarán vencidas y podrán ser dadas de baja por referencia a dicha declaración, si no existen otros obligados al pago.

El órgano de recaudación vigilará la posible solvencia sobrevenida de los obligados al pago declarados fallidos.

En caso de producirse tal circunstancia y de no mediar prescripción, procederá la rehabilitación de los créditos declarados incobrables, reanudándose el procedimiento de recaudación partiendo de la situación en que se encontraban en el momento de la declaración de crédito incobrable o de la baja por referencia.

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Anulación multa por exceso de velocidad: los cinemómetros

En relación con los datos obtenidos por los policías mediante el funcionamiento de cinemómetros,  gozan de una presunción iuris tantum de veracidad siempre que dichos aparatos hayan sido fabricados y hayan superado los controles establecidos por la normativa técnica vigente en cada momento, y así resulte acreditado, además, mediante las correspondientes certificaciones de naturaleza técnica.

La referida presunción puede, lógicamente, ser destruida mediante la práctica de las pertinentes pruebas. Ahora bien, dada la peculiar naturaleza de este tipo de aparatos, caracterizados por su gran precisión y fiabilidad desde un punto de vista técnico, y los exhaustivos controles técnicos a los que reglamentariamente están sometidos para asegurar su satisfactoria operatividad (y que el art. 2 de la indicada Orden de 11 febrero de 1994 enumeraba: “aprobación de modelo”, “verificación primitiva”, “verificación después de reparación o modificación” y “verificación periódica”), es necesario, para que la práctica de la prueba solicitada resulte pertinente, que existan unas dudas mínimamente razonables sobre la corrección de su funcionamiento, por, entre otros supuestos imaginables, resultar de manera evidente una manipulación externa del aparato.

No constituye, sin embargo, una duda razonable para poner en cuestión la fiabilidad de este tipo de dispositivos la simple apreciación del conductor, sin ningún tipo de corroboración mínimamente objetiva, de que según el velocímetro de su vehículo circulaba a una velocidad inferior a la señalada en el cinemómetro.

En el caso resuelto por la Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 10 de marzo de 2008, considera el ciudadano sancionado que no cabe tener por probados el lugar y la fecha en que el cinemómetro detectó el exceso de velocidad, puesto que tales datos no fueron impresos mecánicamente por el cinemómetro sobre la fotografía tomada sino que fueron manuscritos sobre ella por el agente denunciante.

Así pues, lo que el sancionado reprocha no es un funcionamiento defectuoso del concreto aparato cinemómetro utilizado sino que la Administración haya tenido por probados datos —en este caso el lugar y fecha de la infracción— que no se coligen directamente del aparato medidor de la velocidad.

Ciertamente, aparecen manuscritos en la fotografía tanto la fecha como el número de antena y el punto kilométrico de la autovía en que fue tomada, tratándose de datos incorporados manualmente por el agente denunciante. Pero desde la perspectiva constitucional no resulta lesivo del derecho fundamental invocado que el órgano sancionador de la Administración considere probados el lugar y la fecha en que se comete una infracción mediante la manifestación escrita de sus agentes, habida cuenta de que la función propia de los aparatos cinemómetros es la de comprobar la velocidad del vehículo en un punto determinado; mientras que el resto de los datos que conforman la infracción —como el lugar, la fecha o el sentido de la marcha del vehículo— pueden ser acreditados con sujeción a las normas generales sobre la actividad probatoria.

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La culpabilidad necesaria para imponer sanciones tributarias

En el ámbito del Derecho tributario sancionador, el Tribunal Supremo ha venido construyendo en los últimos años una sólida doctrina en el sentido de vincular la culpabilidad del sujeto infractor a la circunstancia de que su conducta no se halle amparada por una interpretación jurídica razonable de las normas fiscales aplicables.

Especialmente, cuando la Ley haya establecido la obligación a cargo de los particulares de practicar operaciones de liquidación tributaria, la culpabilidad del sujeto infractor exige que tales operaciones no estén respondiendo a una interpretación razonable de la norma tributaria, pues si bien esta interpretación puede ser negada por la Administración su apoyo razonable, sobre todo si va acompañada de una declaración correcta, aleja la posibilidad de considerar la conducta como infracción tributaria, aunque formalmente incida en las descripciones del artículo 79 de la misma Ley General Tributaria.

Por ello, cuando el contribuyente no sustrae el conocimiento de los elementos determinantes de la base impositiva, sino que la rectificación obedece a una laguna interpretativa o a una interpretación razonable y discrepante de la norma, que la Administración entiende vulnerada por el sujeto pasivo y obligado tributario, no procede la imposición de sanciones puesto que para ellos se exige el carácter doloso o culposo de aquella conducta y no una simple discrepancia de criterios.

En consecuencia, la culpabilidad debe ser apreciada, en principio, en las infracciones administrativas en función de la voluntariedad del sujeto infractor en la acción u omisión antijurídica. Y, en tal sentido el Tribunal Supremo ha establecido el criterio de estimar que la voluntariedad de la infracción concurre cuando el contribuyente conoce la existencia del hecho imponible y lo oculta a la Administración tributaria, a diferencia de los supuestos en que lo declara, aunque sea incorrectamente, en razón a algunas deficiencias u obscuridades de la norma tributaria que justifican una divergencia de criterio jurídico razonable y razonada, en cuyo caso nos encontraríamos ante el mero error, que no puede ser sancionable.

Por ello el principio de culpabilidad constituye un elemento básico a la hora de calificar la conducta de una persona como sancionable, es decir, es un elemento esencial en todo ilícito administrativo, lo que supone analizar las razones expuestas por la recurrente como justificadoras del incumplimiento de sus obligaciones tributarias para descartar las que sean meros pretextos o se basen en criterio de interpretación absolutamente insostenibles.

En el caso resuelto por la Sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 3 de octubre de 2013, se entiende que la normativa aplicable no ofrece duda ni presenta oscuridad alguna respecto de la no deducibilidad de unos gastos cuyos servicios no resultan acreditados, no apreciándose la existencia ni de diligencia en la actuación de la hoy recurrente, ni de una interpretación razonable de la norma, y mucho menos de la buena fe que pretende, sino que, antes al contrario, ha resultado acreditada la culpabilidad de la actora a través de las actuaciones practicadas por la Inspección, siendo patente el perjuicio para la Administración.

De ahí que la Sala deba corroborar la inexistencia en este caso de una interpretación mínimamente razonable en orden a considerar como deducibles las facturas examinadas; máxime cuando, como acontece en este caso, los criterios fiscales acerca de la deducción de tales gastos están claramente en la Ley y Reglamento del Impuesto de Sociedades, por lo que hay que confirmar la calificación del expediente como infracción grave.

Asimismo, considera la Sala que existe motivación suficiente en el Acuerdo sancionador sobre las razones en que se basa la culpabilidad, conducta que, según se hace constar en el citado acuerdo, se califica como culpable con fundamento en los hechos probados, que han sido objeto de descripción y análisis detallado en el informe ampliatorio al acto y que, han sido silenciados por la parte en su escrito de demanda, que tampoco combate el criterio de graduación impuesto, por lo que necesariamente han de confirmarse las sanciones impuestas.

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Anulación de sanción al rebajarse posteriormente por Ley el plazo de prescripción

Los hechos que vamos a analizar son los siguientes:

1º.- Un velero de 14’92 metros de eslora naufragó en la zona del parque natural de Ses Salines en Formentera como consecuencia de un fuerte temporal, quedando embarrancado en zona rocosa e incrustado contra las rocas por su costado de babor.

2º.- Con posterioridad, el celador extiende boletín de denuncia al estar esa embarcación embarrancada en esa zona del parque natural de Ses Salines.

Encontrándose todavía el barco en ese lugar y sin haber sido enteramente retirado, la Demarcación de Costas insta un procedimiento sancionador contra la propiedad del barco al considera que esa ocupación era constitutiva de una falta prevista en el artículo 90 a) de la Ley de Costas. Esa resolución se notifica a la parte el 8 de agosto de 2007.

Con anterioridad, la Administración, en fecha 30 de mayo de 2007 había iniciado expediente sancionador contra la compañía aseguradora del velero, sin que conste la fecha de la notificación. Esa Compañía puso de manifiesto en escrito presentado el 27 de julio de 2007 que sólo era la aseguradora y que el tomador de la póliza de seguros era una tercera persona.

3º.- Ya iniciado el expediente contra la propietaria del velero el 27 de agosto de 2007, se presentó escrito de alegaciones en el que argumentaba falta de tipicidad de los hechos y falta de dolo o culpa con supuesto de fuerza mayor que excluía la responsabilidad de la armadora.

4º-. El 16 de abril de 2008 la Administración dicta propuesta de resolución sancionadora en la que propone sanción de multa de 3.586’84 euros para la hoy recurrente, como autora de una infracción leve del artículo 90 a) de la Ley de Costas y notificada a la parte se opone en escrito presentado el 15 de mayo de 2008 que alega caducidad del expediente y los mismos argumentos expuestos en el escrito inicial tras lo cual la Demarcación de Costas sanciona a la actora en Resolución de 18 de junio de 2008 notificada a la parte el 11 de julio de 2008.

 En la Resolución de la propuesta de Resolución se dice por la Administración al folio 40 vuelto del expediente “(…) a efectos de contabilizar los plazos de prescripción de la misma, decae por si sola tal alegación pro cuanto dicha infracción es una infracción tipificada como leve, como se ha expuesto anteriormente, siendo su plazo de prescripción de un año (artículo 92 de la Ley de Costas , debiéndose comenzar a contabilizar el plazo desde la fecha en que se acordó iniciar el procedimiento de sanción).”

En este caso el artículo 92 ha sido modificado por la Ley 2/2013, de 29 de mayo , que establece un plazo de seis meses para perseguir la infracción en caso de tratarse de una infracción leve, de forma que levantada Acta por el celador el 21 de septiembre de 2006, no es hasta el 30 de mayo de 2007 que la Administración inicia por vez primera expediente sancionador, no contra la recurrente, sino contra la compañía aseguradora sin que conste fehacientemente la notificación a esa parte de la iniciación del expediente, motivo por el cual debemos tener por cierta como notificación la fecha de presentación del escrito presentado por esa entidad aseguradora, que lo fue el 27 de julio de 2007.

Por lo tanto desde el 21 de septiembre de 2006 hasta el 27 de julio de 2007, e inclusive, hasta el 30 de mayo de 2007 que es cuando se dicta la Resolución iniciadora del expediente sancionador ya habían pasado más de seis meses desde que se tuvo cabal conocimiento de la infracción denunciada.

Siendo cierto que el plazo de prescripción era de un año según el antiguo artículo 92 de la Ley de Costas lo que permitía a la Administración la tramitación de ese expediente en esas fechas, el hecho de haber rebajado la ley el plazo de prescripción de las infracciones leves de un año a seis meses, hace que esa rebaja pueda y deba ser ahora aplicada de oficio, y ha de favorecer a la parte sancionada al tratarse de una modificación que le es claramente favorable (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares de fecha 30 de julio de 2013).

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Sanción tributaria por no declarar la venta de una vivienda

La Oficina Gestora de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) señala en el acuerdo que aprecia una omisión de la diligencia exigible al haber declarado exenta improcedentemente una ganancia patrimonial obtenida por la venta de un inmueble, así como haber declarado una deducción por adquisición de vivienda habitual improcedentemente.

La normativa tributaria, afirma, es clara al respecto, sin que de lugar a dudas interpretativas. Además la AEAT pone a su disposición servicios de ayuda e información, no existe error involuntario, ni una simple discrepancia, de criterios acerca del contenido de la disposición. Por lo tanto se demuestra el elemento intencional.

La mera regularización y la constatación de la ausencia del ingreso procedente, con arreglo a las normas legales, no determina de forma automática la realización del tipo infractor. Es indispensable que concurra el elemento subjetivo de la culpabilidad y que éste aparezca debidamente probado. Dicha prueba puede resultar de un análisis de los datos objetivos que obran en el expediente, de los que se deduzca la culpabilidad del sujeto pasivo.

El Tribunal Supremo recuerda que “las exigencias del principio de presunción de inocencia, en virtud del cual, «la carga de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie esté obligado a probar su propia inocencia», de manera que «no es el interesado quien ha de probar la falta de culpabilidad, sino que ha de ser la Administración sancionadora la que demuestre la ausencia de diligencia».

En efecto, «en el enjuiciamiento de las infracciones es al órgano sancionador a quien corresponde acreditar la concurrencia de los elementos constitutivos de la infracción, en este caso de la culpabilidad», de manera que «no es la recurrente quien ha de acreditar la razonabilidad de su posición, sino que es el órgano sancionador quien debe expresar las motivaciones por las cuales la tesis del infractor es “claramente” rechazable».

Y es que sólo cuando la Administración ha razonado, en términos precisos y suficientes, en qué extremos basa la existencia de culpabilidad, procede exigir al acusado que pruebe la existencia de una causa excluyente de la responsabilidad”.

A la vista de las circunstancias que concurren en este caso, y pese a que la demandante expresa que estamos ante un problema de prueba, la Sala estima que tanto la gestora como el TEAC han motivado la concurrencia de culpabilidad, de forma sucinta, pero apropiada. No puede aceptarse que haya un automatismo, derivado de la regularización, ni una deficiente explicación de la concurrencia del elemento de la culpa.

La Administración constata que no se ha declarado una ganancia patrimonial, que se ha considerado improcedentemente exenta, disfrutando de un beneficio de forma contraria a derecho. Y justifica la culpa en el hecho de que no encuentra motivos para hallar una dificultad en la aplicación de la norma, por lo que deduce que el comportamiento que motiva la liquidación provisional se debe a la falta de diligencia del sujeto pasivo, lo que encontramos adecuado en el caso particular examinado (Sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 24 de julio de 2013).

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9.000 euros de multa por captar aguas subterráneas sin autorización

La resolución administrativa que da origen al recurso contencioso administrativo, dictada por el Presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana de 16 de junio de 2011, sanciona al recurrente por la comisión de la infracción de detracción de aguas subterráneas de tres pozos sancionados con clausura en anterior procedimiento, regando 36,40 hectáreas de olivar, con imposición de multa de 9.010,13 euros, indemnización de daños de 2.293,20 euros, en concepto de daños, y proceder a cumplir con la orden de clausura impuesta.

El presunto infractor funda su recurso en los siguientes motivos: falta de tipicidad de la infracción, falta de responsabilidad, falta de motivación, impugnación de los daños que se imputan, vulneración del principio de tipicidad y proporcionalidad.

La conducta se tipifica conforme a la letra b) del artículo 116 de la Ley de Aguas: “La derivación de agua de sus cauces y el alumbramiento de aguas subterráneas sin la correspondiente concesión o autorización cuando sea precisa.” y se califica como menos grave con base en el art. 316. c) del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.

Conforme a lo expuesto, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en Sentencia de fecha 9 de julio de 2013, declara que la conducta se incardina en las infracciones imputadas y su calificación como menos grave es, en el momento en que se hizo. correcta.

El problema que se plantea con la aplicación del art. 320 RDPH es su contradicción con el art.117.1 TRLA, que atribuyen a las sanciones menos graves una multa entre 6.010,13 euros a 30.050,61 euros, mientras que el art. 320 fija multas inferiores al límite mínimo dependiendo de los daños causados.

El art. 320 RDPH no resulta de aplicación por ser contrario al art. 117 TRLA y contravenir las cuantías de la multa que impone, infringiendo el principio de jerarquía normativa por ser la norma reglamentaria contraria a una norma con rango de ley y, además, posterior a aquélla, con lo que debía entenderse derogada por aplicación de la cláusula derogatoria que se contiene en la Disposición Derogatoria Única del Real Decreto Legislativo.

No obstante, esta cuestión ha quedado definitivamente zanjada pues el Real Decreto 849/1986, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, ha sido modificado por Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio.

Por lo que aquí interesa, y dado que la infracción se tipifica conforme a la letra b) del artículo 116, 3 que tipifican la derivación de agua de sus cauces y el alumbramiento de aguas, y ello no va en función de los daños causados, sino que es una acción autónoma que sólo puede ser calificada como infracción menos grave, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 316, la infracción está correctamente tipificada.

En el presente caso, el infractorr ha sido sancionado y se impone una multa en atención a la reiteración por tratarse de pozos con orden de clausura, y se impone la multa de 9010,13, que está dentro del grado mínimo con lo cual la sanción, por tanto, está justificada y motivada, se ajusta al art. 117.1 TRLA y, por tanto, debe confirmarse, al igual que la indemnización por daños, habida cuenta que el infractor en modo alguno ha demostrado que la valoración sea incorrecta.

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Sanción por cazar sin disparar un arma

En el relato de los hechos probados de la resolución sancionadora se imputa al cazador, junto a otra persona, la acción de cazar desde un vehículo, portando al efecto un rifle y un foco móvil, ejerciendo esa acción en un terreno sometido a régimen cinegético especial.

El tipo infractor en el que la resolución subsume estos hechos es el previsto en el artículo 46.8 en relación con el 8 de la Ley 2/1989, de 6 de junio, de Caza del Principado de Asturias , y consiste en “cazar en terrenos sometidos a régimen cinegético especial sin permiso, así cuando no se haya cobrado pieza alguna”.

Los hechos imputados están recogidos en una denuncia formulada por la patrulla del SEPRONA, por lo que la mencionada denuncia goza de la presunción de veracidad que al efecto prevé el artículo 137.3 de la Ley 30/1992.

Sin embargo esos mismos hechos fueron objeto de un proceso penal seguido por un presunto delito de tenencia ilícita de armas, en el que el recurrente y su acompañante eran imputados y en el que solo fue condenado este último, siendo el recurrente absuelto.

Aunque el proceso penal se siguió por la comisión de un delito de naturaleza jurídica distinta a la infracción sancionada en la resolución impugnada por razón del bien jurídico protegido, no es menos cierto que los hechos enjuiciados eran los mismos, y de ellos se desprende claramente que la acción, disparar el único arma que se portaba, no la realizó el aquí recurrente cuya acción consistió en alumbrar con un foco mientras su compañero disparaba.

El artículo 137.2 de la Ley 30/92 , señala que los hechos probados en una resolución judicial firme vincularán a las Administraciones Públicas respecto de los procedimientos sancionadores que se sustancien. Debemos determinar, en consecuencia, esa interrelación en el caso que se decide, y en este sentido ha de señalarse que la acción cometida por el aquí recurrente, que como hemos dicho ha resultado probada en el relato de hechos probados de la sentencia ya varias veces referida del Juzgado de lo Penal nº 2 de Oviedo, fue la de alumbrar con un foco desde el coche mientras su compañero disparaba.

El hecho imputado en la resolución administrativa impugnada  es la de cazar en terreno sometido a régimen cinegético especial, aun cuando no se haya cobrado pieza alguna, y como establece el art. 2 de la Ley 2/89, de 6 de junio, de Caza del Principado de Asturias, la acción de cazar no consiste solo en disparar un arma, sino también en cualquier otra acción en la que utilizando armas u otros objetos se busque atraer o perseguir animales a fin de darles muerte, apropiarse de ellos o facilitar su captura por un tercero.

Esto es lo que ha acontecido en el caso que se decide, cuando la persona sancionada  alumbraba con un foco para atraer y paralizar a la pieza con una acción necesaria e ineludiblemente conexa a la acción de disparar y cazar (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de fecha 27 de mayo de 2013).

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Sanción por deducción del IVA de facturas “dudosas”

El tema que nos ocupa se refiere a si la contribuyente tiene derecho o no a deducir como Impuesto sobre el Valor Añadido soportado el derivado de una serie de facturas expedidas por una serie de personas y entidades, que, mientras que la contribuyente sostiene que son reales y efectivas, más allá de sus defectos formales, pues responden a trabajos subcontratados por ella a esas personas físicas y jurídicas, sin embargo la Administración fiscal (inspección tributaria) sostiene que la mayor parte de las facturas expedidas por esas personas, además de no reunir los requisitos que formalmente establece la normativa legal, no resultan amparadas por datos que revelen su autenticidad.

En esta situación, ha de señalarse que se está ante un problema de deducción de cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido respecto de la declaración presentada por la contribuyente y que es a ella, en cuanto es quien pretende beneficiarse de dicha deducción, a quien corresponde, según el artículo 105 de la Ley General Tributaria y el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, probar que esos documentos responden a hechos ciertos y reales.

Debiendo ponerse igualmente de relieve que el artículo 97 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, que regula el Impuesto sobre el Valor Añadido, establece unos requisitos formales para acceder a la posibilidad de deducción de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

Sobre esta base ha de considerarse que se estima ajustado a Derecho lo actuado en vía tributaria y económico-administrativa, desde el momento en que los datos suministrados por la Inspección Tributaria no se ven contradichos por la contribuyente que es a quien, recuérdese, le corresponde la carga de la prueba.

Y no se trata solo de que los pactos entre el contratista y los subcontratistas sean verbales o no, con las dificultades de acreditar frente a terceros -y la Hacienda Pública lo es- que el hecho sucede, sino que la empresa para la que trabajaba y donde supuestamente laboraron los subcontratistas, manifestó  que no había ninguna otra empresa subcontratista.

Además, no consta que dichas personas tuviesen efectiva intervención en el proceso constructivo, pues fueron aportadas razones objetivas que impedían la intervención material de dichos subcontratistas , como su falta de adquisición de materiales, ausencia de trabajadores bastantes para hacer el trabajo que facturaron, falta de acreditaciones de cobro efectivo de lo pagado, admisión, por alguno de los interesados, de intervención en la expedición de facturas falsas, etc.

Lo cierto es que no existe prueba de la misma fuera de la expedición de facturas, que, en sí mismas, no acreditan la realidad de los trabajos como verificados realmente por dicha personas, por lo que debe estimarse no real su intervención y ello impide aceptar las deducciones que se pretenden.

De ahí que deba entenderse que es correcta la actuación administrativa impugnada y que, igualmente, acertada la sanción impuesta, en cuanto responde a la consecuencia jurídica lógica de un hecho típico, tanto bajo la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, como bajo la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, como es no ingresar la totalidad de la deuda del Impuesto sobre el Valor Añadido y hay un ingreso en las arcas públicas inferior a la que corresponde, por lo que es correcta y se ajusta a Derecho la apreciación del hecho que sirve de base a la sanción, mientras que esa misma aportación, en cuanto, en el mejor de los casos, supone una falta de cuidado en la redacción de las liquidaciones, es el elemento subjetivo de la culpabilidad correctamente apreciado en el acuerdo sancionador (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de fecha 26 de abril de 2013).

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