Diferencias entre el testamento y el acta de notoriedad de declaración de herederos abintestato

El testamento responde tanto al concepto de título material como formal, pues es ante todo un negocio jurídico mortis causa que expresa la voluntad del testador que es la ley de la sucesión y la que decide con plenos efectos el destino de los bienes constituyendo el título o causa de adquisición de los mismos, una vez que el llamamiento se completa con la aceptación y adjudicación de herencia (cfr. arts. 609 y 670 del Código Civil).

El testamento es el fundamento mismo de la vocación o llamamiento del heredero y de la delación como elementos determinantes del fenómeno sucesorio. Y la copia auténtica del testamento representa el título formal necesario e insustituible para el acceso al Registro de la sucesión testamentaria porque en él figura la declaración de voluntad del testador como título material y formal a todos los efectos, junto con la orrespondiente escritura de aceptación y adjudicación de herencia.

En definitiva, el testamento determina el llamamiento del heredero (vocación) y también el título por el que se ofrece al mismo la posibilidad efectiva de aceptar o repudiar la herencia (delación).

Distinto significado tiene la declaración de herederos en la sucesión intestada. No constituye el título material de la sucesión intestada, pues dicho título es la Ley. Sólo puede considerarse título formal en cuanto sirve de vehículo documental para el acceso al Registro y prueba o justificación de la individualización en la persona del heredero atendiendo a los diferentes órdenes y grados de llamamiento.

La diferencia entre sucesión testada e intestada, a efectos del título, y consiguiente, entre testamento y declaración de herederos, como títulos de la sucesión, se percibe directamente en los artículos 658 y 913 del Código Civil. El primero de ellos dice que «la sucesión se defiere por la voluntad del hombre manifestada en testamento y, a falta de éste, por disposición de la ley» con lo que contrapone las dos formas de vocación o llamamiento y de delación, por un lado, la testamentaria, basada en la voluntad del testador, y, por otro lado, la legal, en que tanto la vocación como la delación resultan de la ley. La expresión «se defiere» es la propia de la delación derivada a su vez de la vocación o llamamiento, que da lugar a esas dos formas distintas. Y el artículo 913 establece que «a falta de herederos testamentarios, la ley defiere la herencia a los parientes del difundo, al viudo o viuda y al Estado». Nuevamente se reitera que en la sucesión intestada es la Ley la que defiere, la que determina la vocación o llamamiento y la delación. Y se concreta especialmente, por lo que se refiere al cónyuge viudo, en el artículo 944, que dice que «en defecto de ascendientes y descendientes, y antes que los colaterales, sucederá en todos los bienes del difunto el cónyuge sobreviviente» (Resolución de 19 de junio de 2013, de la Dirección General de los Registros y del Notariado).

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¿Quiénes puden recurrir un testamento?

Se plantea la controversia consistente en la falta de legitimación activa de Dª. Rafaela, al solicitar la nulidad del testamento de 18 de junio de 2009 y existir dos testamentos anteriores, uno de 11 de octubre de 2006 y otro el 14 de septiembre de 1971. Dª Rafaela  tenía que haber justificado o su condición de heredera en el testamento otorgado con anterioridad al impugnado, o bien la ausencia de testamentos anteriores y su derecho a ser llamada en la sucesión abintestato.

El Juez parece distinguir en la sentencia la legitimación que tendría la demandante como sobrina de la causante y por tanto con interés legítimo en la herencia, del derecho de la misma a una parte de la herencia de Dª. Consuelo, reconociendo que si se declarase la nulidad del último testamento recobraría vigencia el de 11 de octubre de 2006.

Habiéndose practicado la prueba que indebidamente fue denegada en la instancia, para poder comprobar el contenido de los dos anteriores testamentos de la causante, esencialmente el otorgado el 11 de octubre de 2006, que ante la posible nulidad instada en este juicio sería el vigente, resulta que la demandante no tiene condición de heredera ni legataria y por tanto carece de cualquier interés legitimo para pedir la nulidad de un testamento, que de anularse ningún derecho hereditario le otorgaría.

Incluso aunque pretendiera abordar posteriormente la nulidad del testamento de 2006, suponiendo que la causa de nulidad pudiera existir ya desde ese año, difícilmente puede sustentar que también cabría la nulidad de un testamento notarial otorgado en el año 1971, pues como se comprueba, tras ser finalmente aportado, tampoco la demandante ostentaba la condición de heredera o legataria.

Como dice la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 21 de noviembre de 2007, ”las actoras han ejercitado la acción de nulidad de testamento como interesadas en la herencia del testador, pues, si se declarase judicialmente su nulidad, serían herederas ab
intestato del mismo por ser sobrinas suyas y no existir ni descendientes ni ascendientes”, añadiendo esta resolución que “la jurisprudencia de esta Sala es la de que la acción para impugnar la validez y eficacia de un testamento corresponde a los que ostentarían por llamamiento de la ley en carácter de tales”.

Respecto de la falta de legitimación activa de las actoras, cabe señalar que el testamento puede impugnarse por todos los herederos, ya lo sean legitimarios o intestados, pues tanto unos como otros están interesados en la herencia, al igual que cualquier persona que ostente un interés legítimo en la misma, ya para exigir su cumplimiento ya para impugnarla en todo o en parte.

En el presente caso, además, de prosperar la acción de nulidad, recobraría vigor el testamento anterior, en donde las actoras eran instituidas herederas.

Si trasladáramos lo dicho por la sentencia citada al presente supuesto su última frase debería ser sustituida por la siguiente: “de prosperar la acción de nulidad, recobraría vigor el testamento anterior, en donde la actora no fue instituida heredera” (Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 29 de enero de 2013).

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¿Cómo se puede renunciar a una herencia?

El Código Civil español sigue el sistema romano de aceptación de la herencia, en el que la delación o llamamiento no convierte al llamado en heredero, sino que para ello hace falta un acto de aceptación expresa o tácita.

La adquisición hereditaria descansa, pues, en dos presupuestos: delación o llamamiento y aceptación o adición. Del llamamiento sólo nace a favor del llamado el derecho a adquirir la herencia mediante aceptación (el denominado ius delationis o ius adeundi). Sólo en caso de que dicho derecho sea ejercido, el llamado deviene efectivamente heredero.

Por el contrario, la tesis de que el Código Civil español sigue el sistema germánico de adquisición ipso iure de la herencia al fallecer el causante o producirse la delación hereditaria, es rigurosamente minoritaria. También la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo sigue la tesis doctrinal mayoritaria.

Así, en su Sentencia de 15 de abril de 2011 se afirma que «en el ordenamiento español no se pone en duda que se sigue el sistema romano de adquisición de la herencia, por lo que, producida la muerte del causante (apertura de la sucesión) y tras las llamadas vocación (expectativa jurídica) y delación (derecho subjetivo, ius delationis) la adquisición de la herencia se produce por la aceptación, pero ésta tiene efecto retroactivo al momento de la muerte del causante (artículos 657 y 661 del Código civil)», eficacia retroactiva que el Código predica igualmente de la repudiación (cfr. artículo 989), por lo que resultaría incongruente incluir en el acta de declaración de herederos los derechos a la herencia de quien previamente ya ha renunciado a ellos, impidiendo así que el llamado a la herencia haya devenido heredero.

Es cierto, no obstante, que la renuncia a la herencia, para ser válida y eficaz, debe cumplir con diversos requisitos legales en tanto que negocio jurídico unilateral no recepticio, inter vivos, voluntario y libre. Uno de tales requisitos es el de la certeza de la delación, y viene enunciado por el artículo 991 del Código Civil en los siguientes términos:

«Nadie podrá aceptar ni repudiar sin estar cierto de la muerte de la persona a quien haya de heredar y de su derecho a la herencia». Este precepto, como ha subrayado la doctrina, fija dos presupuestos objetivos para la repudiación de la herencia: que haya muerto -o haya sido declarado fallecido el causante-, lo que da lugar a la apertura de la sucesión, y que el repudiante tenga derecho a la herencia, es decir, que se haya producido la delación como llamamiento efectivo a la herencia, con la consiguiente facultad actual de aceptar o repudiar.

Además, como requisito subjetivo, se exige que el aceptante o repudiante tenga conocimiento cierto de la concurrencia de los dos presupuestos anteriores. Pues bien, esta exigencia de certeza por parte del renunciante sobre los dos presupuestos objetivos señalados (apertura y delación) fue interpretada por la antigua Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de octubre de 1910 en el sentido de ser necesaria la previa declaración de herederos abintestato para la validez de la renuncia.

Y ciertamente la declaración, judicial o notarial, de herederos consolida la certidumbre sobre los derechos sucesorios de los llamados, permitiendo así alcanzar una mayor seguridad en la plena validez y eficacia de la aceptación o renuncia. Es, por tanto, un medio adecuado para tener certeza del derecho a aceptar o repudiar. Pero ello no quiere decir que la formal declaración de herederos sea el único medio admisible en derecho para obtener tal certeza, ni que, en consecuencia, la omisión de tal declaración constituya «per se» causa obstativa para la validez de la renuncia o de la aceptación (Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de fecha 27 de febrero de 2013).

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La partición hereditaria y los precaristas

Hasta que la herencia no se haya partido y adjudicado los bienes entre los coherederos, no puede ninguno de ellos tomar posesión de los mismos, ya que se convierte en precarista sin derecho a seguir poseyendo el bien de que se trate.

Tras analizar detenidamente las diferentes soluciones ofrecidas por las audiencias provinciales, se alcanza a declarar la viabilidad del desahucio por precario instado por los coherederos mayoritarios frente al minoritario, cuando la herencia permanece indivisa.

El artículo 1068 del Código Civil establece que “la partición legalmente hecha confiere a cada heredero la propiedad exclusiva de los bienes que le hayan sido adjudicados”; la partición hereditaria tiene por objeto la transformación de las participaciones abstractas de los coherederos sobre el patrimonio relicto en titularidades concretas sobre bienes determinados, bien en propiedad exclusiva, bien en prodivisión, ya que, efectivamente, de la comunidad hereditaria puede pasarse, por vía de partición, a un estado de indivisión regido por las normas de la comunidad ordinaria, o por cuotas o romana (artículo 392 del Código Civil).

Si algún heredero, hace uso exclusivo de algún bien, al no tener título que ampare su posesión, se coloca como precarista siendo viable la acción ejercitada, más esa concepción en modo alguno puede comportar la inexistencia del derecho a coposeer como lógica emanación del derecho de propiedad, no encontrándonos, ante una posesión sin título, sino ante un posible abuso en el ejercicio del derecho, exceso que queda determinado por el uso en exclusiva de un concreto bien, necesariamente comporta el implícito derecho a poseer en cuestión por parte de los coherederos .

El Tribunal Supremo tiene declarado, en su Sentencia de fecha 28 de febrero de 2013 que hasta que no se efectúe la partición por cualquiera de los medios admitidos en Derecho no adquieren los herederos la propiedad exclusiva de cualquier bien hereditario Sentencias del Tribunal Supremo de fecha 3 de junio de 2004 y 17 de diciembre de 2007).

En el período de indivisión que precede a la partición hereditaria los herederos poseen el patrimonio del causante colectivamente, permaneciendo indeterminados sus derechos hasta que la partición se realiza, y en este estado de indivisión, ningún heredero puede reclamar para sí, sino para la comunidad hereditaria. La partición tiene carácter de operación complementaria de la transmisión y es siempre indispensable para obtener el reconocimiento de propiedad sobre bienes determinados (Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 4 de mayo de 2005 ).

En el caso que estamos comentando, uno de los coherederos está usando la finca objeto del desahucio de manera excluyente, frente al resto de los coherederos; la finca forma parte de una herencia no dividida, y la demanda pretende recuperar la finca objeto de desahucio para la comunidad hereditaria, motivo por el que concurren los presupuestos fijados por esta Sala, que permiten declarar el desahucio.

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Presunta estafa en una herencia

El caso real que comentamos hoy viene referido a una presunta estafa por haber maquinado para obtener todos los bienes de la fallecida.

Nos encontramos con que Paula convivía con Soledad desde hacía bastantes años, y que el testamento otorgado por Paula tiene mayor trascendencia, desde el momento en que, después, su madre Fátima otorgó nuevo testamento en el que la beneficia legándole el tercio de mejora y de libre disposición. Testamento que no ha sido impugnado, ni se ha mencionado que estuviera viciado de nulidad.

Este dato tiene importancia, al ponerlo en relación con el anterior y la negativa de Soledad a admitir cualquier intervención en el testamento de su hermana. Y lo tiene, porque nos crea dudas sobre la finalidad pretendida por la madre, el conocimiento que ésta tuviera del testamento de su hija Paula , incluso de su colaboración para que éste se otorgara en forma en que efectivamente se hizo. Podía existir un interés en beneficiar a la hija que le parecía más desasistida por su enfermedad mental, y también, a la persona que se iba a responsabilizar de ella, y por eso, al mismo tiempo la designaba como tutora de Paula.

Ningún dato existe sobre la participación de Soledad en el otorgamiento de testamento por parte de Paula, no consta que la acompañara a la Notaría, no es citada entre los presentes en tal acto, y la imputada niega haberla acompañado.

Ciertamente, el pensamiento es libre, y existen algunos datos que alimentan las sospechas de los recurrentes, ya que no es lógico, como dice la acusación particular, que acompañara a Paula su madre de 93 años, y lo normal es que hubiera ido con Soledad, pero también pudo darse el caso de haber ido a la Notaría con los testigos por indicación de la madre, siendo uno de ellos, de confianza para la familia por haber mantenido relaciones profesionales y de amistad con alguno de sus miembros, cual es el Letrado D. Narciso, quien nada raro apreció en el otorgamiento del testamento, como tampoco el propio Notario y el resto de testigos.

Estas dudas justifican el pronunciamiento efectuado en la instancia, sin que las mismas se hayan podido solventar con la declaración de la imputada y del testigo antes nombrado (Narciso) que dice que “no recuerda quien le encargó el testamento”, y nombra al padre de Eduardo, como la persona que habitualmente le encargaba los temas de la familia, y que pudo ser quien le hablara del testamento de Paula.

El delito de estafa requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos (Audiencia Provincial de Sevilla de fecha 4 de julio de 2012):

1) Un engaño precedente o concurrente, plasmado en alguno de los artificios incorporados a la enumeración que el Código efectuaba, y hoy concebido con un criterio amplio, dada la ilimitada variedad de supuestos que la vida real ofrece.

2) Dicho engaño ha de ser bastante para la consecuencia de los fines propuestos, con suficiente entidad para provocar el traspaso patrimonial.

3) Producción de un error esencial en el sujeto pasivo, desconocedor de la que constituía la realidad.

4) Un acto de disposición patrimonial, con el consiguiente perjuicio para el sujeto pasivo.

5) Nexo causal entre el engaño del autor y el perjuicio de la víctima, con lo que el dolo del agente tiene que anteceder o ser concurrente en la dinámica defraudatoria, no valorándose penalmente el dolo subsequens, esto es, sobrevenido y no anterior a la celebración del negocio de que se trate.

6) Ánimo de lucro, que constituye el elemento subjetivo del injusto y que consiste en la intención de obtener un enriquecimiento de índole patrimonial.

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¿Cómo se interpretan los testamentos?

La verdadera voluntad del testador debe deducirse del sentido literal de las palabras utilizadas, lo que no excluye la posibilidad, según el art. 675 del Código Civil, que se pruebe claramente que fue otra distinta. De aquí la jurisprudencia de esta Sala ha dicho que si las palabras están claras, se han de interpretar de forma literal, a no ser que claramente aparezca que fue otra la voluntad del testador, “sin que sea lícito al intérprete la búsqueda de otros medios probatorios más allá de la literalidad”.

La sentencia del Tribunal Supremo de 22 noviembre 2010 se plantea de nuevo el problema de la interpretación de las cláusulas testamentarias y recuerda que “la declaración de voluntad del testador es el objeto de la interpretación y al ser expresada siempre con palabras, requiere determinar si el sentido aparente coincide con el real y si bien el intérprete no puede suplir la voluntad testamentaria, lo que sí puede y debe hacer es aclarar, con criterios objetivos, lo que aparece oscuro en una disposición. Pero ello debe hacerse después de examinar la disposición debatida y calibrar si la cláusula o la disposición que se cuestiona resultan verdaderamente oscuras”. Asimismo, la Sentencia de 2 noviembre 2010 declara la preferencia de la voluntad del causante sobre la literalidad de los términos empleados.

La primera regla interpretativa de los testamentos es la literalidad, de modo que a la hora de atribuir un sentido a la voluntad testamentaria, debe analizarse el texto de la disposición discutida. Algunas sentencias antiguas, como las de 9 junio 1962 y 23 octubre 1971 permiten entender que si alguien pretende que el sentido literal del testamento no concuerda con la verdadera voluntad del testador debe acreditarlo plenamente, porque la ley parte de una idea básica, que algunos califican de presunción, de que el testador tradujo su voluntad en las palabras que utilizó. Los otros medios, que han sido calificados como extrínsecos, no pueden rechazarse, pero jugarán un papel accesorio en la interpretación y sobre todo, debe evitarse que se atribuyan al testador soluciones que no quiso.

Especialmente problemática resulta la utilización de la conducta de los llamados como medio interpretativo de un testamento en el que evidentemente, no concurrieron. La sentencia del Tribunal Supremo de 8 mayo 1979 dice que “esa interpretación testamentaria, fue estimada siempre sin contradicción, por cuantos estuvieron interesados en la sucesión de que se trata, a !o largo de escalonadas actuaciones en las más diversas épocas, circunstancias claras, de carácter extrínseco al testamento mismo, que como autoriza la jurisprudencia, contribuyen a definir, respetando el texto de la disposición testamentaria, la verdadera voluntad del testador“. (Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de marzo de 2011).

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Anulación desahucio de una vivienda promovido entre herederos

La vivienda objeto del desahucio estaba siendo ocupada por un heredero. Otro de los herederos presenta una demanda contra él solicitando el desahucio y su lanzamiento, a lo que accede el Juzgado estimando la demanda.

Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid, en su Sentencia de fecha 12 de noviembre de 2012, acuerda revocar al decisión del Juzgado desestimando la demanda y anulando del desahucio de la vivienda con los siguientes razonamientos:

a) La demandante es heredera de su abuela, según testamento por ésta otorgado ante el Notario, en fecha 30 de octubre de 2007, en el que se le reconoce a la misma “lo que por legítima estricta le corresponda”  y también es heredera de su abuelo, según Acta de Notoriedad de Declaración de Herederos otorgada ante el Notario el 8 de enero de 2001; en este caso la declaración lo es respecto de la mitad de los bienes dejados por el causante a su fallecimiento, correspondiendo la otra mitad a su tío, que es el padre del demandado y ocupante de la vivienda. Las citadas herencias no han sido divididas ni adjudicadas, pero no cabe duda, a la vista de lo expuesto, que la participación del padre del ocupante de la vivienda en la comunidad hereditaria es mayor que la que en ella ostenta la reclamante.

b) Consta que el partícipe mayor, esto es, el padre del ocupante de la vivienda, se opone al desahucio. Esta decisión ya se puso en conocimiento de la reclamante antes de que pidiera el desahucio de la vivienda mediante carta de fecha 14 de octubre de 2011, en contestación al requerimiento de desalojo del piso que la reclamante hizo al ocupante del mismo y al padre de éste.

c) Sentado lo anterior y aplicando la doctrina reseñada es evidente que la demandante no puede actuar respecto de la comunidad hereditaria en beneficio propio, careciendo de legitimación para ejercitar la acción de desahucio que pretende en nombre de la comunidad hereditaria; lo contrario significaría atentar contra lo dispuesto en el artículo 398 del Código Civil ; siendo irrelevante a los efectos ahora sometidos a resolución, la cesión de derechos que el padre del demandado a realizado a éste, en escritura pública de fecha 23 de octubre de 2012 y aportada por fotocopia a los autos.

d) La posibilidad de que un solo dueño pueda actuar, sin acuerdo o autorización de los demás dueños, en beneficio de la comunidad, es excepcional y como tal ha de ser aplicada en sentido restrictivo, hasta el punto de que si alguno de los partícipes se opone a tal actuación, bien desautorizando al accionante de un modo explícito o afirmando lo contrario de lo sostenido por aquél, no puede considerársele legitimado para actuar, porque tal oposición revela que hay sobre la materia discutida criterios dispares, y hasta que estas diferencias no desaparezcan no puede conocerse con certeza cuál sea el criterio más beneficioso para la comunidad, única forma que permite actuar o defenderse sin tener la representación de los demás condueños.

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Legado de dinero de la abuela a favor de sus nietos

El supuesto real que comentamos se refiere a la reclamación que cuatro hermanos dirigen contra su padre porque su abuela les había dejado en el testamento un legado consistente en 87.807,86 euros para cada uno de ellos.

El padre se opuso a la reclamación alegando que se trataba de un legado de cosa específica y determinada que no existía en la herencia de la abuela al tiempo del fallecimiento, pues el único dinero que existía en este momento era de 30.000 euros, por lo que, según el art. 869.2 del Código Civil, se había producido la extinción del legado.

La cuestión controvertida exige determinar, en primer lugar, a que clase pertenece el legado que exigen los 4 hermanos. Si se trata simplemente de legado de dinero, que “deberán ser pagados en esta especie, aunque no lo haya en la herencia”, según expresamente establece el art. 886 del Código Civil, o bien se está ante un legado de cosa específica al que quepa aplicar el citado art. 869, de tal manera que si esa cosa específica no existe al tiempo del fallecimiento, el legado automáticamente se extingue.

La Audiencia Provincial de Asturias, en su Sentencia de fecha 30 de julio de 2012, declara que estamos ante un legado de cosa específica y que, a pesar de no ser suficiente la cantidad legada, debe repartirse entre los 4 hermanos los 30.000 euros existentes al tiempo del fallecimiento. Los argumentos fueron los siguientes:

a) En la cláusula primera del testamento se dice que la causante lega a sus 4 nietos una determinada cantidad de dinero, “legado que será pagado con dinero que forma parte del caudal hereditario”. Es esa indicación de que será abonado con “dinero que forma parte del caudal hereditario” la que impide calificar esos legados como simplemente de cosa genérica o de dinero, al que deba aplicarse el art. 886. Efectivamente, una cosa es legar una suma de dinero y otra, distinta, es que ese legado se refiera a dinero que se delimita no sólo por la cantidad sino por otras circunstancias que permitan diferenciarlo del resto (por ej. como cita la doctrina, el que se encuentra en mi caja fuerte, o el depositado en una determinada cuenta).

b) Parece clara en este caso la voluntad de la testadora de limitar el dinero objeto de legado al que hubiera en la herencia (“dinero que forma parte del caudal hereditario”) de tal forma que si no existiese, devendría ineficaz el legado.

c) La segunda cuestión a examinar es si ha quedado acreditado que en la herencia no restaba dinero bastante para hacer frente a esos legados. La prueba reveló que a la fecha del fallecimiento de la causante ésta era titular de una cuenta bancaria que presentaba un saldo de 30.000 euros. No existe el menor indicio de que hubiera ninguna otra suma de dinero. De hecho, cuando el aquí demandado presentó la relación de bienes a efectos de liquidar el impuesto sucesorio, en época no sospechosa pues entonces no había conflicto entre las partes, no recogía numerario alguno, añadiendo que resultaban imposibles de pagar los legados otorgados a favor de los nietos.

d) Ahora bien, la aplicación del art. 869.2 del Código Civil conlleva que los legados deben contraerse a la suma que había en el caudal hereditario, 30.000 euros, a repartir proporcionalmente entre los cuatro nietos, y no a su extinción total como quería su padre.

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