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COMPROBACIONES DE VALOR


1.- PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIONES DE VALORES:


Es habitual que una vez pasados unos meses desde que hemos adquirido una vivienda la Comunidad Autónoma nos remita una carta en la que nos indica que el impuesto indirecto correspondiente (Transmisiones si la vivienda era usada o Actos Jurídicos documentados si era nueva y pagamos IVA), vale más de lo que pagamos por ella, y nos gire una complementaria que nos sale a pagar.


A veces ese valor es insignificante mientras en otros los sustos son tremendos, pero sobre todo la sorpresa del contribuyente que piensa que la Administración le dice que ha pagado algo en B, o que ha pagado de menos, en fin que no entiende nada. Y menos cuando trata de leer de donde saca el valor la Administración, ya que solo ve una cifra de euros metro cuadrado mucho mayor que la pagada -y ya alta de por sí-.


Esto tiene una explicación muy sencilla, en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, tanto en Transmisiones (lo que se devenga cuando no hay IVA) como en AJD (que se devenga cuando lo hay y de forma conjunta) la Base Imponible (es decir lo que se determina como cifra base para el pago final) se deriva del valor real del bien transmitido.

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Desde que las Comunidades Autónomas tiene cedidas las competencias para gestionar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales es muy habitual que suceda esto, es decir que la Administración ignore el valor de transacción, y que mediante un informe pericial -a veces hecho por un arquitecto, un ingeniero- pero no basados en una comprobación real y directa sino mediante unos índices del valor medio del suelo y de lo construido, revise el valor real aumentándolo sin una base lógica, derivando una mayor cantidad a ingresar. Esto es, la comprobación de valores determina una mayor cantidad a ingresar que determina una liquidación administrativa.


2.-TABLAS DE VALORES


Para facilitar a los sujetos pasivos el cumplimiento de sus obligaciones y a la Administración su labor fiscalizadora, las Comunidades Autónomas han venido publicando lo que se llaman bases de comprobación de valores, es decir, los criterios que permiten conocer el valor que la Comunidad Autónoma va a atribuir a cada inmueble, de tal forma que si el valor declarado es igual o superior al que resulta de esas tablas será admitido por la Administración.

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El problema es que esas tablas se han ido actualizando año a año durante todo el proceso de escalada inflacionista pero no ha ocurrido lo mismo cuando el proceso se ha invertido y el valor de los inmuebles ha sufrido una notable caída.


La consecuencia es que hoy en día, con muchísima frecuencia, las tablas proporcionan un valor muy superior al valor real y el Notario se ve obligado a advertir a su cliente de que, aunque esté cumpliendo sus obligaciones y declarando el precio real, con toda probabilidad se encontrará con una liquidación complementaria por la que se le obligue a tributar por un valor superior al precio que realmente ha pagado.


El problema se complica por la deficiente actuación de las Comunidades Autónomas en el cumplimiento de sus funciones comprobadoras.


 

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