La reclamación de honorarios por los abogados

Cuando se pretende contratar los servicios de un abogado resulta conveniente firmar una “hoja de encargo” en la que se detalle el importe de sus honorarios. De lo contrario, pueden surgir discrepancias entre el abogado y su cliente acerca del importe a pagar por los servicios prestados.

En el caso resuelto por la Sentencia de la Audiencia Provincial de las Islas Baleares de fecha 5 de abril de 2013, un abogado reclama a unos clientes el pago de 13.900 euros por la negociación y elaboración de un convenio de divorcio. El Juzgado primero y la Audiencia después, consideran que, ante la falta de documento u “hoja de encargo” firmada en la que se detallaran los honorarios, el importe máximo a pagar por los clientes asciende a la suma de 3.000 euros, al ser el importe que se dijo en la primera reunión entre el abogado y los clientes.

Los razonamientos seguidos por la Audiencia Provincial fueron los siguientes:

a) Se encuentra plenamente acreditado que entre las partes se concertó un contrato de arrendamientos de servicios y que el mismo fue y que en su cumplimiento el actor elaboró un proyecto de convenio regulador.

b) No existió acuerdo previo entre las partes acerca del importe exacto de los honorarios que debía percibir el actor por sus servicios.

c) Los clientes consideran que no existe prueba que refrende que el abogado realizara trabajo alguno en su beneficio y que, en cualquier caso, no les reportó ninguna utilidad, pues nunca vieron ni tuvieron conocimiento del supuesto proyecto de convenio aportado con la demanda inicial. De ahí -se dice- que no quepa condena, siquiera parcial, al pago de suma alguna por trabajos profesionales no ejecutados.

d) Por su parte, el abogado demandante afirma que no es indispensable que el precio del contrato esté expresa e inamoviblemente pactado de antemano, atendiendo a una cifra exacta, sino que basta que sea determinable con posterioridad atendiendo a una serie de criterios que fluyen de las propias actuaciones procesales.

e) Está claro que no existió un acuerdo previo entre las partes sobre el importe de los honorarios a satisfacer y también que en la demanda no se proporcionó ningún criterio para justificar los criterios de su cálculo hasta alcanzar la cifra reclamada, ni tampoco su adecuación a los baremos orientadores del Colegio de Abogados, siendo así que en trances de recurso de reposición frente a diligencia final inicialmente acordada, la propia parte actora solicitó un trámite de alegaciones respecto a los criterios tenidos en cuenta a la hora de conformar su minuta y su corrección, cuando las mismas debían haberse contenido en el escrito de interposición de demanda si resultaban imprescindibles o de interés para explicar el importe de lo reclamado.

f) Si los clientes solicitaron información sobre los honorarios a satisfacer por los servicios encomendados y se les indicó que serían de cerca de 3.000 €, persistiendo en el “iter negocial”, ésta es la única cantidad que debe tomarse como referencia, en pro o en contra de cada una de las partes, pues sobre ella existe coincidencia que la valida como cierta, siquiera sea como actuaciones propias de las que no pueden desvincularse.