Legislación de Incendios, ojo al dato.

24 August, 2015 0

LEGISLACIÓN SOBRE LOS INCENDIOS.


Código penal


CAPÍTULO II. DE LOS INCENDIOS.


SECCIÓN 1. DE LOS DELITOS DE INCENDIO.


Artículo 351.


Los que provocaren un incendio que comporte un peligro para la vida o integridad física de las personas, serán castigados con la pena de prisión de diez a veinte años. Los Jueces o Tribunales podrán imponer la pena inferior en grado atendidas la menor entidad del peligro causado y las demás circunstancias del hecho.


Cuando no concurra tal peligro para la vida o integridad física de las personas, los hechos se castigarán como daños previstos en el artículo 266 de este Código.


Artículo 266.


1. Será castigado con la pena de prisión de uno a tres años el que cometiere los daños previstos en el artículo 263 mediante incendio, o provocando explosiones o utilizando cualquier otro medio de similar potencia destructiva, o poniendo en peligro la vida o la integridad de las personas.


2. Será castigado con la pena de prisión de tres a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses el que cometiere los daños previstos en el artículo 264, en cualquiera de las circunstancias mencionadas en el apartado anterior.


3. Será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años el que cometiere los daños previstos en los artículos 265, 323 y 560, en cualquiera de las circunstancias mencionadas en el apartado 1 del presente artículo.


4. En cualquiera de los supuestos previstos en los apartados anteriores, cuando se cometieren los daños concurriendo la provocación de explosiones o la utilización de otros medios de similar potencia destructiva y, además, se pusiera en peligro la vida o integridad de las personas, la pena se impondrá en su mitad superior.


En caso de incendio será de aplicación lo dispuesto en el artículo 351.


SECCIÓN 2. DE LOS INCENDIOS FORESTALES.


Artículo 352.


Los que incendiaren montes o masas forestales, serán castigados con las penas de prisión de uno a cinco años y multa de doce a dieciocho meses.


Si ha existido peligro para la vida o integridad física de las personas, se castigará el hecho conforme a lo dispuesto en el artículo 351, imponiéndose, en todo caso, la pena de multa de doce a veinticuatro meses.


Artículo 353.


1. Las penas señaladas en el artículo anterior se impondrán en su mitad superior cuando el incendio alcance especial gravedad, atendida la concurrencia de alguna de las circunstancias siguientes:



  1. Que afecte a una superficie de considerable importancia.

  2. Que se deriven grandes o graves efectos erosivos en los suelos.

  3. Que altere significativamente las condiciones de vida animal o vegetal o afecte a algún espacio natural protegido.

  4. En todo caso, cuando se ocasione grave deterioro o destrucción de los recursos afectados.

2. También se impondrán dichas penas en su mitad superior cuando el autor actúe para obtener un beneficio económico con los efectos derivados del incendio.


Artículo 354.


1. El que prendiere fuego a montes o masas forestales sin que llegue a propagarse el incendio de los mismos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año y multa de seis a doce meses.


2. La conducta prevista en el apartado anterior quedará exenta de pena si el incendio no se propaga por la acción voluntaria y positiva de su autor.


Artículo 355.


En todos los casos previstos en esta sección, los Jueces o Tribunales podrán acordar que la calificación del suelo en las zonas afectadas por un incendio forestal no pueda modificarse en un plazo de hasta treinta años. Igualmente podrán acordar que se limiten o supriman los usos que se vinieran llevando a cabo en las zonas afectadas por el incendio, así como la intervención administrativa de la madera quemada procedente del incendio.


SECCIÓN 3. DE LOS INCENDIOS EN ZONAS NO FORESTALES.


Artículo 356.


El que incendiare zonas de vegetación no forestales perjudicando gravemente el medio natural, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de seis a veinticuatro meses.

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SECCIÓN 4. DE LOS INCENDIOS EN BIENES PROPIOS.


Artículo 357.


El incendiario de bienes propios será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años si tuviere propósito de defraudar o perjudicar a terceros, hubiere causado defraudación o perjuicio, existiere peligro de propagación a edificio, arbolado o plantío ajeno o hubiere perjudicado gravemente las condiciones de la vida silvestre, los bosques o los espacios naturales.


SECCIÓN 5. DISPOSICIÓN COMÚN.


Artículo 358.


El que por imprudencia grave provocare alguno de los delitos de incendio penados en las secciones anteriores, será castigado con la pena inferior en grado, a las respectivamente previstas para cada supuesto.

INCENDIOS

  • El Consejo de Ministros aprobará el anteproyecto de ley en septiembre con la posibilidad de penas de hasta 6 años de cárcel.

El Gobierno tiene previsto aprobar en septiembre el anteproyecto de ley que endurece las penas a losresponsables de incendios intencionados, con la posibilidad de condenarles con hasta seis años de prisión.


La idea del titular de esta cartera, Alberto Ruiz-Gallardón, de endurecer las penas a los pirómanos sigue sobre la mesa y “se espera abordar en septiembre” en Consejo de Ministros. El esquema inicial preveía su aprobación durante el verano y su tramitación parlamentaria en el mes de septiembre.


Desde el Ministerio recuerdan que, al no estar aprobado todavía, el borrador es “susceptible de cambios” respecto a la idea original de Gallardón, pero garantizan que se seguirán las “directrices” expuestas por el ministro que apuntan hacia un endurecimiento de las penas por incendios forestales en “diversos ámbitos”.


La reforma legislativa planteada por el titular de Justicia contempla que la pena máxima por delitos forestales de especial gravedad pueda alcanzar los seis años de cárcel, frente a los cinco actuales.


También se incluirían tres nuevos agravantes: que el fuego afecte a zonas próximas a poblaciones, que dañe zonas forestales donde habitan animales en peligro de extinción o flora amenazada y que se provoque cuando las condiciones climatológicas o del terreno puedan aumentar de forma relevante el riesgo de propagación.


Gallardón avanzó el pasado mes de julio que endurecería el Código Penal para los responsables de los incendios forestales provocados. El ministro quería que el inicio del curso político coincidiera con su tramitación parlamentaria. A pesar de que los planes se hayan retrasado el objetivo final sigue siendo el mismo: evitar un nuevo verano marcado por varias oleadas de incendios provocados.


En lo que va de año, han ardido en España unas 150.000 hectareas como consecuencia de los incendios, muchos de los cuales han sido provocados. Sólo en el mes de agosto, se han registrado importantes daños naturales por los fuegos declarados en La Gomera (Tenerife), Cuenca, Toledo, Castrocontrigo (León) y, en las últimas horas, Valdemaqueda (Madrid), Ponferrada (León), y Calcena (Zaragoza).


Otra noticia


El Código Penal castiga a aquellos que provocan un incendio forestal con penas de entre 1 y 5 años de cárcel, condena que puede llegar hasta los 20 años si se ha puesto en peligro la vida o la integridad física de las personas.


Así se recoge en los artículos 351, 352 y 353 del Código Penal en su capítulo sobre los Delitos de Incendio, unos actos punibles que son competencia de los jurados populares, que deberán ser los encargados de declarar la culpabilidad o no de un pirómano.


Después serán los jueces los que impongan la pena correspondiente y deberán tener en cuenta si el fuego, además de afectar o no a las personas, lo ha hecho a una superficie forestal importante, si la erosión para el suelo es grave o se ha alterado significativamente la vida animal o vegetal del lugar.


Estas penas, a las que se suman multas económicas de hasta 24 meses, fueron criticadas este martes por la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, que ha exigido “castigos ejemplares” y que se agraven para los autores deincendios forestales como el que afecta esta semana a las localidades madrileñas de Valmaqueda y Robledo de Chavela.

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Esa petición se suma al anuncio hecho el pasado mes por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que dijo que la reforma del Código Penal que está ultimando su departamento incluiría aumentar de 5 a 6 años las penas para los causantes de estas catástrofes.


Sin embargo, el endurecimiento de las penas no convence a jueces y magistrados, que este verano han coincidido en explicar que esa medida no reducirá este tipo de siniestros, cuyo nivel de devastación achacan a la falta de inversiones en prevención.


Ni los portavoces de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jueces para la Democracia (JpD) y el Foro Judicial Independiente (FJI), ni la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación de Fiscales (AF) han valorado positivamente el posible aumento de las penas.


Así, desde la mayoritaria APM, su portavoz, Pablo Llarena, comentó que “hay que ser conscientes de que un cambio de penalidad no va a hacer que disminuya la delincuencia” porque ello supondría “pensar que hay gente dispuesta a cometer incendios si las penas son de cuatro años y no lo está si son de cinco o seis”.


Y desde la AF, Antonio Roma, ha subrayado que más que un aumento de las condenas, la Justicia debería modificar la competencia para juzgar a los responsables de estos delitos, ya que la de los jurados populares “no es la mejor”.


El Código Penal también señala que cuando en un incendio provocado no concurre peligro para la vida o integridad física de las personas los hechos se castigarán como daños, que están penados con entre uno y tres años de cárcel.


Responsabilidad civil ex delito


CAPÍTULO II.DE LAS PERSONAS CIVILMENTE RESPONSABLES.


Artículo 116.


1. Toda persona criminalmente responsable de un delito o falta lo es también civilmente si del hecho se derivaren daños o perjuicios. Si son dos o más los responsables de un delito o falta los Jueces o Tribunales señalarán la cuota de que deba responder cada uno.


2. Los autores y los cómplices, cada uno dentro de su respectiva clase, serán responsables solidariamente entre sí por sus cuotas, y subsidiariamente por las correspondientes a los demás responsables.


La responsabilidad subsidiaria se hará efectiva: primero, en los bienes de los autores, y después, en los de los cómplices.


Tanto en los casos en que se haga efectiva la responsabilidad solidaria como la subsidiaria, quedará a salvo la repetición del que hubiere pagado contra los demás por las cuotas correspondientes a cada uno.


3. La responsabilidad penal de una persona jurídica llevará consigo su responsabilidad civil en los términos establecidos en el artículo 110 de este Código de forma solidaria con las personas físicas que fueren condenadas por los mismos hechos.


Artículo 117.


Los aseguradores que hubieren asumido el riesgo de las responsabilidades pecuniarias derivadas del uso o explotación de cualquier bien, empresa, industria o actividad, cuando, como consecuencia de un hecho previsto en este Código, se produzca el evento que determine el riesgo asegurado, serán responsables civiles directos hasta el límite de la indemnización legalmente establecida o convencionalmente pactada, sin perjuicio del derecho de repetición contra quien corresponda.


Artículo 118.


1. La exención de la responsabilidad criminal declarada en los números 1, 2, 3, 5 y 6 del artículo 20, no comprende la de la responsabilidad civil, que se hará efectiva conforme a las reglas siguientes:



  1. En los casos de los números 1 y 3, son también responsables por los hechos que ejecuten los declarados exentos de responsabilidad penal quienes los tengan bajo su potestad o guarda legal o de hecho, siempre que haya mediado culpa o negligencia por su parte y sin perjuicio de la responsabilidad civil directa que pudiera corresponder a los imputables.

Los Jueces o Tribunales graduarán de forma equitativa la medida en que deba responder con sus bienes cada uno de dichos sujetos.

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  1. Son igualmente responsables el ebrio y el intoxicado en el supuesto del número 2.

  2. En el caso del número 5 serán responsables civiles directos las personas en cuyo favor se haya precavido el mal, en proporción al perjuicio que se les haya evitado, si fuera estimable o, en otro caso, en la que el Juez o Tribunal establezca según su prudente arbitrio.

Cuando las cuotas de que deba responder el interesado no sean equitativamente asignables por el Juez o Tribunal, ni siquiera por aproximación, o cuando la responsabilidad se extienda a las Administraciones Públicas o a la mayor parte de una población y, en todo caso, siempre que el daño se haya causado con asentimiento de la autoridad o de sus agentes, se acordará, en su caso, la indemnización en la forma que establezcan las leyes y reglamentos especiales.



  1. En el caso del número 6., responderán principalmente los que hayan causado el miedo, y en defecto de ellos, los que hayan ejecutado el hecho.

2. En el caso del artículo 14, serán responsables civiles los autores del hecho.


Artículo 119.


En todos los supuestos del artículo anterior, el Juez o Tribunal que dicte sentencia absolutoria por estimar la concurrencia de alguna de las causas de exención citadas, procederá a fijar las responsabilidades civiles salvo que se haya hecho expresa reserva de las acciones para reclamarlas en la vía que corresponda.


Artículo 120.


Son también responsables civilmente, en defecto de los que lo sean criminalmente:


1. Los padres o tutores, por los daños y perjuicios causados por los delitos o faltas cometidos por los mayores de dieciocho años sujetos a su patria potestad o tutela y que vivan en su compañía, siempre que haya por su parte culpa o negligencia.


2. Las personas naturales o jurídicas titulares de editoriales, periódicos, revistas, estaciones de radio o televisión o de cualquier otro medio de difusión escrita, hablada o visual, por los delitos o faltas cometidos utilizando los medios de los que sean titulares, dejando a salvo lo dispuesto en el artículo 212 de este Código.


3. Las personas naturales o jurídicas, en los casos de delitos o faltas cometidos en los establecimientos de los que sean titulares, cuando por parte de los que los dirijan o administren, o de sus dependientes o empleados, se hayan infringido los reglamentos de policía o las disposiciones de la autoridad que estén relacionados con el hecho punible cometido, de modo que éste no se hubiera producido sin dicha infracción.


4. Las personas naturales o jurídicas dedicadas a cualquier género de industria o comercio, por los delitos o faltas que hayan cometido sus empleados o dependientes, representantes o gestores en el desempeño de sus obligaciones o servicios.


5. Las personas naturales o jurídicas titulares de vehículos susceptibles de crear riesgos para terceros, por los delitos o faltas cometidos en la utilización de aquellos por sus dependientes o representantes o personas autorizadas.


Artículo 121.


El Estado, la Comunidad Autónoma, la provincia, la isla, el municipio y demás entes públicos, según los casos, responden subsidiariamente de los daños causados por los penalmente responsables de los delitos dolosos o culposos, cuando éstos sean autoridad, agentes y contratados de la misma o funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos o funciones siempre que la lesión sea consecuencia directa del funcionamiento de los servicios públicos que les estuvieren confiados, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial derivada del funcionamiento normal o anormal de dichos servicios exigible conforme a las normas de procedimiento administrativo, y sin que, en ningún caso, pueda darse una duplicidad indemnizatoria.


Si se exigiera en el proceso penal la responsabilidad civil de la autoridad, agentes y contratados de la misma o funcionarios públicos, la pretensión deberá dirigirse simultáneamente contra la Administración o ente público presuntamente responsable civil subsidiario.


Artículo 122.


El que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito o falta, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación.

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