Ley de Servicio Profesionales ¿Cómo me afecta?

El tema de hoy va dirigido a dar una pequeña explicación de la figura del Procurador, muchas veces desconocida no sólo por los clientes que precisan de ellos en sus relaciones con la Adm de Justicia sino también de otros operadores.


Podemos definir al Procurador como el profesional técnico del Derecho que, en virtud de apoderamiento, ejerce ante juzgados y tribunales la representación procesal de cada parte. Ejerce una función de representación de los clientes ante la Administración de Justicia, representación que en muchas ocasiones se establece como obligatoria en la Ley.


La LOPJ vigente atribuye en exclusiva ése poder de representación a los procuradores en su artículo 543.1. Además reconoce, en ése mismo artículo, que ellos podrán realizar actos de comunicación a las partes, esto le convierte en un colaborador con el sistema público de justicia, pues es la persona que conecta al cliente con los tribunales. Se encarga de recibir los requerimientos, citaciones, emplazamientos, notificaciones de los clientes de manera que abrevia técnicamente los trámites de realización de dichos actos de comunicación. Es más, debe de realizar un seguimiento y control de los escritos que son presentados y debe además conocer el Derecho para poder observar la existencia de errores y comunicarlos a quien proceda, bien al abogado bien a la oficina judicial que corresponda.


En la LEC se regula esta figura en el Capítulo V del Título Preliminar (arts del 23 al 35) donde regula aspectos en la función de esta figura tales como cuándo han de intervenir, el apoderamiento, aquellos casos en los que precisa un poder especial o bien general para poder ejercer la representación, los deberes del procurador, provisión de fondos, cesación, et.


Además de su función representativa y de colaborador en la realización de los actos de comunicación, se encargan de realizar los traslados de los escritos a la parte contraria, así como en materia de ejecución de resoluciones judiciales. Por cuanto a este último es de importancia su actuación ya que van a facilitar la realización de trámites necesarios para la ejecución de resoluciones judiciales. Esto es, ejecutan la traba y realización de patrimonios afectados al cumplimiento de resoluciones judiciales. También y entre otras, se encargan de realizar las liquidaciones tributarias (impuestos de actos jcos documentados y tasas judiciales), inscripciones en registros públicos, realizan los depósitos y secuestros patrimoniales, lanzamientos, tomas de posesión y saneamiento de títulos, publicación de edictos en boletines y prensa…

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Viendo toda la actuación llevada a cabo por este técnico del derecho nos damos cuenta que con esta figura se está garantizando que exista igualdad de las partes ante la complejidad que supone estar incurso en un procedimiento judicial. Y es que en muchas ocasiones los clientes desconocen cómo tienen que actuar frente a la Administración porque no entienden lo que se les está diciendo por el uso de un lenguaje poco o nada coloquial en muchos de los escritos que les son dirigidos. Escritos que pueden estar sujetos a un plazo de actuación. Y ello nos lleva a pensar que podrían encontrarse ante situaciones de indefensión pues perderían la oportunidad de ejercer sus derechos y dar lugar a preclusión de dichos plazos de actuación. Con el procurador se garantiza que, quien le ha dado apoderamiento para que le represente, no quede desprovisto de sus armas procesales de actuación ante un proceso judicial.


Es curioso y a mí me gustaría hacer una pequeña referencia a la inminente entrada en vigor de la Ley de Servicios y Colegios Profesionales. Como ya es sabido, esta figura se ve afectada por la nueva ley de servicios y colegios profesionales que amenaza con la desaparición de los procuradores. De hecho es que desaparece la incompatibilidad para el ejercicio conjunto de las profesiones de abogado y procurador. Es una Ley cuya viabilidad está siendo muy discutida por el sector judicial. Existen encuestas valorativas de cómo va a influir la aprobación de dicho proyecto en el ámbito judicial por cuanto se refiere a la figura de los procuradores y de que sus competencias puedan ser llevadas a cabo por los abogados (Consejo General de Procuradores de España). Y el resultado es que casi no hay una percepción negativa a que exista la figura del procurador. Muy al contrario se observa una valoración muy positiva por los funcionarios de juzgados, y me refiero a Secretarios Judiciales.


Es sorprendente porque la propia LEC actualmente en vigor, en su exposición de motivos, reconoce la importancia de la figura del Procurador y de la tarea que desempeña dentro de todo el organigrama judicial. Reconoce la Ley que es una “pieza importante (y cito textualmente) por su condición de representantes de las partes y de profesionales con conocimientos técnicos sobre el proceso, están en condiciones de recibir notificaciones y de llevar a cabo el traslado a la parte contraria de muchos escritos y documentos”. Si ya la propia ley reconoce su valía, ¿qué motiva a que se produzca este cambio con la entrada en vigor de la ley de servicios? la reforma está justificada, así se expresa en la exposición de motivos del anteproyecto, es debido a que forma parte de las recomendaciones de liberalización realizadas por la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos “organización de los países ricos” dirigida a coordinar las políticas económicas y social de los 34 países que la integra) y que pretende modernizar el sector ante la existencia de una regulación “fragmentaria, obsoleta y excesiva que no ha evitado la conflictividad entre profesionales” . Obviamente, también se les reconoce un importante valor económico al sector profesional.

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Con el nuevo marco regulador se pretende garantizar el interés general de una forma menos restrictiva (control de colegios, reforma ley consumidores y usuarios), con “efectos positivos en términos de productividad, competencia y asignación eficiente de recursos”. Toda esta nueva regulación, va a dar lugar a la reforma de numerosas leyes, entre ellas la LEC y la introducción en RD legislativo 1/2007 de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, digo que introduce, una nueva infracción consistente en el ejercicio irregular de la profesión, cuando afecte o pueda suponer un riesgo para los Consumidores y Usuarios.


Se va a dar, por tanto, una reforma sustancial de numerosas leyes.


En el sector jurídico existen muchas razones para creer que no se aportará competitividad, así como tampoco se va a conseguir agilizar la justicia.


En definitiva, y quizás sea lo más importante, el impacto de la supresión de la incompatibilidad de ejercicio simultáneo de las profesiones de abogado y procurador va a ser tan importante que va a afectar en gran medida a los profesionales tanto de la abogacía como de la procura. Aunque no sólo a estos profesionales, sino también a las Corporaciones colegiales, al funcionamiento de la Admon de Justicia y sobre todo a los ciudadanos que necesiten de asistencia letrada y representación.

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¿En qué afecta la desaparición de las incompatibilidades? Reforma LEC que queda modificada en el apartado 3 del artículo 23 cuando establece que el procurador podrá comparecer en cualquier tipo de procesos sin necesidad de abogado, cuando lo realice a los solos efectos de oír y recibir actos de comunicación ejecutar comparecencias de carácter no personal de los representados…..Al realizar dichos actos no podrá formular solicitud alguna. El ejercicio simultáneo por la misma persona de las profesiones de abogados y procurador de los Tribunales es compatible excepto para aquellas funciones en las que el procurador ostente la condición de agente de la autoría.


Sólo van a quedar sujetos a los aranceles las actuaciones que realicen su función como agentes de la autoridad, el resto de funciones será pactada libremente por las partes.


También afecta por cuanto a la obtención de título profesional de abogado, ya que éste va a quedar habilitado igualmente para el desempeño de las funciones de representación legal de las partes en los procesos judiciales en calidad de procurador realizando los actos de comunicación a las partes y aquellos otros actos de cooperación con la Administración de Justicia que la ley les autorice con la excepción de aquellas que requieran la condición de agente de la autoridad.


Se establece imprescindible la obtención de los títulos profesionales de abogado o procurador para la colegiación. Para el ejercicio simultáneo en los casos en que sea compatible sólo será necesaria la incorporación a un colegio profesional de abogados o procuradores. Nos encontramos con que por un lado el anteproyecto recoge la colegiación obligatoria para ser abogado y procurador en su respectivo colegio y al mismo tiempo permite al colegiado como abogado ejercer parte de las funciones propias de la procura, y viceversa, excluyendo las de autoridad pública, (ejerciendo que se establece sin límites). Además permite que la colegiación se realice en un colegio, de forma indiferente ya sea en el de abogados o de procuradores. Todo esto puede llevar incluso a que se produzcan conflictos de competencias entre las distintas organizaciones colegiales.


 

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